En sesión ordinaria, la Cámara Baja aprobó con modificaciones el proyecto de ley “de protección de datos en el Paraguay”. Tras el visto bueno de la mayoría de los diputados presentes en la sesión, la iniciativa será remitida a la Cámara de Senadores para su análisis.
“Desde la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, hemos analizado el proyecto en el panorama digital contemporáneo, donde la información personal fluye con una rapidez sin precedentes y la necesidad de protección legal robusta se vuelve ineludible. El presente proyecto de ley de protección de datos surge como una respuesta directa a esta apremiante realidad reconociendo la creciente exposición y vulnerabilidad de los datos de nuestros ciudadano”, expresó el diputado Néstor Castellano.
De acuerdo a lo que expuso el legislador, la legislación vigente en torno a la protección de datos quedó muy rezagada ante las dinámicas tecnológicas actuales, por lo que esta propuesta legislativa, busca llenar el vacío existente, estableciendo un marco normativo modelo, alineado a estándares internacionales y que permitirá a los ciudadanos tener un control efectivo sobre su información personal.
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Cabe mencionar que la aprobación de esta ley, contempla la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, un organismo autónomo con la autoridad y las herramientas para supervisar, regular y sancionar cualquier contravención a la ley, explicaron. La diputada Rocío Abed, integrante de la Comisión de Equidad, también se pronunció a favor de la aprobación con modificaciones.
“Luego de escuchar a las comisiones especializadas, de Ciencias y Tecnologías y Asuntos Económicos y luego del estudio, la sugerencia de modificaciones, después de las audiencias públicas, adecuaciones a las sugerencias recogidas nuestra recomendación es la aprobación con las modificaciones porque los dictámenes son coherentes, consistentes y uniformes”, sostuvo.
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Caña dulce podría duplicar su rendimiento, pero sigue sin ley ni presupuesto
La caña dulce producida por pequeños agricultores en el departamento de Guairá sigue siendo una materia pendiente para el gobierno, según precisó a La Nación/Nación Media, Ramona Vargas, representante de Coordinadora Paraguaya de Productores de Comercios Justos (CPPCJ).
Dijo que el proyecto de ley que busca formalizar el rubro y garantizar su trazabilidad fue presentado hace cinco años, pero aún no ha sido incluido en el orden del día de la Cámara de Diputados. Los productores reclaman con urgencia su aprobación para que el sector pueda acceder al Presupuesto General de la Nación (PGN), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y así mejorar su productividad.
“El MAG ya dio su aval técnico al proyecto, pero el proceso legislativo está detenido por falta de voluntad política. Se podría duplicar la productividad de nuestras tierras si contáramos con apoyo estatal para fertilización y maquinaria. Tenemos menos de 5 hectáreas por productor, y esta rentabilidad actual no permite reinvertir en las fincas. Esto perpetúa la pobreza en el sector”, manifestó Ramona Vargas a LN.
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Lo que buscan con el proyecto de Ley de Caña de Azúcar es principalmente formalizar el rubro y garantizar trazabilidad, algo que se requiere tanto para exportar como para asegurar la seriedad en el mercado interno. Vargas mencionó que la mayoría de los demás productos agrícolas sí tienen presupuesto asignado, como la papa o la cebolla, pero la caña dulce no.
“Los pequeños cañicultores de caña dulce orgánica necesitamos urgentemente una ley que nos ampare. Sin esta ley seguimos sin presupuesto y sin apoyo para mejorar nuestros suelos o adquirir maquinaria adecuada para la preparación de tierra”, dijo.
Ramona Vargas comentó que este anteproyecto de ley ya cuenta con varias correcciones hechas por un equipo técnico del gobierno. Incluso, realizaron ya algunas audiencias públicas y luego fue presentado el documento en Diputados. La caña de azúcar representa un pilar clave para la agricultura familiar, generando trabajo para más de 185.000 personas de forma directa e indirecta en todo el país.
Actualmente, los mercados internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea o Asia no compran solo por precio, sino que exigen productos con normas claras, respaldo institucional y trazabilidad. Es decir que, sin una ley como la propuesta, Paraguay pierde competitividad y grandes oportunidades de negocios, según expuso a LN, Ramona Vargas.
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A mediados de junio se definirán dictámenes sobre intervención de Ciudad del Este
El diputado Alejandro Aguilera, integrante de la comisión especial que analizará el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, explicó que a partir que se instale la mesa de trabajo tendrá 15 días de plazo, que se dará en la segunda quincena de junio, para emitir el dictamen que luego se pondrá a consideración del plenario de la Cámara Baja.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, indicó que este lunes 2 de junio, a las 11:00, está prevista la convocatoria a los miembros que integran esta comisión especial para conformar la mesa directiva y marcar la hoja de ruta de trabajo.
Refirió que se estará definiendo la fecha en que se cursará invitación al contralor general de la República, Camilo Benítez, y su equipo de auditores para que expliquen sobre el trabajo que realizaron, así como los motivos que sustentan el pedido de intervención de la municipalidad de Ciudad del Este.
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Igualmente, señaló que se establecerá la fecha que se le cursará invitación al intendente esteño Miguel Prieto, para que pueda realizar su descargo; y luego de escuchar las partes se estará estableciendo los siguientes pasos.
“Lo que haremos en la comisión es estudiar el pedido que hace la Contraloría y si hay elementos suficientes dictamina a favor del pedido. Aunque no recuerdo que en una comisión especial de intervención se haya dado un dictamen único, por lo que puede darse dictámenes en mayoría y en minoría”, explicó.
Explicó que luego será el plenario el que tendrá que votar sobre la intervención o no del municipio. De aprobarse los pedidos de intervención, el Poder Ejecutivo designará al interventor que a su vez tendrá un plazo de 60 días para llevar adelante los trabajos de intervención, mientras que el intendente queda apartado del cargo por ese tiempo.
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Mencionó que, a más de escuchar a las partes, y si los miembros de la comisión así lo consideran, no se descarta que esta mesa de trabajo se traslade hasta Ciudad del Este, para llevar adelante una verificación in situ de las denuncias que existe contra Prieto, o en su efecto, las pruebas que presente el jefe comunal en su defensa.
“Lo que estaremos buscando es analizar sobre las presuntas irregularidades que pudiera haber y que fueron denunciadas. Finalmente, todo lo que se haga será por decisión de los miembros que integran la comisión. No existe una bajada de línea para llevar de una u otra la actuación de la comisión, todo se hará lo que se decida en mayoría en la comisión”, enfatizó.
Finalmente, manifestó que a última hora hubo una modificación en la integración de los miembros de la comisión; ya que finalmente el diputado Miguel Ángel Del Puerto, conformó la delegación presidencial para acompañar al jefe de Estado, Santiago Peña, en su visita de Estado a la India. En su reemplazo fue designado el diputado colorado Jorge Barresi.
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Debatirán proyecto legislativo sobre IA en audiencia pública
La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed, invita a participar de la audiencia pública en que será analizado el proyecto de ley “que promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social del país”. El evento se realizará el miércoles 4 de junio, a partir de las 10:00, en la Sala Bicameral del Congreso Nacional.
La propuesta, presentada por varios diputados, tiene por objeto promover el uso responsable y ético de la inteligencia artificial (IA), garantizando que el marco jurídico vigente en el país proporcione las herramientas necesarias para promoverla.
El proyecto propone que para la promoción de la IA se deben priorizar el respeto de los derechos humanos, la sostenibilidad y la inclusión, con el fin de fomentar el desarrollo económico, social y cultural del país. Sostiene, además, que es fundamental establecer un marco jurídico que garantice su impacto positivo y su adaptación a los valores nacionales.
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“El auge de la IA representa un desafío que trasciende ámbitos específicos, involucrando múltiples sectores que deben ser cuidadosamente observados, planificados y regulados. Las consecuencias de su aplicación pueden ser tanto positivas como negativas, dependiendo del enfoque que adoptemos como sociedad y como Estado”, expresa el documento.
En la actualidad, la Constitución Nacional del Paraguay de 1992, establece, en su artículo 30, que las señales de comunicación electromagnética son dominio público del Estado.
Los impulsores de la iniciativa plantean que el desarrollo y aplicación de la IA deben ser abordados mediante una legislación clara, coherente y alineada con los principios constitucionales. La actividad va dirigida a profesionales del área e instituciones involucradas, así como al público interesado en general.
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Presidenta de Perú registra solo un 2 % de aprobación
- Lima, Perú. AFP.
Dina Boluarte es quizás la presidenta más impopular del mundo, con apenas un 2 % de aprobación. Pero se aferra al poder y analistas dan por descartado que terminará su mandato en 2026, pese al rechazo de los peruanos y múltiples escándalos. “¿Hasta cuándo vamos a vivir con miedo? ¡Lárgate Dina!”, leía una pancarta en una reciente marcha en Lima por el auge del crimen organizado.
Sin bancada propia, la presidenta conservadora de 62 años gobierna Perú desde hace dos años y medio en tácita alianza con el Congreso controlado por la derecha y ultraderecha, una economía blindada frente a la crisis política y una campaña electoral donde no puede participar. Quizás su principal carta es la ausencia de líderes alternativos que amenacen su precaria estabilidad de aquí al 2026, cuando termina su gobierno, en medio de una apatía social.
La persiguen una docena de investigaciones fiscales por la represión policial que causó la muerte de 50 manifestantes, su omisión en declarar joyas y relojes de lujo que recibió como regalos, o su cirugía de nariz no declarada.
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Pero su popularidad se evaporó sobre todo con el auge de la extorsión del crimen organizado.
“¡Dina traidora, corrupta y asesina!”, leía otra pancarta de una reciente marcha contra la gestión de la mandataria.
En mayo Boluarte tocó fondo en los sondeos, con 2 %, un punto porcentual menos respecto a la medición de abril de la firma Ipsos.
“Podríamos estar hablando entonces de un récord mundial de desaprobación presidencial, y además sostenida”, dijo a la AFP el presidente de la encuestadora Ipsos Perú, Alfredo Torres.
“Está desde hace casi un año por encima del 90 % de desaprobación y su aprobación cayendo al mínimo”, añadió. “Es un caso único” en 40 años de encuestas en Perú, destacó.
Ipsos hace encuestas en 90 países y tampoco tiene un registro tan bajo de aprobación en otro lugar.
“Señor, perdónalos porque no saben lo que encuestan”, se defendía ya la presidenta en diciembre, cuando los estudios de opinión ya la perfilaban como la más impopular del mundo.
Boluarte inició su mandato en diciembre de 2022 con 21 % de aprobación y 68 % de desaprobación.
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La paradoja
“En Perú hay una paradoja política: Boluarte es la presidenta más débil de la última década, por su impericia y carecer de partido”, dice a la AFP el analista político Augusto Álvarez, director de A3R.net, un medio digital.
Sin embargo, “esa también es su fortaleza pues para muchos, incluyendo el congreso -que puede destituir mandatarios-, es un gran negocio tener una presidente frágil a la que usan como piñata para sacarle de todo”.
La mayoría conservadora del Congreso además la apoya porque si la despide debe nombrar a la presidencia a un parlamentario de consenso, tarea prácticamente imposible a raíz de la actual polarización.
Su impopularidad se remonta a cuando reemplazó al destituido Pedro Castillo y decidió quedarse en el poder en vez de convocar a elecciones anticipadas.
Boluarte, hasta entonces su discretísima vicepresidenta, engrosó así el historial de inestabilidad peruana.
Desde 2016, Perú ha tenido seis presidentes, dos destituidos por el Congreso, dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino de 8 meses y Boluarte que llegó luego del frustrado golpe de Castillo.
“Abulia en las calles”
Aun así, la gente no sale a protestar masivamente “porque sienten que no vale la pena: si renuncia o es destituida sería reemplazada por un congresista, pero el Congreso también tiene pésima imagen. Por eso hay abulia en las calles”, dice el responsable de Ipsos.
En los sondeos “no hay ningún candidato que cautive, por eso la gente no tiene apuro por sacarla del poder y opta por seguir con ella”.
En las calles de Lima los peruanos no ahorran críticas.
Boluarte “no tiene empatía, es una presidenta incapaz, no resuelve el problema de la seguridad. Estamos esperando que termine y se vaya para que entre un nuevo gobierno a resolver este problema”, dice Saturnino Conde, un profesor de 63 años.
Pero hay excepciones. “Es injusto que tenga tan baja su aprobación porque con ella la economía se está manteniendo (...) No veo que sea motivo de desagrado que lleve un Rolex, que se haya hecho cirugías”, señaló a la AFP Blanca Romero, una historiadora de 75 años.
El buen ritmo de la economía peruana contribuye a evitar su colapso. En el primer trimestre el PIB creció 3,9 %, y en todo el año pasado se expandió 3,3 %. “Otra razón por la que Boluarte se sostiene es que la economía sigue caminando, hay una resiliencia enorme y los ingresos de la población están creciendo”, resalta Álvarez.