El abogado laboralista Jorge Rivas Careaga, destacó los principales avances de la ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, que entró en vigencia este 16 de julio último y que tiene como objetivo promover una administración pública más eficiente, profesional y orientada al mérito. Con esta normativa se deroga la ley n.º 1626/2000, de la Función Pública.
“Siempre los cambios generan inquietudes y eso es absolutamente natural. Teníamos una ley que estuvo vigente 25 años, entonces, por supuesto, cualquier modificación genera temores, expectativas. Esta ley 7445, fundamentalmente lo que hace en conjunto es recoger todas las experiencias de la función pública durante los años de vigencia de la ley 1626, aprender de esas experiencias, corregir los errores y mejorar la anterior normativa”, indicó Rivas en una entrevista con el programa “Tarde de perros”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Esta es una norma reguladora que yo considero, no un paso, sino un salto para adelante, con garrocha, si se quiere, por la virtud de haber recogido todo lo que se tenía con la ley anterior. Muchas disposiciones, doctrinas de los tribunales que ya estaban vigente en materia administrativa también fueron recogidas”, acotó Rivas.
La 7445/2025 estipula reglas claras para la gestión del talento humano en el sector público, incorporando por primera vez una Carrera del Servicio Civil y un sistema para directivos públicos, con estándares más rigurosos y perfiles diferenciados para cargos técnicos y profesionales.
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Autonomía constitucional
Se aplica a todas las instituciones públicas, incluidas aquellas con autonomía constitucional, reconociéndoles la facultad de reglamentar internamente la aplicación de los principios generales establecidos por la ley. De esta manera, se supera el vacío legal dejado por la 1626/2000, que durante su vigencia fue objeto de varias acciones de inconstitucionalidad por pretender imponer una rectoría centralizada desde el Ejecutivo.
La norma también agrega un sistema para directivos públicos, eleva los estándares para asesores institucionales al exigir experiencia comprobada, y establece perfiles diferenciados para los cargos técnicos y profesionales.
“Yo soy un férreo defensor del derecho a peticionar a las autoridades, no podemos vivir en una República democrática si no podemos peticionar. Si la gente cree y entiende que hay derechos laborales en peligro de ser vulnerados tiene todo el derecho y la obligación de expresar sus disconformidades y salir en defensa de lo que cree que es justo. Yo, haciendo un análisis técnico, me parece que no hay de ninguna manera una vulneración de la autonomía constitucional”, dijo.