La diputada Rocío Abed, del Partido Colorado, pidió al presidente Mario Abdo Benítez la destitución del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. Es ante las cifras alarmantes de robos, hurtos y crímenes que se registraron en varios puntos del país en lo que va del mes de enero. Lamentó también que el ex fiscal se dedique nada más a su campaña política para la senaduría.
“El primer gran acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual uno no está preparado, y en ese punto ya comenzó mal Arnaldo Giuzzio al aceptar ser ministro del Interior, cargo para el cual no es apto. Se encuentra al frente de esta cartera con la misma ineficiencia e ineptitud con las que nos tuvo acostumbrados en su actuar como fiscal”, manifestó.
La legisladora puntualizó el informe emitido por el Ministerio Público, en el cual señalan que las denuncias de robo agravado y hurto agravado se incrementaron entre el 25% y el 15% en el 2021.
Los casos de robo, robo agravado, hurto y hurto agravado se encuentran entre los 10 hechos más frecuentes que son atendidos por el Ministerio Público.
“Giuzzio es puro show, sin resultados, mucho ruido y pocas nueces, sin estrategias a largo y a mediano plazo. Es un irresoluto total, mientras que las cifras son verdaderamente alarmantes y sumamente preocupantes, en especial siendo representante de una de las zonas más afectadas, Alto Paraná, exigimos acciones concretas del Gobierno y de la cartera pertinente”, sentenció.
Por otra parte, la legisladora afirmó que el departamento de Alto Paraná, ante la falta de seguridad y la crisis económica a raíz de la pandemia del covid-19, se volvió una zona de cultivo no solo para los delincuentes comunes, sino también para los criminales de frontera.
“Específicamente la falta de acción del Gobierno para dar respuestas concretas a la crisis económica en frontera, agudizada en la pandemia, desempleo, hambre y desolación, y la migración de grupos criminales de países vecinos se convierten en un caldo de cultivo propicio para el incremento de la delincuencia en frontera que requiere de respuestas inteligentes, planificadas y la presencia permanente de las fuerzas de seguridad, por sobre todo un ministro del Interior capaz que tenga el respeto y la credibilidad de la ciudadanía y de sus subordinados”, afirmó.
En ese sentido, Abed dijo que se requiere de “menos alcotest y barreras para la extorsión y más acciones contra los delincuentes y el crimen organizado”. Otros puntos afectados por la inseguridad son Central, Cordillera y Asunción.
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Postergan juicio oral de Giuzzio por vínculos con narcotraficante
- Unidad de Investigación Nación Media
- investigacion@nacionmedia.com
El juicio contra el exministro abdista Arnaldo Giuzzio que debía arrancar el 1 de julio pasó para la segunda mitad de octubre. El exhombre fuerte del Ejecutivo mantenía una cercana relación con el supuesto narco Marcus Vinicius Espíndola.
El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tendrá tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el próximo 1 de julio, sin embargo, fueron postergadas para el 22 de octubre, confirmaron desde el Ministerio Público.
El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.
Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021.
En agosto de ese mismo año, Vinicius envió noticias y enlaces sobre “inversiones empresariales realizadas en Brasil, que tanto él como el Dr. Pablo Rivas ya habían mencionado a Giuzzio, quien respondió con un escueto: “Perfecto”.
A finales de diciembre de 2021, Giuzzio solicitó a Vinicius un vehículo para uso personal durante sus vacaciones en Brasil. Vinicius coordinó la entrega del vehículo, un Kia Carnival blindado, que pertenecía a la esposa de Marqués de Padua.
Según la investigación, en enero de 2022, una vez finalizadas sus vacaciones, Giuzzio reportó de su regreso a Espíndola Marqués para coordinar la devolución del vehículo. El jefe del hampa le dijo que viaje hasta Asunción y que coordinarían luego la búsqueda del vehículo. Algo que lo hizo el mismo capo narco junto a uno de sus socios, quien lo acompañó hasta la casa particular del entonces secretario de Estado.
Gilberto Enciso Flores, quien trabajaba para las empresas de Espíndola, fue interrogado al respecto. Y relató el día que fueron a buscar el vehículo de la casa de Giuzzio.
“Luego de ahí el Dr. Arnaldo viajó a Brasil de vacaciones y volvió nuevamente el 12 de enero de 2022, donde se contacta con el Sr. Marcus para coordinar la entrega del vehículo, que fue unos días después acá en Asunción donde vinimos con el Sr. Marcus hasta la casa del Dr. Arnaldo para retirarlo, me consta que no realizó ningún pago, ni se expidió ninguna factura a nombre de Arnaldo Giuzzio porque el vehículo fue prestado desde el inicio... (sic)”, manifestó ante los fiscales del caso.
El 19 de enero de 2022, Enciso le envió una ubicación GPS a Espíndola. Los investigadores consiguieron descubrir que se trataba del domicilio particular de Giuzzio, donde consiguieron ubicar el teléfono de Espíndola ese mismo día.
LO QUE REVELAN LOS MENSAJES
En agosto de 2021, Marcus solicitó a Giuzzio que enviara una “camioneta Hyundai Santa Fe blindada” a Ciudad del Este para realizarle “cambio de suspensión, mantenimiento de blindaje y retoques de pintura”, a lo que Giuzzio respondió: “Veo”.
En octubre de 2021 continuaron las conversaciones, y Marqués de Padua envió a Giuzzio un enlace y una captura de pantalla de una noticia sobre el caso “Lava Jato”, un procedimiento en Brasil. Giuzzio respondió con un “gracias Marcus” y luego añadió: “les hablo”.
En noviembre, Vinicius se comunicó nuevamente con el entonces ministro del Interior para informarle que estaba en Asunción y que tenía muestras para pruebas balísticas de materiales para chalecos. En diciembre, Marcus hizo referencia, a través de un mensaje reenviado, a tres vehículos de las Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE). Además, Vinicius consultó a Giuzzio sobre la posibilidad de enviar un vehículo averiado a su empresa para revisión, ofreciendo este servicio como “cortesía” y adjuntó varias fotografías de los vehículos. En esa época, Giuzzio planeaba vacaciones en Brasil.
Otras conversaciones revelan que Vinicius mostró un video de un vehículo con logo de la Policía Nacional y otros videos donde un vehículo blindado de la Policía Nacional estaba en el mismo lugar que otros vehículos de Vinicius.
La Fiscalía sospecha que Marcus Vinicius no solo proveía servicios de reparación y blindaje a vehículos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, sino que también estaba en tratativas con Giuzzio, en su rol de ministro, para la provisión de materiales a estas instituciones.
El acta de imputación menciona al comisario general y viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos, quien, junto a Giuzzio, visitó las oficinas de Black Eagle Group SA - OMBU SA en Ciudad del Este para probar chalecos antibalas. Las pruebas de estos materiales fueron fotografiadas y compartidas por Vinicius con Ríos, con quien mantenía asiduas conversaciones desde agosto de 2021 sobre inversiones empresariales y proyectos de seguridad del Ministerio del Interior.
En noviembre de 2021, se realizó una prueba de chalecos antibalas en la empresa de Vinicius en Ciudad del Este, lo cual Vinicius agradeció y calificó de “demasiado importante”. Una fotografía de Giuzzio con el equipo de Black Eagle se incluyó en el acta de imputación, sin embargo, el proceso vuelve a dilatarse con otra chicana que posterga el juicio oral que debía iniciarse el próximo lunes 1 de julio.
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Giuzzio mantenía contacto fluido con el narco Vinicius Espíndola
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Conversaciones sobre pruebas de mercaderías que serían proveídas al Estado, “cortesías” y beneficios. Estas son tan solo algunas de las cuestiones que se revelan en las conversaciones sostenidas entre Giuzzio y Espíndola Marqués de Padua.
La Fiscalía tuvo acceso a una serie de mensajes de WhatsApp intercambiados entre el exministro Arnaldo Giuzzio y el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Estos mensajes, provistos por Brasil, comenzaron en julio de 2021. En agosto de ese mismo año, Vinicius envió noticias y enlaces sobre “inversiones empresariales” realizadas en Brasil, que tanto él como el Dr. Pablo Rivas ya habían mencionado a Giuzzio, quien respondió con un escueto: “Perfecto”.
Más tarde, Marcus solicitó a Giuzzio que enviara una “camioneta Hyundai Santa Fe blindada” a Ciudad del Este para realizarle “cambio de suspensión, mantenimiento de blindaje y retoques de pintura”, a lo que Giuzzio respondió: “Veo”.
En octubre de 2021, continuaron las conversaciones, y Marqués de Padua envió a Giuzzio un enlace y una captura de pantalla de una noticia sobre el caso Lava Jato, un procedimiento en Brasil. Giuzzio respondió con un “gracias, Marcus” y luego añadió: “Les hablo”.
En noviembre, Vinicius se comunicó nuevamente con el entonces ministro del Interior para informarle que estaba en Asunción y que tenía muestras para pruebas balísticas de materiales para chalecos. En diciembre, Marcus hizo referencia,
a través de un mensaje reenviado, a tres vehículos de las Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE). Además, Vinicius consultó a Giuzzio sobre la posibilidad de enviar un vehículo averiado a su empresa para revisión, ofreciendo este servicio como “cortesía” y adjuntó varias fotografías de los vehículos. En esa época, Giuzzio planeaba vacaciones en Brasil.
Otras conversaciones revelan que Vinicius mostró un video de un vehículo con logo de la Policía Nacional y otros videos donde un vehículo blindado de la Policía Nacional estaba en el mismo lugar que otros vehículos de Vinicius.
La Fiscalía sospecha que Marcus Vinicius no solo proveía servicios de reparación y blindaje a vehículos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, sino que también estaba en tratativas con Giuzzio, en su rol de ministro, para la provisión de materiales a estas instituciones.
El acta de imputación menciona al comisario general y viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos, quien, junto a Giuzzio, visitó las oficinas de Black Eagle Group SA - OMBU SA en Ciudad del Este para probar chalecos antibalas. Las pruebas de estos materiales fueron fotografiadas y compartidas por Vinicius con Ríos, con quien mantenía asiduas conversaciones desde agosto de 2021 sobre inversiones empresariales y proyectos de seguridad del Ministerio del Interior.
En noviembre de 2021, se realizó una prueba de chalecos antibalas en la empresa de Vinicius en Ciudad del Este, lo cual Vinicius agradeció y calificó de “demasiado importante”. Una fotografía de Giuzzio con el equipo de Black Eagle se incluyó en el acta de imputación.
El objetivo de Vinicius, según las conversaciones, era mantener una relación directa con Giuzzio para convertirse en proveedor del Estado. A finales de diciembre de 2021, Giuzzio solicitó a Vinicius un vehículo para uso personal durante sus vacaciones en Brasil. Vinicius coordinó la entrega del vehículo, una Kia Carnival blindada, que pertenecía a la esposa de Marqués de Padua.
El último intercambio de mensajes entre Giuzzio y Vinicius ocurrió el 14 de febrero de 2022, poco antes del operativo Turf, que resultó en la detención de Espíndola en Brasil por vínculos con el narcotráfico. La detención puso al descubierto la relación entre Giuzzio y Vinicius a través de documentos y teléfonos incautados.
A PUERTAS DE JUICIO
El exministro enfrentará juicio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agravado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el brasileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a conocer que alquiló una camioneta, para unas vacaciones familiares en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marqués.
El inicio del juicio está marcado para el próximo 1 de julio, ante un tribunal presidido por la jueza Elsa García.
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Ministro de la Senad dice que cerrará sede mau que inauguró gobierno de Abdo
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sostuvo que su administración realizó varias consultas tanto dentro como fuera de la institución, para llegar al origen del financiamiento de la oficina regional en Salto del Guairá inaugurada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, pero no existe un solo documento que responda de dónde salió la plata. La obra costó unos G. 500 millones, según se había informado en el acto inaugural encabezado por la exministra Zully Rolón, y la ausencia de fuentes presupuestarias oficiales generan todo tipo de suspicacias en la misma Senad, por las fuerzas delictivas que operan en la mencionada ciudad del departamento de Canindeyú.
“Voy a cerrar esa sede, no hay ningún documento, hicimos varias consultas, investigaciones”, respondió el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, al ser consultado si en 10 meses de asumir la administración pudieron corroborar el presupuesto que financió la construcción de una sede regional en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.
Rachid remarcó que no existen siquiera “restos de papel higiénico” que de alguna manera rindan cuentas del origen de los G. 500 millones que demandó la obra para la sede de la institución en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú. Es decir, nadie sabe de dónde salieron los millones para la construcción que inauguró la exministra Zully Rolón, incondicional elemento dentro del organismo de seguridad del exministro destituido por conexiones narco, Arnaldo Giuzzio.
La oficina regional fue inaugurada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, específicamente el 15 de julio de 2022. Durante el acto, la administración de Rolón señaló que la construcción tuvo un costo aproximado de G. 500 millones; pero no aclararon de dónde proviene el presupuesto o el origen del dinero.
No hubo llamado a licitación ni financiamiento oficial, etc., que avalen la inversión. Lo único certero de la obra es que el terreno donde se erigió fue donado por la Municipalidad de Salto del Guairá. El secretismo sobre el origen del dinero viene generando sos-pechas incluso en el mismo plantel de funcionarios de la Senad, hay todo tipo de especulaciones por las fuerzas criminales que ejercen influencia en la zona y por los vínculos de las propias exautoridades con sindicados narcotraficantes. SEDE MAU Rachid dijo que pidió informes a todas las dependencias de la institución, otras como la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), a la gobernación departamental, pero nadie sabe nada del origen de los fondos y los financistas de la sede en Salto del Guairá, que siguen siendo verdaderos fantasmas. Esta es la razón por la que Rachid adelantó que cerrará la sede “mau” de la mencionada ciudad y erigirá otro en Curuguaty. El jefe felicitado por Zully Rolón durante la inauguración había sido el agente de la Senad Martín Vera.
Según la exministra leal a Giuzzio, el funcionario “llevó sobre sus espaldas toda la supervisión, peleando con los recursos que teníamos, haciendo de la mejor manera el trabajo que hoy es una realidad y más aún que a la par contribuimos en dar trabajo a varios locales”. Vera no solo “peleó” con los recursos disponibles, también guarda muy bien el secreto de dónde salió la plata con la que tuvo que remar para el complejo que inauguraron. Desde la administración Rolón intentaron atribuir en su momento la inauguración de la oficina regional a la Ande y la Senabico. Sin embargo, desde ambas instituciones se habían desmarcado de cualquier donación o colaboración en infraestructura.
El máximo aporte de la Senabico fue el préstamo de algunos electrodomésticos, según consta en acta de entrega del 11 de julio de 2022, consistente en cinco televisores, un sofá, un juego de mesas con butacas, dos sillones, una parrilla “mbopi”, una heladera, un secarropas, un freezer y otros artículos de cocina por un valor total de G. 49 millones. Jalil manifestó que continúa evaluando las alternativas jurídicas para el caso, puesto que es un edificio que se incorpora al patrimonio del Estado, pero sin las documentaciones sobre el origen de los fondos. El actual titular de la Senad indicó que ya cuenta con un terreno de 3.800 m2 donado por la Municipalidad de Curuguaty y que ahora se encuentra en trámite para llamado a licitación de la nueva construcción con un presupuesto estimado de G. 1.500 millones. La donación fue aprobada por la Junta Municipal de Curuguaty en abril último, según Resolución Número 59/2024.
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Abed sobre caso González: “Pone en jaque el Estado de derecho y la independencia de poderes”
“La pérdida de investidura de Kattya González fue una decisión política no justiciable de la Cámara Alta, del Poder Legislativo”, dijo Rocío Abed, líder de bancada del movimiento Honor Colorado en Diputados, en referencia al dictamen emitido por el Ministerio Público a favor de la controvertida dirigente del Partido Encuentro Nacional (PEN).
La Fiscalía recomienda al Senado restituir a González, quien perdió su investidura el pasado 14 de febrero. “Ratifico plenamente que la Cámara Alta lo hizo de manera legal y legítima. Es inviable siquiera pensar que otro poder del Estado se inmiscuya en cuestiones propias, internas y soberanas de cualquiera de las Cámaras del Poder Legislativo”, sostuvo Abed en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
“Esa errada pretensión pone en jaque el estado de derecho y la institucionalidad de la República, como asimismo la independencia con la que se deben manejar los tres poderes del Estado. Si bien sabemos que el Dictamen del Ministerio Público no es vinculante, es descabellada la pretensión, contenida en el mismo, respeto a que una decisión política de la Cámara Alta pueda anularse a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia”, agregó la legisladora.
Abed apuntó contra los sectores mediáticos y actores políticos que aplauden el dictamen fiscal que antes cuestionaban, teniendo en cuenta que años atrás, se posicionaban en contra de que el Congreso considere recomendaciones de otros poderes del Estado. “Más absurdo o descabellado es que algunos medios de comunicación o actores políticos hoy celebren una opinión que hace muy poco cuestionaban ¿Eso es terrorismo intelectual o tomadura de pelo?”, refirió a La Nación.
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La diputada recordó que, en ocasiones previas al caso de González, la máxima instancia judicial “ya había sido clara en sus fallos anteriores”. La legisladora citó el dictamen emitido. “La pérdida de investidura de un parlamentario (senador o diputado) es una sanción política, cuya potestad de determinación y aplicación, también debe desarrollarse en el ámbito político y compete con exclusividad, al colegiado donde se produjo el mal desempeño (cámara de diputados o cámara de senadores); dentro del periodo correspondiente al mandato”.
Agregó también que el citado fallo alegaba que “no es un juzgamiento jurisdiccional, por lo que no corresponde supeditarlo ni derivarlo al Poder Judicial. Es un juzgamiento entre pares; que se interpone, se sustancia y se resuelve entre pares. Obviamente respetando las garantías establecidas en el Art. 17 de la Constitución Nacional, previstas para todo proceso (administrativo, político y judicial) del cual derive pena o sanción. Lo cual no lo convierte necesariamente en un proceso judicial”.
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Datos claves
• El Ministerio Público emitió un dictamen recomendando a la CSJ restituir la banca a Kattya González.
• La diputada Rocío Abed afirma que se pone en jaque el Estado de derecho y la independencia de poderes.
• La diputada Rocío Abed sostiene que la pérdida de investidura de Kattya González fue una decisión política no justiciable de la Cámara Alta.