“La redención política no tiene relevancia si no se emancipa al hombre de la miseria”, mencionó el presidente de la República, Santiago Peña, citando una frase del caudillo colorado y exvicepresidente Luis María Argaña (1932-1999), para anunciar la remisión al Congreso Nacional del proyecto de Transferencias Monetarias para la Inclusión Social y Reducción de la Pobreza.
“Recordando las palabras de un gran patriota, tomamos acciones firmes para transformar la vida de nuestra gente”, comentó a través de sus redes sociales oficiales. “Tras 20 años de vigencia, el Gobierno del Paraguay actualiza el marco legal para dotar de mayor efectividad a los programas sociales”.
“Con el Registro Social de Hogares, se avanzará en una focalización más precisa hacia las poblaciones en situación de pobreza, con prioridad para las comunidades indígenas y las personas con discapacidad a través de programas como Tekoporã”, agregó. “El compromiso del Gobierno del Paraguay es que ningún paraguayo quede sin recibir la ayuda que necesita”.
En diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo promulgó un decreto mediante el cual se crea el Registro Social de Hogares (RSH), una herramienta que será implementada por el Gabinete Social, liderada por el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de establecer criterios claros de elegibilidad y pertinencia para las familias beneficiarias de los programas sociales del Estado.
El nuevo registro incorpora un instrumento unificado de medición del nivel socioeconómico de los hogares, lo que permitirá evitar la duplicidad de beneficios y contar con una base de datos centralizada que facilite una mejor asignación y optimización de los recursos destinados a la asistencia social.
Para su operativización estaba prevista la creación de una base de datos única con el apoyo técnico del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic). Esta plataforma será utilizada por las 30 instituciones que integran el Gabinete Social y que ejecutan fondos en el ámbito de la política social.
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El MOPC impulsa obra de sistema de saneamiento en Roque Alonso
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Juan Carlos Baruja, realizó un recorrido por la futura planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Mariano Roque Alonso, Central. Esta obra no solo beneficiará a los pobladores de esta zona, sino también a otras ciudades aledañas.
“Cumpliendo las instrucciones del presidente Pedro Alliana, aceleramos las obras que cuidan la salud de las familias. Mariano Roque Alonso está cada vez más cerca de cumplir el sueño de tener desagüe cloacal”, indicó el ministro Baruja a través de sus redes sociales.
El titular de la cartera de Obras se reunió con autoridades locales, entre ellos, el intendente Julián Vega y concejales municipales, y la diputada Johana Vega, para dar continuidad al proyecto.
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También formaron parte del recorrido el viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce; la directora de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN), ingeniera Claudia Crosa; el coordinador de la Coordinación de Proyectos de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas (CAPSOH), ingeniero Pablo Adorno, y el ingeniero Alejandro Bordón.
“El proyecto prevé 446 km de redes de alcantarillado sanitario y una inversión de USD 160 millones, financiado por la CAF, y beneficiará a cerca de 500.000 personas en su etapa final”, detalló.
Solución de alcance metropolitano
El Proyecto para el Área Metropolitana de Asunción – Cuenca Mariano Roque Alonso contempla aproximadamente 446 kilómetros de redes de alcantarillado sanitario y colectores, además de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), con capacidad estimada de 0,9 metros cúbicos por segundo.
Para conducir los efluentes hasta las instalaciones, también se prevén cerca de diez estaciones de bombeo y 16,7 kilómetros de líneas de impulsión, junto con mejoras en el servicio de provisión de agua potable, de acuerdo al detalle del MOPC.
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Alliana garantiza solidez del sistema financiero tras la crisis de Ueno Bank
El presidente de la República, Pedro Alliana, destacó que el sistema financiero paraguayo está fortalecido tras la crisis generada por el proceso de resolución de Ueno Bank. En entrevista con el sitio de noticias Infobae, el gobernante mencionó que el Banco Central del Paraguay (BCP) está trabajando intensamente para cubrir a todos los afectados.
Ratificó que se tiene asegurado rescatar 600 millones de dólares en activos de Ueno Bank y que la prioridad será reponer los fondos previsionales, para dar tranquilidad a los jubilados.
Alliana aludió también a la política exterior, agradeció las demostraciones de apoyo de sus homólogos de la región y de otros continentes. Además, garantizó que Paraguay seguirá formando parte del Escudo de las Américas para combatir el crimen organizado transnacional.
En cuanto a sus prioridades, Alliana dijo que “en primer lugar, y lo más importante, la inmediata devolución de los recursos a los ahorristas en el marco institucional mediante el Fondo de Garantía del Banco Central. Hemos articulado con el Congreso Nacional una ley especial que nos permitió acelerar ese proceso. Hasta este momento más del 95 % de los ahorristas han recibido la restitución de sus recursos. En segundo lugar, asegurar la estabilidad y funcionamiento pleno del sistema financiero. Nosotros queremos poner énfasis en el servicio a la gente”.
En ese sentido, añadió que se comenzó a “trabajar fuertemente en el sector de salud pública donde, además de la infraestructura, la prioridad está en la distribución inmediata de medicamentos para que nuestra sociedad pueda tener una asistencia sanitaria plena. Al mismo tiempo avanzamos en el desarrollo de las obras públicas de manera inmediata para mejorar la infraestructura de nuestro país”.
Reposición de fondos previsionales
En cuanto a la reposición de fondos de ahorristas del banco en quiebra y de entidades previsionales, el gobernado sostuvo: “A días de la resolución de Ueno Bank respondimos con hechos. Completamos el pago de poco más del 95 % de los ahorristas, equivalente a 1.740.000 personas. El Banco Central está trabajando para seguir cubriendo a todos los afectados y en esta segunda etapa, después de pagar a los pequeños ahorristas, tiene como prioridad recuperar fondos para cubrir los depósitos de jubilaciones de las diferentes cajas”.
Acotó que está asegurado “rescatar unos 600 millones de dólares en activos de Ueno Bank que estarán disponibles. La reposición de los recursos previsionales tiene prioridad, vamos a trabajar hasta que cada familia recupere la tranquilidad que se merece”.
Acerca de la posible desconfianza que se pudo haber generado tras el escándalo que desató el caso y llevó a la destitución vía juicio político del entonces presidente Santiago Peña, el titular del Ejecutivo indicó que designó un nuevo presidente para el Banco Central del Paraguay (BCP) y miembros del Directorio.
“Les he pedido una mejora sustantiva del sistema de control para que situaciones como las que vivimos no se repitan nunca más. Al mismo tiempo quiero señalar que el caso del Banco Ueno fue una crisis puntual. El sistema financiero paraguayo, exceptuando al Banco Ueno, goza de plena salud, no fue afectado y opera con normalidad. El sistema financiero paraguayo está fortalecido, por eso pudimos responder en tan corto tiempo a esta situación y salir rápido de la crisis”, expresó Alliana.
Apoyo internacional
En otro momento, destacó el apoyo internacional recibido tras asumir la Presidencia. “Mensajes de líderes de nuestra región, así como del hemisferio. También recibimos mensajes de Asia, de Oriente Medio, Europa, lo que nos anima y da mucha fuerza para seguir en este sendero de fortalecimiento de la democracia”, dijo.
Acerca de cuál la confirmación del canciller Rubén Ramírez Lezcano y si habrá un cambio en la política exterior de Paraguay, dijo: “Ya he trabajado con anterioridad junto con el canciller Ramírez Lezcano y evidentemente hemos coincidido en proseguir la senda de la política internacional del Paraguay basada en principios y valores, para sostener y proseguir con una vigorosa Inserción internacional. Es lo que el Paraguay necesita para continuar afianzado su desarrollo”.
Combate al crimen organizado
En este punto, dijo que “la seguridad nacional es una de las prioridades de mi gobierno y en ese contexto el Escudo de las Américas es una herramienta virtuosa de nuestro hemisferio para un combate conjunto, coordinado e integrado en contra del crimen transnacional organizado. Paraguay va a seguir apoyando e implementando todos los acuerdos de instrumentos establecidos con los Estados Unidos en estos tres años en el marco de la seguridad”, remarcó el titular del Ejecutivo.
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Amplían imputación contra Peña y más directores de BCP van a prisión
El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.
La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la ampliación de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expresidente del BCP, por el hecho punible de asociación criminal. También fueron imputados por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser consultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modifica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.
CONTINUIDAD DE OPERACIONES
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria. El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
PRISIÓN PREVENTIVA
Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer viernes. La medida afecta a Marcos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes deberán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.
En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde permanecerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judicial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarrollan las diligencias vinculadas a la causa.
“Hechos determinan la calificación”
El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.
“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.
Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.
NUEVA ADMISIÓN DE JUEZ
El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.
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Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
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Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
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Captación de depósitos pese a advertencias
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
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