Durante su inter­vención en la Con­ferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), realizada en Buda­pest (Hungría), el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, presentó al Paraguay como una de las soluciones para el hambre en el mundo. El legislador sostuvo que nuestro país es un verdadero modelo de desarrollo sostenible.

“Paraguay se presenta como una de las soluciones para el hambre en el mundo, con un modelo de desarrollo sos­tenible ejemplar, que pre­serva el medioambiente. Defendemos nuestra sobe­ranía y rechazamos las medidas impuestas por el mundo y varias organiza­ciones multilaterales que buscan quebrar, hacernos pagar los costos y precios por una contaminación que nosotros no provocamos, no generamos”, expresó en el evento internacional.

El tema tratado por el congresista fue “Salvar Occi­dente, proteger las fron­teras” ante un auditorio compuesto por figuras políticas de relevancia internacional. “El Para­guay tiene más del 40 % de su superficie cubierta de bosques, el 100 % de la energía que utilizamos es limpia y renovable en base a nuestras 2 hidroeléctricas, incluso exportamos más energía de la que con­sumimos”, comentó.

Este evento global sirve como una plataforma para que políticos, intelectua­les, así como activistas conservadores compar­tan sus perspectivas, dis­cutan sobre temas clave y elaboren estrategias para el futuro.

Entre el amplio abanico de los temas debatidos figura­ron la importancia de defen­der los principios constitu­cionales de las naciones, la lucha por mantener las libertades individuales, la protección del libre mer­cado. También se abordó sobre el cambio climático y la imposición de la ideología de género.

EUROPA PRESS

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, planteó durante un acto público celebrado el sábado instau­rar la pena de muerte para castigar delitos de corrup­ción y de traición y elevarla a nivel constitucional con una reforma de la Carta Magna.

“Creo que ha llegado la hora de una reforma constitucio­nal para introducir en nues­tra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción e inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves deli­tos contra el pueblo”, planteó Maduro durante un acto para conmemorar el regreso de su predecesor Hugo Chávez al Palacio de Miraflores tras un intento fallido de golpe de Estado el 13 de abril de 2002.

Maduro recordó que “para reformar la Constitución hace falta el pueblo y yo lo convoco a este debate y a una reforma constitucional para introducir ya la cadena perpetua y que esa gente se pudra de por vida en la cár­cel”, según recoge el portal Efecto Cocuyo.

“Caiga quien caiga”, advirtió Maduro, a la vez que pidió al fiscal Tarek William Saab que investigue todos los casos de corrupción. “Las puña­ladas me las han dado por la espalda gente en la que confié plenamente y creyeron que el poder les pertenecía y se olvi­daron del pueblo”, declaró.

La Vicepresidencia de la República, bajo la administración de Pedro Alliana, tiene la presidencia de la Comisión Interinstitucional Ejecutiva Responsable de la Ejecución de Acción de Cumplimiento de las Sentencias, Recomendaciones, Solicitudes y otros compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos (Cicsi). La Vicepresidencia reactivó los trabajos en torno a esta comisión, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, que tiene como directora a María Teresa Peralta.

La titular de esta dirección explicó cuáles son las funciones y las acciones que están llevando adelante, bajo las estrictas indicaciones del vicepresidente Pedro Alliana. La Cicsi fue reactivada en una reunión realizada el 6 de febrero entre Alliana y altas autoridades del Poder Ejecutivo.

“Nosotros tenemos un lineamiento técnico de funcionamiento y la Vicepresidencia de la República del Paraguay ostenta la presidencia de la Cicsi, la Comisión Interinstitucional ejecutiva y responsable del cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene el país en materia de derechos humanos, llámese sentencias, recomendaciones, solicitudes, acuerdos, resoluciones amistosas, también que tenemos”, explicó en entrevista para La Nación/Nación Media.

Peralta explicó que esta Dirección de Derechos Humanos funciona en dos niveles, integrados por máximas autoridades, que son los ministros de las distintas carteras del Estado y el consejo asesor consultivo, que son los asesores técnicos operativos de la dirección. “Todos estamos compelidos al cumplimiento de un decreto, que es como nuestra biblia, que es el que crea el Cicsi, dando cumplimiento a lo que ordena ese decreto, el pasado 6 de febrero, el vicepresidente Alliana, a fin de darle seguimiento a todos los casos, convocó a una reunión del Cicsi, se trataron varios temas”, indicó.

Asimismo, detalló que el objetivo es dar seguimiento y soluciones concretas, a fin de dar proyectar desde Paraguay la imagen del cumplimiento pleno de las sentencias y recomendaciones dictadas por las instancias internacionales. “La idea es darle ese seguimiento y la solución concreta, como nos indica el vicepresidente Pedro Alliana. Nosotros lo que queremos es darle esa imagen a nuestro país de cumplimiento de las sentencias, de hecho, se están dando cumplimientos a las sentencias que emanan, ya sea de la Corte Interamericana, o las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, apuntó. Además, se abarcan los casos que se encuentran y son dictados por la Organización de los Estados Americanos (ONU).

La directora de DD. HH. también mencionó que existen casos que se encuentran pendientes de dar seguimiento, algunos incluso de hace 20 años atrás, por lo que actualmente se están acelerando los trabajos de seguimiento. “Ahora le estamos dando otro ritmo porque vemos que hay sentencias de 2005, hay casos de 2004, entonces la indicación precisa, la línea bajada por el vicepresidente Alliana es justamente dar cumplimiento y agilizar los procesos, porque nosotros tenemos sentencias, y resulta que en el estado de resolución y cumplimiento ante la Corte está en proceso de cumplimiento”, afirmó.

Otra de las acciones que está siendo tomada como prioridad es la situación de las comunidades indígenas, que se encuentran en estado de abandono en muchos casos, a través de gestiones de acercamiento de las situaciones y la búsqueda de acciones con otras instituciones del Estado.

“Tenemos el caso, por ejemplo, de Yakye Axa del departamento de Presidente Hayes. La ministra de Obras Públicas se comprometió en terminar el camino de acceso a la comunidad. Nosotros hacemos el seguimiento, nos reunimos con el Indi, con los líderes indígenas, Amnistía Internacional, Tierra Viva, con todos los representantes convencionales y también las comunidades indígenas. Le acercamos a las instituciones para ver la solución más rápida”, refirió la directora Peralta.

También están siendo abordadas problemáticas como la titulación de tierras y la provisión de agua potable en las comunidades que se encuentran aisladas, se busca también la intervención de instituciones de salud y educación a fin de brindar asistencia constante a estas comunidades.

“Tenemos casos de titulación de tierras; entonces, trabajamos con el Indi, por ejemplo, suministro de agua potable, de comunidades indígenas que están aisladas. Trabajamos con el Ministerio de Salud para que reciban esas comunidades asistencia mensual de la Unidad de Salud Familiar, con el Ministerio de Educación y Ciencias, que le brinda servicio educativo a las comunidades, también con la Secretaría de Emergencia Nacional para que mitigue los eventuales atrasos en el desarrollo”, sentenció.

Desde el Tribunal Supe­rior de Justicia Electo­ral (TSJE) confirmaron que se ha culminado con la redacción de un borra­dor que prevé una serie de modificaciones técnicas al Código Electoral con miras a las elecciones municipa­les del 2026. La institución aclaró que estos cambios en la legislación no supon­drán la reforma o enmienda constitucional.

“Hemos concluido algunas modificaciones al Código Electoral, específicamente a la Ley n.° 834 y a la n.° 635 que organiza la Jus­ticia Electoral, garantizo que en estas dos leyes y las modificaciones que vamos a enviar al Parlamento, no existe absolutamente nada de corte político, ni menos que tenga que ver con enmiendas o reformas de la constitución”, aseguró Luis Alberto Mauro, asesor de la institución.

Las reformas en el Código que plantea el TSJE, tienen que ver con cuestiones téc­nicas, señaló Mauro, quien recordó que estas modifi­caciones ya fueron anun­ciadas en diciembre de 2023 por el ministro, César Rossel. Para este fin se con­formó una comisión que se abocó a la redacción de las modificaciones al Código Electoral.

“Hemos terminado el tra­bajo y hemos entregado el trabajo a los tres minis­tros, así como también un informe. Como Justicia Electoral no nos vamos a meter a modificar artícu­los de corte político, exclu­sivamente de corte técnico”, ratificó Mauro en diálogo con la 730 AM.

Entre las modificaciones que había mencionado Ros­sel en conferencia de prensa mencionó la posibilidad de otorgarle más atribución a los fiscales en cuanto a deli­tos electorales. Añadió que se buscaría aplicar remu­neración a los miembros de mesa en lugar de distribuir­les comida, además de exten­der el periodo electoral a 170 días, de modo de garantizar el cumplimiento de la ley de financiamiento político.