Más allá de su sabor y de cómo sea cocinado, comer pescado entero comúnmente representa un riesgo para las personas ya que este alimento posee una gran cantidad de espinas que, de no ser retiradas correctamente y ser consumidas por accidente, podrían poner en peligro alguna zona del recorrido digestivo, desde la garganta hasta el ano.

El Instituto de Previsión Social (IPS) publicó una nota para advertir sobre la necesidad de tomar los cuidados necesarios, ya que las espinas afiladas pueden perforar el esófago, el estómago o el intestino, permitiendo que bacterias y otros contenidos del tracto digestivo se filtren al espacio circundante, causando infecciones graves. En algunos casos, una espina grande puede causar obstrucción del tracto digestivo, dificultando la alimentación o la respiración.

El doctor Félix Ibieta, experto en endoscopia digestiva, describió un caso complejo de un paciente de 70 años que llegó al Hospital IPS Ingavi con un diagnóstico de ingesta de cuerpo extraño. El paciente había comido un caldo de pescado y sintió que una espina se le había quedado atascada en la garganta, lo que le causaba mucho dolor y dificultad para tragar incluso líquidos, lo que le producía mucha incomodidad.

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La situación requirió que se le practicara una endoscopia digestiva alta para extracción del cuerpo extraño. El equipo quirúrgico fue conformado por la médica residente de quinto año, Leticia Álvarez; la anestesióloga Liz Carreras Candia; el médico de endoscopia, Félix Ibieta Galarza; las licenciadas María Deidamia Villalba Martínez y María Graciela Torres, así como la licenciada Liz Ferreira, circulante de quirófano.

Actualmente el paciente se encuentra estable en sala con cuidados de antibiótico para el alta en las próximas horas. El doctor Ibieta manifestó que en este tipo de situación la atención médica oportuna y adecuada es fundamental en casos de ingesta de cuerpo extraño, ya que puede prevenir complicaciones graves.

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Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) indicaron que penosamente, aún persisten en la utilización de la renta de las reservas para poder pagar las jubilaciones. Desde el 2020 al cierre del 2024 se utilizaron G. 1.218 billones. Debido a las decisiones arbitrarias del gobierno de Mario Abdo, se arrastró a la previsional a una situación desfavorable que estaba prevista recién para dentro de 18 años.

“Estamos atravesando una crisis, sin embargo, nadie se pregunta por las responsabilidades civiles, penales y administrativas de estas personas. Seguimos usando la renta de las reservas y cada vez en mayor proporción”, alertó Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS en contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

Cubas dejó en claro que lo utilizado son las rentas, es decir, los intereses generados por los ahorros de la previsional, no así las reservas, no obstante, estos intereses son utilizados cada vez en mayor proporción dado que los ingresos del IPS no son suficientes para cubrir el pago a los jubilados.

“Parece que se normaliza que el dinero que ingrese no alcance para pagar las jubilaciones y no es normal, es una situación anormal, estamos en un punto que por los actuariales es considerado como crítico número 1 en donde utilizamos la renta de la reserva y si no hacemos nada, no corregimos, no tomamos ninguna medida, es cuestión de tiempo que la renta ya no nos alcance y tengamos que tocar la reserva”, advirtió.

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Pese a la situación desfavorable en la que se encuentra la previsional, la gerente señaló que la actual administración ha tomado medidas con el objetivo de recuperar paulatinamente el equilibrio, mejorar los ingresos de la institución y alejar la crisis. Como parte de las acciones emprendidas, mencionó la sanción de la ley n.º 7.446 mediante la cual se recupera paulatinamente el 2,5 % de los recursos que anteriormente el IPS transfería a otras instituciones.

“El Consejo de Administración revocó el incremento irregular del haber mínimo jubilatorio que había sido llevado al 75 % de salario mínimo en un ambiente pre eleccionario, eso adelantó 18 años la crisis. También se amplió a 10 años el cálculo para otorgar la jubilación, con estas medidas se ha alejado 8 años el horizonte actuarial”, resaltó.

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Desde este martes empezó a regir el reajuste del 3,6 % del salario mínimo vigente. El viceministro de Trabajo, César Segovia, explicó que en el sector formal no existen inconvenientes en cuanto a la aplicación de esa diferencia. Sin embargo, el desafío está en el sector informal, que ocupa el 62 % de la población trabajadora.

Segovia explicó que del universo de aproximadamente 1.700.000 asalariados en el país, el 16 % gana el salario mínimo, mientras que el 41 % no llega a ese monto y el 43 % percibe remuneraciones superiores. “La gente que está en el sector formal sí cumple. Nuestro gran problema sigue radicado en el sector informal”, expresó respecto al cumplimiento del reajuste.

El 41 % representa una masa de aproximadamente 702 mil trabajadores que reciben menos del salario mínimo legal establecido para el sector privado. “Puede ser porque es de tiempo parcial, que también es una figura que está establecida en el Código Laboral, o si no, efectivamente, porque ‘está en negro’, como se dice habitualmente”, indicó a la radio 970 AM/Nación Media.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, la tasa de informalidad en el país alcanza el 62 %. “Eso no quiere decir que ese 62 % gane menos al mínimo, eso quiere decir que capaz no tienen IPS, pero ganan el mínimo, capaz trabajan más de las 8 horas diarias, pero ganan al mínimo”, explicó.

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Pese a los desafíos del mercado laboral, el subsecretario de Estado consideró alentador el aumento sostenido en el número de trabajadores cotizantes al IPS. Actualmente, la cifra se aproxima a los 800.000, un número que nunca antes se había alcanzado.

En este sentido, remarcó que este incremento responde, en gran parte, a programas sociales impulsados por el Ejecutivo, como Hambre Cero, que promueve la formalización laboral en diversos sectores.

Recordó que en febrero pasado se inició un operativo de verificación del cumplimiento de las condiciones laborales en el marco del programa Hambre Cero. En la primera etapa, se detectaron apenas 5.019 trabajadores registrados en el IPS entre las 29 empresas adjudicadas por licitación pública. La cifra fue considerada baja, lo que motivó una serie de acciones correctivas, que ayudaron a que se inscriban cerca de 21.000 trabajadores al seguro social.

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Para reforzar los mecanismos de control, el Ministerio de Trabajo habilitó diversos canales de denuncia para reportar el incumplimiento del pago del salario correspondiente.

Las denuncias pueden realizarse a través del portal institucional, vía telefónica al número 0993-300-800, o en forma presencial en las sedes del Ministerio, tanto en la capital como en otras cabeceras departamentales.

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Jorge Brítez, acompañado de su equipo directivo, mantuvo una reunión con la Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio del Senado para abordar la situación de los funcionarios del IPS afectados por la trama conocida como “mafia de los pagarés”.

Durante el encuentro, Brítez informó que el número de funcionarios afectados superaría las 2.500 víctimas del esquema de préstamos fraudulentos y descuentos abusivos en sus haberes. “Esto es una estafa bien planeada desde hace tiempo, y ahora están saliendo a la luz las consecuencias. El IPS ya tomó medidas: presentamos más de 110 denuncias penales ante el Ministerio Público y conformamos un equipo de abogados para acompañar legalmente a los compañeros afectados”, expresó Brítez, el lunes último.

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El titular del IPS también destacó que se suspendieron los descuentos arbitrarios y se iniciaron revisiones de aquellos órdenes judiciales que imponen montos desproporcionados, incluso en casos donde los funcionarios ya han pagado varias veces el valor del préstamo. “Hay personas que retiraron seis millones y ya llevan pagados veinte millones de guaraníes”, señaló el titular de IPS, quien anunció además la conformación de una mesa técnica interinstitucional para buscar soluciones legales y financieras de fondo.

La trama, conocida mediáticamente como “mafia de los pagarés”, ha revelado una red de préstamos usureros, firmas de pagarés sin respaldo y complicidades administrativas y judiciales que afectaron directamente los ingresos de cientos de trabajadores públicos. El IPS ratificó su compromiso con la transparencia, la justicia y la defensa de sus funcionarios, y aseguró que continuará cooperando con la comisión investigadora para llegar hasta las últimas consecuencias.

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