La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el sistema de alerta Mafe, en memoria de la adolescente asesinada en Coronel Oviedo, María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta Amber, que se aplica en otros países.

El diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas de esta iniciativa, argumentó que el objetivo es establecer un mecanismo legal para los casos de desapariciones forzosas de personas, principalmente de menores de edad. El proyecto pasa a partir de ahora a la Cámara de Senadores para seguir el curso legislativo.

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“Solicitar el acompañamiento y aprobación de esta ley tan necesaria, que requieren nuestras familias para tener un marco legal adecuado para que sepan qué hacer en estos casos. La desaparición de personas es una de las tragedias más angustiantes que puede enfrentar una familia, incluso una comunidad”, alegó el diputado.

El legislador expuso que en lo que va del 2025 ya se registraron aproximadamente 900 personas desaparecidas en el Paraguay. “Esta es una realidad cruda, es una realidad dura, angustiante para miles de familias que esperan un marco legal que les diga cómo proceder en estos casos, y ese es el objetivo de esta ley”, indicó y agregó que la ley Mafe será una herramienta crucial para la búsqueda y la localización de personas que se encuentran desaparecidas.

“Hoy la ley Mafe, es en honor a María Fernanda, que de haber contado con una herramienta, con un sistema de alarmas que active a toda la sociedad dentro de las 24 horas que son las más críticas cuando una persona desaparece de manera forzosa, a lo mejor hubiera tenido una mínima esperanza de tener un resultado distinto del que tuvimos como sociedad”, sostuvo.

Por su parte, la diputada Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad Social e Igualdad, expuso el dictamen de esta instancia legislativa que fue la de la aprobación. Recordó también que un proyecto similar ya fue trabado en Diputados, pero fue rechazado por el Senado.

“Esta no es la primera vez que este proyecto está aquí, un proyecto muy similar ya estuvo en Diputados, sin embargo, este es mejorado, tuvo origen en Diputados y obtuvo la media sanción de esta Cámara. Este es un hecho, que obviamente marca un hito histórico lamentable y trágico”, indicó la diputada.

El diputado Rodrigo Blanco propuso dar participación a la Asociación de Familias Desperecidas del Paraguay como coadyuvante de las tareas de la Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas del Paraguay, que una vez recibida la denuncia inmediatamente comunique a la asociación sin perjuicio del orden jerárquico que lo organiza; así también se dará participación al representante de la asociación a fin de que la misma pueda coayudar en las tareas de búsqueda.

La propuesta fue acompañada por al diputada Abed y el pleno aprobó esta modificación. “La asociación tiene y ha tenido un trabajo muy importante, son realmente los más afectados con la desaparición de sus familiares, por eso, incorporar esa facultad de poder contar con la colaboración de ellos resulta muy beneficioso en ese ámbito, en lo facultativo”, destacó la legisladora.

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El Gobierno puso en marcha un nuevo mecanismo de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Sobre esto, la comisario principal Elisa Ledesma, asesora de Ministerio del Interior, dio más detalles y destacó que esta iniciativa representa un instrumento operativo de gestión pública orientado a brindar una respuesta más efectiva y coordinada ante los casos de desapariciones.

“El objetivo principal es dar una respuesta oportuna con enfoque en los derechos humanos, articulando el compromiso de varias instituciones del Estado”, explicó Ledesma al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media,. Señaló que el mecanismo forma parte del proceso de reforma y modernización de la ley de la Policía Nacional.

Una de las prioridades del Ministerio del Interior, según la asesora, es la consolidación de datos estadísticos confiables. En la actualidad, las cifras disponibles no reflejan con precisión la realidad, debido a múltiples factores. “Tenemos estadísticas que no son 100 % fiables. Muchas veces se registra la denuncia de una desaparición, pero cuando la persona regresa, no se actualiza la información en la comisaría”, indicó.

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Además, las denuncias suelen realizarse en distintas instituciones, como el Ministerio Público, los juzgados o las Defensorías de la Niñez, lo que genera la duplicación en los registros. En ese sentido, Ledesma anunció que se trabaja en la implementación de un sistema integrado de información, que permita un canal único para el registro y seguimiento de los casos.

“Esto no solo afecta a las desapariciones. Lo mismo ocurre con las denuncias por violencia intrafamiliar. No hay un cruzamiento de datos que permita ver si la persona ya denunció en otras instancias”, agregó. Otro de los desafíos señalados por la comisario es la falta de recursos humanos especializados.

Actualmente, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional está centralizado en Asunción y no cuenta con la capacidad necesaria para cubrir todo el país. Por ello, el nuevo decreto prevé una articulación más amplia con instituciones como el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para establecer protocolos de actuación conjunta a nivel nacional.

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Ledesma también adelantó que se están evaluando alianzas con compañías telefónicas y la posibilidad de utilizar pantallas en paradas de transporte público para difundir los rostros de personas desaparecidas, siempre con autorización del Ministerio Público. “Estos trabajos se hacían antes, pero de manera aislada. Con este mecanismo, buscamos tener un norte claro y acciones concretas”, concluyó.

La Cámara de Diputados dio entrada a un pro­yecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, estable­cerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, simi­lar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países. En el programa “Fuego cruzado”, del canal GEN/Nación Media, estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de audito­ría de gestión fiscal del Minis­terio Público.

La propuesta surgió con el obje­tivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en 2024 se reportaron más de mil desapa­riciones de personas, de los cua­les un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legisla­tivo, cuando en 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y locali­zación de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familia­res de Personas Desapareci­dos del Paraguay; lo que mues­tra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayo­res a las que se manejan. “De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas des­aparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, econó­micos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta proba­bilidad de desaparición for­zosa”, explicó el legislador.

El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identifica­ción. “Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos. “El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institu­ción pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

El diputado Rodrigo Blanco urgió a las cámaras del Congreso la sanción inmediata del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Sistema de Alerta Mafe, en homenaje a la adolescente asesinada en Coronel Oviedo, María Fernanda Benítez.

El legislador liberal detalló que una iniciativa similar ya fue impulsada en el 2023 y logró su aprobación en Diputados en el 2024, pero no contó con el respaldo del Senado. “Espero que cuanto antes tengamos esta ley para que el Estado pueda brindar protección, contención y certeza a las familias sobre esta problemática que les toca vivir”, dijo Blanco a la 1140 AM.

Asimismo, el legislador argumentó: “Este proyecto ya había sido debatido ampliamente en audiencias públicas, fueran audiencias fuertes, emotivas, por las historias y el sufrimiento de cada familia. Hay familias que están con este drama hace 10 o 15 años, incluso más, esperando que el Estado les brinde respuestas”.

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Detalló que, en aquella ocasión, el proyecto fue debatido con autoridades del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensoría Pública. “Es por eso que creemos que ahora ante la presentación que hemos hecho con el acompañamiento de los colegas de las distintas bancadas, que será aprobada de manera rápida”, indicó.

Añadió que las citadas instituciones habían coincidido sobre la necesidad de contar con un marco legal que garantice un sistema de alarma de acción rápida para la búsqueda de personas desaparecidas. “Esto ya es una problemática del día a día, lastimosamente, por eso necesitamos que se establezca un protocolo concreto para que sea de cumplimiento obligatorio, que las familias sepan qué tienen que hacer, que sepan que habrá una ley que les indica el camino a seguir y ante qué instituciones recurrir”, mencionó.

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