El empresario Ignacio Pidal ironizó a través de sus redes sociales sobre la supuesta amenaza que denunció el presidente Mario Abdo contra el titular de la Seprelad, Carlos Arregui. Recordó que él sí fue víctima real de amenaza de muerte, incluyendo a su familia, cuando había denunciado los negociados y sobrefacturación que se hacían con los insumos y medicamentos durante la pandemia del covid-19.
El empresario había denunciado en mayo del 2020 que existía todo un esquema armado por fuera del Ministerio de Salud y que un funcionario de nombre Raúl Silva fue quien invitó a los hermanos Ferreira a participar de las licitaciones para la compra de insumos y medicamentos para el combate al covid-19. El famoso caso de los “tapabocas de oro”, denunciado por Pidal, salpicó al titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo, quien renunció al cargo el 16 de abril del 2020 y se encuentra procesado dentro de una diligencia judicial.
Posterior a esas denuncias, comenzó a recibir una serie de llamadas telefónicas y mensajes de textos, en los que recibió serias amenazas de muerte contra él y su familia. En ese entonces no pudo detectar el origen de la llamada, ya que fue realizada a través de un número privado.
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Cones aguarda que el JEM destituya a jueza que habilitó carrera irregular de medicina
“Esperamos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados haga su tarea, estamos solicitando su destitución”, indicó el titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, al referirse sobre la denuncia presentada conjuntamente con la Procuraduría ante dicha institución contra una jueza de Itakyry que otorgó una medida cautelar irregular para la apertura de la carrera de medicina en una universidad privada de Ciudad del Este.
“Ayer (martes) presentamos la denuncia contra la jueza buscando dar un mensaje a las universidades de que desde el Cones, en conjunto con la Procuraduría, vamos a tomar las medidas para indicar que el camino de habilitación de las carreras debe ser vía el Cones, que es la instancia que analiza todas las dimensiones técnicas, académicas, de infraestructuras, entre otros. No puede ser a través de una jueza, vía Poder Judicial”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La medida cautelar fue emitida por la jueza Eresmilda Román Paiva, a favor de la Universidad Autónoma San Sebastián, pese a no tener la habilitación del Cones como ente rector. “Vamos a dar un mensaje a todos los jueces para que no se presten a este tipo de solicitudes por parte de las universidades, que no haya esa ligereza de acompañar estos pedidos”, indicó.
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Asimismo, afirmó que la jueza posee varios causales de mal desempeño en sus funciones. “En este caso ella generó la medida cautelar y luego se declaró incompetente, tiene demasiado causales de faltas la jueza a la par de que está medida cautelar está totalmente injustificada. En nuestra administración vamos a tomar todos los recaudos para que esto no se pueda concretar (habilitación irregular de carreras vía medida cautelar). Este no es el camino y tomaremos las acciones”, comentó.
Mora lamentó que esta situación sea una práctica constante por parte de los jueces, detallando que existen aproximadamente entre 17 a 20 medidas cautelares irregulares que se encuentran en funcionamiento en su mayoría a favor de las llamadas universidades de garaje.
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Piden desestimar denuncia contra exsenadora Kattya González
Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce Rolandi y Francisco Cabrera solicitaron la desestimación de la denuncia por supuesto tráfico de influencia, estafa y producción de documentos no auténticos, que se había presentado contra la exsenadora Kattya González y sus exasesores. Los representantes del Ministerio Público mencionaron que la exparlamentaria no ha cometido ningún hecho punible.
Ahora el juzgado de garantía tendrá que estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así será el fiscal General del Estado quien dictamine si corresponde que la investigación siga su curso o se archive.
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De acuerdo a la denuncia que se había presentado, Kattya González en su rol de senadora, habría ayudado a José Luis Torales fin de que el mismo siga recibiendo su salario del Congreso (donde estaba comisionado, siendo funcionario de la Contraloría) mientras se dedicaba a actividades partidarias, llegando incluso a solicitar su traslado definitivo a la Cámara de Senadores, para así evitar que este fuera destituido en el marco del sumario administrativo instruido por la Contraloría.
Los denunciantes mencionaron en su momento que una de las comisiones firmadas por Kattia González, señala que los días 7 y 8 de diciembre 2023, Torales realizó actividades ejecutadas en el marco de una jornada laboral normal, pero ambos días fueron asueto y feriado respectivamente, lo que configuraría el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso.
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PGR y Cones denuncian ante el JEM a jueza que otorgó medida cautelar a universidad privada
El procurador general de la República, Marco Aurelio González y el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, presentaron este martes la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Itakyry, Eresmilda Román Paiva, quien otorgó una medida cautelar irregular por la cual se habilitaba la carrera de Medicina en una universidad privada en Ciudad del Este, Alto Paraná.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el procurador Marco Aurelio González explicó que la jueza Román que se había declarado incompetente, emitió la medida cautelar para habilitar la carrera de medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián, en Ciudad del Este.
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“Esta es una decisión que no podía hacer porque esto es una competencia exclusiva del Cones. Además de eso, otorgó la medida cautelar sin que se cumplieran con todos los requisitos que debe de tener para habilitar una carrera”, mencionó.
Señaló que hay observaciones del Cones que señalan que este pedido de habilitación no cumple, ni en su dimensión jurídica, ni de estructura, ni en la dimensión técnica con los requisitos que se exigen para la habilitación de una carrera.
“Es decir, con una medida cautelar no solo se está poniendo en juego la calidad de la educación de los jóvenes, sino además la calidad de la salud de la población”, acotó.
El procurador señaló que la citada universidad privada cuenta con habilitación de ciertas carreras en algunas localidades del país. Indicó que hay denuncias, incluso en la Contraloría General de la República, que esta universidad estaba ofertando la carrera de Medicina al público, sin estar habilitada.
“Ahora mismo, la carrera de Medicina de esta universidad privada no debería estar funcionando en Ciudad del Este, y si es que está funcionando, va ser un hecho muy grave. Ahora, la denuncia que presentamos ante el JEM es contra la jueza de Ytakyry, porque la resolución de ella ya fue revocada por la Cámara y también se rechazó el amparo por la jueza que se declaró competente”, precisó.
El procurador general señaló que ahora esperan que el JEM incluya esta denuncia, en su próxima sesión, que está prevista para este jueves, y espera que allí sea tratada. Mencionó que la jueza Román Paiva se expone desde una amonestación hasta la expulsión.
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Empresario clama mayor seguridad en las rutas nacionales
El gerente de una empresa de logística que está en el mercado hace 28 años exteriorizó su preocupación e indignación por los constantes atracos sufridos por la firma por los denominados piratas del asfalto. Andrés Veirano contó que ya se produjeron siete sucesivos asaltos tipo comando en detrimento de la citada importadora.
“En 16 meses tuvimos siete incidentes muy violentos, seis fueron asaltos y uno fue un intento de asalto porque nuestro custodio también respondió a los disparos. Fue un hecho tremendo, pero ningún herido por suerte”, relató al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lamentó la “inseguridad tremenda” y abogó por el mejoramiento de los niveles de control para garantizar el transporte seguro de mercaderías en ruta.
“Todos los que trabajamos en la ruta PY02 y hacemos Ciudad del Este-Asunción transportamos básicamente lo mismo, principalmente tecnología lo que se mueve”, indicó.
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Transportadoras afectadas por inseguridad
El empresario manifestó que todas las empresas transportadoras están afectadas por la inseguridad y el problema prevalece en todas las rutas del país. “También hemos tenido dos asaltos en ruta PY 06. De hecho este último del viernes pasado fue en ruta seis (Ciudad del Este-Encarnación). En esa ruta hemos tenido dos asaltos: uno en diciembre y otro ahora, el viernes pasado. Todos los otros fueron en ruta PY 02 en el trayecto Ciudad del Este a Asunción”, puntualizó.
La presencia policial es prácticamente nula en las fiscalizaciones en ruta y los resultados están a la vista, cuestionó. “La presencia no funciona, controles hay. Pero la verdad que así como me detienen mis camiones cada tanto tiempo Policía Nacional, Aduana, Delitos Económicos para verificar la carga, pedir la documentación de la carga. Así como nos tienen a nosotros que le tengan a los ladrones”, reclamó.
Mientras sus camiones son fiscalizados “los ladrones se movilizan en grupos gigantescos y nadie les pide documentos ni les llama la atención”, se quejó Veirano. “Esa misma carga que a mí me verifican en el trayecto de la ruta varias veces, después cuando me la roban y la llevan por la misma ruta rumbo a Ciudad del Este, nadie le controla”, fustigó.
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