La Cámara de Senadores incluyó dentro del orden del día para la sesión ordinaria de este miércoles el tratamiento del proyecto de ley que crea el registro nacional de personas desaparecidas y el sistema de alerta (Mafe), iniciativa presentada por varios diputados.
El mencionado proyecto ya cuenta con media sanción por parte de Cámara de Diputados, donde se trató y aprobó el pasado junio, no obstante, estaba pendiente su tratamiento en la Cámara Alta.
El diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, dijo ante el pleno lo siguiente: “Solicito el acompañamiento y aprobación de esta ley tan necesaria, que requieren nuestras familias para tener un marco legal adecuado para que sepan qué hacer en estos casos. La desaparición de personas es una de las tragedias más angustiantes que puede enfrentar una familia”.
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La “ley Mafe” hace referencia a María Fernanda Benítez, una adolescente de 17 años de Coronel Oviedo, cuyo asesinato conmocionó al país. El proyecto está inspirado en su caso, como una respuesta legal para mejorar la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Será una base de datos oficial del Estado para tener registro y seguimiento de casos de personas desaparecidas y permitirá visualizar con mayor claridad la dimensión real del problema en Paraguay. Se prioriza la acción en las primeras 24 horas después de la desaparición, ya que es cuando las probabilidades de encontrar a la persona son mayores.
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Senado analizará 13 puntos en sesión de este miércoles 21 de octubre
En reunión de la mesa directiva y líderes de bancada del Senado se resolvió este lunes la elaboración del orden del día para la sesión ordinaria de este miércoles 21 de octubre que contempla 13 puntos.
Como primer punto figura el estudio de una decena de proyectos de resolución que solicitan informes a distintas instituciones.
Entre ellos se encuentran los pedidos de informes al Registro del Estado Civil (REC), al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), al Banco Central del Paraguay (BCP), y al Instituto de Previsión Social (IPS).
Así también la lista incluye al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapu), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), la Gobernación de Alto Paraguay y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Se estudiará igualmente un pedido de informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Municipalidad de San José de los Arroyos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) y la Dirección Nacional de Migraciones.
Así también, se pondrá a consideración del pleno el Mensaje N.º 412 del Poder Ejecutivo, remitido a través del Ministerio de Defensa Nacional por el cual se solicita el acuerdo constitucional correspondiente para el ascenso al grado inmediato superior de oficial general de las Fuerzas Armadas de la Nación, de conformidad con la Constitución Nacional y la Ley N.º 1115/1995.
En otros puntos, se analizará igualmente el proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 163 de la Ley N.º 1160/1997, Código Penal, y su modificatoria, la Ley Nº 3440/2008”, presentado por varios diputados.
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Abogan por aprobación de proyecto que garantiza reconstrucción mamaria tras el cáncer
El diputado Miguel Ángel Del Puerto abogó este lunes por la aprobación del proyecto de ley que busca garantizar la cobertura de la reconstrucción mamaria, para las mujeres sometidas a una mastectomía como consecuencia del cáncer de mama.
Explicó que el objetivo principal de la iniciativa es precisar las obligaciones de los prestadores de salud y evitar que la reconstrucción mamaria sea considerada un procedimiento meramente estético, reconociéndola como parte de la rehabilitación integral de las pacientes. “El proyecto apunta a que la reconstrucción mamaria sea reconocida como parte de la rehabilitación integral de las pacientes y que su cobertura no dependa del tipo de seguro médico”, indicó el legislador.
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Dictamen favorable de comisión asesora
Según el proyectista, se prevé que la rehabilitación integral incluya no solo la reconstrucción de la mama, sino también la del pezón y la areola, además de la provisión de prótesis y expansores tisulares. A su criterio, el acceso a estos procedimientos no debería quedar condicionado por la capacidad económica de cada mujer ni por interpretaciones contractuales que limiten la cobertura.
“La iniciativa se fundamenta en el derecho a la salud integral y en la necesidad de atender las consecuencias físicas y psicológicas que puede dejar el tratamiento oncológico”, mencionó el diputado Del Puerto, quien adelantó que el proyecto cuenta con dictamen de aprobación de la Comisión de Salud.
El parlamentario colorado recordó que hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y en coincidencia con esta fecha pidió el acompañamiento de sus colegas para que se pueda avanzar en el estudio del citado proyecto de ley.
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Asoban pide transparencia y criterios iguales para todos los bancos
Desde la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), consideran que las respuestas brindadas por el Banco Central del Paraguay (BCP), a los pedidos de informes del Senado, si bien representan el cumplimiento de un requerimiento institucional, no lograron despejar las principales inquietudes planteadas sobre el ejercicio de la supervisión bancaria.
En este contexto, a fin de reafirmar su compromiso con la solidez, la estabilidad y la confianza en el sistema financiero paraguayo, mediante un comunicado manifestaron que consideran necesario expresar su posición sobre los siguientes aspectos:
1. Una preocupación genuina, no comercial: rechazamos cualquier interpretación que atribuya nuestra posición a intereses comerciales. Los bancos de esta Asociación trabajan en el sistema financiero paraguayo compitiendo desde hace varias décadas y han atravesado tiempos difíciles. Planteamos nuestras preocupaciones por escrito al Banco Central en junio de 2025 y en setiembre de 2026, por la vía institucional y sin difusión pública. Nuestro interés es preservar la solvencia y la estabilidad del sistema bancario en su conjunto.
2. Una respuesta valorable, pero incompleta: es positivo que el Banco Central haya respondido en plazo. Sin embargo, sus respuestas son incompletas y dejan dudas, cuando lo que corresponde es transmitir confianza. Una respuesta de esta trascendencia debería contar, además, con la aprobación expresa de su Directorio, máxima autoridad de la institución.
3. La cuestión de fondo sigue abierta: la principal preocupación es la exposición crediticia de una entidad financiera frente a empresas vinculadas a su propio grupo y la razonabilidad de las operaciones, que deberían ajustarse a lo establecido en la Ley de Bancos y sus reglamentaciones. En todos los casos debe primar, como recomienda el Comité de Basilea, la sustancia sobre la forma. Esta información no tiene carácter reservado y solo el Banco Central puede aclararla con autoridad. Una respuesta clara da certeza; la falta de respuesta genera dudas.
4. La corrección no debe esperar al sumario: la Ley N.º 2334/03 dispone que la regularización procede «sin perjuicio de las sanciones». Esto permite adoptar medidas correctivas de manera inmediata, mientras que un sumario puede demorar años. Cuando una situación contraria a la normativa no se corrige a tiempo, puede generar efectos negativos para todos.
5. Un mismo criterio para todos: la solvencia de una entidad no puede depender de un trato distinto al que reciben las demás. Pedimos al Banco Central que informe sobre la solvencia de todas las entidades que recibieron facilidades en procesos de fusión, aplicando los mismos criterios respecto al reconocimiento de las pérdidas diferidas, el cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Bancos (cálculo del patrimonio efectivo) y el tratamiento de las participaciones en empresas de un mismo grupo. Así quedarán despejadas las dudas y, si alguna entidad no cumple, se podrá actuar a tiempo. El secreto bancario, que defendemos, protege a los clientes, pero no alcanza a los actos y criterios del organismo supervisor.
6. El interés de todo el sistema: si alguna entidad no cumple con el marco legal, este permite corregir la situación protegiendo a los depositantes. El antídoto es actuar a tiempo.
“El sistema financiero paraguayo es sólido y cuenta con un Fondo de Garantía que protege a los ahorristas dentro de los límites establecidos por la ley. Por eso, este es el momento en que el Banco Central, a través de su presidente, su directorio y la Superintendencia de Bancos, informe con claridad sobre la situación y las medidas que adopta. Cada día que se dilatan las correcciones se agrava el problema y se envía una señal negativa al mercado. La credibilidad del supervisor se ha construido durante décadas; instamos a las autoridades a preservarla”, señalan desde el ente.
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Instan a municipios a destinar recursos a escuelas afectadas por las granizadas
Los diputados dieron aprobación a un proyecto de declaración que insta a los gobiernos municipales de todo el país a priorizar la utilización de sus recursos para la reparación urgente de las instituciones educativas públicas dañadas por los recientes eventos climáticos. Fue durante la última sesión plenaria de la institución, el pasado martes.
El documento fue impulsado por el legislador liberal Luis Federico Franco, ante los destrozos ocasionados por el temporal del pasado 3 de octubre, que ocasionó la caída de granizos y fuertes lluvias. El proyectista sostuvo que dicho fenómeno afectó instalaciones edilicias de instituciones educativas de todo el país, comprometiendo la seguridad estructural de las aulas y dejándolas en una situación de alta vulnerabilidad.
“Me preocupan sobremanera las instituciones de enseñanza que fueron golpeadas por la gran granizada. Las aulas quedaron bajo agua, las tejas y maderas quedaron afectadas y hoy las instalaciones son un peligro para los niños que están dando clases”, expresó.
En el documento impulsado se insta a las municipalidades a reorientar con urgencia los fondos previstos en el artículo 13 de la Ley Nº 7264/2024, la cual regula el financiamiento de la infraestructura pública.
La normativa estipula que, como mínimo, el 70 % de los recursos percibidos por las comunas debe ser obligatoriamente destinado a la infraestructura educativa del sector público.
Con esta propuesta, se busca asegurar la adquisición de materiales y la ejecución de obras críticas, centrando los esfuerzos de los intendentes en la recuperación inmediata de los techos de las aulas y otros espacios pedagógicos que quedaron vulnerables.
“Últimamente las evaluaciones internacionales han puesto al Paraguay en los últimos lugares en cuanto al aprendizaje. No podemos perder más días de clases, pero necesitamos contar con aulas seguras para alumnos y docentes, por lo que urge la reparación de estas aulas”, sostuvo el congresista.
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