Uno de los casos más asombrosos de la investigación 2.0 sobre facturas falsas por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación es el caso del hombre dedicado a la limpieza de vidrios de vehículos y cuidador de autos, que facturó supuestamente más de G. 26.000 millones al año, indicó el viceministro Óscar Orué.
El caso salpica a 17 municipalidades y una gobernación, y, según el subsecretario, abarca un período de tres ejercicios. Confirmó que le entrevistaron y que indicó que nunca tuvo RUC y por tanto jamás facturó, y es una confirmación de que es una factura falsa, dijo.
Explicó que se detectaron comprobantes falsos por G. 171.300 millones (US$ 25 millones), que afectan a un superproveedor de 80 años, 16 otras grandes empresas y 100 pequeñas compañías. Los documentos investigados datan de los ejercicios 2018, 2019 y 2020. En total son 1.607 los comprobantes apócrifos. También saltó a luz un hombre octogenario que había facturado G. 57.000 millones al Estado en los 3 años. El mismo vive en una humilde vivienda y supuestamente es proveedor de las entidades para el rubro de la construcción.
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ONG de la asesora de Nakayama facturó por curso mau a Trabajo
Un operador político, en la práctica vendedor de asadito y guardia de seguridad, que pasó por tres cursos de 1 mes en el Servicio Nacional de Promoción Profesional y que, dicho por los alumnos que participaron del curso de panadería y confitería, nada entendía del tema, ya que solo repartía folletería de recetas, aparece como “docente/instructor” de la ONG de la funcionaria de confianza del senador Eduardo Nakayama. La organización recibió G. 1.822 millones del Ministerio del Trabajo en la época de Carla Bacigalupo y aparece el clan familiar de su presidente como operadores políticos favorecidos con sueldos y honorarios.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Cursos de mandos medios que instituciones como el Sistema Nacional de Promoción Profesional (SNPP), el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) llevan adelante como oportunidades de rápida salida laboral sufrieron el clientelismo político durante el gobierno anterior y fueron bastardeados por ONG, que mediante convenio con el Ministerio del Trabajo, recibió millonarias transferencias para capacitar. Proyecto es fachada de una agencia de empleo familiar detrás y repartija de sueldo a operadores políticos con el agravante de precariedades en la formación de quienes buscan formarse para el mercado laboral, que se traduce en un fraude.
Puenteando al Sinafocal y el SNPP, la exministra Carla Bacigalupo firmó dos convenios con la ONG Fundación de Apoyo a la Educación Tecnológica (Fundatec), una organización inactiva hasta 2021, pero que fue rescatada precisamente en tiempos políticos y al año ya era beneficiada con millonarias transferencias, G. 1.822 millones entre 2022 y 2023.
De Fundatec forma parte Celsa Rodríguez, funcionaria de confianza que el senador Eduardo Nakayama ubicó en su despacho del Congreso Nacional. La mujer fue candidata a diputada por Central dentro del equipo político de Nakayama.
La funcionaria de confianza de Nakayama es secretaria de Fundatec y el presidente es Enrique Lorenzo Caballero, quienes firmaron el convenio con Bacigalupo para llevar cursos de capacitación al departamento de Alto Paraná y Paraguarí, que en el segundo caso resulta una estafa.
De entrada el convenio deja al descubierto cómo los primeros favorecidos son los hijos del presidente de Fundatec, Enrique Alberto Caballero García y Guillermo Nicolás Caballero García, que figuran como asistente administrativo y asistente técnico con G. 3,5 millones de honorarios, mediante empresas que fijan dirección en el mismo lugar de la ONG. A esto se suma la repartija de honorarios a operadores políticos en el caso de los cursos en Paraguarí.
Por ejemplo, Kevin Saúl Caballero, que realizaba caminatas proselitistas por la candidatura de Cristina Servín en Ybycuí, facturó por curso de operador de computadora por valor de G. 11.475.000. El papá de Kevin, don Saúl Caballero, también fue favorecido con un contrato y figuran comprobantes emitidos por servicio de catering de G. 15,6 millones para curso de panadería y, llamativamente, catering para curso corporativo de operador de computadora por G. 21,2 millones.
Nuestro equipo realizó trabajo de campo y confirmó que las condiciones requeridas para estos cursos de operador corporativo de computadora eran precarias y solo permitían conocer lo básico, como prender, apagar una máquina y documentos del office.
Sin embargo, el caso más lamentable es el curso de panadería y confitería en Mbujapey. También con un operador político de Quiindy contratado como “docente/instructor’, cuando en la realidad el señor de nombre Sixto García Insfrán es un vendedor de asadito en la ciudad y guardia de seguridad.
El máximo respaldo que tiene don García en cuanto a su conocimiento gastronómico son tres certificados del SNPP, de elaboración de torta rellena que duró menos de un mes, de ayudante de cocina de dos meses y de cocina básica de un mes, que realizó coicidentemente en tiempo en que se tramitaba el convenio entre Bacigalupo y la ONG de la funcionaria de Nakayama. Sin embargo, le contrataron a don Sixto para el desarrollo de un sustancioso contenido programático de panadería y confitería del que mayoritariamente no tenía idea, dicho por los alumnos que quedaron desencantados del curso.
García, consigna servicio como “docente/instructor”, cuando este perfil requiere una serie de exigencias que en el caso suyo no tienen rastros. Los instructores a cargo de estos cursos deben respaldarse con documentos de experiencia y formación profesional comprobable en el rubro; principalmente deben contar con certificaciones de instrucción metodológica que les habilite para enseñar, condiciones que don Sixto no reúne, según pudimos constatar en los organismos dependientes del Ministerio del Trabajo.
Según el certificado entregado a los participantes del curso, firmado por la exministra Carla Bacigalupo y el presidente de Fundatec, los egresados cumplieron con una carga horaria de 95 horas, cuando en la realidad las limitaciones del instructor, las precariedades de infraestructura, falta de equipos y utensilios redujeron en más de la mitad las horas de capacitación. Varios alumnos consultados señalaron que en clase había entre 10 y 12 compañeros de los 35 que figuran en nómina, los cursos duraban 1 hora y media de lunes a viernes, que computados por los 19 días registrados en planilla de asistencia llegaron solo a 38 horas.
García, que hasta en el concepto de su facturación emitida registra errores ortográficos, sin embargo, según certificado entregado, desarrolló contenidos de orientación laboral, emprendedurismo, habilidades socio emocionales, introducción a la planificación que nunca impartió, según testimonios de varios alumnos consultados.
ME DIERON TU NOMBRE
En conversación mantenida con García, este intentó justificarse con los cursos del SNPP, que es un señor de estudio no precisamente para trabajar en el oficio sino porque le “encanta” estudiar y que su contratación se dio de manera directa a través de un representante de la ONG, que llamó para decirle desde el Ministerio del Trabajo: “Me dieron tu nombre”.
“Yo me di cuenta de que él no sabe nada del tema, yo era la que más se discutía con él por el tema de que él no explicaba bien las cosas y yo suelo hacer pasteles y algunas cosas no me quedaban bien claras y él evadía el tema”, nos comentó Eliana Giménez, alumna.
“30 figuran en la planilla, pero veníamos entre 10 y había veces en que el profesor Sixto exigía que vengan todos, pero cuando eran esos días, se tenía que firmar la planilla para que él pueda llevar y veníamos entre 15 más o menos cuando se exigía”, comentó también la exalumna, evidenciando que hubo hasta participantes ficticios.
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Aceiteras superan el millón de t
Por tercer año consecutivo la subutilización de la capacidad instalada de las industrias aceiteras superó el millón de toneladas/año al cierre de 2023, según informaron desde la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro). El sector cerró el año con una capacidad ociosa de más de 1,3 millones de toneladas de soja.
Es lo que señalaron desde el gremio, agregando que este panorama se registró en un contexto de competitividad bastante complejo para las empresas asociadas. “Si bien el año se cerró con una utilización de la capacidad instalada del 69 %, un incremento con relación a los años anteriores todavía estuvo muy lejos de los mejores registros que se hayan obtenido en el país”, mencionaron, pues en 2018 se había trabajado al 87 %.
Enfatizaron que la industria agregó valor a 3.025.496 toneladas de oleaginosas, un incremento del 13 % con relación al promedio de los últimos tres años. “Este volumen se ubica por debajo de lo que se conseguía en períodos anteriores a 2020, donde el procesamiento se ubicaba fácilmente por encima de los 3,3 millones de toneladas al año desde 2014″, sostuvieron.
La Cappro apuntó que la coyuntura que atraviesa la agroindustria se explica principalmente por las constantes modificaciones en las reglas a las que debe enfrentar el sector y que lo convirtieron en la única industria a la que no se le devuelve el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) generado al exportar productos industrializados. “A pesar de que la producción haya crecido bastante, la industrialización se estancó en torno a los 3 millones de toneladas por año y se prevé que la capacidad ociosa vaya en aumento”, vaticinaron.
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Poco más de medio millón de nuevos electores que en 2018
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se estima que en las próximas elecciones generales del 30 de abril, se podría alcanzar una participación del 70% u 80%, teniendo en cuenta que normalmente el número roza el 60%.
De acuerdo a los datos proveídos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), un total de 4.782.940 electores se encuentran habilitados para ejercer el derecho al voto en las elecciones generales previstas para el 30 de abril, de los cuales 2.362.708, el 49%, son mujeres; y 2.420.232 son hombres, equivalente a un 51%. La cantidad de ciudadanos que pueden participar en estos comicios supera en 522.014 a los habilitados para las anteriores elecciones del 2018 (4.260.816).
El porcentaje de mujeres y hombres no ha sufrido variación con respecto a las pasadas elecciones, pero donde se registra un ligero aumento en la cantidad de electores en el extranjero, sumándose 3.328 compatriotas al grupo que puede participar desde los lugares de votación habilitados en Argentina, Brasil, Estados Unidos y España, totalizando para el 30 de abril del 2023, 41.505 votantes.
DISTRIBUCIÓN DE ELECTORES
Los electores de los departamentos de Central (27%), Alto Paraná (10,9%) e Itapúa (8,3%) sumados a los de Asunción (9,2), concentran casi poco más del 55% del total de votantes de todo el país, siendo el primero de los mencionados quien aglutina a poco menos de 1.300.000 ciudadanos habilitados.
Los jóvenes representan el 18% de los electores, mientras que los adultos comprenden la mayor cantidad de la distribución por segmento etario con un 57%, dejando a los adultos mayores con un 12% de habilitados.
¿Quiénes son los exceptuados y excluidos para votar?
De acuerdo a lo que estipula el artículo 91 del Código Electoral y la resolución N.° 22/2023 del TSJE se encuentran excluidos para votar: personas con más de 100 años de edad que no hayan votado en las últimas elecciones, interdictos impedidos de ejercer derechos políticos, soldados conscriptos, alumnos de instituto militares y policiales, condenados a pena privativa de libertad y las personas declaradas rebeldes en causas penales.
Mientras que en la lista de los ciudadanos exceptuados de votar figuran: las personas mayores de 75 años de edad, magistrados del fuero electoral, funcionarios que realizan labores durante la jornada electoral, personas que se encuentran a más de 50 kilómetros del lugar de votación por trabajo, los ciudadanos que demuestren la imposibilidad de trasladarse hasta el local de votación por enfermedad, privados de libertad preventiva, funcionarios de servicios públicos que no pueden verse interrumpidos durante el proceso electoral.
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Se mantiene el millón de dólares
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó el aumento de remuneraciones económicas para los clubes participantes de todas las competiciones internacionales de clubes de la temporada 2023 (Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa).
El paraguayo Alejandro Domínguez, presidente del organismo rector del fútbol sudamericano, se encargó del anuncio e informó de la existencia de un fondo de diez millones de dólares, a repartir entre las asociaciones miembro para destinarlos a las competiciones locales (un millón por país).
En ese sentido, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) sigue de parabienes, ya que mediante el aporte extraordinario de un millón de dólares, Libertad y Olimpia recibieron un premio nada despreciable de 500 mil de la moneda americana en calidad de campeones de los torneos Apertura y Clausura 2022, respectivamente.
La APF destina un premio de mil millones de guaraníes al campeón de la Supercopa Paraguay 2022, a jugarse el próximo miércoles 25 de enero entre Olimpia (mejor campeón del 2022) y Sportivo Ameliano, monarca de la Copa Paraguay.
EL APERTURA
El torneo Apertura se pondrá en marcha el viernes 27 de este mes y en los próximos días se procederá a la programación de los partidos correspondientes a la primera fecha.