El presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), Sebastián González Morassi, consideró que las medidas adoptadas tras la crisis de Ueno Bank permitirán preservar la confianza en el sistema financiero y evitar un impacto negativo en la imagen de Paraguay ante los mercados internacionales. Afirmó a La Nación / Nación Media, que, pese a la gravedad del episodio, la respuesta institucional fue oportuna y contribuyó a sostener el funcionamiento de la economía.

“Estoy convencido de que esta situación, así como está transcurriendo, nos va a dejar fortalecidos”, sostuvo. El representante del sector exportador señaló que las decisiones fueron inmediatas y que las demás entidades financieras continúan operando con normalidad, lo que demuestra la capacidad del sistema para sobrellevar una coyuntura compleja.

No obstante, advirtió que el caso tiene varias aristas y cuestionó lo que considera “posibles irregularidades en torno a la entidad bancaria”. Según su interpretación, el episodio también estuvo vinculado a movimientos de capitales y operaciones de especulación financiera que tuvieron consecuencias sobre el comportamiento de la economía.

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González Morassi aclaró que, hasta el momento, no recibió reportes de empresas exportadoras que hayan visto afectadas directamente sus operaciones comerciales por trabajar con Ueno Bank.

Por otra parte, González Morassi se refirió a los ajustes introducidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 y consideró que la reducción de gastos puede contribuir a mejorar el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, sostuvo que el esfuerzo fiscal debe ir acompañado de mayores controles y una administración más responsable de los fondos estatales.

“Todos los recortes que se puedan hacer van a ser positivos; necesitamos más recortes, más controles y mayor responsabilidad en los gastos que hacemos”, manifestó. En ese sentido, consideró que las modificaciones presupuestarias representan un paso favorable para el país y pueden ayudar a fortalecer la disciplina fiscal.

Finalmente, el titular de Capex remarcó que la estabilidad institucional y el funcionamiento del sistema financiero son elementos fundamentales para sostener la confianza de los mercados y de los compradores internacionales. A su criterio, la forma en que Paraguay está gestionando la crisis puede convertirse en una oportunidad para demostrar la capacidad de respuesta de sus instituciones.

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Se priorizarán los sectores de salud, educación y obras, por disposición del presidente Pedro Alliana.

La Cámara de Diputa­dos aprobó el proyecto de Presupuesto Gene­ral de la Nación (PGN) 2027, manteniendo la versión pre­sentada por el Poder Ejecu­tivo, con ajustes. La propuesta obtuvo 67 votos a favor y nin­guno en contra, mientras que nueve legisladores no votaron. Sigue el tratamiento en par­ticular de todos los artículos que corresponden a este pro­yecto de ley que ahora pasa a la Cámara de Senadores.

La aprobación se dio tras una postergación previa solici­tada por el Ejecutivo para introducir modificaciones. Durante la sesión, el trata­miento continúa con el aná­lisis de los recortes y modifi­caciones planteados por los parlamentarios para cada institución del sector público, entre ministerios y entidades descentralizadas. La pro­puesta de adenda plantea un ajuste neto de G. 1 billón 783.532 millones, equivalen­tes a unos USD 276 millones, en todas las fuentes de finan­ciamiento, en la búsqueda de la racionalización y optimiza­ción del gasto público impul­sada por el presidente de la República, Pedro Alliana.

La presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), diputada Cristina Villalba, expuso el dicta­men del organismo asesor donde se recomendó apro­bar la adenda remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incorporar modificaciones presupuesta­rias por G. 241.000 millones. Este fue emitido el pasado 29 de octubre, tras dos meses de trabajo que incluyeron reu­niones con autoridades de organismos y entidades del Estado, gremios de funciona­rios públicos y representantes de la sociedad civil.

La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo contem­pla recortes en las distintas fuentes de financiamiento del PGN con el objetivo de reducir gastos de funcionamiento y reorientar recursos hacia sec­tores prioritarios. Entre los principales ajustes se estable­cieron reducciones en pasajes, viáticos y gastos de traslado del 40 % en rubros como man­tenimiento, limpieza, alquile­res, servicios bancarios, cate­ring y combustibles y del 30 % en publicidad, consultorías, equipos de transporte y mue­bles y enseres.

También se contempló una disminución del 20 % en remuneraciones extraordi­narias, adicionales y bonifi­caciones. Las medidas alcan­zan a distintos organismos y entidades del Estado, aun­que se establecen excepcio­nes para determinadas ins­tituciones y objetos del gasto, como los recursos destinados a medicamentos, educación y obras públicas. El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, presentó detalles sobre la adenda al proyecto. Indicó que como instrucción del presidente de la República, Pedro Alliana, se priorizarán los sectores de salud, educa­ción y obras. “Se han identi­ficado rubros dentro del pro­yecto del presupuesto que fueron objeto de disminución. Los casos de viáticos, pasajes, servicio de catering, publici­dad, servicios personales y remuneraciones adiciona­les y extraordinarias fueron objeto de recortes, asimismo, las obras que estaban progra­madas para el mantenimiento de oficinas institucionales”, señaló ante el pleno.

Gremio pide volver a la disciplina fiscal, con énfasis en una mayor responsabilidad fiscal, la revisión del gasto público y el fortalecimiento de los controles institucionales.

La Unión Industrial Para­guaya (UIP) considera que la crisis generada por el caso Ueno exige la adopción de medidas macroeconómi­cas urgentes, con énfasis en una mayor responsabilidad fiscal, la revisión del gasto público y el fortalecimiento de los controles instituciona­les. Así lo manifestó el pre­sidente del gremio, Enrique Duarte, quien planteó cuatro líneas de acción para recupe­rar la confianza y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

En entrevista con el programa Arriba Hoy, de Universo 970 AM, el titular de la UIP sos­tuvo que el proyecto de Pre­supuesto General de la Nación (PGN) 2027, actualmente en estudio en el Congreso, no refleja las prioridades ni los cambios que demanda el esce­nario actual. En ese sentido, instó a reformularlo con pro­yecciones de ingresos realis­tas y disciplina fiscal, bus­cando converger hacia un déficit máximo del 1,5 % del producto interno bruto (PIB).

Como segunda medida, Duarte propuso recortar el gasto improductivo del Estado, eliminar privilegios, aumentos salariales injusti­ficados y erogaciones super­fluas.

A su criterio, los recursos deben reasignarse hacia áreas prioritarias como salud, segu­ridad y educación, en un con­texto que exige señales con­cretas de responsabilidad en la administración de los fondos públicos. El tercer eje apunta a determinar y san­cionar a los responsables de las fallas de control que per­mitieron el actual escenario.

El dirigente empresarial insistió en que las institu­ciones deben avanzar en las investigaciones, recuperar los recursos que sea posible y buscar mecanismos de resar­cimiento para los ahorristas afectados, tanto personas físi­cas como empresas que utili­zan esos fondos para sostener su actividad económica.

La Cámara de Diputados aprobó en general este jueves el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, manteniendo la versión presentada por el Poder Ejecutivo, con ajustes. La propuesta obtuvo 67 votos a favor y ninguno en contra, mientras que nueve legisladores no votaron.

La aprobación se dio tras una postergación previa solicitada por el Ejecutivo para introducir modificaciones. Durante la sesión, el tratamiento continúa con el análisis de los recortes y modificaciones planteados por los parlamentarios para cada institución del sector público, entre ministerios y entidades descentralizadas.

La sesión se extendió por más de nueve horas, durante las cuales los diputados analizaron punto por punto los reajustes propuestos por el Ejecutivo.

La propuesta de adenda plantea un ajuste neto de G. 1.783.532 millones, equivalentes a unos USD 276 millones, en todas las fuentes de financiamiento, en la búsqueda de la racionalización y optimización del gasto público impulsada por el presidente de la República, Pedro Alliana.

El presupuesto aprobado quedó fijado en G. 166.322.078.980.116 (unos USD 25.754 millones), lo que representa un incremento del 11,2 % respecto al ejercicio 2026; distribuidos en G. 87,9 billones para la Administración Central y G. 78,4 billones para las entidades descentralizadas.

La presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), diputada Cristina Villalba, expuso el dictamen del organismo asesor donde se recomendó aprobar la adenda remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incorporar modificaciones presupuestarias por G. 241.000 millones.

Este fue emitido el pasado 29 de octubre, tras dos meses de trabajo que incluyeron reuniones con autoridades de organismos y entidades del Estado, gremios de funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil.

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La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo contempla recortes en las distintas fuentes de financiamiento del PGN con el objetivo de reducir gastos de funcionamiento y reorientar recursos hacia sectores prioritarios.

Entre los principales ajustes se establecieron reducciones en pasajes, viáticos y gastos de traslado del 40 % en rubros como mantenimiento, limpieza, alquileres, servicios bancarios, catering y combustibles y del 30 % en publicidad, consultorías, equipos de transporte y muebles y enseres.

También se contempló una disminución del 20 % en remuneraciones extraordinarias, adicionales y bonificaciones. Las medidas alcanzan a distintos organismos y entidades del Estado, aunque se establecen excepciones para determinadas instituciones y objetos del gasto, como los recursos destinados a medicamentos, educación y obras públicas.

El proyecto aprobado en Diputados pasa ahora a la Cámara de Senadores que cuenta con un plazo de 15 días corridos para el estudio del proyecto con las eventuales modificaciones.

El Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el 31 de diciembre para promulgar u objetar (vetar) la Ley del Presupuesto, ya que la nueva normativa debe entrar en vigencia el 1 de enero del siguiente ejercicio fiscal.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que todos los pedidos de juicio político que se presenten serán abordados y tratados con mucha seriedad.

En este caso, la oposición impulsa el libelo acusatorio para activar el juicio político al Fiscal General del Estado (FGE), Emiliano Rolón, a quien responsabilizan por una lenta acción en el caso Ueno Bank y el expresidente de la República, Santiago Peña.

“Aparentemente son varios los juicios políticos que se van a presentar contra diferentes autoridades, me toca ejercer en ese sentido un delicado rol institucional consagrado por la Constitución y yo voy a velar porque cada uno de esos planteamientos sea tratado con la misma seriedad que fue tratado el juicio político del expresidente de la República”, aseguró Latorre a los medios de prensa.

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El argumento de la oposición es que el fiscal general actúo de manera lenta, tanto en proceso como con otras denuncias presentadas anteriormente contra Peña. Al respecto, Latorre recordó que la acción de las instituciones de Paraguay fue valorado en el exterior.

“Yo creo que todos esos tipos de procedimientos y la situación en general van ser abordados y, serán expuestas las preocupaciones, los desacuerdos en el proceso de tratamiento del juicio político. Amen de la cuestión en particular del Ministerio Público, sí hay que decir y esto se habla en el mundo, la reacción de las instituciones paraguayas ante lo acontecido”, resaltó.

En este sentido, señaló que “se produjo este evento, se procedió a la modificación de la ley que priorizaba el pago de los ahorristas, se procedió con un juicio político con mucha velocidad, por unanimidad, por el cual los diputados y senadores aprobaron el juicio político al expresidente de la República, que fue imputado, que se procedió a su detención y cuyo proceso en este momento está siendo dirimido por la justicia donde existe un gran esfuerzo institucional para cumplir con todos los ahorristas”.

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