El senador Basilio Núñez, uno de los pro­yectistas de la inicia­tiva “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sos­tuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.

“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depen­der del humor ni de un legis­lador o una legisladora que retira su firma”, refirió en con­versación con los medios de prensa en el Senado.

Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la inicia­tiva presentada en el Legis­lativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua per­manentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su trata­miento se podrá ir incluyendo las modificaciones.

“Tenemos que ver el lado posi­tivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kiló­metros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar finan­ciación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio pre­vio, antes de ser puesto a con­sideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modifi­caciones que sean necesarias.

“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a suge­rir modificaciones, ese pro­yecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comu­nicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senado­res también”, sentenció.

El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.

“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acue­ductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elabora­dos porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.

Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco para­guayo, apuntando a la impor­tancia de seguir socializando el proyecto tanto con las auto­ridades departamentales, como también con la propia población. “Con el goberna­dor de Boquerón, Harold Ber­gen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abar­car de manera integral las comunidades de Alto Para­guay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.

Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departa­mentales y del Gobierno, sino también con las propias comu­nidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.

El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.

El dirigente y legislador libe­ral puntualizó que acompa­ñará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la impor­tancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.

“Seguiré apoyando este pro­yecto, independientemente de la salida del senador Pen­ner del partido Patria Que­rida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferen­tes medios de prensa.

Remarcó así que las cues­tiones políticas o ideológi­cas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Senten­ció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acce­der al líquido vital y los par­lamentarios poseen la obli­gación de garantizar dicho aspecto.

“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera debería­mos poner trabas a esta pro­puesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.

El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.

El senador Éver Villalba sos­tuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesa­rio para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy anali­zando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el pro­yecto”, comentó el legislador.

Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodis­tas acreditados en el Senado.

Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de pro­yecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.

“Es necesario. Los compa­triotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a tra­vés de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a que­dar sobre el Estado o la comu­nidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.

El Departamento Antisecuestro de Personas, dependiente de la Policía Nacional busca obtener una certificación internacional para pasar de una policía reactiva a una por procesos, enfocada en la meta de brindar seguridad a la ciudadanía, informó este miércoles el jefe de dicha unidad, Nimio Cardozo, a Paraguay TV.

El director policial explicó que están trabajando con el financiamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para certificarse en agosto próximo con la Norma Internacional ISO 9001:2015, que tiene que ver con los sistemas de gestión de calidad en general.

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En tal efecto, están ajustados a unos estándares internacionales, los cuales significan que todos los procesos investigativos son transparentes, auditables y están sometidos a cualquier empresa internacional que pueda venir a ver que lo que están haciendo se ajusta al estándar de calidad.

“Con este resultado los beneficiarios serán los usuarios finales, es decir, las personas que necesitan de los servicios y de la protección de los agentes. Nosotros tenemos que trabajar enfocados en la ciudadanía. Los policías deben cumplir con las satisfacciones de los ciudadanos que son todos los paraguayos y paraguayas y extranjeros que vivan en nuestro territorio”, expresó.

Enfatizó que lo que buscan con esta certificación internacional es pasar de una policía reactiva a una policía por procesos. “Hoy en día nosotros somos una policía reactiva, lo que pasó en Ciudad del Este, en Encarnación, la policía reacciona ante una situación en especial. En cambio, cuando el trabajo es por procesos, además de adelantar esos escenarios posibles se pueda prever y se pueda tener un plan de contingencia en caso que aparezca”, comentó.

Indicó que esto hará una gran diferencia, y por ello están trabajando en este proceso de transformación, a través de la certificación. “El certificar una norma técnica implica también cambiar la mentalidad y que se vean los resultados. Las certificaciones internacionales respaldan los conocimientos y habilidades tecnológicas, en las programas de productividad, desarrollo y creación de contenido más utilizados y reconocidos a nivel internacional”, concluyó.

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Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de cauda­les que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delin­cuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que osten­tan y la capacidad de organización y des­trucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.

El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que última­mente ha sufrido el embate de los crimi­nales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente con­taban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.

La crónica policial indica que en los últi­mos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligro­sidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las locali­dades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.

En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transporta­dor de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero auto­mático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue des­truida con explosivos y se robaron centena­res de millones de guaraníes.

Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.

Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.

El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nue­vas inversiones para el equipamiento logís­tico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anual­mente, para alcanzar 25.000 nuevas incor­poraciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.

Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concep­ción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departa­mentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más ade­lante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuer­zas policiales tienen también otro”, mani­festó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.

La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últi­mamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la gue­rra contra la delincuencia y la inseguridad.

• Caracas, Venezuela. AFP

Las fuerzas públicas de Venezuela come­tieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nico­lás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las pre­sidenciales de julio.

Los reportes, presentados por las organizaciones especializa­das Provea y Foro Penal, coin­ciden con otro informe presen­tado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desa­pariciones forzosas” en el país.

“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordi­nadora de investigación de la ONG Provea, Lissette Gonzá­lez, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los dere­chos humanos”.

La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó tam­bién 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.

“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, orga­nizado, sino reprime y con­trola a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta cri­sis económica y social”, sos­tuvo González.

Foro Penal, dedicada a la representación judicial de pre­sos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.

“No vemos que se estén pre­sentando signos o evidencias de que la represión, particular­mente la represión por moti­vos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significa­tiva en la persecución de acti­vistas o militantes” de “fuer­zas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresi­dente de Foro Penal.

Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activis­tas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.