La Cámara de Representantes aprobó este jueves por amplia mayoría la primera ley estadounidense para regular las criptomonedas, un paso importante en el desarrollo de este mercado.

La Ley CLARITY, que ahora pasa al Senado, proporciona a Estados Unidos un marco regulatorio sobre las criptomonedas y otros activos digitales, en línea con los deseos del gobierno del presidente Donald Trump, que apoya firmemente a esta industria.

Ahora pasará al Senado, donde los republicanos tienen una estrecha minoría.

Varios congresistas demócratas han expresado reservas sobre el proyecto de ley porque consideran que no protege lo suficiente a los inversores en un entorno donde el fraude, las estafas y el lavado de dinero son corrientes.

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Inmediatamente después los congresistas de la Cámara de Representantes aprobaron la Ley GENIUS, que codifica el uso de los “stablecoins”, es decir criptomonedas vinculadas a activos seguros como el dólar.

Este texto se enviará a Trump para que lo firme y convierta en ley debido a que ya recibió luz verde del Senado en junio.

Aunque el bitcóin es la criptomoneda más conocida los stablecoins son más importantes por su uso en transacciones.

La ley GENIUS obliga a los emisores de stablecoins a tener reservas de activos, como depósitos bancarios o bonos del Tesoro, al menos equivalentes al valor de su criptomoneda en circulación.

Varios bancos trabajan para emitir sus propios stablecoins, al igual que empresas de comercio electrónico como Amazon y Walmart, mientras que Meta, Uber y Airbnb consideran adoptarlos.

Al igual que Trump, muchos congresistas los ven como una forma de fortalecer el dólar.

• Fuente: AFP

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La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley “que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado”, iniciativa que nació luego de la trama delictiva conocida como “mafia de los pagarés”.

Durante el tratamiento, la senadora Lilian Samaniego, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que el objetivo principal de la iniciativa es garantizar que las remuneraciones de los trabajadores del Estado se ajusten a lo dispuesto en los artículos 92 y 102 de la Constitución Nacional, que aseguran una retribución suficiente para una vida digna.

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La legisladora puntualizó que los descuentos no podrán, bajo ninguna circunstancia, superar el 50 % del ingreso mensual del funcionario por concepto de contraprestación de servicios.

Por su parte, el senador Natalicio Chase, uno de los impulsores del proyecto, sostuvo que la normativa busca corregir los abusos que actualmente se registran en la administración pública, donde, amparados en la ley n.º 1626, se aplican descuentos automáticos excesivos.

“Con esta ley se unifican todos los topes de manera que se pueda garantizar que no se pasen los límites establecidos en el Código Laboral como en la ley de la función pública referente a los descuentos. Regula que no existan excesos, que no haya funcionarios que cobren cero”, dijo Chase. La iniciativa pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

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Con 32 votos a favor, la Cámara de Senadores otorgó este miércoles su acuerdo constitucional para que Gustavo Leite asuma como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante los Estados Unidos de América.

La nominación de Leite fue propuesta por el Poder Ejecutivo y respaldada por una amplia mayoría en la Cámara Alta, lo que allana el camino para que represente a nuestro país en Washington. Durante el debate, varios legisladores destacaron su trayectoria en el sector público y privado, así como su experiencia en temas de comercio internacional y relaciones exteriores.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales aconsejó prestar el acuerdo correspondiente a fin de proceder con la designación. Cabe mencionar que previo al inicio de la sesión ordinaria, Leite expuso ante el pleno la hoja de ruta que tiene trazada para este cargo.

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Entre estos mencionó el ingreso de más productos al mercado estadounidense, la busca de inversiones para nuestro país, así también como las cooperaciones, sobre todo en áreas clave como la inteligencia, aspecto donde el país norteamericano está muy avanzado.

“La candidatura del compañero Gustavo Leite representa un lujo para el Paraguay. Quiero destacar su excelente currículum, posee una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Economía de la Universidad de California y de Chapman, de Estados Unidos”, relató el senador Antonio Barrios.

El legislador prosiguió mencionando la formación de Leite cuenta con una maestría en Marketing Internacional de Escocia. “El candidato expuso su plan de trabajo que se abocará principalmente a la atracción de inversiones, ampliación de la balanza comercial, la reanudación de vuelos directos”, añadió.

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Tras el visto bueno del Congreso, se espera el decreto del Poder Ejecutivo para culminar con el proceso de designación oficial como embajador. Gustavo Leite reemplazará en el cargo a José Antonio Dos Santos, quien ejercía funciones diplomáticas en Estados Unidos desde 2021.

El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión conjunta de investigación sobre lavado de dinero, daño patrimonial al Estado, contrabando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resaltantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue presentado este miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.

El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.

Señaló que un año antes que el gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero, en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una institución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la Nación.

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Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se violaron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.

“Ningún directivo de la ONG en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oenegés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.

Indicó además, que se establecía que se debía favorecer a organizaciones de la sociedad civil incipiente.

“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospechosos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.

Leite sostuvo además que la Justicia Electoral reconoció que no podía hacer un control real del financiamiento político porque no saben quiénes fueron los beneficiarios, por tanto, no saben si ese dinero terminó en campaña política.

Ante esto, una de las recomendaciones que dan es que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Justicia Electoral se tienen que comunicar informáticamente, al menos con algunos niveles de secreto para el control del financiamiento político.

Leite recordó que además de los fondos de USAID comprometía igualmente otros 5 millones de dólares de los fondos del Estado, y hasta ahora se negaron a brindar información sobre quién llevó la plata. Sobre el punto, la recomendación es que se vuelva a crear una nueva CBI para seguir insistiendo en saber quién o quiénes llevaron el dinero.

“No podemos dejar esto en el opareí, porque la ley de cooperación no está rendida, ¿qué haremos como Congreso?, porque se dejaría en la nada unos 52 millones de dólares, es una recomendación de la comisión", acotó.

Otro punto que resaltado fue que durante el trabajo de investigación se enteraron de que el valor de la importación de armas declarado de forma legal y el valor en frontera es 1.000 % más, conforme a los datos brindados por la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Manifestó que desde la DNIT alegaron cuestiones de confidencialidad, por lo que ahora solo se manejan con estimación de la Dimabel, que maneja un monto, los importadores manejan otros montos y los vendedores de fronteras están felices porque no se puede realizar un verdadero control en la frontera. “Mientras que los organismos del Estado que deberían controlar alegan confidencialidad”, acotó.

En lo que respecta a lavado de dinero, Leite señaló que llamó la atención que el Banco Atlas aparece en dos denuncias, una tiene que ver con el caso de Conmebol. Por otra parte, el caso del crédito del tractorista vinculado al presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Ambos casos, aún están en proceso de investigación de la Fiscalía.

“Respetamos el trabajo, pero no nos cierra la bondad de la Fiscalía con Banco Atlas, en el caso Conmebol, Cabeza Branca, y ni que hablar en el fideicomiso de IPS que está ahí en la nebulosa. Esto es lo que podemos contar, el resto está escrito en el informe”, indicó.

También dijo que las veces que la comisión solicitó celeridad al Ministerio Público fue acusada de “comisión garrote”, por presionar a la Fiscalía para que realice su trabajo en casos que llevan más de 10 años sin que se expida, ya sea para desestimar o imputar.

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