Diputados pide informes sobre implementación de las tobilleras electrónicas
Compartir en redes
La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes al Ministerio del Interior sobre la implementación y estado actual del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec). Se requiere un detalle cronológico y administrativo del proceso de licitación y adjudicación del Simdec, con especificación del monto total adjudicado al consorcio proveedor.
Así también, se pide datos sobre la modalidad de contratación, compra de bienes o prestación de servicios plurianuales, y la cantidad de dispositivos adquiridos o puestos a disposición hasta la fecha.
El ministerio deberá proporcionar igualmente, información sobre el tipo, marca, modelo y especificaciones técnicas de las tobilleras electrónicas. Se quiere saber la cantidad que está actualmente en uso y en stock, así como el tiempo de vida útil estimado de los equipos.
El pedido también comprende la cantidad exacta de dispositivos activos y operativos a nivel nacional, con un desglose por departamento, distrito, gravedad y carátula de cada causa. También se solicita informar sobre la cantidad de alertas o fallas de transmisión detectadas por la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Omdec) desde la puesta en marcha del sistema, con indicación del protocolo de actuación policial ejecutado ante dichas contingencias.
“Como representantes del pueblo, es nuestro deber constitucional velar por la eficiencia, transparencia y sostenibilidad de estas adquisiciones”, expresa el documento presentado por la diputada Alexandra Zena, que tuvo el acompañamiento del pleno de la Cámara Baja.
El ministro del Interior explicó que la Policía Nacional interviene ante las alertas del sistema de monitoreo y actúa para proteger a las víctimas cuando se detectan posibles incumplimientos de las medidas impuestas por la Justicia. Foto: Archivo
Riera aclara el alcance de las tobilleras y advierte que las restricciones judiciales deben cumplirse
Compartir en redes
El uso de tobilleras electrónicas no significa que una persona pueda desplazarse libremente ni dejar de cumplir las condiciones impuestas por la Justicia, así lo recordó el ministro del Interior, Enrique Riera, a través de un comunicado publicado en su cuenta de X, en el que explicó el papel de la Policía Nacional en el funcionamiento de este sistema de control.
El secretario de Estado señaló que los agentes cumplen una función operativa clave en el seguimiento de las personas sometidas a monitoreo electrónico, mediante la atención de las alertas y la coordinación con las comisarías de cada jurisdicción y los equipos de operaciones tácticas.
Cuando el sistema detecta que una persona abandona el área de permanencia autorizada o ingresa en una zona de exclusión, se ponen en marcha los procedimientos previstos para comprobar lo ocurrido. Estas actuaciones buscan garantizar la seguridad de la víctima y comunicar la situación a las autoridades competentes, en coordinación con la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC).
Riera también recordó que quienes utilizan estos dispositivos deben respetar las restricciones de circulación y los horarios establecidos judicialmente. Además, tienen la obligación de mantener las tobilleras en condiciones adecuadas de funcionamiento, responder a las comunicaciones del sistema de monitoreo y cumplir las demás disposiciones fijadas en cada caso.
El ministro aclaró que la Policía Nacional actúa dentro de sus atribuciones preventivas, operativas y de protección, pero no tiene facultad para decidir sobre las medidas judiciales. La concesión, modificación o revocación de estas disposiciones corresponde exclusivamente al juez competente.
Finalmente indicó que el funcionamiento de las tobilleras electrónicas está contemplado en varias leyes como la Ley N.º 5863/2017, modificada por la Ley N.º 7270/2024, además del Decreto N.º 466/2023 y los protocolos del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC).
Crean comisión especial integrada por 9 diputados para monitorear asistencia a damnificados
Compartir en redes
La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial para monitorear la respuesta del Gobierno ante el impacto del fenómeno El Niño. Los legisladores acompañarán a las familias afectadas por las inundaciones.
Según fundamentó el proyectista, el diputado Raúl Latorre, la iniciativa busca evaluar los riesgos asociados a este fenómeno climático, analizar las medidas de prevención, contención y respuesta adoptadas por las instituciones competentes.
Nueve diputados integrarán la comisión especial y serán designados con base en la representación proporcional de las bancadas. Para ello se faculta a la presidencia de la Cámara de Diputados, previa consulta con los líderes de las bancadas, a designar a los integrantes.
El órgano legislativo también tendrá a su cargo examinar los posibles efectos sobre la salud, la producción agropecuaria, el ambiente, los recursos hídricos, la infraestructura y la continuidad de los servicios públicos.
Otro de los ejes de trabajo será el análisis de la coordinación entre las instituciones nacionales, los gobiernos departamentales y las municipalidades, así como de los recursos destinados a atender los riesgos identificados.
Los miembros de la comisión deberán presentar un informe de sus actuaciones en el período de 90 días, a fin de que se pueda analizar en plenaria.
Por iniciativa de dos comisiones de la Cámara de Diputados se busca instalar una mesa técnica de trabajo para apurar la obra de la franja costera de Ayolas. Foto: Archivo/Ilustrativa
Convocan a mesa técnica para destrabar proyecto de franja costera de Ayolas
Compartir en redes
Dos comisiones asesoras de la Cámara de Diputados convocan a mesa técnica de trabajo interinstitucional con el objetivo de destrabar el proyecto de la franja costera de Ayolas. La reunión se realizará el lunes 19 de octubre a las 10:00, en el Salón VIP del edificio legislativo.
Los organizadores explicaron que esta iniciativa parlamentaria busca evaluar con rigurosidad los estudios técnicos disponibles y las gestiones realizadas por las entidades competentes. Se quiere identificar las dificultades administrativas, presupuestarias y financieras que obstaculizan la puesta en marcha de esta infraestructura crucial para la protección contra inundaciones y el desarrollo urbano de la región.
Participarán de la reunión las autoridades y equipos técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). En representación de los gobiernos locales estarán el gobernador de Misiones, Richard Ramírez; el intendente en ejercicio de Ayolas, Carlos Duarte; el intendente electo, José Mutti. Igualmente asistirán los miembros de la Junta Municipal local y concejales electos.
Participación de la sociedad civil
Igualmente fueron invitados representantes de la sociedad civil organizada ayolense, entre ellos delegados del grupo de ciudadanos autoconvocados “Ayolas dice Basta”, encabezado por Leticia Silguero, y miembros de la “Comisión Defensa Costera y Franja Costera”, dirigida por Gladys Morínigo.
Asimismo, se prevé la participación de los senadores Esperanza Martínez, Ever Villalba y Derlis Maidana. Es así que los estamentos legislativos, técnicos y vecinales buscarán definir mecanismos ágiles de coordinación que permitan destrabar los inconvenientes financieros y avanzar de manera firme hacia la concreción de una obra largamente anhelada por la comunidad misionera.
El pedido es sobre el patrimonio inmobiliario y los contratos de alquiler.
Los diputados aprobaron un pedido de informes a las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre el patrimonio, la situación financiera, la rentabilidad de inmuebles y planes de monetización.
Se exige la presentación de un inventario consolidado de la totalidad de los bienes inmuebles del dominio privado, detallando la cuenta corriente catastral, dimensiones, ubicación geográfica, linderos y estado de titulación. Además se debe especificar el valor contable en libros de cada activo y la fecha de su última tasación oficial.
Se advierte que de existir diferencias entre el valor de mercado y el valor en libros, el IPS deberá informar las medidas técnicas aplicadas en los últimos tres ejercicios fiscales para ajustar dicho patrimonio inmobiliario, estimado en más de G. 2 billones. Los directivos del ente previsional tienen que determinar el origen de los inmuebles, identificando si corresponden a daciones en pago derivadas de la crisis financiera de la década de 1990; ejecuciones judiciales o inversiones directas de capital.