Este martes 1 de julio el Gobierno del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana están rindiendo cuentas por la gestión de dos años que han llevado adelante. En ese contexto, el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, resaltó que el récord en titulación masiva que están teniendo es gracias al trabajo coordinado con varias instituciones.

Además, resaltó que en estos 22 meses de gestión se ha logrado revertir largos años de informalidad en la titularidad y tenencia de la tierra en el Paraguay. Todo esto, gracias a una mayor presencia de Estado en el campo y la implementación de políticas en materia de titulación masiva de tierras.

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“Los avances en titulación son posibles gracias a la coordinación interinstitucional, al lograrse unir los esfuerzos con el Servicio Nacional de Catastro, la Dirección General de los Registros Públicos y la Escribanía Mayor de Gobierno”, remarcó.

Asimismo, remarcó que para el 2026 esperan llegar al 50 % de la meta global en titulación; teniendo en cuanta que la meta a los 5 años es de 50.000 títulos de propiedad entregados. Indicó que ya el año pasado en un informe del Ministerio de Economía y Finanzas se informó que Catastro había logrado el empadronamiento récord de inmuebles del Indert, donde hablaban de 9.000 empadronamientos nuevos en el 2024.

“Esta cifra se suma a la que ya hemos logrado este año, que llega a un número récord de 13.000 expedientes formados para titulación en el periodo 2025-2026. A los 9.500, casi 10.000 que estamos hablando, ahora hay que agregarles estos 13.000 expedientes, con lo cual en el 2026 estaríamos alcanzando el 50 % de la meta del presidente de la República, que serían unos 25.000 expedientes o títulos de propiedad”, afirmó Ruiz Díaz.

Por otra parte, Ruiz Díaz indicó que mantuvo una reunión de trabajo con los gerentes involucrados en la titulación masiva de tierras con el objetivo de coordinar y agilizar la titulación a nivel interno y externo. En ese sentido, agradeció la cooperación de los funcionarios del área y a las entidades como Catastro Nacional, Registros Públicos y Escribanía Mayor de Gobierno.

Mencionó además, que arrancó la octava ronda de titulación masiva en el departamento de Cordillera, mediante la cual pondrá en las manos de los beneficiarios 1.200 títulos de propiedad. La campaña de entrega masiva de títulos se inició el fin de semana en la sede de la Gobernación de Cordillera, en compañía del gobernador Denis Lichi.

Tras el acto, se realizó una jornada de audiencia pública con la presencia de más de 300 personas, de unas 10 comisiones, que también gestionan la titulación de sus tierras. Como inicio de la octava ronda del Indert llegaron al departamento más de 60 títulos, algunos ya definitivos y otros para la firma de los titulares beneficiarios.

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El concejal colorado, Edgar Martínez, sostuvo que debido al hallazgo de serias irregularidades por parte de la Contraloría General de la República a la gestión de la intendenta de Mariano Roque Alonso, amerita una auditoría externa.

Es necesario que la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso, analice a fondo el informe de la Contraloría a la gestión de la intendenta liberal Carolina Aranda, remarcó Martínez.

El edil sugiere que la situación es tan grave que amerita una auditoría independiente sobre el uso de los fondos públicos en la administración actual.

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Martínez se refirió al último informe de la Contraloría que se hizo público, y que confirma serias irregularidades en la administración de la intendenta Aranda. Indicó que el ente contralor ha detectado que la administración ha realizado millonarios pagos sin respaldo durante los años de pandemia y gastos comunales con serias inconsistencias documentales.

Al respecto, señaló que este informe confirma lo que hace años ha venido denunciando, que son los manejos irregulares y falta de transparencia, por parte de la jefa comunal.

Martínez recordó que ha sido el único miembro de la Junta Municipal que ha votado en contra de todos los balances de gestión presentados por la jefa comunal durante este periodo. Afirmó que su postura se fundamenta en la sistemática negativa del ejecutivo municipal de remitir la documentación requerida para un análisis serio y responsable.

“En todos estos años fui el único concejal que se opuso a los balances de gastos e inversiones, porque se trataban de forma acelerada sin el tiempo necesario para un análisis serio y tampoco teníamos la documentación que avalaba dichos gastos e inversiones”, manifestó.

El concejal Martínez mencionó que de acuerdo al informe de la Contraloría, la Municipalidad de Roque Alonso pagó entre G. 3 millones y G. 28 millones por cada servicio de sepelio durante la emergencia sanitaria. Explicó que estos servicios se contrataron sin hacer licitaciones y recurriendo a contratos abiertos que carecen de justificación legal.

Para el concejal Martínez, estos pagos constituyen un claro ejemplo de despilfarro y abuso de recursos en un contexto donde la transparencia debía ser prioridad.

Agregó que también la CGR detectó un manejo irregular de más de G. 5.000 millones en rubros esenciales como combustibles, papelería, kits escolares e insumos, todos ellos sin los debidos documentos respaldatorios.

Ante estas evidencias, el concejal cuestionó también el desorden administrativo de la gestión Aranda, señalando que, pese a múltiples pedidos formales, nunca se ha entregado la documentación completa, ordenada y verificable para su análisis.

“No podemos aprobar un balance cuando no sabemos con certeza cómo se utilizó el dinero de los contribuyentes. La rendición de cuentas no puede ser una formalidad vacía y los requerimientos documentales que exigimos los concejales no deben ser sometidos a criterios políticos para responder o no. Somos contralores y esa es nuestra función principal”, agregó.

Finalmente, instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a exigir rendición de cuentas, señalando que “Mariano Roque Alonso necesita autoridades comprometidas con la eficiencia y la transparencia”, concluyó.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, destacó las políticas sociales que lleva adelante el Gobierno encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, que presentará su segundo informe ante el Congreso Nacional, este martes a las 20:00. El legislador indicó que los sectores más vulnerables, los niños y personas de la tercera edad están siendo atendidos por el Gobierno.

“Esta noche vamos a estar recibiendo en el Congreso Nacional al presidente Santiago Peña para dar su acostumbrado informe de gestión. Nosotros estamos convencidos de que estamos yendo por el sendero correcto”, expresó Latorre en conversación con los medios de comunicación en la sede legislativa.

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El diputado destacó principalmente el programa Hambre Cero en las escuelas, que tiene un impacto directo en el desarrollo de los niños y niñas en edad escolar. “Un sendero en el cual hoy más de un millón de niños paraguayos están recibiendo una alimentación escolar gratuita, fortaleciendo la educación, disminuyendo los índices de deserción, fortaleciendo la nutrición de nuestros niños, en una etapa particularmente sensible para el desarrollo neuronal”, indicó.

Así mismo, se refirió al programa de Pensión a los Adultos Mayores, que en la actualidad ya es de acceso universal. “Un sendero en el cual estamos transitando con una pensión universal para la tercera edad que ya tiene hoy más de 300 mil afectados, una situación que nunca se había se había vivido, ya no existen los censos donde visitan a nuestros abuelitos y porque tiene heladera no puede recibir la pensión”, aseveró.

Por otra parte, se refirió al nuevo periodo legislativo que asume este martes 1 de julio, recordando que su elección se dio prácticamente de manera unánime. “No puedo dejar de agradecer a mis colegas que en una tercera ocasión me han brindado su confianza, me han permitido ejercer la presidencia de la Cámara de Diputados, en este caso, con alrededor de 93 % de los votos de mis colegas, 74 de los 80”, refirió.

Ratificó su compromiso de seguir trabajando en el marco del diálogo y la pluralidad. “Me compromete seguir por el camino del diálogo, por el camino de los consensos, por el camino de una visión plural, del entendimiento de la importancia y de cuánto enriquece a nuestros procesos republicano y la democracia el poder escucharnos todos, en poder alimentarnos en las diferentes visiones a las diferentes opiniones y experiencias en el proceso del desarrollo de nuestro país”, puntualizó Latorre.

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En cumplimiento al mandato constitucional, el contralor general de la República, Camilo Benítez, entrego este lunes al presidente del Congreso Nacional, senador Basilio Núñez, el informe de gestión anual de la Contraloría General.

En conferencia de prensa, el contralor Benítez explicó que este documento contiene todas las actividades de control que han llevado adelante el año pasado. Todas las auditorías financieras, tanto de cumplimientos, fiscalizaciones especiales, los exámenes de correspondencias, como reportes de indicios de hechos punibles con millonarios montos afectados.

“Los reportes de indicios de hechos punibles arrojan una cifra que no es menor, más de 160 millones de dólares, que ya fueron remitidos al Ministerio Público”, precisó.

Agregó que el informe entregado explica además la nueva capacidad que tiene la CGR después de haberse promulgado la Ley de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.

“La Contraloría siempre ha tenido y sigue teniendo un aspecto represivo contra la corrupción. Pero, hoy cuenta también con otros aspectos, que tienen que ver con la prevención de la corrupción, promoviendo la cultura de integridad, transparencia y de rendición de cuentas”, acotó.

Mencionó que el principal control que llevan adelante tiene que ver con el programa “Hambre Cero en las Escuelas”. “Creemos que es el desafío más grande que tiene el Poder Ejecutivo, y nuestra responsabilidad es ser custodio del control del servicio de alimentación”, precisó.

Al respecto, indicó que la CGR ha llevado adelante más de 400 verificaciones in situ. “Nosotros creemos que sin el control concurrente de la Contraloría, el servicio de alimentación escolar se podría ver perjudicado. Creemos que este rol de vigilantes que tenemos hace que las empresas lo tomen más en serio y puedan proveer el servicio todos los días”, acotó.

Explicó que por ley constitucional, la CGR debe realizar la presentación anual de la gestión que lleva adelante y esperar que el Senado lo pueda analizar. Mencionó que el informe que entregó en la fecha es un complemento al que presentarán más adelante, que tiene que ver con la ejecución presupuestaria 2024 del Gobierno.

A su turno, el senador Basilio Núñez, titular del Congreso, resaltó que desde el Senado considera que se está avanzando y mejorando el sistema de control, cumpliendo de ese modo el rol constitucional que le compete al Poder Legislativo.

“Creo que estamos yendo por buen camino, que se fortalece con la asistencia del contralor y su equipo. Estamos fortaleciendo departamentos como la Auditoría Interna, estamos implementando el MECIP (Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay), que no se implementaba como debía ser en periodo anteriores, pero ahora hay una voluntad política de hacerlo”, acotó.

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