Ayer, jueves 7, a las 23:59 finalizó el plazo de la propaganda y proselitismo electoral para todos los candidatos a las elecciones municipales de este domingo 10 de octubre; por lo tanto, desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se insta a todos los candidatos y las municipalidades a que retiren todo lo que tenga que ver con las publicidades electorales en la vía pública.
El director de Recursos Electorales del TSJE, Luis Salas, hizo un llamado a todos los aspirantes a cargos electorales para que retiren las propagandas. “Hoy (ayer) termina el tiempo de realizar propagandas electorales. Instamos a las municipalidades y candidatos a que vayan borrando todo tipo de propaganda que se encuentre en la vía pública”, señaló en entrevista a la 1020 AM.
Así mismo, mencionó que en la mayoría de los casos existe una irresponsabilidad de los propios candidatos que no retiran los anuncios de la vía pública en tiempo y forma. “Muchas veces está la irresponsabilidad de los propios candidatos que no borran su propaganda”, indicó. Agregó que en otros países las municipalidades con los propios candidatos borran las propagandas electorales una vez culminado el tiempo.
Por otra parte, con relación a las propagandas electorales a través de las redes sociales, se trata de una cuestión “moral”; sin embargo, también instó a los aspirantes a cargos electorales a evitar el uso de esta vía de comunicación. “Redes sociales y servicio de mensajerías es moral, pero instamos a que no hagan propaganda tampoco por esas vías”, sentenció Salas.
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TSJE definió los primeros departamentos en los que se aplicará la pasantía electoral 2024
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) lanzará oficialmente el lunes 22 de abril el plan 2024 de pasantía electoral. El convenio firmado con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se encuentra vigente hasta el 2026, año en que se prevé la realización de los comicios municipales.
El fin de la iniciativa se centra en lograr el involucramiento y la participación de los jóvenes en los procesos electorales. Serán beneficiados del plan los estudiantes de los últimos años de la Educación Media, quienes participan de charlas y capacitaciones en la sede central de la institución electoral, así como en las oficinas distritales.
De esta forma, el organismo electoral dio a conocer los primeros departamentos en que se aplicará el plan nacional. Iniciará en el departamento de Amambay, en la localidad de Pedro Juan Caballero; en el departamento de Cordillera, en las ciudades de Caacupé y Piribebuy; en el departamento de San Pedro, en la zona de San Pedro del Ykuamandyju y en el departamento de Paraguarí, en los sitios de Paraguarí y Quiindy. Posteriormente el plan será aplicado en las demás cabeceras departamentales.
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De acuerdo a las informaciones proveídas desde el TSJE, en el año 2021 aproximadamente 2.500 estudiantes participaron activamente de las elecciones municipales, mientras que en los pasados comicios generales de 30 de abril se contó con un total de 3.000 pasantes, quienes cumplieron diversas funciones, como soporte técnico, asistiendo a las personas con discapacidad durante la jornada eleccionaria, entre otros.
“La Justicia Electoral tiene el compromiso de promover la participación de los jóvenes en los procesos electorales, con el objetivo de intensificar el civismo en los estudiantes y ampliar sus conocimientos en el ámbito electoral, realizando tareas electorales como voluntarios”, refieren desde el TSJE.
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Brizuela, electo por unanimidad presidente del Tribunal Electoral
En la reunión de la fecha se designó por unanimidad como presidente de este organismo al doctor Santiago Brizuela, quien ya había ocupado este mismo cargo y administró las elecciones internas presidenciales de 2022 y otras elecciones internas municipales y en esta ocasión contó nuevamente con el respaldo unánime de sus pares.
Al término de la primera reunión, Brizuela, en compañía de Mónica Seifart y Félix Ferrer Ortellado, ofrecieron una conferencia de prensa. Allí agradecieron el respaldo que tuvo de la convención partidaria y el apoyo del presidente de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, y los líderes partidarios, para volver a ocupar este organismo electoral.
Brizuela destacó que trabajarán intensamente para ofrecer un mejor servicio a los correligionarios en los procesos electorales y que todo el proceso se pueda digitalizar.
Brizuela destacó que el mandato de los miembros del TEP va desde 2024 hasta 2029. Adelantó que mientras no haya convocatoria de nuevas elecciones van a aprovechar el tiempo para adecuar las normativas reglamentarias, trabajando siempre en forma coordinada y con mucho respeto.
Destacó que también fue confirmado nuevamente el Dr. Rubén Rolón como secretario ejecutivo del TEP, al igual que todos los funcionarios del organismo electoral. “Estoy muy orgulloso y agradecido y lo tomo con responsabilidad esta nueva designación”, concluyó Santiago Brizuela.
Por su parte, Mónica Seifart, quien ocupa por primera vez esta función, destacó que realmente esta es una designación muy honrosa. “Para mí representa un orgullo, una satisfacción y vamos a llevar adelante esta labor con el mayor profesionalismo, con igualdad, equipo y justicia”, destacó.
En tanto, el Dr. Félix Ferrer Ortellado, quien vuelve a ocupar un lugar como miembro titular del TEP, acotó que hace más de 7 años está en el Tribunal Electoral y agradeció la confianza que tuvo nuevamente.
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Planifican ciclo de debates electorales a nivel del Mercosur
El ministro Cesar Emilio Rossel, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), recibió como visita protocolar a Alexandre Andreatta, director ejecutivo del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (ODPM), junto con su comitiva; con el objetivo de proyectar un foro de debates electorales que promueva el intercambio de conocimientos en referencia al impacto de crímenes virtuales y la desinformación en la integridad de los procesos electorales.
De acuerdo al informe oficial de la Justicia Electoral, el encuentro que prevé un ciclo de debates reunirá a autoridades de organismos electorales de los países que conforman el Mercado Común del Sur (Mercosur), así como la participación de parlamentarios del Mercosur, representantes de organizaciones internacionales, sociedad civil, agrupaciones políticas, empresas privadas y académicos.
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Igualmente, señalan que se propuesieron establecer las estrategias y mecanismos para prevenir y combatir el uso indebido de la tecnología en el contexto electoral, y la promoción de cooperación entre los países del Mercosur para fortalecer la seguridad y transparencia de las elecciones.
Además, señalan que se pretende elaborar un informe de consulta descriptivo que documente las tecnologías actuales, las innovaciones presentadas por las autoridades electorales, incluyendo las inquietudes, consideraciones y sugerencias expresadas por los distintos actores involucrados.
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Oportunismo electoral
- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político
Desde que saltaron los supuestos casos de nepotismo se vio un intento de cierto sector de la oposición y medios de comunicación de darle un uso electoral. Se aguardó que la campaña de los medios llegue al pico para aprovechar el momento y que se dé un relanzamiento de algunas figuras repetidas como la excandidata a vicepresidenta de Efraín Alegre, Soledad Núñez (cualquier mal pensado creería que una cosa vino de la mano de la otra). Todo lo que vino después fue una muy estética campaña de reposicionamiento de la exministra de la Vivienda. Bien de agencia publicitaria, como nos tiene acostumbrados.
La plataforma usada fue la de la iniciativa popular con un eje discursivo bastante simple: “La ciudadanía pide”. Sin embargo y como suele suceder, cuando se prioriza demasiado el marketing o el decorado, se termina menospreciando la sustancia. Que en este caso es el texto del proyecto de ley propuesto. Vayamos a algunos de los artículos del mismo que plantean interrogantes.
Se plantea la retroactividad de la ley. El artículo 7 dice que se deben revisar “las contrataciones, designaciones, nominaciones, comisionamientos o cualquier acto jurídico realizado en los últimos 24 meses”. O sea, aplicar una ley nueva a hechos que sucedieron en el pasado. El artículo 14 de la Constitución señala: “Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado”. El artículo 9, del Pacto de San José, dice: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Según el artículo 5 del Código Penal, las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho. El artículo 11 del Código Procesal Penal acota que las normas procesales no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando sean más favorables para el imputado o condenado.
En el artículo 4 del proyecto se crea un nuevo delito. No solo establece una sanción para el que “realiza actos de nepotismo”, sino también para el “beneficiado y la autoridad con la que esté vinculado”. Crea un delito sin describir la conducta particular. No está puntualizada la acción que al ser realizada se convertiría eventualmente en delito. Se plantea que lo que hiciera uno, sea una acción que meta a todos en una misma bolsa sin juzgar caso por caso, sino en general. Una especie de condena colectiva por conducta individual.
En el artículo 2 el proyecto define al nepotismo como actos de vinculación de personas “que obliguen al Estado paraguayo a pagar cualquier tipo de remuneración”. Esta definición es al menos problemática en términos de administración financiera. ¿Habrá que probar la obligación? ¿Cuándo un vínculo no acarrea la obligación de remunerar? Agregan un elemento adicional. Hoy por hoy, nepotismo es vincular a una persona que está prohibida. Y acá salta la pregunta obvia: ¿Quiénes son las personas prohibidas? Como esos exámenes de la primaria cuando le piden a los niños que completen la frase. Graves problemas de redacción. Todo vínculo obliga una remuneración, es pura lógica. Si se sigue lo propuesto en el proyecto de ley, el Estado, o sea el contratante, podría renunciar a la remuneración.
Por último, en el artículo 6 convierten en delito de “declaración falsa” la omisión de brindar cierta información. Si se quiere utilizar dicha figura penal para castigar otras conductas, que hoy no están previstas, habría que modificar el Código Penal. No se puede decir que algo constituye un delito, cuando según la ley penal ese algo no constituye tal delito. Es una ley y es legal hasta que se resuelva lo contrario, si se hace una ley que dice lo contrario, deja de ser legal o se convierte en legal algo ilegal.
Las leyes no son una cuestión estética. Implican un poco más de seriedad. No deberían ser parte de un oportunismo electoral o un lavado de cara. Si la señora Núñez quiere ser candidata a intendenta de Asunción, que lo diga con todas las letras, está en todo su derecho. Eso no se consigue reclamando a otros proyectistas de propuestas similares o incluso mejores (como dicen que sucedió), autopercibiéndose como la única ungida de la oposición o con acceso a financistas.