En cumplimiento con la transparencia y la rendición de cuentas el Poder Ejecutivo publicó integramente los informes finales de intervención de Asunción y CDE en sitio web del Ministerio del Interior. Foto: Archivo
Ejecutivo publica informes sobre intervenciones de Asunción y Ciudad del Este
Compartir en redes
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, informó este miércoles que se encuentran disponibles los informes derivados de las intervenciones que se llevaron a cabo en los municipios de Asunción y Ciudad del Este, respectivamente.
Ambos informes se encuentran disponibles en el sitio web del Ministerio del Interior, al que puede acceder cualquier ciudadano interesado en conocer en detalles el trabajo que realizó el interventor de Asunción, el economista Carlos Pereira y cuyo informe fue entregado el pasado viernes 22 de agosto.
Igualmente está disponible para la ciudadanía el informe final elaborado por el interventor Ramón Ramírez, luego de su trabajo realizado en la Municipalidad de Ciudad del Este, y que fue entregado al Ejecutivo el pasado 14 de agosto y posteriormente remitido a la Cámara de Diputados.
El Ministerio del Interior aclara que ambos documentos están publicados de manera íntegra y oficial, en el marco del compromiso del Gobierno del presidente Santiago Peña, con la transparencia y la rendición de cuentas, e invita a la ciudadanía a acceder la información.
Vale recordar que la intervención de ambos municipios, se realizó por autorización de la Cámara de Diputados a pedido de la Contraloría General de la República, luego de encontrarse algunas irregularidades en la gestión administrativa de ambos municipios.
Este trabajo de intervención derivó en la destitución del intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, en tanto propició la renuncia del jefe comunal de Asunción Oscar Rodríguez.
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este celebró la nueva imputación contra el exintendente Miguel Prieto, aunque advirtió que el proceso judicial avanza con demasiada lentitud y existe el riesgo de que varias causas prescriban.
Así lo manifestó Magdalena Montiel, referente de la organización, al señalar que Prieto acumula cerca de 50 denuncias en su contra, pero hasta ahora solo tres derivaron en imputaciones.
“Él ya dejó de ser intendente, pero de todos modos hay un daño patrimonial gigantesco que se le hizo a la municipalidad con estas tres causas que ya tienen imputación”, expresó Montiel en conversación con La Nación/Nación Media.
Apuntó además a la continuidad del círculo cercano de Prieto dentro de la administración municipal. Mencionó en particular al asesor, Daniel Pereira Mujica, a quien calificó como el verdadero operador del esquema denunciado.
“De hecho, quiero que sea intendente porque sobre este Daniel Pereira Mujica no pesa ninguna denuncia, él no deja rastros por ningún lado, pero es él el que encabeza todo y siendo él administrador, nosotros vamos a tener condiciones de poder denunciar, porque nosotros sabemos que no hay intenciones de mejorar la gestión”, expuso. La causa más reciente, y por la que fue imputado por lesión de confianza y uso de documentos falsos, tiene origen en una denuncia de la Contraloría Ciudadana sobre transferencias municipales a dos subcomisiones de apoyo a ollas populares en diciembre de 2020.
El monto asciende a G. 311 millones. Según Montiel, ambas subcomisiones estaban presididas por un matrimonio y conformadas casi en su totalidad por familiares. “Lo llamativo era que todo se hizo en un mismo día: se entregaron facturas, se cobraron cheques y se rindieron cuentas. Incluso había facturas correlativas y una de transporte por G. 70 millones, lo que mostraba que todo estaba fraguado”, relató.
La Cámara de Diputados tratará la próxima semana los pedidos de intervención a seis municipios: Lima, Emboscada, Ñemby, Tomás Romero Pereira, Ybyrarobaná y Yby Yaú. Los pedidos fueron incluidos para la sesión ordinaria del martes 9 de setiembre tras un acuerdo de la mesa directiva, en la reunión correspondiente a esta semana.
El diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Hugo Meza, confirmó que se dio este acuerdo para el tratamiento de todos los pedidos que fueron derivados a la instancia legislativa. “Hemos acordado incluir los seis pedidos de intervención de las distintas municipalidades. Seguramente vamos a hablar en las distintas bancadas para ver cuál es la posición finalmente que se va a tomar”, señalaba el diputado en ese momento.
Para estudiar el caso de cinco municipios el pleno deberá conformar la Comisión Especial de Intervención; sin embargo, para analizar la situación de Lima, se deberá votar si corresponde llevar adelante el proceso.
En el caso de la Municipalidad de Lima, departamento de San Pedro, el pedido de intervención data del 2023, bajo la administración del intendente Juan Manuel Ávalos. El pedido fue solicitado por la Junta Municipal tras el rechazo de la rendición de cuentas del intendente por el periodo 2021-2022. Argumentaron irregularidades con el programa de almuerzo y merienda escolar. De acuerdo a la denuncia de la Junta, el monto que no cuenta con respaldo de documentos es de G. 514 millones.
En cuanto al municipio de Emboscada, la Junta Municipal remitió el pedido de intervención el pasado 21 de junio de este año, a la gestión del intendente Silvio Peña (PLRA), por supuestas irregularidades detectadas en el periodo 2024. De acuerdo a la denuncia de los concejales municipales, el jefe comunal pagó por varias obras ya el año pasado, pero que no fueron ejecutadas.
El pedido de intervención al intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, fue aprobado por la Junta Municipal el 14 de agosto de 2024. Alegan denuncias y una imputación por supuestos hechos de corrupción, lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos.
Uno de los ahora detenidos sería un menor de 17 años, quien no cuenta con antecedentes y estaba acompañado de Matías Joaquín Rodas Páez, de 19 años, quien aparentemente sería funcionario público con el cargo de soldado del Ministerio de Defensa Nacional. Foto: Gentileza
Detienen a un funcionario público y a un joven tras asaltar a un conductor de plataforma
Compartir en redes
En la madrugada de este sábado, el conductor de una plataforma fue víctima de un asalto por parte de dos jóvenes, quienes se hicieron pasar por clientes. El hecho se registró en la ciudad de Asunción y finalmente los autores habrían sido detenidos.
Según la denuncia de la víctima, identificada como César Eugenio Romero Penayo, de 32 años, domiciliado en la ciudad de Fernando de la Mora, el mismo habría respondido a la solicitud de viaje de dos jóvenes, quienes en cierto tramo del trayecto lo amenazaron y lo despojaron de su aparato celular y otros objetos de valor.
Los mismos descendieron del automóvil y se dieron a la fuga a pie. Tras el hecho, el conductor alertó de lo ocurrido a una patrulla de la Comisaría 10. ª Metropolitana y les facilitó las características de estos sujetos. Tras un breve rastrillaje, lograron dar con ambos y los detuvieron.
Uno de los ahora detenidos sería un menor de 17 años, quien no cuenta con antecedentes y estaba acompañado de Matías Joaquín Rodas Páez, de 19 años, quien aparentemente sería funcionario público con el cargo de soldado del Ministerio de Defensa Nacional; este último tampoco registra antecedentes.
Del poder de los mismos fue incautado el teléfono celular denunciado como robado, entre otros objetos personales. Ahora ambos se encuentran detenidos en la Comisaría 10.ª de Asunción a disposición del Ministerio Público, mientras que lo robado fue devuelto a su propietario.
El tiempo pasa y los hechos prescriben: Contraloría alerta sobre causas contra Prieto
Compartir en redes
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este celebró la nueva imputación contra el exintendente Miguel Prieto, aunque advirtió que el proceso judicial avanza con demasiada lentitud y existe el riesgo de que varias causas prescriban.
Así lo manifestó Magdalena Montiel, referente de la organización, al señalar que Prieto acumula cerca de 50 denuncias en su contra, pero hasta ahora solo tres derivaron en imputaciones.
“Él ya dejó de ser intendente, pero de todos modos hay un daño patrimonial gigantesco que se le hizo a la municipalidad con estas tres causas que ya tienen imputación”, expresó Montiel en conversación con La Nación/Nación Media.
Apuntó además a la continuidad del círculo cercano de Prieto dentro de la administración municipal. Mencionó en particular al asesor, Daniel Pereira Mujica, a quien calificó como el verdadero operador del esquema denunciado.
“De hecho, quiero que sea intendente porque sobre este Daniel Pereira Mujica no pesa ninguna denuncia, él no deja rastros por ningún lado, pero es él el que encabeza todo y siendo él administrador, nosotros vamos a tener condiciones de poder denunciar, porque nosotros sabemos que no hay intenciones de mejorar la gestión”, expuso.
Magdalena Montiel de la Contraloría Ciudada lamentó lentitud de la justicia en causas contra Miguel Prieto. Foto: Gentileza
El caso investigado
La causa más reciente, y por la que fue imputado por lesión de confianza y uso de documentos falsos, tiene origen en una denuncia de la Contraloría Ciudadana sobre transferencias municipales a dos subcomisiones de apoyo a ollas populares en diciembre de 2020. El monto asciende a G. 311 millones.
Según Montiel, ambas subcomisiones estaban presididas por un matrimonio y conformadas casi en su totalidad por familiares. “Lo llamativo era que todo se hizo en un mismo día: se entregaron facturas, se cobraron cheques y se rindieron cuentas. Incluso había facturas correlativas y una de transporte por G. 70 millones, lo que mostraba que todo estaba fraguado”, relató.
La situación se agravó cuando, al año siguiente, los presidentes de ambas subcomisiones fueron contratados como funcionarios de la municipalidad. La denuncia por asociación criminal fue presentada en 2024, luego de que la organización detectara las irregularidades.
De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, el cheque fue finalmente cobrado por un funcionario municipal, lo que refuerza las sospechas de un esquema de desvío de fondos.
Montiel subrayó que la imputación representa “un pequeño alivio”, ya que los hechos investigados datan del 2020 y estaban a punto de prescribir. Sin embargo, insistió en que la lentitud del Ministerio Público pone en riesgo la posibilidad de que los responsables enfrenten consecuencias reales.
“El problema más grave que tenemos es que el Ministerio Público realiza un trabajo con mucha lentitud. Así como van las cosas, hay muchos hechos que van a prescribir y no va a pasar nada con la gente que cometió estos hechos de corrupción”, lamentó.