El fallo de la cámara confirma extorsión de Zuccolillo a jueces
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La resolución de la Cámara de Apelación, firmada por los jueces Patricia Centurión, Santiago Brizuela y Víctor Ramón Caballero, la cual ratifica la sentencia dictada contra la firma Ceregral SAECA Almacenes Generales de Depósito, que deberá abonar la suma de US$ 6.881.246 al Banco Atlas en un juicio de indemnización por daños y perjuicios, confirma la extorsión a los magistrados de parte del empresario de medios y considerado como el “Zar de las cajetillas”, Aldo Zuccolillo, quien directamente opera a través de sus asesores legales.
Resulta muy sospechoso que el día jueves 7 de junio, La Nación publica en su impreso que el abogado César Coll, representante legal de Banco Atlas, estaría presionando a los camaristas para confirmar el fallo condenatorio contra la citada firma y justo ese día se firmó la resolución de segunda instancia, en la que ratifican la sentencia condenatoria.
Altas fuentes judiciales aseguraron que el profesional del derecho (César Coll) ofreció un canje a los tres jueces; es decir, “atajar” las series de publicaciones del caso Conmebol en el diario Abc Color a cambio de que firmen la confirmación de la sentencia contra Ceregral.
Esta versión gana más fuerza debido a que hace tiempo se dejó de publicar en el citado medio de Zuccolillo el caso de los camaristas enjuiciados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
CORTE ORDENÓ LA AUDITORÍA
El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó auditar a los camaristas del fuero Civil y Comercial de San Lorenzo, Patricia Centurión, Víctor Caballero y Santiago Brizuela, quienes favorecieron a Zuccolillo en un juicio multimillonario.
Asimismo, la máxima instancia judicial dispuso que se investigue la actuación del juez en lo Civil y Comercial de Fernando de la Mora, José Fernández, quien fue el que firmó la resolución de primera instancia.
Ahora, la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial, a cargo de Mario Elizeche, deberá auditar de inmediato el expediente judicial caratulado “Banco Atlas SA contra Ceregral SAECA Almacenes Generales de Depósito sobre indemnización por daños y perjuicios año 2015”.
Las chicanas, su viejo recurso
Aldo Zuccolillo apela a todo tipo de argucias para evitar juicio en causa presentada por el senador Víctor Bogado.
La Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces José Agustín Fernández, Bibiana Benítez y Delio Vera Navarro, confirmó la admisión de la querella por difamación, calumnia e injuria promovida por el senador Víctor Bogado contra el director del diario Abc Color, Aldo “Acero” Zuccolillo. La jueza de Sentencias, Nilda Giménez, ya había confirmado la admisión de la querella contra el empresario.
El legislador oficialista presentó una querella y exige un resarcimiento económico por G. 5.400 millones. El abogado Fausto Portillo, en representación de Bogado, dijo que la querella es por la sistemática y prolongada difusión de información agraviante que lesiona la reputación del legislador colorado.
Sostuvo que son más de 10 años de publicaciones y ataques inmisericordes a la figura del senador y que Zuccolillo se excedió en todos los límites razonables, con publicaciones repetidas y que se prolongaron en el tiempo. Especificó que las publicaciones buscan el desprestigio, degradar su imagen, una actitud que atenta contra la dignidad de cualquier persona.
El abogado dijo que no desconocen que la libertad de expresión es un ejercicio fundamental y que la libertad de prensa está consagrada, pero que la Constitución Nacional establece que el Estado debe proteger el honor de las personas.
En su momento, los abogados Rodrigo Yódice y César Coll habían planteado una reposición en subsidio contra la providencia que da trámite a la querella instaurada por el parlamentario contra el “Zar de las cajetillas”. Este incidente fue rechazado por la jueza, por lo que los integrantes del Tribunal de Apelaciones resolvieron ratificar la determinación adoptada por la magistrada de primera instancia.
Filtraciones: desmontan mentiras de Abc que defienden a Marito y gavilla
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Funcionarios de instituciones que colaboraron para destapar el operativo garrote montado en la Seprelad en la era Abdo son blanco de ataques por parte de la defensa mediática del exmandatario. Liliana Alcaraz, actual ministra de Seprelad, y Juan Patricio Vallejos, director de investigación de la institución, refutan las mentiras de Abc.
Por Cinthia Mora
La estrategia mediática instalada desde el Grupo Zuccolillo para defender al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete consiste en sistemáticas campañas de desprestigio contra funcionarios que colaboraron para esclarecer el operativo de montaje y filtración de informes de la Seprelad con fines políticos.
En todas las publicaciones realizadas por el medio abdista, que amplifican la versión de los abogados defensores de los imputados sobre la causa penal abierta por las filtraciones, existen más cuestionamientos y ataques al trabajo de la Seprelad y la Fiscalía antes que hacer mención a los graves hechos mencionados en el acta de imputación.
Una de las afectadas por la campaña de ataques es Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad, quien al llegar al cargo en el mes de agosto de 2023 ordenó una investigación interna para poner en orden la casa y colaborar con la investigación de la Fiscalía.
La funcionaria fue acusada, sin fundamentos, por el diario Abc de ser “partícipe” de las filtraciones en el mes de enero de 2022, ya que la misma, supuestamente, ejercía el rol de “punto de contacto” del sistema que recibió el pedido de información de la Fiscalía de Panamá sobre Cartes.
Resolución de la FGE donde se prueba que el funcionario Juan Patricio Vallejos, de la Seprelad, gozaba de un permiso sin goce de sueldo.FOTO: GENTILEZACopia del correo donde se prueba que Gafilat otorgó contraseña de acceso a Liliana Alcaraz recién el 8 de marzo de 2022.FOTO: GENTILEZA
Documentación mediante, se desmonta una de las tantas mentiras de Abc y se prueba la versión de Alcaraz, quien afirmó que recién tuvo acceso al sistema mencionado el 8 de marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la Fiscalía panameña.
La investigación interna de la Seprelad proveyó a la Fiscalía datos del registro informático de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, testimonios de funcionarios e información precisa sobre los partícipes del montaje de una oficina paralela dentro de la institución exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos del gobierno de turno.
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN TAMBIÉN REFUTA MENTIRA DE ABC
Juan Patricio Vallejos Riart, actual director de Investigación Jurídica de la Seprelad, desmintió las publicaciones del diario Abc donde se aseguraba que el mismo cobró doble remuneración.
La versión difundida por Abc es que, entre julio de 2022 y julio del año pasado, este funcionario cobraba simultáneamente en dos entes públicos. Uno de ellos era el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como director de Gestión Interna, mientras que el otro era el Ministerio Público, como asistente fiscal.
El funcionario acreditó, documento de por medio, que nunca se benefició cobrando doble salario. La resolución 2161 de fecha 15 de junio de 2022 de la Fiscalía General del Estado le otorgaba permiso sin goce de sueldo desde el 1 de julio de 2022 hasta julio de 2023.
Sobre el desempeño de sus funciones al frente de la Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad y los resultados de la investigación interna sobre las filtraciones señaló, en contacto con nuestro medio, que solo se limitó a realizar sus funciones en el marco de lo que la ley establece.
Grupo Zuccolillo, metido en negocio de criptomonedas sin pagar tarifa fijada por Ande
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En medio de la fiebre por la criptomoneda y los allanamientos que se realizan a las granjas mineras que operan de manera ilegal en el país, una investigación periodística del programa “La caja negra” reveló que el Grupo Zuccolillo estuvo metido en el negocio a través de su empresa Esur SA (Energías del Sur), usando como pantalla a un shopping para no abonar la garantía ni la tarifa especial establecida por la Ande. La pérdida ocasionada ronda los USD 300.000.
Fuente: “La caja negra”.
De acuerdo a su página web, la empresa Esur SA forma parte del Grupo Azeta de la familia Zuccolillo. Esta firma inició sus operaciones en el año 2011 con el objetivo de desarrollar negocios en el sector energético, a través de la administración y distribución de energía eléctrica en algunos centros comerciales, entre ellos el Shopping Mariscal y Abasto Norte, pertenecientes al mismo grupo empresarial.
En setiembre de 2019, la empresa encabezada por Micky Zaldívar incluyó en sus negocios la minería de datos, específicamente criptomonedas, para utilizar la tecnología de Blockchain, lo cual consta en la página web del Grupo Azeta.
Luego de la pandemia, al registrarse el “boom” de la criptominería y el alto consumo que conllevaba este negocio, la Ande comenzó a tomar medidas contra las actividades de las empresas como Esur SA que utilizaban mucha electricidad, pero que pese a ello pagaban un módico monto, por lo que fijó una tarifa especial y comenzó a regularizar esos emprendimientos.
Fue así que en setiembre de 2023, el Departamento de Gestión de Grandes Clientes de la Ande remitió una notificación a la empresa Penta SA, de los Zuccolillo, que se encarga del Shopping Mariscal, al detectar “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desarrollando actividades asociadas a la minería de criptoactivos”.
En esa oportunidad llamó la atención a la Ande que la actividad comercial que funcionaba en el lugar bajo la categoría de shopping y edificio corporativo no cuadraba con el alto consumo que registraba en la práctica durante las 24 horas. Este factor hizo presumir que se utilizaba el mismo NIS del centro comercial como pantalla para la actividad de minería, al hacer pasar la elevada demanda eléctrica como una fachada industrial.
En su misiva, la Ande puso en conocimiento de los Zuccolillo que estaba en vigencia la Resolución n.° 47191/2022 y su modificación 47708/2023, por la cual se crea el Grupo de Consumo Intensivo Especial, y aprueba las tarifas para los usuarios abastecidos en Muy Alta Tensión (220 kV), Alta Tensión (66 kV) y Media Tensión (23 kV), que desarrollan el procesamiento de datos, provisión de servicios de almacenamiento de información, incluyendo la minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers.
Notificación remitida por la Ande a la empresa Penta SA por fuertes indicios de que en el sitio se estaban desarrollando actividades asociadas a la minería de criptoactivos.
Ese mismo mes, en una nota enviada por el director del establecimiento, Jorge Mendelzon, al titular de la Ande, Félix Sosa, la respuesta dada fue que la empresa Penta no se dedica a la actividad de minería; sin embargo, sí lo hacía en sus instalaciones la firma Esur SA, la cual realizaba además la “gestión interna” de la energía eléctrica en algunos centros comerciales. En su escrito, Mendelzon explicó que el NIS 1293023 correspondía a Esur hasta el 5 de julio de 2022, fecha en la cual transfirió el mismo a Penta, por discontinuidad de este modelo de negocio, quedando vinculado a Penta como cliente por el suministro de energía.
Además, de acuerdo con el documento, por las nuevas tarifas fijadas por la Ande, Esur tomó la decisión de cesar las actividades de minería en el predio de Penta en el mes de marzo de 2023.
De acuerdo con el importe facturado por la Ande, en el año 2022, la empresa Esur registró consumos de entre 650.000 y más de 1 millón de kWh, abonando un promedio de 300 millones de guaraníes al mes, cuando operaba en el shopping. Desde el cambio de titular, cuando ese NIS pasó a nombre de Penta, este cliente presenta consumos similares hasta la fecha, promediando1 millón de kWh y abonando por dicho suministro poco más de 300 millones de guaraníes mensuales a la Ande.
En la actualidad, la empresa Esur SA no tiene ningún suministro asociado en el Sistema de Gestión Comercial en estado activo con la Ande, según confirmaron desde esa institución. Mientras que su anterior NIS figura a nombre de Penta SA, del Shopping Mariscal, a través de un contrato en la categoría de Media Tensión, con Potencia de Contrato 2.800 kW desde el 3 de agosto de 2022.
TARIFA ESPECIAL
En octubre del año 2022, la Ande estableció la tarifa especial por el consumo de las granjas de criptomonedas, y recién en marzo de 2023 la empresa de los Zuccolillo terminó con las actividades de minería dentro de las instalaciones del shopping, por lo que se puede notar que por varios meses siguió explotando el negocio sin pagar a la Ande el monto que correspondía.
PÉRDIDA PARA LA ANDE
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) sufrió una pérdida de 300 mil dólares a finales de 2022 e inicios de 2023, ocasionada por la empresa Esur SA (Energías del Sur), del Grupo Zuccolillo, firma que explotaba el rubro de las criptomonedas sin pagar la tarifa fijada para ese negocio. La nueva tarifa de la Ande para el negocio de las criptomendas exige un contrato especial y el pago de una tarifa especial más el depósito de una garantía de USD 104.000.
En noviembre de 2022, cuando ya regía la tarifa especial por el consumo de las granjas de criptomonedas, este cliente abonó G. 291.215.000 al seguir en la categoría 412 de menor consumo, cuando en realidad debía figurar en la categoría 912 de consumo Intensivo Especial en Media Tensión (aplicable a su negocio) y tenía que pagar G. 549.729.000.
En diciembre, Esur desembolsó la suma de G. 304.619.000, pero el monto que debió pagar fue G. 560.725.000. En enero de 2023, abonó G. 364.319.000, siendo que el importe tuvo que haber sido el doble, de G. 640.992.000. En febrero, el monto facturado fue de G. 348.542.000, muy por debajo de los G. 624.617.000 que debió pagar. En marzo, el importe abonado fue de G. 323.398.000, y no el monto previsto para esta actividad, que fue de G. 584.701.000. Finalmente, en el mes de abril se facturó el total de G. 316.455.000, cuando la cifra tuvo que haber sido G. 572.657.000.
Haciendo la sumatoria de las diferencias entre el monto de la tarifa eléctrica que pagaba cada mes y el que realmente debía hacerlo, la pérdida ocasionada a la Ande fue de G. 1.584.873.000, que al cambio actual da USD 214.846.
Respuesta del gerente de Penta SA, Jorge Mendelzon, donde admite que explotaban criptominería en el mismo predio del Shopping Mariscal
LA PRESIÓN DEL GRUPO CONTRA LA ANDE
Revisando los antecedentes de la empresa Esur, se encuentra que la misma pretendió en el pasado que la Administración Nacional de Electricidad (Ande) tercerice a su favor el suministro de energía, pero obtuvo la negativa del Gobierno de ese entonces. En una nota del 15 de setiembre de 2014, Miguel Ángel “Micky” Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo– manifestó que su firma Esur SA estaba interesada en realizar negocios en materia energética. “Estamos interesados en realizar inversiones en infraestructura, en nuevas subestaciones de áreas urbanas construidas con recursos propios, operadas y mantenidas por nuestros profesionales”, decía el escrito.
Ante el rechazo al pedido realizado, el Grupo Zuccolillo empezó una abierta campaña en contra de la Ande a través del diario Abc Color, al no haber prosperado el negocio que tenía entre manos.
APOYO DE ABC AL NEGOCIO CRIPTO
En la actualidad, el medio de comunicación del Grupo Zuccolillo presenta una posición favorable al negocio de las criptomonedas, tal como puede observarse en el abordaje que le da al tema, con la seguidilla de publicaciones sobre los beneficios de este rubro, como por ejemplo las inversiones que pueden realizarse en el país, y el elevado monto que manejan estos emprendimientos, además de exponer que al país le conviene vender el excedente de las binacionales a las criptominerías en vez de ceder a los países vecinos.
Cuestionan a medio de Zuccolillo por fake news basado en suposiciones
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, lanzó una fuerte crítica al grupo de medios de Abc Color por publicar una fake news (noticia falsa) basándose únicamente en una suposición, no en una prueba y tampoco recurrir a la fuente.
Indicó que esto se viene publicando desde hace varios días, que supuestamente ella omitió su nombre como punto de contacto, en un informe de la Seprelad a la Fiscalía, en el marco de la causa penal que se investiga al expresidente Mario Abdo Benítez y otros por filtraciones desde esa institución en contra de los adversarios políticos. La ministra detalló y precisó las fechas en que accedió a la Red de Recuperación de Activos de Gafilat.
AFIRMACIÓN NO VERAZ
“Con relación a que he omitido mi nombre como punto de contacto de la RRAG (Red de Recuperación de Activos de Gafilat) tal afirmación resulta no veraz, en razón de que me han asignado un usuario recién en marzo de 2022, es decir, en fecha posterior a la publicación de enero de 2022, a través de medios periodísticos, de un pedido de informe de carácter confidencial realizado a través de la plataforma mencionada por la Fiscalía de Panamá”, sostiene el comunicado.
De acuerdo a las publicaciones del medio, hubo ocultamiento intencional del nombre de la actual ministra de Seprelad, quien supuestamente accedió a una solicitud confidencial realizada por la Fiscalía de Panamá, por lo cual debería aparecer como citada o una de las testigos en el marco de la investigación del Ministerio Público en la causa que investiga al expresidente y otros altos exfuncionarios.
RECIÉN DESDE MARZO DE 2022
No obstante, Alcaraz aseguró que esto no fue así y que no tuvo acceso al sistema en el tiempo en que se dieron las filtraciones. “Si bien es cierto que el anterior punto de contacto renunció al Ministerio Público en el año 2020, el cambio y la solicitud de usuario a la plataforma para mi persona como representante de la Fiscalía fueron gestionados por la coordinación de Paraguay recién en marzo de 2022″, refiere el comunicado.
Asimismo añade, “por lo que resulta falsa la aseveración de una supuesta exclusión de mi nombre del informe remitido al Ministerio Público. Por tanto, queda claro que al momento de la divulgación del pedido de la Fiscalía de Panamá no era punto de contacto por carecer de un usuario, como se manifestara más arriba”.
La ministra de la Seprelad y coordinadora nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) explicó que todo lo relacionado a “puntos de acceso de contacto” de las plataformas que están a disposición de los países se realiza a través de coordinación nacional, la cual es ejercida por quien se encuentre al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera.
“Cabe recalcar que el punto de contacto designado, ya sea por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Seprelad, ejerce efectivamente el acceso a la plataforma cuando le es otorgado y entregado el usuario y la contraseña por Gafilat”, deja en claro el comunicado. Durante el gobierno de Abdo, información confidencial fue filtrada a la prensa con motivo de persecución para sus adversarios políticos.
ONG vinculada al grupo Vierci y Zuccolillo recibirá USD 1,5 millones del acuerdo de la UE, dice Petta
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El exministro de Educación, Eduardo Petta afirmó que organizaciones sin fines de lucro (ONG) vinculadas a los grupos de Vierci y Zucolillo, recibirán parte del dinero contemplado en el acuerdo con la Unión Europea (UE) y por tal motivo, sus medios de comunicación consideran como “enemigo” a todo aquel que oponga a dicho plan de cooperación, aseveró.
“Ellos tienen acuerdos con la Unión Europea, es más, en este acuerdo dice que una suma determinada del dinero va para ‘Juntos para la Educación’, este acuerdo dice eso, está expreso y aprobado por ley”, aseguró el exministro en conversación con la 800 AM, donde aseveró que esta organización está vinculada a los medios de comunicación, en especial a Abc.
Petta señaló que los medios de comunicación de los Vierci y Zuccolillo, cuentan con una ONG cada una y que incluso estas operan en el mismo edificio. Al ser consultados sobre a qué organizaciones se refería, el exministro mencionó a Paraguay Educa y Juntos por la Educación y manifestó que esté último recibirá USD 1,5 millones del dinero proveniente del acuerdo.
“Parte (del dinero) va para ‘Juntos por la Educación’ y está vinculado a los medios, y son los medios, son los que están fogoneando, entonces el que se levantaba en contra es enemigo”, aseveró Petta quien indicó que en el tiempo en el que fue ministro de Educación, estos grupos de comunicación conformaron un grupo de periodistas de investigación para encontrar irregularidades en su gestión y así lograr su destitución.