El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, de 44 años, considerado como testaferro de Sebastián Marset Cabrera, en el rol de blanqueador de dinero transnacional del narcotráfico, se declaró culpable ante la justicia estadounidense, reportó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, a través del portal del Departamento de Justicia, el 21 de mayo. Santoro fue extraditado desde Paraguay en julio de 2024.

En este marco, el Gobierno norteamericano anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) por información que conduzca al arresto o condena de Marset, que se suma a la recompensa de 100.000 dólares en Bolivia, anunciada en 2023.

El narcotraficante uruguayo también es sospechado de haber ordenado el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y las autoridades de Estados Unidos manifestaron la posibilidad de que se encuentre actualmente prófugo en Venezuela. Su esposa, Gianina García Troche, fue extraditada de España a Paraguay, el pasado 21 de mayo, y fue recluida en la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción.

Este último anuncio fue realizado por Erik S. Siebert, fiscal dederal para el Distrito Este de Virginia, y Louis A. D’Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), en una coordinación entre el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

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Santoro se declaró culpable de una conspiración para lavar dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico. El acusado era un estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 29 años, quien, según se alega en un auto de procesamiento abierto esta semana, es un narcotraficante transnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con valor millonario desde Sudamérica a Europa. Santoro se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares.

Marset presuntamente lideraba una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína, incluyendo hasta diez toneladas a la vez, desde Sudamérica, generalmente a Europa. La organización Marset traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros lugares.

Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Santoro solía indicar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción.

Santoro utilizaba al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas. Santoro utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.

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Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. Santoro blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro se apropió de un porcentaje del dinero ilícito que blanqueaba.

En enero de 2021, se adeudaba a Marset presuntamente más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y sus socios policiales en Paraguay brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Santoro Vassallo. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo del caso.

“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marset, incluyendo su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de la violencia, o sobre su paradero, a contactar a la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov”, señala el informe del Departamento de Justicia en su portal oficial.

Esta investigación forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos e información judicial relacionados se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia o en PACER, buscando el caso n.° 1:23-cr-143.

La jueza Rosarito Montanía explicó las razones sobre su decisión de recluir a Gianina García Troche en la cárcel militar de Viñas Cué, en vez de ser remitida a la penitenciaría de máxima seguridad de Minga Guazú o en otras dependencias.

La magistrada del Juzgado Penal de Garantías del fuero Especializado en Crimen Organizado dijo que uno de los principales argumentos fue la presencia del narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, en el mencionado reclusorio de Alto Paraná. El procesado paraguayo también se vincula a la causa A Ultranza Py, al igual que la ciudadana uruguaya.

La jueza dijo que otras de las razones se sustentan en las recientes fugas que se produjeron en el Centro de Reinserción Social. “La fuga está entre las posibilidad que no se pueden descartar, además no hace menos de dos meses hubo una fuga masiva, incluso se comentó que Tío Rico no lo hizo nada más porque no quiso”, refirió mediante una entrevista con la 1080 AM. Tío Rico, se encuentra imputado por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal.

Asimismo, Montanía comentó que “todos sabemos la organización criminal por la que se la vincula y que su pareja aún está prófuga, buscado por Bolivia y los Estados Unidos. Evidentemente, podemos decir que Sebastián Marset cuenta con la protección de gente muy importante”.

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La magistrada indicó que los abogados extranjeros de García Troche, habían requerido que su clienta guarde prisión en Minga Guazú, la Agrupación Especializada o la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

“Las informaciones que a mí me proveyeron fue que ni candado tenía dicha penitenciaría. Además, que lastimosamente la corrupción imperante en las cárceles no han minimizado. Ninguno de los lugares requeridos por sus abogados fueron aptos para la permanencia de la señora“, comentó.

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Por otra parte, relató que la audiencia de imposición de medidas a García Troche se realizó a su llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi, en un recinto proporcionado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y no en un juzgado tradicional.

Montanía argumentó que se trató de una medida excepcional tomada en coordinación con autoridades con el principal objetivo de garantizar la seguridad del proceso. “Todo esto se mantuvo dentro de una cláusula de confidencialidad para minimizar los riesgos que podría acarrear ese momento procesal. Si algo salía mal ayer, yo sería la única responsable, el riesgo era muy alto y yo particularmente no correría con eso", puntualizó.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, indicó que se realizó un importante despliegue de seguridad en la prisión militar Viñas Cué, donde Gianina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, guarda reclusión preventiva desde ayer miércoles.

“Lo primero que hicimos fue reforzar la seguridad, implementar un control perimetral con efectivos militares del Ejército y de la Armada Paraguaya porque ahí está el río y la costa del río tiene que ser cuidada por efectivos de la Armada Paraguaya con un buque, y obviamente con un grupo de combate, así como lo está haciendo el Ejército en tierra con un camión blindado y un grupo de combate. Nuestra responsabilidad es que la seguridad no se vulnerada”, expresó el general retirado, este jueves, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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En la cárcel militar se encuentra recluida otra persona civil, sin embargo, no con el perfil de García, de acuerdo al ministro, por lo que se realizó un gran operativo de seguridad militar. La mujer fue remitida a Viñas Cué por decisión de la jueza Rosarito Montanía por la tarde de ayer miércoles, luego de cumplir con todos los procedimientos judiciales que se realizaron en el aeropuerto Silvio Pettirossi (Luque), tras ser extraditada desde España.

El ministro de Defensa informó que el presidente de la Corte Militar, Nicolás Narváez, se instaló en Viñas Cué por una cuestión de seguridad. “Esto es muy delicado, es una responsabilidad muy grande la que tenemos a partir del oficio judicial y tenemos que honrar ese compromiso”, aseveró González.

Por otra parte, también se refirió a la seguridad y protocolos en cuanto a los propios efectivos militares, teniendo en cuenta que se había dado un episodio particular, en junio de 2023, con un militar y su esposa, acusados por intento de soborno, por intentar ingresar a la cárcel militar un celular y entregar al también acusado en el caso A Ultranza Py, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.

“Todas las medidas de seguridad que establecimos, también como corresponde, estamos teniendo en cuenta las experiencias pasadas. Estamos previendo todo eso, que no vuela a ocurrir eso”, apuntó el ministro González a Nación Media.

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En el marco de la prisión preventiva de Gianina García Troche, la jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó varias reglas que deberá cumplir la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, extraditada ayer desde España. La ciudadana uruguaya estará en una celda individual y tendrá la restricción del contacto con otros internos, salvo autorización de la dirección de la citada prisión.

La mujer guarda reclusión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué. A la vez cuenta con un horario restringido en sus actividades diarias y podrá acceder al uso de un teléfono celular, que será proporcionado por las autoridades penitenciarias con la finalidad de que pueda comunicarse con sus abogados y familiares acreditados ante el propio juzgado.

En un reporte del periodista de judiciales Aldo Insfrán en el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media, se detalló que, al momento de utilizar el teléfono, la acusada deberá dejar una constancia del llamado, tanto la fecha, la hora y el número del contacto, citando su nombres y apellidos. También tendrá que declarar el grado de parentesco y afinidad del contacto.

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Las llamadas realizadas por García Troche deberán tener una duración de 20 minutos. El uso del teléfono celular está fijado solo para los días lunes, miércoles y viernes, entre las 9:30 a 11:30 de la mañana. El almuerzo está fijado a las 12:00. De lunes a domingo a las 17:00 se hará el control de su ingreso a la celda y a la vez se le proporcionará la cena. La última supervisión se encuentra fijada para las 20:00.

Las visitas familiares se encuentran marcadas para los días martes, jueves y sábado, a partir de las 9:30 hasta las 11:30. Mientras que sus abogados podrán recurrir de lunes a viernes, dentro del mismo horario establecido por la citada jueza.

Por otra parte, los abogados defensores indicaron que los hijos de García Troche y Marset arribarán al Paraguay, entre el 28 o 29 de mayo. Los mismos se encuentran radicados en Dubái, de Emiratos Árabes Unidos, a donde la madre intentaba viajar en julio de 2024, cuando fue detenida por autoridades españoles en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

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