“Lo que queremos evitar con esto es una perversión del derecho al voto”, sostuvo el senador Derlis Maidana al defender el proyecto de ley que plantea la regulación de las concertaciones políticas, que son entendidas como alianzas o acuerdos temporales entre partidos y movimientos con el fin principal de postular candidatos en elecciones nacionales, departamentales y municipales.
“Lo que se busca con esta propuesta es que cada partido político tengan su propio padrón electoral, que cada agrupación tenga la autonomía de decidir quiénes son sus candidatos en las elecciones internas, conforme a lo que establece el Código Electoral Paraguayo”, dijo Maidana, este martes, al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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La iniciativa, impulsada por el diputado José Rodríguez, cuenta con un fuerte rechazo por parte de los partidos y movimientos de oposición, que lo califican como proyecto “anticoncertación”. “Esto es totalmente lo contrario, con esta propuesta daremos un marco legal efectivo para que se establezcan las condiciones, requisitos, periodos de tiempo para la inscripción, entre otros tipos de disposiciones. Lo que nosotros queremos siempre es fomentar la participación ciudadana, pero naturalmente ellos hablan de cercenamientos y otras falacias”, comentó Maidana.
El documento que ya cuenta con media sanción se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara de Senadores. El proyecto estipula tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal. “Los partidos de oposición se opone a este proyecto, quieren confundir y saben que sin el electorado colorado no tienen las mínimas chances de ganar una elección. Esta normativa lo que pretende es dejar reglas claras sobre la figura de la concertación”, comentó el legislador.
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Brasil: corte suprema retoma juicio sobre regulación de redes sociales
- Brasilia, Brasil. AFP.
La corte suprema de Brasil retomó este miércoles pasado un juicio que debe decidir sobre la regulación de las redes sociales, en un proceso pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio. Tras varios meses de pausa, la corte vuelve a analizar varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.
El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.
El debate sobre las redes sociales en el máximo tribunal debe definir de qué manera las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios. Otro punto clave es si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.
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“Nada que ver con censura”
Ocho de once magistrados aún deben votar sobre la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.
Los tres que ya lo hicieron, entre ellos el presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, se pronunciaron por una mayor responsabilización de esas empresas. “Establecer los criterios que regirán los casos que llegan al poder judicial es nuestro deber (...) y no tiene nada que ver con censura. Estamos hablando de responsabilidad civil”, resumió el miércoles Barroso al abrir la sesión.
Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.
Uno de los casos bajo análisis se originó por una apelación de Facebook contra un fallo que obligó a la compañía a indemnizar a una mujer que descubrió un perfil falso con su nombre e imagen para divulgar material ofensivo.
El magistrado Luiz Fux argumentó en su voto que en casos de incitación al odio o a la violencia, racismo, pederastia y apología de golpe de Estado, las plataformas deberían “supervisar activamente” y eliminar el contenido de inmediato, sin necesidad de orden judicial.
El bolsonarismo se ha mostrado crítico con ese proceso. Existe “preocupación ante la posibilidad de que el poder judicial imponga, de forma unilateral, restricciones severas a la libertad digital en Brasil”, señaló la semana pasada en una nota la bancada bolsonarista en la Cámara de Diputados. El sensible debate ante el supremo no tiene fecha de finalización.
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Acelerar la regulación
La potencia sudamericana ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando otro de los jueces de la corte suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.
El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia. Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.
El gobierno estadounidense de Donald Trump estudia actualmente posibles sanciones contra Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de “perseguir” al exmandatario (2019-2022). Por su parte, el presidente Lula abogó el martes por “acelerar la reglamentación” de las plataformas. “No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (...) y diga que eso es libertad de expresión”, dijo en rueda de prensa el izquierdista, en alusión a Bolsonaro.
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Regulación de la IA: buscan fomentar el desarrollo de la investigación y el acceso equitativo
La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos de Hombre y la Mujer, desarrolla en la fecha una audiencia pública para analizar el proyecto de ley “que promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social del país”, presentado por varios diputados.
La presidenta de esta mesa asesora la diputada Rocío Abed indicó que siempre se está discutiendo sobre la necesidad o no de reglamentar y establecer un marco legal sobre la inteligencia artificial, que está trayendo la globalización.
“La IA puede ser positiva como negativa dependiendo del enfoque que se adopte como sociedad. Es conveniente el desarrollo de una legislación porque puede fomentar el desarrollo de la investigación y de la inteligencia artificial, así como garantizar el acceso equitativo a sus beneficios. Igualmente, debe promover la soberanía nacional y competitividad en este contexto globalizado”, explicó.
Recordó la referencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio que hizo referencia a Paraguay y su potencial energético y a su vez vinculado a la IA; ya que cuenta con un importante excedente de la energía eléctrica que podría ser de interés de grandes inversionistas en el desarrollo de la IA, así como de tecnologías emergentes en el país.
“Este proyecto de Ley que está a discusión representa una propuesta visionaria, soberana y estratégica que permite aprovechar la ventaja geopolítica única, abierta por el reconocimiento de los Estados Unidos”, enfatizó.
La diputada Abed recordó que en paralelo a este debate, también se está llevando adelante el estudio de la Ley de Datos Personales, que actualmente cuenta con media sanción de Diputados, otorgados recientemente y que son temas de la agenda legislativa. Indicó que están estrechamente vinculados a la propuesta de legislación sobre las IA.
Transversal al día a día
El diputado Rodrigo Gamarra, uno de los proyectistas de la regulación de la IA, señaló que se plantean alternativas de discusión sobre un marco teórico para darle forma a este tema que es la IA, que de a poco va a formar parte de la cotidianeidad de las personas a través de sus celulares.
“La IA es algo transversal que se puso en nuestro camino, es algo imposible de evitar y debemos transitar a través de ella. La idea con este proyecto es darle un marco regulatorio, a fin de ser parte de este desafío para que sea verdaderamente útil a nuestro país”, explicó.
Mencionó que la IA puede ser adaptada a las necesidades que hoy se tienen, brindando soluciones a corto plazo a muchos problemas que se vienen padeciendo desde hace muchos años.
Indicó que se busca una Ley que proteja a las personas, proteja sus datos personales, que incentive el uso de la IA, fomente a los desarrolladores, y sobre todo, se pueda tener a gente especializada en el país, porque existe la capacidad en el capital humano, pero lo que falta es incentivarlo y fomentarlo.
“El gobierno nacional ha demostrado desde todas luces que está abocado en que el desarrollo del país llegue lo más pronto posible. Por eso, creo que el Mitic será un aliado estratégico para poder llevar adelante esta iniciativa”, comentó.
Es necesario quemar etapas
En tanto, el ministro de Tecnología de la Información y la Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, valoró el desarrollo de la audiencia pública como una herramienta para poder escuchar a diferentes sectores y poder entender cómo impacta la IA en la sociedad.
Al respecto, resaltó algunos puntos relevantes, como ser que la regulación siempre va a estar detrás de la innovación y en materia de IA están en la parte inicial de lo que podría llegar a ser y cómo podría impactar en varios aspectos, como educación, salud, seguridad, entretenimiento.
No obstante, señaló que existen etapas que deben ser superadas, por eso, la importancia de contar primero con una Ley de Protección de Datos, que cuenta con media sanción de Diputados y está en estudio en el Senado.
“Debemos entender los cambios que se pudieran dar en otros proyectos de ley que son complementarios o que dependen del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales; que en el caso de las IA dependen totalmente de los datos y del tratamiento del mismo”, indicó.
Indicó que igualmente están trabajando en otras propuestas regulatorias, y que este proyecto de Ley de IA, quieren que sea el primer paso, una herramienta, de un sandbox regulatorio que han visto que nunca se ha planteado en el país.
Explicó que un sandbox regulatorio es un entorno controlado creado por las autoridades regulatorias para permitir que empresas, especialmente startups y fintechs, prueben productos, servicios o modelos de negocio innovadores en un mercado real, pero con ciertas flexibilidades regulatorias y bajo supervisión.
“Sandbox viene del inglés arenero, donde juegan los niños. Refiere entonces, a ese entorno controlado. El objetivo es fomentar la innovación, permitiendo experimentar sin cumplir inicialmente con todas las regulaciones estrictas, mientras se protege a los consumidores y se evalúan los riesgos”, acotó.
Mencionó que existen una serie de proyectos regulatorios que deben ser analizados, pero siguiendo un orden. Por tanto, sancionar una Ley de Protección de Datos Personales, luego un sandbox regulatorio que permitirá comprender mejor el impacto regulatorio de una herramienta innovadora como es la IA, y tercero analizar los elementos que están ahí. "El orden en que salgan es importante, las discusiones se pueden tener indistintamente en cualquier orden", acotó.
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Rubin propone juzgar como adultos a menores asesinos y debatir la cadena perpetua
El diputado Rubén Rubin anunció que impulsará una serie de propuestas legislativas enfocadas en el endurecimiento de penas para menores de edad que cometan crímenes graves, a raíz del caso de Fernanda Benítez, la joven de 17 años que fue asesinada y calcinada presuntamente por su pareja, también de 17 años, en Coronel Oviedo.
Rubin sostuvo que hechos de tal brutalidad no pueden seguir siendo tratados con la actual normativa penal juvenil. “Si un hombre de 17 años le quema viva a su pareja embarazada, debe ser juzgado como adulto, porque es un hombre con todas las letras”, manifestó ante varios medios de prensa.
El legislador señaló que propondrá la modificación de la Ley de la Niñez y Adolescencia para que adolescentes de 16 y 17 años, e incluso desde los 14, como lo permiten los tratados internacionales, sean juzgados como adultos en casos de homicidio. “En otros países se está debatiendo desde los 12 años. Esto yo pongo sobre la mesa y será un debate que involucre al Poder Judicial, al Ejecutivo y al Congreso”, dijo.
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Actualmente, la edad de imputabilidad en Paraguay es a partir de los 14 años, sin embargo, Rubin cuestionó que las penas impuestas a menores permiten que autores de crímenes violentos recuperen su libertad en pocos años. “El asesino de Fernanda tiene 17 años, a los 24 ya va a tener su segunda oportunidad. Y él no le dio una segunda oportunidad a Fernanda”, expresó.
“Se queda corta la cadena perpetua. Una persona que tenga el atrevimiento de sacarle la vida a un paraguayo o paraguaya, tiene que perder su libertad de por vida”. Además de endurecer las penas, el legislador aboga por la implementación de un sistema de rehabilitación obligatoria para los jóvenes que padecen de adicciones,
También instó a debatir el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen, proponiendo que colaboren con el Ministerio del Interior en la seguridad interna. “Deben ser la barrera entre nuestros niños y las drogas”, concluyó.
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Conajzar recaudó G. 18.700 millones en mayo
El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, informó que la institución recaudó en el mes de mayo un total de G. 18.700 millones, lo que establece un nuevo hito en materia de ingresos.
Destacó que al inicio de la actual administración las recaudaciones estaban en el orden de los G. 11.000 y G. 12.000 millones, y que esta cifra récord registrada en mayo se está alcanzando con pequeñas intervenciones implementadas por la Conajzar.
“Nuestro fin máximo como ente regulador no es la recaudación, pero increíblemente al hacer los controles aumenta la recaudación”, dijo Liseras durante una entrevista en Paraguay TV, luego de una reunión con intendentes de varios municipios del país, este lunes, en la que socializó los alcances de la nueva ley 7438 que modificó varios artículos referentes al régimen jurídico para la explotación de los juegos de azar.
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En la reunión con los intendentes, el presidente de la Conajzar afirmó que al contar con la prerrogativa de realizar incautaciones la recaudación de la institución irá aumentando hasta duplicar las cifras anteriores a la ley. Destacó que ese dinero ingresado no se utiliza para pagar sueldos o gastos superfluos, sino que se destina directamente a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).
Así también remarcó la corresponsabilidad de los intendentes en el combate a la explotación clandestina de juegos de azar, recordando que está prohibido terminantemente que menores de 18 años estén en salas de juego.
Por otro lado, informó que en el marco de una reestructuración del organigrama institucional, la Conajzar tiene previsto crear un departamento de lucha contra la ludopatía que trabajará de forma articulada con los municipios. “El fin supremo es la protección de los menores de edad para que no caigan en la ludopatía. Empecemos esta tarea, es de vital importancia para proteger a nuestros menores de edad”, expresó.
Con la nueva ley, promulgada en enero de este año, la Conajzar pasó a depender de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y en conjunto adquirieron la potestad de incautar todos los materiales, enseres e implementos relacionados a hechos ilícitos.