“Esta es una política pública muy importante. Países más adelantados ya lo han desarrollado hace tiempo, y llama la atención en el extranjero el salto que ha pegado Paraguay”, expresó el viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Paris, respecto al primer año de ejecución del Programa “Hambre Cero en las Escuelas”.

“Antes teníamos un 5 % de cobertura. El año 2024 comenzó con 90 distritos más vulnerables; Ñeembucú, que tenía un tema particular por las inundaciones, y luego todo el Chaco. Ese fue el desafío nos sirvió como un piloto para prepararnos los siguientes meses para que en febrero de este año 2025 lleguemos a una cobertura del 100 %“, sostuvo Paris, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, siguió sosteniendo que “sus autoridades llaman, preguntar, averiguan y felicitan y se asombran porque muchos de los otros países no pueden dar este salto, estamos contentos".

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El programa Hambre Cero tiene como fin principal garantizar la alimentación de los niños y niñas más vulnerables, combatir el ausentismo y la deserción escolar. La exitosa iniciativa aplicada bajo el gobierno del mandatario, Santiago Peña, desde el 5 de agosto del año 2024 es aplicada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay. Mediante el programa, los estudiantes reciben diariamente el desayuno, almuerzo y merienda.

La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños y niñas que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país. Por otro lado, el programa genera un gran impacto en la economía de las familias ya que, por un lado, reduce el gasto de bolsillo para la alimentación y por otro lado permite la comercialización a las empresas proveedoras del programa de insumos provenientes de la agricultura familiar campesina y de las micro y pequeñas empresas.

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“El objetivo final de este proyecto será convertir al Paraguay en un mercado de comercialización de energía regional eso nos dará realmente la posibilidad de mayor inversión”, dijo viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, acerca de la propuesta del Ejecutivo de unificar su cartera con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

“Tenemos una responsabilidad enorme de establecer una política industrial con la utilización de la energía, ver para que industrias necesitamos y queremos y como podemos otorgar", manifestó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

La iniciativa forma parte del paquete de proyectos de leyes económicas que son impulsadas por el gobierno del presidente Santiago Peña y tienen como finalidad la transformación integral del Estado paraguayo.

“El Ministerio de Energía, Minería, Comercio, Industria y Turismo mediante esta propuesta va a tener las prerrogativas normativas y fácticas necesarias para poder tener un ordenamiento integral de lo que es el sistema energético", sostuvo el viceministro.

Añadió que la principal preocupación “es la utilización correcta de la energía, por eso insistimos en dos cuestiones. La primera en ejecutar la política energética, que ya la tenemos escrita, referenciada, y que tenemos que trabajarla en corto, mediano y largo plazo. Y por otro lado, se encuentra la utilización de esa energía para la industrialización”.

El planteamiento de impulsar la fusión entre las citadas carteras estatales surge en medio de proyecciones que vaticinan un déficit energético para el 2030.

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El segundo proyecto de ley que figura en el paquete se centra en que el Ministerio de Relaciones Exteriores absorba a la Secretaría de Repatriados. Teniendo en cuenta el grado de inversión que fortalece al sistema financiero, la tercera ley que se presentará consiste en una actualización de la Ley de valores de la Superintendencia de Valores para modernizar todo el marco jurídico del funcionamiento de la bolsa de valores en Paraguay.

La cuarta iniciativa se trata de una nueva ley de energías renovables para dar mayor participación al sector privado, mientras que el quinto y el sexto contemplan la modernización de las leyes 60/90 y de maquila, regímenes que han sido pilares del crecimiento económico nacional. En ambos casos, se busca adaptarlos a los nuevos tiempos y maximizar su impacto.

También se prevé que los bienes importados bajo la ley 60/90 puedan constituir fideicomisos como garantía para acceder a más financiamiento. Además, se incorporarán rubros ligados al turismo, potenciando la sinergia entre comercio e infraestructura turística. Respecto a la ley de maquila, se anunció una innovación clave: la incorporación de la maquila de servicios. En séptimo lugar se da pie a la creación de un nuevo régimen, el proyecto de ley de ensamblaje de productos electrónicos.

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El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.

“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.

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El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.

Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.

- Reformas

La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.

- Innovaciones

Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.

Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.

También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.

Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.

- Concesiones (artículo 31)

1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.

2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.

3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.

4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.

5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.

6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.

- Provisión de flotas

La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).

El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).

- Tarifas

1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.

2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.

3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.

4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.

5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).

Fuente: MOPC

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, encabezó la reunión interinstitucional del Poder Ejecutivo con el propósito de articular acciones vinculadas al fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Durante el encuentro se coordinaron acciones de manera conjunta en temas contemplados en la agenda, los cuales atañen al mejoramiento del sistema penitenciario y en la instalación de manera más efectiva del uso de la tecnología y de las tobilleras electrónicas, dada la aplicación del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control (SIMDEC), y en atención a las medidas alternativas otorgadas y de protección en las causas penales.

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De acuerdo al informe oficial, participaron el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, el titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora; de la Mujer, Cynthia Figueredo y de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, en la sede del Ministerio Público.

El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de prevalecer la protección de la sociedad, enfocados en los casos contra la mujer, niños y adolescentes, incorporando herramientas que fortalezcan la seguridad y la eficacia de las causas.

Durante la jornada se enfatizó la necesidad de articular esfuerzos entre los ministerios competentes para ampliar el uso de dispositivos electrónicos de control, como medida cautelar efectiva y humanitaria, al tiempo de permitir a la Fiscalía avanzar en los procesos penales con mayor eficiencia.

Desde el Gobierno remarcaron el compromiso claro de impulsar soluciones integrales que garanticen seguridad, justicia y respeto a los derechos, trabajando de manera conjunta con todas las instituciones involucradas.

Igualmente, se puso a conocimiento del Ministerio Público la instalación de la Mesa de Justicia dirigida por el Ministerio del Interior, dentro del marco del “Plan SUMAR en tu Barrio”, que busca en su segunda etapa, combatir y erradicar al microtráfico.

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