Nació más lambiscón que el propio diario Patria. La tajante afirmación de mi vecino don Cecilio tenía fundamentos materiales. Palpables y sujetos a verificación. Cuando apareció Abc Color, prosiguió, el diario oficialista, vocero de la dictadura, quedó relegado a un papel intrascendente. Los discursos del general Alfredo Stroessner se publicaban in extenso, completo, a páginas enteras y siguientes. El primer número oficial es del 8 de agosto de 1967, aunque (como es normal en estos casos) hubo ediciones de pruebas, como la del 3 de dicho mes cuando el “único líder” desataba la cinta inaugural del edificio ubicado sobre la calle Yegros. Coincidencia o no, el jueves 10 de agosto de ese mismo año, la Convención Nacional Constituyente aprobaba la figura de la reelección presidencial, que fue saludada con alborozo por su director: “Presidente: reelegible”, “Convención: vía libre a la reelección presidencial”, son algunos de los titulares que acaparaban las tapas del mencionado periódico.
En los primeros días de su distribución, en la página editorial aparecían los nombres de “Director: Aldo Zuccolillo; jefe de Redacción: Humberto Pérez Cáceres”. Para el sábado 26 de agosto, ya solo figuraba el propietario firmando un laudatorio editorial: “Constitución de la paz”. Don Humberto, un paraguayo digno y caballero de la democracia, al parecer, ya no quiso ser cómplice de los oscuros nubarrones que empezaban a cernirse sobre el horizonte de nuestra patria. No se puede hablar de errores de juventud o víctimas de la buena fe. Para 1967, el dictador Stroessner ya había “corregido” a garrotazos a obreros y estudiantes en las multitudinarias protestas de 1958 y 1959. El Comité Central de Juventud Colorada estaba proscripto. “Nuestras reuniones del Centro Blas Garay fueron dispersadas con ensañada violencia y éramos perseguidos hasta ser alcanzados y apaleados sin compasión”, recuerda don Cecilio. En el 59, apunta: “Los estudiantes declaramos persona no grata al jefe de la Policía de la Capital, teniente coronel Ramón Duarte Vera, y al jefe de Investigaciones, inspector Juan Erasmo Candia”. Declaración que acentuó la represión contra los jóvenes manifestantes. Hubo apresamientos arbitrarios y torturas. La Cámara de Representantes (teníamos entonces el sistema unicameral) fue disuelta a raíz de una nota de 17 de sus miembros pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana (ANR), solicitando el levantamiento del Estado de sitio, una ley de amnistía general y vigencia plena de todas las libertades. Sobre esa barbarie, y otras más que iremos enumerando, se construyó la “Constitución de la paz”.
El dictador usurpaba el poder desde el 4 de mayo de 1954. Los más notables colorados, entre ellos Epifanio Méndez Fleitas, Osvaldo Chaves, Miguel Ángel González Casabianca, Sandino Gil Oporto y Waldino Ramón Lovera, ya estaban en el exilio. Por el artículo 173 de la Constitución de 1967, “el presidente de la República será elegido en comicios generales directos que se realizarán por lo menos seis meses antes de expirar el periodo constitucional que estuviere en curso, y solo podrá ser reelecto por un periodo más, alternativo o consecutivo”. Alfredo Stroessner, naturalmente, fue “electo” con la nueva Ley Fundamental, en 1968. Ya venía con una pasantía sangrienta de catorce años. Pero, cuando eso, el diario Abc Color seguía en estado cataléptico, inmovilizado, endurecido, lejos del “despertar” democrático que lo agitaría recién más de una década después. Mientras, “Acero” seguía disfrutando del calor del poder que le permitiría montar su imperio económico. Hoy el diario volvió a las andadas. De nostálgica adhesión al poder de turno, heredero nato del estronismo. Y con una oportuna amnesia al publicar sus “históricas tapas” en su 45º aniversario fundacional.
Abc Color nunca pidió perdón por su ominosa complicidad con la dictadura. Su pusilánime omisión de los crímenes del déspota. Su editorial “Constitución de la paz” es más que elocuente: “Es nuestro anhelo –y confiamos en la obra histórica del gobierno del presidente Stroessner– que la Constitución de 1967 impere positivamente en la vida del pueblo paraguayo, libre de restricciones y de limitaciones”. Y decía más: “De la semblanza de un Paraguay épico pasamos a la semblanza de un Paraguay de la democracia política, social y económica”. Lo más condenable aún es que diez años después apoyaría la enmienda del artículo 173 para la dictadura perpetua. Así que, de amnesia estamos hablando.
Abc Color nunca pidió perdón por su ominosa complicidad con la dictadura. Su pusilánime omisión de los crímenes del déspota.
“De la semblanza de un Paraguay épico pasamos a la semblanza de un Paraguay de la democracia política, social y económica”.
En los próximos días se cumplirán 88 años de aquel 21 de julio de 1938, fecha en la cual se suscribió el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre el Paraguay y Bolivia. Este hecho marca un acontecimiento fundamental de nuestra historia, pues puso fin a tres años de conflicto armado y a igual tiempo de discusiones limítrofes entre dos países hermanos. Sin embargo, aquel tratado representó mucho más que un acuerdo de delimitación territorial o cese de hostilidades. Constituyó el inicio de una nueva etapa caracterizada por la diplomacia y el trabajo técnico permanente para defensa y consolidación del territorio nacional.
Este 21 de julio de 2026 es la ocasión propicia para reflexionar y hacer un análisis sobre el proceso histórico que atravesó el Paraguay en la definición de sus fronteras en el Chaco, un recorrido que abarcó casi cuatro siglos de antecedentes coloniales, controversias diplomáticas, negociaciones internacionales, conflictos armados, pérdida de vidas y complejas tareas de demarcación que duraron 87 años.
La cuestión de límites entre Paraguay y Bolivia no fue un hecho aislado, sino una consecuencia de la configuración territorial heredada de las antiguas colonias españolas en América. La ausencia de delimitaciones claras durante la época colonial, que dio origen a discusiones diplomáticas que evolucionaron hasta convertirse en una conflagración bélica que buscó dirimir el conflicto de dos Estados vecinos y hermanos, sobre la titularidad del Chaco Boreal.
Entre los antecedentes más remotos se puede citar el diferendo suscitado entre el conquistador español Ñuflo de Chávez y Andrés Manso en 1560, con la creación de Mojos o Chiquitos, independiente de las gobernaciones del Paraguay y del Perú, aunque sin delimitación precisa. No obstante, durante el periodo colonial distintos gobernadores ilustraron con claridad los límites entre las Provincias del Alto Perú y del Paraguay.
Con la emancipación política del Paraguay en mayo de 1811 y la de las provincias del Alto Perú en 1825 (que dio origen a la República de Bolivia), ambas personas jurídicas de derecho internacional heredaron los territorios que tenían durante la colonia, conforme al principio jurídico del uti possidetis. De esta manera, los límites eran los que la Provincia del Paraguay poseía con la de Santa Cruz de la Sierra y Chiquitos, separados por el semidesértico territorio del Chaco, es decir, la Cordillera de los Chiriguanos y el río Parapití. Por otra parte, Bolivia reivindicaba la jurisdicción de la Audiencia de Charcas. También merece destacarse que Bolivia fue el primer país limítrofe en reconocer nuestra independencia, el 17 de junio de 1843.
Luego de la firma del Tratado Guido-Vázquez en 1852 entre la República del Paraguay y la Confederación Argentina, dado que dicho tratado reconocía al Paraguay la soberanía “de costa a costa” sobre el río homónimo hasta su confluencia con el Paraná, circunstancia que motivó la protesta formal del encargado de Negocios de Bolivia dando inicio al reclamo de ese país sobre el Chaco. Esta reclamación fue posteriormente sostenida ante los países signatarios del Tratado de la Triple Alianza.
Tras la derrota sufrida en la Guerra del Pacífico y la pérdida de su litoral marítimo, Bolivia orientó sus esfuerzos hacia la obtención de una salida a través del río Paraguay. Ante el fracaso de diversas gestiones indirectas, decidió entablar negociaciones con el Paraguay sobre la cuestión del Chaco. A ese efecto, en 1879, fue comisionado a Asunción en carácter de ministro plenipotenciario el Dr. Antonio Quijarro, quien, sin hacer ninguna exposición de títulos que sustenten las pretensiones bolivianas adujo conveniencias económicas para el Paraguay la celebración de un tratado de límites. Como resultado de dichas negociaciones se suscribió el Tratado Decoud-Quijarro (1879), primer acuerdo fronterizo celebrado entre ambos países tras la Guerra de la Triple Alianza. No obstante, el instrumento nunca llegó a ser ratificado.
Lejos de abandonar sus aspiraciones, Bolivia designó al Dr. Isaac Tamayo para negociar un nuevo tratado. El Paraguay accedió a reiniciar las conversaciones diplomáticas y el 16 de febrero de 1887 se firmó el Tratado Aceval-Tamayo, nuevamente, sin tener en cuenta que ello le significaba la pérdida de un territorio. Sin embargo, al igual que su predecesor, este tratado tampoco fue ratificado.
En 1891, el Gobierno boliviano acreditó al señor Mariano Baptista y su propuesta consistía en retomar alguno de los tratados previamente suscritos –el Decoud-Quijarro de 1879 o el Aceval-Tamayo de 1887– o, en su defecto, someter la controversia a una decisión arbitral. No obstante, las conversaciones fueron postergadas.
Tres años después, en 1894, fue acreditado como nuevo ministro plenipotenciario de Bolivia en Asunción el doctor Telmo Ichazo. Quien, tras un prolongado intercambio diplomático y convencido de la imposibilidad de obtener la ratificación de los tratados de 1879 y 1887, suscribió un protocolo mediante el cual ambas partes declaraban la caducidad de los mismos.
Sin embargo, las negociaciones no concluyeron allí. Gracias a la activa mediación del encargado de negocios de la República Oriental del Uruguay, Adolfo Basáñez, quien actuó como mediador neutral a solicitud de Bolivia, las partes retomaron el diálogo en un clima de conciliación. Como resultado, el 23 de noviembre de 1894 se firmó el Tratado Benítez-Ichazo, que invocando el sentimiento de confraternidad proponía dividir el Chaco con una línea diagonal que comenzaba tres leguas al norte de Fuerte Olimpo, sobre la ribera del río Paraguay, y descendía hasta interceptar el río Pilcomayo.
Mapa general de lo cedido, ocupado y recuperado en territorio chaqueño
FASE MILITAR
o a los 61° 28’ de longitud oeste. Otorgando Bolivia más de dos tercios del territorio disputado.
A comienzos del siglo XX, la controversia por el Chaco dejó de caracterizarse exclusivamente por la discusión diplomática, documental y jurídica para incorporar un componente militar cada vez más evidente. A partir de 1905, Bolivia inició una política sistemática de ocupación del territorio mediante el establecimiento de fortines militares, primero de manera discreta y posteriormente en forma abierta. Esta estrategia se evidenció con la fundación de fortines a lo largo del Pilcomayo, como, por ejemplo: Ballivián y Guachalla hasta llegar a Muñoz en la zona del Estero Patiño.
La situación adquirió mayor gravedad luego de la firma del Protocolo Soler-Pinilla, de 1907, que establecía una línea de statu quo y comprometía expresamente a ambos Estados a mantener las posiciones territoriales existentes. Pese a dicho compromiso, Bolivia continuó ampliando su presencia militar mediante la creación de nuevos fortines, entre ellos Linares, Magariño, Esteros, Saavedra, Sorpresa, Tinfunque y Arce, entre otros.
Ante esta amenaza, el Paraguay empezó a esbozar un plan militar para resguardar sus derechos. Impulsó un proceso de reorganización de su ejército y emprendió la adquisición de armamentos en Europa. Se presagiaba en el horizonte el inminente estallido de la guerra.
En 1927, un nuevo incidente agravó la situación. La muerte del Tte. Rojas Silva motivó la firma del Protocolo Díaz León- Gutiérrez por el que Paraguay y Bolivia aceptaron los buenos oficios del Gobierno argentino para procurar una salida pacífica, sin modificar los acuerdos anteriores. En ese contexto, se desarrolló la Conferencia de Buenos Aires de 1927- 1928 y, posteriormente tras el suceso del Fortín Vanguardia, la Conferencia de Washington. Ambas iniciativas diplomáticas lograron evitar momentáneamente el conflicto armado eminente.
LA GUERRA
Lamentablemente, estos esfuerzos resultaron insuficientes. Finalmente, el 15 de junio de 1932 estalló la Guerra del Chaco con el ataque boliviano al Fortín Paraguayo Carlos Antonio López.
Tras tres años de sangriento conflicto bélico, el 12 de junio de 1935 se suscribió en la ciudad de Buenos Aires el Protocolo de Paz, conocido como protocolo Riart-Eliot, en él se acordó el cese definitivo de las hostilidades entre Paraguay y Bolivia. En lo referente a límites el artículo 1, punto 3.º, estableció la obligación de resolver los diferendos por acuerdo directo o, en caso de fracasar, someterlos al arbitraje de derecho, designando como árbitro a la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Haya.
Las delegaciones de ambos países iniciaron un complejo proceso de negociaciones diplomáticas que se extendió durante los años 1936 y 1937. A pesar de los numerosos encuentros y de las diversas propuestas formuladas por las partes, no fue posible alcanzar una solución. Ante el estancamiento de las conversaciones, las negociaciones fueron retomadas en 1938.
Durante las sesiones, tanto Paraguay como Bolivia presentaron proyectos de delimitación que fueron sucesivamente rechazados por la contraparte, manteniéndose las posiciones iniciales sin posibilidades de consenso. La Comisión de Neutrales presentó, en junio de 1938, una nueva propuesta destinada a destrabar las negociaciones. La fórmula consistía en establecer una línea intermedia y someter la porción restante del territorio en disputa a un arbitraje de equidad. Esta iniciativa fue aceptada por ambas delegaciones, como base para alcanzar un acuerdo.
La aceptación de esta fórmula implicó una decisión de gran trascendencia política y jurídica para el Paraguay. Hasta ese momento, la posición oficial había sostenido que la cuestión se circunscribía a una simple delimitación de una frontera preexistente, basada en títulos históricos claros e indiscutibles. Sin embargo, al admitir una solución negociada complementada con un arbitraje de equidad, el Paraguay aceptó la posibilidad de una distribución del territorio en litigio, privilegiando una salida pacífica al largo conflicto existente.
En definitiva, el 21 de julio de 1938 se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites, entre Paraguay y Bolivia, poniendo término a una controversia diplomática iniciada décadas atrás y cerrando uno de los capítulos más complejos de la historia territorial de ambos países. El tratado estableció, en su artículo 2.°, que la delimitación definitiva de una parte del territorio sería determinada mediante un laudo arbitral de equidad, disponiendo expresamente que los árbitros actuarían ex aequo et bono, es decir, resolviendo conforme a criterios de justicia y equidad antes que por la estricta aplicación del derecho positivo.
Al firmar el tratado Paraguay ocupaba 264.150 km² aproximadamente de la región en disputa. No obstante, el acuerdo reconoció definitivamente al Paraguay una superficie cercana a 232.650 km², mientras que una franja aproximada de 41.500 km² quedó sometida a la decisión del tribunal arbitral. El 10 de octubre de 1938, el Colegio Arbitral dictó su laudo definitivo, estableciendo que la línea fronteriza debía extenderse desde el lugar denominado Esmeralda, sobre el río Pilcomayo, hasta la desembocadura del río Negro u Otuquis, fijando así el trazado de una parte sustancial de la frontera entre ambos Estados.
Con el objetivo de ejecutar las disposiciones del tratado y materializar la delimitación acordada, el 25 de noviembre de 1938 se constituyó la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, organismo técnico binacional encargado de trasladar las disposiciones jurídicas a la realidad geográfica mediante la colocación de hitos y la determinación precisa de la línea internacional. Inició su labor en 1939, la colocación del primer hito denominado “Esmeralda” se realizó el 10 de octubre de 1940 siendo el delegado demarcador paraguayo el capitán José Bozzano y por Bolivia el general Abelardo Prieto.
Los primeros delegados demarcadores que representaron a nuestro país que lo representaron en las reuniones de la Comisión Demarcadora fueron el teniente coronel Abdón Palacios y el teniente 1.° de Marina Néstor Rodríguez Bordas. Por parte Bolivia fueron el coronel Abelardo Prieto y el mayor Walter Salinas.
Ubicación de los fortines paraguayos en el Chaco
EL TRATADO
La entrega material de los territorios adjudicados a cada Estado se llevó a cabo mediante una ceremonia oficial el 28 de diciembre de 1938, en la ciudad de Villa Montes, Bolivia, acto que simbolizó el cumplimiento efectivo de las disposiciones adoptadas en el Tratado de Paz.
En el Paraguay, si bien se había realizado un plebiscito donde la ciudadanía expresó su respaldo, este carecía de efectos jurídicos vinculantes. Por tal motivo, el 16 de febrero de 1939, el Congreso Nacional aprobó formalmente el tratado, que fue promulgado mediante la Ley n.º 61, otorgándole plena validez dentro del ordenamiento jurídico y cerrando cualquier cuestionamiento respecto de su legitimidad.
La firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938 no significó el fin de los desafíos vinculados con la delimitación fronteriza. Por el contrario, dio inicio a una extensa etapa de trabajo técnico sobre el terreno, destinada a materializar las disposiciones del tratado y del laudo arbitral mediante la ubicación precisa de hitos, la apertura de picadas y la verificación permanente de la línea internacional. Esto exigió décadas de arduo trabajo técnico de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. El desafío apenas comenzaba y que duraría 87 años, culminando de manera efectiva en diciembre de 2025, durante la gestión del actual gobierno encabezado por el presidente Santiago Peña.
Fue precisamente el desarrollo de estas labores de demarcación que permitió identificar una discrepancia que, años más tarde, daría origen a una nueva controversia: el arbitraje sobre el cerro Chovoreca. El 23 de mayo de 1967, durante una reunión plenaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites celebrada en Buenos Aires, surgió un desacuerdo respecto de la ubicación del Vértice VIII, conocido como cerro Chovoreca. La delegación boliviana sostenía que dicho accidente geográfico no existía y defendía la validez del hito ya emplazado conforme a las coordenadas consignadas en el plano del laudo arbitral de 1938. Por su parte, la delegación paraguaya afirmaba la existencia física del cerro y sostenía que el hito colocado carecía de validez debido a vicios tanto de forma como de fondo en el acta de erección.
Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso, las partes acordaron someter la cuestión a la decisión del presidente de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, el general de brigada ingeniero Gonzalo Gómez, quien asumió la responsabilidad de resolver la controversia mediante un análisis estrictamente técnico. Tras la realización de los estudios topográficos, cartográficos y geodésicos correspondientes, el 11 de julio de 1969 se dictó un fallo definitivo e inapelable que estableció que el Vértice VIII debía ubicarse en el punto más elevado del cerro Chovoreca, identificado en la cota de 254,72 metros sobre el nivel del mar, con esta decisión el Paraguay ganaba aproximadamente 800 kilómetros de superficie en disputa.
Décadas más tarde, ambos países reafirmaron su compromiso con el cumplimiento integral del tratado, con la suscripción de nuevos instrumentos jurídicos orientados al manteniendo de la frontera. El 24 de abril de 2009 se firmó el Acta Final sobre la ejecución y el cumplimiento del Tratado de Paz, Amistad y Límites del 21 de julio de 1938. Posteriormente, el 12 de junio del mismo año, a 74 años del cese de hostilidades, se firmó el Protocolo Adicional al Tratado de Paz, Amistad y Límites, aprobado por Ley n.° 4176/2010, que estableció una nueva Comisión Mixta Demarcadora de Límites con las funciones de construcción, control y mantenimiento de hitos, así como la apertura y conservación de picadas.
La cooperación bilateral se profundizó aún más con la firma de las Notas Reversales del 30 de mayo de 2011, mediante las cuales ambos gobiernos acordaron establecer, a lo largo de toda la frontera terrestre, una franja de 50 metros de ancho destinada exclusivamente al libre tránsito para las tareas de vigilancia, mantenimiento y conservación de los hitos limítrofes. Estas áreas, conocidas como fajas de seguridad territorial o fajas non aedificandi, constituyen espacios donde no pueden realizarse construcciones permanentes, garantizando la adecuada visibilidad y preservación de la línea fronteriza.
Finalmente, en diciembre del año 2025 con la realización de los trabajos de batimetría del río Negro, quedaron concluidas las labores técnicas necesarias para la demarcación integral de la frontera entre la República del Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia, culminando un proceso iniciado formalmente con la firma del Tratado de Paz de 1938.
Vista aérea de Asunción, capital de Paraguay. El país ocupa el cuarto lugar regional en el ranking elaborado con base en indicadores de violencia, seguridad e institucionalidad. Foto: Archivo
Paraguay se ubica entre los países con mayor nivel de paz de Latinoamérica
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Paraguay se posiciona entre los diez países con mayor nivel de paz en Latinoamérica, al ubicarse en el cuarto lugar del ranking regional difundido por la revista Mercado, basado en el Índice Global de Paz (GPI).
El indicador evalúa 23 variables relacionadas con la presencia o ausencia de violencia y el temor a ella. Un puntaje más alto representa un menor nivel de paz en el país.
La paz es considerada un factor relevante para el desarrollo económico, la inversión y la calidad de vida, ya que refleja no solo la ausencia de conflictos, sino también aspectos vinculados a la fortaleza institucional, la estabilidad social y la capacidad de generar un entorno seguro para los ciudadanos.
Según el ranking, Uruguay ocupa el primer lugar entre los países más pacíficos de Latinoamérica, con un índice de 1,75, seguido por Chile, con 1,83, y Costa Rica, con 1,86.
Paraguay se ubica en la cuarta posición regional con un índice de 1,88, por encima de Argentina y Jamaica, ambos con 1,92.
El listado de los 10 países con mayor nivel de paz en Latinoamérica se completa con Trinidad y Tobago (1,96), Panamá (1,98), Guatemala (2,03) y República Dominicana (2,04).
El Índice Global de Paz permite observar el panorama de estabilidad y convivencia en la región, así como los desafíos que aún enfrentan los países latinoamericanos en materia de seguridad y cohesión social.
Imagen satelital de Planet Labs PBC, del 2 de marzo de 2026, muestra el puerto de Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz, tras una explosión. Foto: @Planet/Ilustrativa
EE. UU. lanza “potentes” bombardeos contra Irán tras ataques en el estrecho de Ormuz
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Estados Unidos anunció el martes que llevó a cabo “una serie de potentes ataques” contra Irán, “en respuesta a los ataques iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz”.
“La agresión iraní fue injustificada, peligrosa y constituyó una violación flagrante del alto el fuego”, explicó el Mando estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en la red X.
Marina Cué a 14 años de la tragedia: de la masacre a la regularización de tierras
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Por primera vez en 14 años, la comunidad de la exMarina Cué, hoy denominada Colonia San Óscar Romero, conmemora un nuevo aniversario de aquella tragedia conocida como la “Masacre de Curuguaty”, ocurrida el 15 de junio de 2012, de una forma diferente, con paz y la seguridad de contar con la tierra propia.
Este lunes se cumple un año más de aquel fatídico día, pero hoy las familias dejaron atrás el luto y el conflicto para convertirse en un emblema de justicia social, regularización jurídica y paz en el campo paraguayo.
Lo que por más de una década pareció una herida imposible de sanar, desde agosto de 2023 fue parte de un proceso de resolución definitiva mediante una política agresiva de regularización agraria liderada por el Gobierno y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que sustituyeron desalojos violentos por la entrega formal de títulos de propiedad para las familias campesinas.
El presidente del Indert Francisco Ruiz Díaz participó del acto de recordación junto a familias beneficiarias, autoridades locales y representantes de organizaciones sociales. Resaltó que uno de los principales compromisos asumidos por el Gobierno y el Indert fue brindar seguridad jurídica a las familias asentadas en la colonia, mediante la regularización de la tenencia de la tierra y la entrega de títulos de propiedad.
Completar la titulación al 100 %
Señaló que, tras años de incertidumbre, se logró concretar una titulación masiva sin precedentes en la comunidad, permitiendo que numerosas familias accedan formalmente a la propiedad de sus parcelas. Asimismo, anunció que en las próximas semanas serán entregados los títulos restantes, con lo que se alcanzará el 100 % de las adjudicaciones previstas para la colonia.
“Estamos culminando un proceso histórico de justicia social y seguridad jurídica para las familias de Marina Cué. Nuestro objetivo es que cada beneficiario cuente con su título de propiedad, garantizando estabilidad, acceso al crédito y mejores oportunidades de desarrollo”, expresó Ruiz Díaz.
Agregó que la titulación de las tierras representa un paso fundamental para consolidar el arraigo rural y promover el desarrollo productivo de la comunidad, transformando una página dolorosa de la historia reciente en una oportunidad de progreso para las familias campesinas.
En tanto, los pobladores valoraron el acompañamiento institucional del Indert destacando que la regularización de la tierra constituye un avance significativo para las generaciones presentes y futuras de Marina Cué.
La dirigente Martina Paredes expresó que este lunes 15 de junio se recuerda 14 años de una fecha lamentable para la comunidad, además de 13 años de reclamo para la titulación de tierras. Resaltó que actualmente las familias se encuentran tranquilas y contentas, porque incluso tienen planes de construir viviendas, están trabajando por un camino mejor para sacar la producción de Marina Cué y que el 70 % de los pobladores ya recibieron sus títulos de propiedad.
El asesor de la comunidad , el sacerdote Pascual Kinoti, enfatizó que a 14 años de aquellos acontecimientos que marcaron profundamente al país, la comunidad avanza hacia una nueva etapa caracterizada por la seguridad jurídica, la paz social y el fortalecimiento de las condiciones para el desarrollo integral de las familias rurales.
Mientras que el titular de la comisión vecinal, Darío Acosta, agradeció al Gobierno recordando que en octubre último el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana entregaron los primeros títulos de propiedad en el mismo lugar donde perdieron la vida 17 compatriotas.