La exministra de Defensa, María Liz García, afirmó que el decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es legal y legítimo dentro del marco constitucional.

En una entrevista radial, en la 780 AM, indicó que ante situaciones de extrema gravedad en las que el sistema de seguridad interna resulte insuficiente, el mandatario puede disponer el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para apoyar tareas de seguridad.

En ese sentido, destacó que uno de los aspectos más importantes del decreto es que el despliegue militar debe realizarse en un área territorial claramente delimitada y por el tiempo estrictamente necesario. Posteriormente, añadió, la Policía Nacional debe retomar el control exclusivo de la situación una vez superada la contingencia.

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“Puedo decir que el decreto está conteste a esta Ley 5036 del año 2013, y un decreto del Poder Ejecutivo, en aquel entonces, el decreto 103; cuando yo en aquel tiempo estaba todavía en ejercicio ministerial; se había modificado la Ley 1337, de Defensa Nacional y Seguridad Interna”, recordó.

Explicó que hasta aquel momento, para poder movilizar a las tropas militares, el presidente de la República, que es el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, no podía hacerlo si no era con pedido y autorización del Poder Legislativo.

La exministra García señaló que debido a las difíciles situaciones que se estaban generando, en diferentes países y también en Paraguay, con la presencia del EPP se vio que ya era insuficiente esa capacidad de reacción para poder tomar medidas correctivas, en situaciones que comprometía la vida, la liberdad, los derechos de las personas y la defensa nacional.

Señaló que con la modificación que se realizó vía decreto en el 2013, permitió al presidente de la República y comandante en Jefe en ejercicio, hacer frente a situaciones como ser un Estado de excepción, aclarando que no es nuestra condición actual, o frente a situaciones de extrema gravedad en el que el sistema de seguridad interna resulte insuficiente insisto.

Por tanto, señaló que esta modificación de la ley permitió al presidente Peña decidir el empleo de los elementos de combate de las Fuerzas Armadas, pero de manera transitoria; hasta que la Policía Nacional o en su efecto la Prefectura General Naval, puedan estar nuevamente en condiciones de hacerse cargo por sí solos de esa situación.

“Este es el documento que le ampara a esta disposición y decreto 5524 del 24 de febrero del 2026, que fue lo que dispuso el presidente de la República y comandante en jefe Santiago Peña. Absolutamente no tiene nada irregular el documento firmado, así hasta el momento lo dispuesto, yo me refirí a lo que dice con claridad el artículo 56, específicamente de la Ley 5036. En cuanto a esta disposición del presidente Peña, es legal y es legítima, siempre y cuando no se salga de lo estrictamente dispuesto”, sentenció.

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El titular del Congreso y de la Cámara Alta, Basilio Núñez, expresó que está de acuerdo en la instalacion de una comisión bicameral para analizar la modificacion de la carta orgánica del Instituto de previsión Social (IPS) y tratar de buscar una solución de fondo a la crisis de la previsional. Asimismo, confirmó que este jueves tendrá una reunion con el presidente Santiago Peña para repasar la agenda legislativa.

En conversación con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por radio Universo 970 AM/Nación Media, destacó que lo positivo que surgió de la runión que llevó adelante el titular de la comisión Permanente, Colym Soroka esta semana con autoridades de la previsional, fue plantear propuestas de solución de fondo de la enorme crisis que tiene el ente previsional.

Indicó que sí existe la suficiente voluntad, existe ya una comisión bicamera de reforma del Estado ya aprobado, que se debe instalar donde ya se puede analizar la propuesta de reforma del IPS.

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“Creo que es un momento oportuno, y ahora sí veremos quiénes verdaderamente quieren una reforma. Mañana voy a tener una reunión con el presidente de la República, vamos a repasar toda la agenda legislativa, de por sí la reforma de la Caja Fiscal, así como la reforma del IPS; el estudio de la Ley SOFA; el acuerdo Mercosur - Unión Europea, serán temas de interés en estos meses de marzo, abril, para que sean estudiados”, comentó.

En otro momento, destacó la gestión de su colega Colym Soroka, titular de la Comisión Permanente, valorando su trabajo para la socialización de estos temas, así como la propuesta de reforma de la Caja Fiscal, que ha llevado adelante mesas de trabajos.

“Creo que hay condiciones, pero quiero retomar las riendas del Congreso y de la Cámara de Senadores, vamos a propiciar reuniones con las distintas comisiones y líderes de bancada; incluso sumar a otros actores políticos como los diputados, líderes y vicelíderes, hasta el propio titular de Diputados, a fin de lograr cerrar un proyecto ya consensuado. También con los diferentes sectores afectados, sin desvirtuar el espíritu de la reforma de la Caja Fiscal”, comentó.

Nuevamente reiteró que esta legislación no tendrá sanción ficta, ya que eso hablaría muy mal de las cámaras legislativas, si es que se llegara a permitir que se sancione de forma automática.

Al respecto, señaló que en las primeras sesiones ordinarias prevista en el reinicio del periodo legislativo ya existen proyectos de ley que están con sanciones fictas, y que son priorizados por los secretarios del Senado, para que estos temas sean tratados en el plenario.

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El presidente de la República, Santiago Peña, se trasladó este miércoles al Centro de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instalada en el departamento de Concepción, donde mantuvo una reunión con los altos mandos militares, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Alter.

El mandatario hizo público la reunión a través de las redes sociales y refirió que la participación del diplomático norteamericano se da en el marco del trabajo de cooperación entre los Estados Unidos y Paraguay en el ámbito de la seguridad y defensa.

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“Como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, encabecé una reunión estratégica en el Centro de Operaciones del CODI en Concepción. Junto a nuestros altos mandos militares, y acompañado por el encargado de Negocios de Estados Unidos, Robert Alter, evaluamos las acciones de defensa interna y afianzamos nuestra cooperación bilateral en materia de seguridad”, mencionó en su cuenta de X.

Así también dio su respaldo a las fuerzas de seguridad, asegurando que seguirá firme en las decisiones contra los grupos criminales y el crimen organizado.

“Mi respaldo a nuestras Fuerzas de Seguridad es absoluto y permanente. La orden es clara: no retroceder un solo paso ante el crimen organizado y grupos criminales con sesgos terroristas”, aseveró el mandatario.

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La histórica emisión internacional de bonos soberanos en moneda local, equivalente a USD 1.000 millones por primera vez a un plazo de 12 años, genera confianza económica.

La operación se enmarca dentro del doble grado de inversión que ha logrado el Paraguay, lo que representa una muestra de confianza interna­cional genuina en la moneda nacional y en la gestión económica del país.

La emisión de bonos en guaraníes permite al Estado financiarse en moneda local y a plazos más largos, reduciendo la dependencia del dólar y la presión sobre el tipo de cambio.

Esto contribuye a una mayor estabilidad de precios y menor volatilidad cambiaria, un factor clave tanto para las familias como para las empresas que planifican sus gastos e inversiones en moneda nacional.

Además, al extender los vencimientos hasta 12 años, el Gobierno gana previsibilidad para impulsar obras de infraestructura y sostener una gestión fiscal más ordenada.

Al contar con doble grado de inversión y una colocación exitosa en moneda local, Paraguay mejora su perfil de riesgo, lo que puede traducirse en menores tasas de financiamiento para el propio Estado y también para el sector privado.

Esta mayor confianza internacional puede atraer inversión extranjera, facilitar el acceso a crédito más competitivo para empresas exportadoras y ampliar las opciones de inversión en el mercado local, fortaleciendo así el desarrollo financiero y productivo del país.

Concretamente, la emisión permitirá financiar proyec­tos de infraestructura, inclu­yendo rutas, hospitales, escue­las y otras obras públicas.

Este tipo de ins­trumentos financieros contri­buye a reducir riesgos asociados al tipo de cambio y consolida el posicionamiento de Paraguay en los mercados internacionales de capital.

La operación constituye un paso relevante para fortalecer la credibilidad económica del país y ampliar las fuentes de financiamiento en condiciones favorables.

Lo interesante de esta colocación, poco común para los países de la región, es que los inver­sionistas extranjeros acepta­ron prestar dinero confiando en la estabilidad de la moneda paraguaya y en la economía del país.

Este respaldo se relaciona con el doble grado de inversión recientemente obtenido por Paraguay, lo que mejora la percepción interna­cional sobre su capacidad de pago, aseguraron desde el gobierno local.

La emisión en guaraníes atrajo a 64 inversores internacionales, con requerimiento de 1,5 veces superior al monto colocado, reflejando el interés en adquirir los títu­los públicos de Paraguay en moneda local.