- Por Felipe Goroso S.
El historiador italiano Carlo M. Cipolla publicó una versión ilustrada y conmemorativa del mítico panfleto Allegro ma non troppo, en el que el autor presentó su famosa “Teoría de la estupidez”, un entretenido manual para sortear la estupidez, afrontarla con armas para evitar a los estúpidos, auténtica lacra de la sociedad. Las repasamos a continuación.
La primera de ellas es que “siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo”, es decir, que como reza la frase bíblica, stultorum infinitus est numerus. Grande es nuestra sorpresa cuando caemos en la cuenta de que personas que habíamos considerado racionales e inteligentes se revelan como irremediablemente estúpidas.
La segunda ley reza: “La probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona”. El estúpido nace estúpido, por obra y gracia de la naturaleza, y su proporción es constante en todo grupo humano.
Todo ser humano queda enclavado en una de estas cuatro categorías: incautos, inteligentes, malvados y estúpidos. La tercera ley dice que estos últimos son aquellos que causan “un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, incluso obteniendo un perjuicio”, algo absolutamente incomprensible para alguien razonable que se resiste a entender cómo puede existir la estupidez.
Lo problemático es que la estupidez es muy peligrosa, puesto que a las personas razonables les es complicado entender el comportamiento estúpido. Mientras que podemos comprender el proceder de una persona malvada (que sigue un modelo de racionalidad), no ocurre así con la estúpida, frente a la que estamos completamente desarmados: su conducta es imprevisible y su ataque no se puede anticipar. Además, el estúpido no sabe que lo es. Esto conduce a Cipolla a enunciar la cuarta ley: “Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas”.
La quinta y última ley indica que “la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe”, pues de su actuar no se consigue más que un peligroso vacío en el que cabe toda posibilidad.
A primera vista, estas afirmaciones pueden parecer triviales, o más bien obvias, o poco generosas, o quizá las tres cosas a la vez. Sin embargo, basta observar con atención para que quede revelado de lleno la auténtica veracidad de las mismas. Por muy alta que sea la estimación cuantitativa que uno haga de la estupidez humana, siempre quedan estúpidos de un modo repetido y recurrente, debido a que personas que uno ha considerado racionales e inteligentes en el pasado se revelan después, de repente, inequívoca e irremediablemente estúpidas. Además, día a día, con una monotonía incesante, vemos cómo entorpecen y obstaculizan nuestra actividad individuos obstinadamente estúpidos que aparecen de imprevisto e inesperadamente en los lugares y en los momentos menos oportunos.
Por último, estas leyes impiden la atribución de un valor numérico a la fracción de personas estúpidas respecto del total de la población. Dicho esto, cualquier estimación numérica resultaría en una subestimación.
Y sí, Cipolla tenía razón al decir que los estúpidos son más peligrosos que los malvados. Ya queda en manos del lector ubicarse en la ley que mejor le corresponde. O mejor aún, a algún vecino, compañero de trabajo, político o periodista.
Por muy alta que sea la estimación cuantitativa que uno haga de la estupidez humana, siempre quedan estúpidos de un modo repetido y recurrente.
Todo ser humano queda enclavado en una de estas cuatro categorías: incautos, inteligentes, malvados y estúpidos.
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Reformas y creación de entes eficientes marcan dos años del gobierno de Peña
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.
En el paquete de leyes impulsado por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, que tiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausentismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.
La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.
Lea también: EE. UU. y Paraguay firman importante acuerdo: “Existe una alianza muy fuerte”
Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.
La ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.
Reformas
La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.
Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.
La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.
Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.
A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.
Sistema previsional
La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre las principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.
También establece el incremento del fondo de salud en el que se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.
Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.
Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.
Los contratos flexibles son una herramienta clave de la ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).
La ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.
Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.
Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La ley busca incrementar la participación estatal en proyectos de iniciativa privada para infraestructura y servicios públicos.
Creación de instituciones
En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.
Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursos financieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.
Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden a:
- IPS
- la Caja Fiscal
- la Caja Municipal
- la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Ande
- la Caja de Itaipú
- la Caja Ferroviaria
- la Caja Parlamentaria
- la Caja Bancaria
El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.
Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.
El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.
Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.
Lucha contra la corrupción
La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.
El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: el denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.
Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.
El Ejecutivo también impulsó la ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.
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Dos años del gobierno de Peña: marcado por reformas y creación de entes eficientes
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.
En el paquete de leyes impulsados por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, que tiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausentismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.
La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.
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Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.
La Ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la Ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.
Reformas
La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley se establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.
Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.
La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.
Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.
A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.
Sistema previsional
La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre los principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.
También establece el incremento del fondo de salud donde se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.
Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.
Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.
Los contratos flexibles son una herramienta clave de la Ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).
La Ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.
Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.
Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La Ley busca incrementar la participación estatal en proyectos de iniciativa privada para infraestructura y servicios públicos.
Creación de instituciones
En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.
Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursos financieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.
Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden al IPS, la Caja Fiscal, la Caja Municipal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), la Caja de Itaipú, la Caja Ferroviaria, la Caja Parlamentaria y la Caja Bancaria.
El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.
Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.
El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.
Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.
Lucha contra la corrupción
La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.
El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta Ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: El denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.
Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.
El Ejecutivo también impulsó la Ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La Ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.
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Diputado plantea horario escalonado como alternativa al cambio de hora
El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la solución al problema de los horarios durante el invierno no es cambiar y volver al horario pasado; sino que deben plantearse propuestas que ayuden a mejorar en verdad la calidad de vida de los ciudadanos.
En ese sentido, el legislador propone abrir un debate sincero respecto a un horario escalonado inteligente. Lamentó la propuesta de su colega de volver a establecer el horario diferenciado entre verano e invierno.
Señaló que esas ideas provienen de gente “anticuada” y que muestran a las claras que no se busca mejorar las condiciones de vida.
“No tenemos que mantenernos en un status quo, por comodidad. Al final de cuentas, con el horario antiguo y el actual, si no están dadas las condiciones, la gente sigue teniendo mala calidad de vida”, explicó a La Nación.
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El legislador explicó que para lograr que tanto los alumnos como sus padres puedan tener una mejor calidad de vida es necesario establecer un horario escalonado.
“Ingresarán al aula con la luz del día, dormirán una hora más. Al final de la tarde, tendrán vida social, tanto padres como hijos. Eso se logra con horario escalonado, como lo hicieron en otros países”, mencionó.
Jornal mínimo diurno y nocturno
El legislador señaló que el Ministerio de Educación ya aclaró que las instituciones educativas tienen la potestad de establecer sus horarios como mejor les convenga. El problema es que los padres tienen marcados sus horarios de entrada a las 7 o las 7:30 de la mañana.
“La solución saldrá cuando se estudie y se establezca el horario jornal mínimo, estableciendo que corra a partir de las 8:00 en adelante. Si esto no se establece por ley, las empresas no podrán modificar sus horarios. Al hacer correr los horarios también hay que tener en cuenta el horario nocturno”, explicó.
Insistió que debe apuntarse al debate antes que a volver “a las cavernas, cuando surge un problema” y reiteró que el problema pasa por el horario de los padres, que debe ser posterior al ingreso en las escuelas y los colegios.
“Las empresas privadas, ni públicas, no podrán hacer el cambio si no se adopta el jornal mínimo diurno, distinto al jornal mínimo nocturno, que es el doble. Si cambiamos el inicio del pago del jornal mínimo diurno podremos mejorar. Ahí comenzará a descomprimirse el resto”, explicó.
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Reformas, fusión de entes y reordenamiento de finanzas públicas fueron cruciales para el desarrollo
Sofía Céspedes (sofia.cespedes@nacionmedia.com)
Se cumple un año de la asunción del presidente de la República, Santiago Peña, quien en sus primeros 12 meses de gobierno impulsó reformas económicas, tales como la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la sanción y promulgación de la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, al igual que la de medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas.
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, destacó dos puntos importantes en su informe de gestión en la reunión de Consejo de Ministros; las reformas estructurales que permitieron al gobierno avanzar en sus planes de contar con mayores recursos con la fusión de la exSecretaría de Estado de Tributación (SET) y Aduanas para crear la DNIT, y la unificación de Hacienda, Secretaría Técnica de Planificación y Función Pública para dar lugar al MEF.
Otro punto que destacó fue el reordenamiento de las finanzas públicas, mediante la ley de medidas extraordinarias, que permitió al gobierno saldar la deuda heredada por la administración anterior con constructoras y farmacéuticas, cuyo monto total superó los USD 600 millones.
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Peña recibió un gobierno con déficit fiscal de 3,26 % del PIB (agosto). Sin embargo, el ministro Fernández sostuvo desde un inicio que las cuentas no estaban claras porque dentro de estos números no habían incluido la deuda heredada. A partir del reordenamiento y evaluación de las deudas obligadas, el MEF junto el Equipo Económico Nacional comenzó a trabajar para cumplir con los pagos.
El 2023 cerró con un déficit fiscal de 4,1 %. El Gobierno se puso como meta cerrar el 2024 con un déficit de 2,6 % de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal cuyo límite es del 1,5 %. Según el MEF se está caminando hacia la convergencia fiscal, que cerró julio con -0,4 % del PIB.
Nuevo diseño
“Con la creación del MEF se ampliaron las funciones con relación a Hacienda en el sentido de ser el responsable de formular y definir la política económica nacional y de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de la política fiscal del Estado”, expresó a La Nación/Nación Media César Barreto, economista y exministro de Hacienda.
Sostuvo que las atribuciones actuales de Economía, estaban diseminadas y diluidas en diversas instituciones que difícilmente actuaban coordinadamente. Por ende, con este nuevo diseño, esperan una mejor planificación para el desarrollo del país y una mejor priorización en la asignación y gestión de los recursos públicos, de tal manera a mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos.
Acerca de la Superintendencia de Jubilaciones, Barreto opinó que es una institución necesaria para regular y controlar adecuadamente las inversiones de los fondos, de tal manera a que respondan a criterios técnicos en las decisiones de inversión y con una adecuada diversificación de riesgos.
“Esto preservará la seguridad de ellos y buscará optimizar la rentabilidad y liquidez de los fondos para hacer frente a sus compromisos con los actuales y futuros jubilados de las distintas cajas. Tendrá un rol importante a la hora de evaluar la sostenibilidad actuarial y financiera de las distintas cajas y sugerir los ajustes paramétricos o reformas necesarias en cada una ellas a través del tiempo”, dijo.
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Transición ordenada
Para el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) la fusión de la SET con Aduanas fue un paso importante a los ojos del sector importador, afirmó Iván Dumot, presidente del gremio a LN. Resaltó la transición ordenada de esta unificación, ya que el temor inicial era que esto generara problemas operativos.
“Se mantuvieron independientes los sistemas informáticos de cada una de las unidades, y no trajo inconvenientes tanto para la importación como para los contribuyentes en general. Vemos con muy buenos ojos, la implementación está siendo exitosa”, acotó.
Señaló que hay cosas por hacer y mejorar, pero que es evidente la eficiencia en el cruce de datos de importación en venta local, lo que pudo disminuir la brecha de evasión. Resaltó que Aduanas mejoró sus controles, lo que determina mayor formalidad y un mercado más competitivo y justo. “Es positivo por donde se lo mire; debe haber mejoras, pero hay que ir haciéndolas gradualmente para que no se genere una burocracia excesiva y para que se vayan simplificando procesos”, indicó.
Mayor orden
Por su parte, Isolina Ayala, contadora y vocera del gremio Contadores Autoconvocados Unidos del Paraguay, mencionó a LN que la Dirección de Ingresos Tributarios generó un mayor orden y optimización en la gestión tributaria, mientras siguen esperando puntos a ser reglamentados como el Registro Electrónico de Comprobantes, la Facturación Electrónica, entre otros.
“Los cambios que redunden en beneficio de la ciudadanía, siempre van a ser acompañados por los contadores desde su posición de brazos ejecutores de la política tributaria. La tecnología aplicada a todas las áreas siempre es beneficiosa”, aseveró.