• POR JORGE TORRES ROMERO

Un informe de audi­toría interna del Ministerio de Rela­ciones Exteriores de nues­tro país a la Embajada de Francia (2008), que nunca se hizo público, revela un anecdótico caso que casi le costó una demanda al Estado paraguayo, además de un bochorno a nivel interna­cional, protagonizado por el ex presidente de la Repú­blica Nicanor Duarte Frutos, hoy director de la Entidad Binacional Yacyretá, y por el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicacio­nes, Rogelio Benítez, futuro embajador paraguayo ante la República del Uruguay.

Nuestro diario accedió al informe final de la Dirección de Auditoría Interna reali­zado a la Embajada de Fran­cia, elaborado en setiembre del 2008, en el período com­prendido desde el ejercicio 2005 al 2008.

En el punto 11 del informe con­clusivo se relata el siguiente hecho: La existencia de una deuda con el Gran Hotel Inter­continental de París, Francia, que data de fecha 31 de octu­bre del 2007, generada por la estadía del entonces presi­dente de la República, Nicanor Duarte Frutos, y el también entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Rogelio Benítez, que no fuera abonada en su momento por la delegación paraguaya. La deuda asciende a 4.465,50 euros.

A la fecha, la Emba­jada del Paraguay en Francia ha sido intimada al pago de la deuda mencionada, teniendo en cuenta que, ante infructuo­sos reclamos realizados, no han obtenido respuesta favo­rable. Ello surge de la comuni­cación vía email remitida por el consejero Julio Duarte Van Humbeck, quien ha recibido numerosas llamadas y emails al respecto. Fuente: Verifica­ción in situ. Archivo perma­nente de la Embajada de Fran­cia. Email y copia de facturas emitidas por el hotel.

En el mismo informe se lee la sugerencia realizada por la auditoría, que fue la siguiente: “Debe informarse al Poder Ejecutivo sobre la existen­cia de la deuda con el Gran Hotel Intercontinental de París, considerando que las facturas ya se han expedido a nombre de los señores Nica­nor Duarte Frutos y Rogelio Benítez, entonces presidente de la República y ministro de Obras Públicas y Comunica­ciones, respectivamente, a los efectos de la cancelación de la deuda. No obstante, la República del Paraguay se ve expuesta a una situación difícil, considerando la posi­ble presentación de una queja ante el Ministerio de Relacio­nes Exteriores de Francia y la mala imagen del país ante el hotel de referencia”.

La segunda sugerencia deta­llada en el informe fue: “Con­siderando la urgencia del caso, y a fin de evitar la presenta­ción de una queja en contra del Estado paraguayo, se reco­mienda al embajador Luis Fernando Ávalos la cancela­ción de la deuda, hasta tanto sean impresos los trámites para su reembolso, según la disponibilidad presupuesta­ria del Poder Ejecutivo. Ello responde a lo dispuesto por el artículo 31, inciso A de la Ley Nº 1.335/99 ‘Del Servi­cio Diplomático y Consular del Paraguay’, en concor­dancia con los artículos 31 y 32 de la Ley 1.635/2000 ‘Ley Orgánica del Ministe­rio de Relaciones Exterio­res’, artículo 33: ‘El jefe de la misión diplomática per­manente ostenta la máxima autoridad de la República en el Estado ante el cual se encuentra acreditado…’”.

En el documento también se lee el descargo que había rea­lizado al respecto el jefe de misión: “Como lo anuncia este subtítulo, la deuda contraída, que fue debidamente infor­mada en reiteradas ocasio­nes al Ministerio de Relacio­nes Exteriores, es del Estado paraguayo y no corresponde a los diplomáticos ni al jefe de la misión cancelarla, ya que se estaría sentando un pre­cedente que no tiene juris­prudencia hasta ahora. Las disposiciones legales men­cionadas no deben ser enten­didas, a juicio del jefe de la misión, como acordado a este una obligación de sustituir al Estado en lo que se refiere a la cancelación de sus deudas contraídas. Si se aceptase este hecho, podría suponerse con toda validez que otros jefes de misión nacionales deberán hacerse o ya se hicieron cargo de otras deudas, casos que se desconocen hasta ahora.

Para la defensa de los intereses del Paraguay en el extranjero, la dependencia competente es la Procuraduría General de la República, que ha actuado en los diversos casos de dife­rendos jurídicos en el exte­rior, siendo el más notorio últimamente el caso Gramont Berres, que incluyen reclamos de Bancos Franceses. En todo caso, la presente reclamación representa un monto difícil de asumir a título personal, salvo que el jefe de misión recibiera por escrito la autorización para proceder al pago de esta deuda, con la garantía de un reembolso rápido para evitar problemas de disponibilidad en su cuenta bancaria”.

El embajador de ese entonces concluyó que “con relación a la deuda con el Hotel Interconti­nental, el jefe de misión se pon­drá en contacto con la DGAF para conocer las condiciones en que podría realizar el pago de la deuda del Estado y en qué plazo obtendría el reembolso de dicho monto”. Finalmente, la nota de recomendación final de auditoría fue la siguiente: “El jefe de misión debe velar por mantener la buena ima­gen del país que representa en el exterior y, como máximo representante, deberá reali­zar todas las gestiones necesa­rias para informar y subsanar todos los inconvenientes que puedan perjudicar la reputa­ción del país”.