El viceministro de Protección Integral del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), Eduardo Escobar Said, cuestionó las acciones, tanto de los magistrados que integraron el Tribunal de Sentencia como del fiscal que llevó el caso, por haber liberado al docente villarriqueño, de 53 años, acusado por acoso contra una niña de 11 años, quien fuera su alumna.

A través de su cuenta de red social X, el viceministro realizó su descargo y expresó su preocupación ante este hecho, que golpea fuertemente a todo el sistema de prevención y protección de niños, niñas y adolescentes en los casos de abusos en todas sus formas.

“Luego de una semana difícil por numerosos casos de abuso sexual en niños, en los cuales los operadores de Justicia lastimosamente no estuvieron a la altura; reflexiono sobre este pensamiento del profesor Juan José López Ortega, del cual tuve la fortuna de ser su alumno en la Universidad Carlos III de Madrid”, indicia la reflexión de secretario de Estado.

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El mismo cuestionó el “esmero” de los veladores de la Justicia en este caso, y principalmente, sobre los derechos de protección a la niña víctima en este caso. “Me pregunto: ¿pusieron estos jueces y fiscales el esmero para llegar a la tan mentada ´verdad verdadera´ en un caso tan delicado como lo es un abuso sexual a una niña?”, lamentó.

En ese mismo sentido, también cuestiona: “Señores magistrados ¿les parece justo una absolución en un caso tan grave?, ¿pelearon con esmero por la Justicia?, ¿pelearon por la justicia a una niña víctima por parte de una persona que tenía el deber de cuidarla como lo es un profesor?”.

También lamentó que a pesar de la preparación que puedan tener los jueces que dieron su veredicto, u otros jueces que llevan casos similares, no serviría de nada si el fiscal de la causa “no puede redactar una acusación en forma”, o que un juez Penal de Garantías, no puede ejercer su rol de contralor del proceso y corregir el tipo penal fue imputado el acusado.

“¿De qué sirve si tres jueces de Sentencia no pueden, bajo la posibilidad que otorga el Código Procesal Penal, ordenar la sustanciación de nuevos medios probatorios?. ¿Les parece correcto revictimizar a una niña víctima de abuso?. Porque si ahora se anula el juicio oral y público, ella y toda su familia tienen que volver a pasar por otro juicio, recordando hechos dolorosos”, reprochó.

Ante toda esta situación, expresó: “Señores magistrados lamento informarles que no hacen honor a la investidura que poseen circunstancialmente, ni demuestran la capacidad ni el compromiso que requiere un jurista”.

Detalla además que por este tipo de sentencias, la sociedad se encuentra en una posición de cuestionamiento ante las tantas y constantes campañas para denunciar todo tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. “Causan un daño tremendo en la percepción de la sociedad respecto a la labor de la protección de la infancia. Vuestras Señorías: ustedes no están a la altura de la labor que les encomendó el Estado y la Sociedad de llegar a la Justicia en los casos que intervienen”, sentenció.

Finalmente, instó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a que tomen acciones que sean ejemplo para otros casos. “El JEM ya tiene el caso y espero tengan una sanción ejemplificadora, para que nunca más veamos sentencias como esta”, puntualizó.

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La diputada del Partido País Solidario (PPS), Johanna Ortega, adelantó que no renunciará a su banca en la Cámara Baja y esto pese a que ya confirmó sus pretensiones electorales de apuntar a la intendencia de Asunción. La legisladora es criticada ya que hoy asume una posición que fue cuestionada de su parte en el periodo anterior.

“La renuncia es exagerada. Yo pediría permiso, que asuma el suplente y me dedicaría a hacer campaña 100 por ciento”, indicó la diputada al ser consultada si no piensa dejar la Cámara Baja con miras a las elecciones municipales del 2026.

La consulta a Ortega se realizó teniendo en cuenta que anteriormente había exigido al entonces diputado Sebastián García, renunciar a su banca antes de iniciar su trabajo proselitista a intendente en la capital por el Partido Patria Querida (PPQ), en el marco de los comicios del 2021, sin embargo, hoy asume otra postura.

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La legisladora alegó que en aquel entonces desconocía el reglamento de la Cámara y que ahora leyó el documento y se dio cuenta que le da la oportunidad de pedir permiso a su banca. Lo que implica que si no corre su postulación, tendría la posibilidad de volver al Congreso en el mismo periodo parlamentario.

“La verdad que desconocía la posibilidad de pedir permiso para hacer campaña y retornar. Después hoy obviamente siendo diputada y leyendo el reglamento entiendo que puede haber un mecanismo”, señaló la parlamentaria del PPS.

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El viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, acudió este lunes ante la Comisión de Defensa Nacional de Diputados con la finalidad de proporcionar informaciones oficiales sobre el espionaje impulsado por Brasil contra autoridades del gobierno paraguayo en el marco de las negociaciones de la tarifa de la entidad binacional Itaipú, entre junio de 2022 y marzo de 2023.

“No hay nuevas medidas ni tampoco un ultimátum para que nos proporcionen una respuesta, estamos aguardando respuestas satisfactorias y sinceras por parte del gobierno brasileño para poder recuperar la confianza entre dos países amigos”, comentó el diplomático a los medios de comunicación presentes en el Congreso.

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Para el encuentro también fueron convocados autoridades del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y de la Secretaría de Inteligencia. “Por supuesto que esta situación afecta las relaciones de amistad, estamos hablando de la pérdida de confianza entre dos países hermanos, aliados. Todavía no sabemos en qué consistió la operación de inteligencia, que tipo de informaciones buscaban”, manifestó Verdún.

El pasado 1 de abril, el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña había, anunciado cuatro medidas tras tomar estado público el esquema de hackeo. Se convocó a consultas inmediatamente al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, a fin de que informe sobre los aspectos relacionados a la acción de inteligencia en asuntos del Gobierno del Paraguay.

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Igualmente, se convocó al embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes, para que ofrezca explicaciones detalladas sobre la acción de inteligencia llevada a cabo por el Brasil. A su vez, Mitic inició una investigación detallada de los eventos ocurridos entre junio del 2022 y marzo del 2023 en vista que no existió ningún reporte del gobierno de Mario Abdo Benítez al respecto.

La otra acción consistió en la suspensión temporal de la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú hasta que Brasil brinde las aclaraciones correspondientes al Paraguay. “Más que un pedido de disculpas del Brasil, como Gobierno queremos saber en qué consistió esa operación de inteligencia y quiénes fueron los funcionarios y las instituciones afectadas. Saber si esto efectivamente concluyó cuando asumió el gobierno de Lula”, refirió Verdún.

De acuerdo a las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin). El espionaje se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

Este viernes, desde el Ministerio de Justicia designaron un nuevo equipo para el trabajo de intervención dentro de la penitenciaría de Minga Guazú, que estará encabezado por Jesús Emmanuel Pérez Guerrero. La medida fue tomada luego de confirmarse que ocho personas privadas de su libertad lograron escapar del centro de reclusión.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, nombró a Pérez Guerrero al frente del equipo interventor del penal. Esta decisión fue tomada ante la renuncia de Blas Antonio Martínez, quien estuvo al mando de la intervención por unas horas tras la fuga de los ocho reos de alta peligrosidad. Estos lograron saltar el cercado perimetral de la cárcel y huyeron del sitio. Hasta el momento, solo uno fue recapturado.

Este 28 de marzo, el Ministerio de Justicia emitió la resolución n.° 261, por la cual se designa a Pérez Guerrero como titular del equipo interventor del establecimiento penitenciario, por un periodo de 30 días, durante el cual se llevarán a cabo los trabajos para esclarecer el hecho.

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El nuevo interventor es miembro del plantel de instructores y capacitadores del Instituto Técnico Superior de Formación y Educación Penitenciaria (Itsfep), donde desempeñó un rol clave en la formación del personal penitenciario. También, hizo cursos de especialización en la sede de la Policía Penal del Estado de Paraná, a través de la Oficina de las NNUU contra la Droga y el Delito - UNODC.

El fiscal Alcides Giménez Zorrilla imputó a cinco funcionarios penitenciarios por haber supuestamente facilitado la liberación de ocho personas privadas de libertad. Estas son de alta peligrosidad y estaban en el pabellón de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Minga Guazú. Los imputados son Pedro Arnaldo López Martínez, Benicio de Jesús Romero Aguilar, Ariel Gustavo Mareco Benítez, José Carlos Alfonso Torres y Jonathan Nicolás Barúa Chamorro.

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