La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió un dictamen a favor del proyecto de ley que crea la comisión nacional para la restauración de la casa de Serafina Dávalos, que ya cuenta con media sanción del Senado.
El inmueble fue declarado “Bien de Valor Patrimonial Cultural” por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), y pertenece actualmente al Instituto de Previsión Social (IPS).
Sin embargo, según denuncias la antigua casa de Serafina Dávalos, quien fuera la primera abogada del Paraguay, se encuentra en estado de total desidia y abandono.
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La titular de la comisión de Presupuesto, Cristina Villalba explicó que, con la aprobación de la iniciativa, se podrá tener una mirada de restauración de las casas históricas, tanto en la capital como en el interior del país.
Dijo que la comisión nacional de restauración estaría integrada por varias instituciones competentes y duraría un año en sus funciones.
Esta comisión asesora también aconsejó la aprobación del proyecto “Que aprueba el sexto protocolo adicional al acuerdo de alcance parcial sobre transporte internacional terrestre”.
El objetivo es impulsar el sexto protocolo adicional que modifica el monto de las multas establecidas en el artículo 6° del segundo protocolo adicional al Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), según explicó la congresista.
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Comisiones asesoras de Diputados conformarán mesas directivas este lunes 24
Las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados conformarán sus mesas directivas para el período 2026/2027. Este lunes 24 de agosto, se realizarán las respectivas reuniones preparatorias para la elección de autoridades.
Cada comisión, integrada por resolución de la presidencia de la Cámara de Diputados, deberá elegir, por simple mayoría, un presidente, un vicepresidente y un secretario.
Tras este trámite, los bloques quedarán oficial e inmediatamente instalados, conforme a lo establecido en el artículo 180 del reglamento interno de la institución.
Asimismo, cada comisión establecerá el día y la hora de sus reuniones ordinarias para el año legislativo 2026-2027.
Las comisiones permanentes de asesoramiento tienen a su cargo el estudio y análisis de los diferentes proyectos y asuntos ingresados a la Cámara de Diputados.
Estos estamentos emiten dictámenes que posteriormente constituyen base de estudio de los diferentes temas, durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara de Diputados.
Son comisiones asesoras de esta institución:
- Asuntos Constitucionales
- Asuntos Económicos y Financieros
- Legislación y Codificación
- Relaciones Exteriores
- Justicia, Trabajo y Previsión Social
- Derechos Humanos
- Educación, Cultura y Culto
- Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones
- Prensa, Comunicación Social, Artes y Espectáculos
- Agricultura y Ganadería
- Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno
- Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo
- Salud Pública
- Asuntos Municipales y Departamentales
- Desarrollo Social, Población y Vivienda
- Presupuesto
- Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria
- Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción
- Lucha Contra el Narcotráfico
- y Ciencia y Tecnología, entre otras.
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Presentan ajustes al proyecto original para reformar la gobernanza del IPS
El diputado Daniel Centurión modificó su proyecto original para reformar la gobernanza del Instituto de Previsión Social (IPS) y volvió a presentar a la Cámara Baja. Se pretende separar las funciones de administración ejecutiva de las de representación sectorial y fiscalización.
Recordemos que un proyecto similar, presentado anteriormente por el diputado Centurión, había sido retirado para reintroducirlo nuevamente ahora, tras incorporar ajustes adicionales a la referida Ley N° 98/1992, que no estaban contemplados en el proyecto original. En esta ocasión el legislador colorado logró el respaldo de su colega Rocío Vallejo, para la elaboración del nuevo texto.
En esencia, la iniciativa propone eliminar las atribuciones ejecutivas y decisorias que hoy ejerce el Consejo de Administración del IPS —en particular, su participación en la aprobación o rechazo de licitaciones y adjudicaciones— y sustituirlo por un Consejo Honorífico de Representación y Fiscalización.
Según la exposición de motivos, este nuevo órgano estará integrado por un representante de los empleadores, uno de los trabajadores asegurados y uno de los jubilados y pensionados, cada uno con su respectivo suplente, con mandatos de cuatro años renovables por única vez.
A diferencia del esquema actual, sus miembros ejercerán el cargo ad honorem, sin percibir sueldo, dietas, gastos de representación ni ningún otro beneficio económico del instituto.
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Titular de Diputados respalda endurecimiento de penas contra la corrupción
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre sentó postura sobre el proyecto de ley que busca endurecer las penas para los hechos de corrupción. Durante el tratamiento en plenaria, el legislador colorado manifestó su respaldo a la iniciativa y sostuvo que la lucha contra la corrupción debe involucrar a todos los sectores.
“La corrupción es un problema transversal que atraviesa absolutamente todos los sectores de la sociedad, el sector público y el sector privado”, afirmó el diputado Latorre durante su intervención. El titular de la Cámara Baja remarcó la necesidad de combatir tanto la corrupción como la impunidad. “Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas”, expresó.
A su criterio, no basta únicamente con aumentar las penas, por lo que abogó por fortalecer el sistema de Justicia. “Tenemos que trabajar en el sistema para que, verdaderamente, pueda existir justicia en el Paraguay. Una justicia equilibrada, oportuna, porque la justicia tardía tampoco es justicia”, significó.
El congresista también sostuvo que la clase política debe dar señales concretas de compromiso. “Nosotros, la clase política, tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, afirmó.
Finalmente, anticipó el respaldo al proyecto y destacó que, aunque “podrá no ser la solución definitiva, sin lugar a dudas es una señal, una posición que refleja la voluntad de avanzar en acciones concretas contra la corrupción y la impunidad en el país”. El proyecto de ley fue aprobado, en general, durante la sesión última de la Cámara de Diputados; mientras su estudio, en particular, se postergó indefinidamente.
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Elevar penas por corrupción: “La clase política tiene que dar señales claras”, afirma Latorre
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, celebró la aprobación en general del proyecto de ley que tiene como finalidad endurecer los castigos contra la corrupción pública y privada en el Paraguay, fijando las penas carcelarias máximas de hasta 15 a 25 años para ciertos delitos. Sin embargo, queda aún pendiente en la Cámara Baja su tratamiento en particular, es decir, artículo por artículo.
“Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas. La justicia tardía tampoco es justicia. Nosotros, la clase política tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, dijo Latorre en un materia audiovisual compartido en sus redes sociales.
El legislador manifestó que “este proyecto podrá no ser la solución definitiva, pero es sin lugar a dudas una señal, una posición que anticipa lo que serán nuestros esfuerzos para combatir con todas nuestras fuerzas a la corrupción y la impunidad en el Paraguay”.
La iniciativa se centra en la modificación de los artículos 192, 239, 298, 300, 301, 305 y 312 de la Ley 1.160/1997, del Código Penal, y su modificatoria, Ley 3.440/2008; y los artículos 3.°, 4.°, 7.° y 8.° de la Ley 2523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias.
El proyecto plantea elevar las penas para delitos como lesión de confianza, asociación criminal, quebrantamiento del depósito, cohecho pasivo y agravado, prevaricato, exacción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
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Expectativas de penas
La propuesta estipula que la lesión de confianza podrá ser castigada con hasta 15 años de prisión cuando el responsable sea funcionario público y el hecho haya sido cometido en ejercicio de sus funciones. En casos de asociación criminal que afecten el patrimonio del Estado y cuenten con participación de funcionarios, la pena también podrá llegar a 15 años.
Con relación al hecho punible de cohecho pasivo se fija una pena de hasta 8 años, mientras que, en su modalidad agravada, 15 años, cuando intervengan jueces o árbitros y se vulneren deberes. El prevaricato podría ser sancionado con hasta 15 años en casos especialmente graves y la exacción con hasta 10 años.
El proyecto también establece penas de hasta 10 años para el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, mientras que para quienes incurran en administración en provecho propio, mediante actos o contratos administrativos que otorguen beneficios indebidos para sí o sus familiares, hasta 15 años de prisión.