El Hospital Nacional de Itauguá dio un paso importante en la modernización de sus Unidades de Terapia Intensiva, con la incorporación de equipamientos de alta complejidad destinados a mejorar la atención de pacientes críticos. La medida forma parte de las acciones del Ministerio de Salud Pública para fortalecer la infraestructura hospitalaria, el equipamiento y los recursos humanos en todo el país.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, destacó que los equipos entregados incluyen ventiladores pulmonares, camas eléctricas, aspiradores de secreciones, carros de paro y desfibriladores, ampliando significativamente la capacidad de respuesta ante emergencias médicas complejas. “Entregamos al Hospital Nacional de Itauguá equipamientos de alta complejidad para fortalecer nuestros Cuidados Intensivos”, afirmó en sus redes sociales acompañando un video de los dispositivos.

Estas incorporaciones permitirán al personal médico atender con mayor eficiencia y seguridad a los pacientes críticos, reduciendo riesgos y mejorando los resultados clínicos. Además, los nuevos equipos facilitan procedimientos más precisos y seguros dentro de las UTI, alineándose con estándares internacionales de atención.

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El reforzamiento de las Unidades de Terapia Intensiva forma parte de un programa nacional que busca garantizar que los hospitales públicos cuenten con infraestructura y tecnología adecuadas, especialmente en situaciones de alta demanda y emergencias sanitarias.

Con estas mejoras, el Hospital Nacional de Itauguá se consolida como un centro de referencia para atención crítica en el país, reforzando la respuesta del sistema de salud y contribuyendo a la seguridad y bienestar de los pacientes y sus familias.

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Asimismo, los servicios de terapia intensiva se fortalecen con más del 80 % de operatividad a nivel país, según informaron desde el Ministerio de Salud. Para ello, siguen los avances y operatividad de las unidades de terapia tanto neonatal como adultos aumenta en beneficio de los usuarios con dotación de equipos biomédicos y recursos humanos calificados.

Desde la Dirección de Terapia Intensiva del Ministerio de Salud Pública está enfocada en la asistencia técnica, la evaluación de las unidades de terapia intensiva que muestra un aumento significativo en cuanto a la operatividad y la capacidad de respuesta en estos servicios, explicó el Dr. Arturo Cáceres, director de la esta dependencia de salud pública.

“Actualmente, por servicio, tenemos una operatividad del 81 % en terapia intensiva neonatal y pediátrica y, 89 % en terapia intensiva adultos. Nuestro objetivo es siempre llegar a apuntar a cerca del 100 %. Es como venimos trabajando y continuando para que esto siga creciendo”, señaló.

• Los equipamiento entregados al HNI son ventiladores pulmonares, camas eléctricas, aspiradores de secreciones, carros de paro y desfibriladores.
• Objetivo es fortalecer la atención crítica y mejorar la capacidad de respuesta en cuidados intensivos.
• El Hospital Nacional de Itauguá forma parte de un plan nacional de modernización de UTI.

El concejal de Ciudad del Este Ernesto Guerín indicó que si bien desconocían lo que ocurría dentro de la administración del intendente Miguel Prieto, era un secreto a voces la existencia de una recaudación paralela que no ingresaba a las arcas de la comuna.

En charla con La Nación/Nación Media, el edil colorado cuestionó al intendente Miguel Prieto que esta mañana salió al paso de las declaraciones del interventor, Ramón Ramírez, señalando que supuestamente él ya había detectado la irregularidad en enero de este año. El jefe comunal suspendido dijo que ordenó un sumario y auditoría, que arrojaron supuestamente irregularidades con más de G. 800 millones, que se venía repitiendo desde el 2023.

Al respecto, el concejal Guerín cuestionó a Prieto por no dar a conocer en su momento estas denuncias, que ahora se están confirmando. Indicó que tiene ciertas dudas respecto a la veracidad de que haya presentado siquiera una denuncia ante la Fiscalía y exigió que presente los documentos si así lo hizo.

“Nosotros no sabemos lo que ocurre dentro de la Municipalidad, por qué si ellos hicieron la denuncia, como dice, ¿por qué no lo hizo público? ¿Por qué no desnudaron a esos funcionarios que incumplieron con su trabajo en la Municipalidad? Es obvio que siempre que explota una bomba, él (Prieto) siempre sale a culpar a los funcionarios”, sostuvo.

Señaló que “el tango se baila de dos”, por tanto, considera que Miguel Prieto es cómplice de todo lo que está pasando en la Municipalidad de Ciudad del Este. Indicó que el tema del cobro paralelo de los impuestos es algo que hace tiempo se venía denunciando y hoy finalmente el interventor Ramírez está sacando a la luz.

“Prieto habla de un desvío de 800 millones de guaraníes, y el interventor señala G. 75 millones hallados en dos días diferentes. Nosotros teníamos sospechas de que se estaba manejando el cobro de impuesto totalmente por debajo de la mesa, como se dice. Esto ya era un chisme en los pasillos, y hoy sale a la luz con documentos”, indicó.

En ese sentido, el concejal Guerín destacó el trabajo que está llevando adelante el interventor Ramírez, que de forma responsable ha presentado la denuncia ante el Ministerio Público y dio a conocer a la ciudadanía los documentos hallados.

En tanto, cuestionó a Prieto, que ahora recién salga a decir que él ya había presentado supuestamente la denuncia a la Fiscalía, y, sin embargo, nunca dio a conocer a la ciudadanía esta situación.

“Capaz hizo la denuncia, pero por qué no hizo público. Esto mismo hizo cuando en un programa dijo que su director de Salud robaba, y quién fue su director?, el ahora diputado Walter García, entonces, ¿por qué no le denunció en su momento? Él siempre sale a decir cualquier cosa, con tal de desmeritar el trabajo del interventor. Por eso, felicito y valoro mucho el trabajo que está haciendo el interventor Ramírez”, remarcó.

Finalmente, el concejal Guerín señaló que tiene sus dudas de que exista alguna denuncia real hecha por Miguel Prieto, sobre el tema de la supuesta caja paralela que encontró a principios de año. Señaló que siempre su estrategia es salir a mentir a la gente, para zafarse de la situación que le afecta.

“Él tiene la mentira en la punta de la lengua, yo no dudo de eso, pero ante la duda debemos saber si hizo o no hizo la denuncia como dice, y que presenten entonces su denuncia. Pero yo creo que ni habrá hecho, y ahora está diciendo esto para zafarse, por eso, yo quiero ver su denuncia, y por qué hace rato no informó esto a la ciudadanía”, acotó.

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Siguiendo los lineamientos del presidente de la República, Santiago Peña, de mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas del país, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) inauguró tres sistemas de provisión de agua potable en las comunidades indígenas Y’eté Poty, Takuajú Poty e Ytay, ubicadas en el distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay.

Estas obras, que benefician directamente a más de 120 familias, incluyeron la instalación de tanques elevados metálicos tipo copa de 10.000 litros de capacidad, así como redes de distribución de cañerías en cada comunidad. Por primera vez, estas poblaciones indígenas acceden a agua potable, marcando un antes y un después en sus condiciones de vida.

El presidente del Indi, Juan Ramón Benegas, resaltó que estas obras responden al firme interés del Presidente de la República de que las comunidades indígenas vivan con dignidad y accedan a servicios básicos.

“Estamos ejecutando estas acciones por el interés del presidente Santiago Peña, de acercar el Estado a donde más se lo necesita. El acceso al agua potable es un derecho y un paso esencial hacia una vida más justa y saludable para nuestras comunidades indígenas”, expresó.

Las inauguraciones contaron con la participación del ministro de Defensa Nacional, Óscar González; el gobernador de Amambay, Juan Acosta; el intendente de Capitán Bado, Sever Rodney Villalba Ríos; y líderes comunitarios, quienes acompañaron con entusiasmo la puesta en funcionamiento de estas obras largamente esperadas.

Desde el Indi indican que con estas acciones reafirman el compromiso con la promoción de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, cumpliendo el mandato constitucional y trabajando para reducir las brechas históricas que los han afectado.

Los productores y el Gobierno se encuentran en pleno debate acerca del momento en el que se debe dejar de vacunar contra la fiebre aftosa y dar el salto al máximo estatus sanitario: el de país libre de aftosa sin vacunación.

En general, tanto el sector productivo como el industrial y el Gobierno están de acuerdo en avanzar en el estatus, pero discrepan en términos de plazos.

El sector público considera que las condiciones están dadas para dar un paso adelante y dejar atrás casi 60 años de inmunización, de los cuales en los últimos 12 años se realizó de forma sistemática, según explicó a La Nación/Nación Media el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin.

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El principal argumento en favor del cese de la vacunación es que países de la región como Bolivia y Brasil ya se encuentran con el máximo estatus sanitario y no tienen circulación del virus de la aftosa, mientras que en Paraguay también la circulación es nula, lo que propicia, según el titular de Senacsa, el escenario correcto para dar el salto.

La entidad maneja un cronograma que apunta a que el 2026 sea el último año de vacunación antiaftosa, para luego proceder a un monitoreo de 24 meses en los que, de no ocurrir escenarios adversos, se podrá presentar en 2027 los resultados ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que validaría el máximo estatus para Paraguay en 2028.

Martin considera que tal estatus es coherente con el trabajo realizado tanto por el Senacsa como el sector privado, que desde el último brote en 2011 trabajó de forma más profesional y científica, con resultados a la vista.

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“Venimos trabajando con el sector privado de manera muy seria y con base técnica, en base a ciencia, hace alrededor de 12 años. Entendiendo que en estos 12 años se ha mejorado muchísimo y los planes de vacunación son procesos finitos”, explicó a LN.

Igualmente, recordó que en todo el continente, tanto América del Norte como América del Sur, el 85 % del ganado se encuentra inmunizado y en Paraguay, alrededor del 95 % se encuentra vacunado, por lo que insistió que en el país, la circulación viral es nula.

Desde la academia, la decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, la doctora Viviana María Ríos Morínigo, explicó que tienen una postura técnica a favor, pero consideró importante un consenso con el sector productivo y con un plan bien diseñado con principios técnicos y científicos.

“Hay evidencia de que no hay una circulación activa y yo creo que hay posibilidad ahora de invertir los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional, ya sea en vigilancia pasiva y activa, o desde el punto de vista del control de los hatos para hacer una detección temprana y demás”, dijo a LN.

Mencionó que la vacuna no incide en absoluto en la calidad de la carne, ya que su función es meramente de inmunizar a los animales contra el virus de la fiebre aftosa.

Igualmente, señaló que al dejar de concentrar esfuerzos en la aftosa, los recursos podrían centrarse más en otras enfermedades como la brucelosis, que es una zoonosis, es decir, es transmisible a los humanos.

“La aftosa no es una zoonosis. La aftosa tiene una repercusión en el precio del ganado y en los mercados, pero no se transmite al hombre. O sea, el hombre no sufre de aftosa. A diferencia de la brucelosis, que tiene repercusiones importantes en la salud humana, es transmitida por la leche, por ejemplo, o por el contacto con carne no bien cocinada”, explicó.

Daniel Burt, gerente general de la Cámara Paraguaya de la Carne, señaló que están de acuerdo con la postura de Senacsa, pero coincidió en que la decisión no podría ser tomada sin un consenso con todos los actores.

Recordó que en 2011, durante el último brote de aftosa en el país, se comprometió el estatus internacional y se afectaron las exportaciones, por tanto, consideran vital agotar las instancias de diálogo para garantizar procesos bien definidos y una evaluación costo-beneficio para el país.

Consultado sobre los beneficios comerciales del estatus de país libre de aftosa sin vacunación, Burt consideró que es relativo, ya que existen mercados en los que no es un requisito el máximo estatus.

“Categóricamente es una elevación de estatus y un reconocimiento sanitario internacional. Ahora, hay muchos otros factores que entran a jugar a la parte comercial, que hace que eso no sea una respuesta demasiado obvia. tenemos países en donde si hay una ventaja comercial y tenemos países donde no”, dijo a La Nación.

La Asociación Rural del Paraguay (ARP), que nuclea a los principales productores del país, tampoco se opone al plan, pero pide más tiempo para afianzar el proceso y convencer a la base productiva.

“Nuestra propuesta es mantener la vacunación hasta el 2030”, explicó a LN Mario Apodaca, vicepresidente de la ARP y presidente de Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa).

Apodaca afirmó que el estatus sanitario actual es óptimo, con animales sanos, con alta inmunidad y nula circulación viral. No obstante, mencionó que los ganaderos necesitan mayor confianza para dejar la inmunización, que resultó esencial para la producción durante décadas.

 “La vacunación le da seguridad al productor, y esa seguridad no se reemplaza fácilmente. Hay que fortalecer aún más la vigilancia, el banco de vacunas, las contingencias e indemnizaciones”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que están de acuerdo con alcanzar el máximo estatus sanitario, pero piden vacunar unos años más, evaluar el entorno internacional, principalmente de los países vecinos y luego avanzar. “Estamos totalmente de acuerdo con el objetivo, pero discrepamos en el plazo. Queremos llegar al 2030 con todos los deberes hechos, sin apuros”, añadió.

Hoy Paraguay exporta carne bovina a más de 50 países, incluyendo destinos exigentes como Israel, Taiwán, Chile y Estados Unidos, y la visión del Estado es consolidar la competitividad de la producción nacional con el máximo estatus sanitario.

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