Camilo Benítez, contralor general, adelantó que al comienzo de esta semana decidirá si aplica una nueva auditoría a la administración de Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este. Lo dijo en relación con el pedido de la Comisión Permanente del Congreso.
Esta había solicitado a la Contraloría una nueva auditoría integral a la municipalidad de la capital del Alto Paraná, en razón a las denuncias que existen por hechos de corrupción en contra de Prieto.
La directora general de Control Gubernamental de la CGR, Gladys Fernández, había señalado que los auditores están de vacaciones y que la solicitud del Congreso recién se decidiría en febrero.
La funcionaria recordó además que ya hay una auditoría en proceso, la que se pretende terminar cuanto antes y luego se definirá si se amplía la investigación.
A pesar de ello, el contralor dijo que será hoy lunes cuando se tendrá una mejor idea de lo que hará el órgano a su cargo ante el pedido de la comisión legislativa.
No obstante, concordó con su funcionaria con que los auditores están de vacaciones, “pero de ser necesario vamos a pedirles que vengan para culminar lo que está pendiente”, acotó.
Cabe indicar que el jefe comunal esteño tiene 19 denuncias en su contra, como administrador de la comuna de la capital altoparanaense.
La senadora de PQ “Nani” Arrúa había indicado que resulta muy llamativo que con semejante cantidad de denuncias, hasta ahora Prieto no fue imputado por ninguna de ellas.
La misma subrayó que existen claros elementos probatorios de que el intendente de CDE cometió irregularidades manifiestas en su función.
Entre las acusaciones que pesan sobre el jefe municipal de CDE figuran el uso de fondos covid para rubros que están en esa categoría, compra sobrefacturada de bus para “clínica móvil”, concesión de licitaciones para proveer insumos médicos a firmas que no tienen relación con el rubro, entre otros.
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Milei denuncia una “persecución judicial” contra Bolsonaro y defiende su plan económico
El presidente argentino, Javier Milei, denunció ayer domingo la “persecución judicial” contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), durante una conferencia de conservadores en Brasil en la que denostó contra los gobiernos de izquierda en la región.
“Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil”, dijo Milei ante los vítores y aplausos de miles de simpatizantes en el foro CPAC, en Balneário Camboriú, Santa Catarina (sur).
En su primera visita a Brasil, el ultraliberal Milei desairó al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con quien ha intercambiado agravios, y en cambio se abrazó con Bolsonaro, su hermano ideológico y rival de Lula. También se reunió con los gobernadores de los estados de Santa Catarina, Jorginho Mello, y de Sao Paulo, Tarcisio Freitas, ambos de signo conservador.
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En una larga exposición contra el “socialismo empobrecedor” en la región, el jefe de Estado argentino arremetió contra las “dictaduras asesinas” de Venezuela, Cuba y Nicaragua, e intensificó sus críticas al gobierno de Bolivia por “montar un falso golpe de Estado”.
“El socialismo (...) necesariamente deriva en esclavitud o muerte”, y cuando los gobiernos “resisten en esa senda... o terminan siendo rechazados por la sociedad o terminan violando la libertad y jugando con la vida de sus ciudadanos para preservarse en el poder”, afirmó. Pero “quiero decirles que soplan vientos de cambio en el mundo”, añadió.
Libertad de expresión
Milei también dijo que la libertad de expresión es “cuestionada en las principales potencias del mundo” con la “excusa de no herir las sensibilidades o respetar a minorías ruidosas que quieren imponer su visión minoritaria”, y algunos países cometen “aberraciones” para sofocarla.
Y citó a Brasil, donde los bolsonaristas a menudo denuncian censura en los intentos de las instituciones para combatir desinformación y los discursos de odio en redes sociales. “Son cosas que parecen lejanas o abstractas, pero cada uno mira lo que lamentablemente empieza a ocurrir hoy aquí en Brasil y lo piensa dos veces”, apuntó.
El jefe de Estado defendió sus políticas para liberalizar la economía argentina, aprobadas el mes pasado en el Congreso, y acusó a la oposición de seguir “haciendo lo imposible para boicotear” su gobierno. El capítulo latinoamericano de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), lanzada hace 40 años en Estados Unidos, reunió sábado y domingo lo más granado del movimiento conservador brasileño y latinoamericano.
Miles de simpatizantes bolsonaristas, como representantes del sector agropecuario o activistas antiaborto asistieron al encuentro, donde vino y cerveza asociados a Bolsonaros eran vendidos. Entre la multitud había dobles del expresidente y de Milei, observó un videorreportero de la AFP.
Incidentes
La conferencia no acabó sin incidentes. La cadena CNN Brasil denunció en una nota que su reportera Isadora Aires fue “hostilizada por manifestantes” en el evento y tuvo que ser retirada por seguridad. El sábado, Bolsonaro fue aclamado como la única opción de la derecha, a pesar de su inhabilitación para presentarse en los comicios presidenciales de 2026 y la pila de problemas judiciales que enfrenta.
“A pesar de los problemas (...) -tengo unos 300 procesos todavía-, no vamos a retroceder”, dijo Bolsonaro. La semana pasada, la Policía Federal recomendó imputar al expresidente por lavado de dinero y otros crímenes, en una investigación por el supuesto desvío de unas valiosas joyas de diamantes regaladas por Arabia Saudita.
Y aún espera las conclusiones de una pesquisa por la supuesta falsificación de certificados de vacunas del covid-19. También es investigado por la invasión de las sedes de los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023 por sus seguidores y por un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder.
Fuente: AFP
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Intendente refuta informe de Contraloría: “No salimos del marco legal”
“Yo puedo decir con absoluta responsabilidad y mucha tranquilidad de que no hemos salido del marco legal ni medio milímetro”, indicó el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, refutando el informe de auditoría de la Contraloría en el que se hace mención de un desvío en las operaciones en las que utilizó recursos de los bonos consistentes en G. 500.000 millones destinadas para el financiamiento de obras.
“Hemos recibido este informe mucho después de que hayan recibido los medios de prensa, de que hayan sacado sus conclusiones y que hayan salido algunos juzgando y actuando de fiscales. En el informe se dice que nosotros hemos presentado una información incompleta, quiero desmentirlo, nosotros hemos respondido a sus solicitudes a rajatablas”, sostuvo en el programa “Dos en la ciudad” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El principal cuestionamiento realizado por el órgano extrapoder se centra en que la normativa legislativa que regula la modalidad de cuenta única claramente no puede ser aplicable a un gobierno municipal para realizar desembolsos.
“Algunos dicen que es un informe lapidario, pero en qué parte habla sobre una malversación, de algún daño patrimonial. Acá lo que la Contraloría cuestiona es que el municipio de Asunción no puede usar la cuenta única como utiliza el gobierno central. ¿Dónde está el principio de igualdad? ¿Por qué el gobierno central puede y el municipio no”, expresó.
Rodríguez acotó: “¿Dónde está el artículo 166 de la Constitución Nacional que habla de la autonomía y autarquía presupuestaria de los municipios, esto se encuentra establecido en la Constitución. El informe de la Contraloría menciona además que la municipalidad no tiene una cuenta única en el Banco Central del Paraguay, pero esta es una herramienta financiera económica que no precisamente te condiciona con que banco vas a operar”.
La denuncia sobre el supuesto desvío fue realizada por parte de concejales y legisladores de la oposición. Ante esta acusación Rodríguez había sostenido en varias ocasiones que se trata de una campaña política anticipada por parte de dicho sector rumbo a las municipales del 2026. El informe de la Contraloría ya fue remitido al Ministerio Público.
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Remiten a Fiscalía informe sobre uso de bonos en la administración de Nenecho Rodríguez
La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el informe de auditoría sobre la utilización de G. 500.000 millones de los bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción que debían ser destinados para el financiamiento de obras. El documento hace mención al desvío de los recursos económicos.
Entre las irregularidades señaladas por el órgano extrapoder figura el destino del dinero a una “cuenta única del Tesoro Municipal”, de donde se hicieron los desembolsos. Argumentan que la normativa legislativa que regula la citada modalidad establece que esa vía no puede ser aplicada por un gobierno municipal.
“La normativa legislativa que regula la modalidad de cuenta única (ley 5097/13) claramente no puede ser aplicable a un gobierno municipal, en primer lugar, porque en el caso de las municipalidades esa ley está en conflicto con la Ley orgánica municipal que prohíbe ejecutar dineros provenientes de la emisión de bonos para pagar gastos corrientes”, sostiene el documento.
El informe indica que la modalidad de cuenta única fue dispuesta para administrar los excedentes de las instituciones, no así para financiar un déficit de la caja. Señala que bajo la gestión del intendente capitalino Óscar “Nenecho” Rodríguez se realizó pagos de gastos corrientes por un total de G. 492.000.000.000 con los fondos de la modalidad de la cuenta única municipal, sin adjuntar documentos de respaldo y sin detallar el origen de los recursos utilizados.
Menciona además que se utilizó un total de G. 287.000.000.000 para costear el mantenimiento de los vehículos, combustibles, alquiler de vehículos recolectores, cubiertas, seguros, reparación de vehículos, repuestos varios, herramientas, emulsión asfáltica, piedra triturada, uniformes, leche, servicios de transporte y disposición final de residuos.
El informe manifiesta a la vez que se cubrió el costo de las inversiones públicas en adquisiciones de maquinarias y herramientas para dotar a las áreas operativas, así como obras de infraestructura, por aproximadamente G 50.000 millones, como también el pago de capital e intereses de bonos por la suma de aproximadamente G. 155.000.000.000.
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Cones aguarda que el JEM destituya a jueza que habilitó carrera irregular de medicina
“Esperamos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados haga su tarea, estamos solicitando su destitución”, indicó el titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, al referirse sobre la denuncia presentada conjuntamente con la Procuraduría ante dicha institución contra una jueza de Itakyry que otorgó una medida cautelar irregular para la apertura de la carrera de medicina en una universidad privada de Ciudad del Este.
“Ayer (martes) presentamos la denuncia contra la jueza buscando dar un mensaje a las universidades de que desde el Cones, en conjunto con la Procuraduría, vamos a tomar las medidas para indicar que el camino de habilitación de las carreras debe ser vía el Cones, que es la instancia que analiza todas las dimensiones técnicas, académicas, de infraestructuras, entre otros. No puede ser a través de una jueza, vía Poder Judicial”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La medida cautelar fue emitida por la jueza Eresmilda Román Paiva, a favor de la Universidad Autónoma San Sebastián, pese a no tener la habilitación del Cones como ente rector. “Vamos a dar un mensaje a todos los jueces para que no se presten a este tipo de solicitudes por parte de las universidades, que no haya esa ligereza de acompañar estos pedidos”, indicó.
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Asimismo, afirmó que la jueza posee varios causales de mal desempeño en sus funciones. “En este caso ella generó la medida cautelar y luego se declaró incompetente, tiene demasiado causales de faltas la jueza a la par de que está medida cautelar está totalmente injustificada. En nuestra administración vamos a tomar todos los recaudos para que esto no se pueda concretar (habilitación irregular de carreras vía medida cautelar). Este no es el camino y tomaremos las acciones”, comentó.
Mora lamentó que esta situación sea una práctica constante por parte de los jueces, detallando que existen aproximadamente entre 17 a 20 medidas cautelares irregulares que se encuentran en funcionamiento en su mayoría a favor de las llamadas universidades de garaje.
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