El abogado penalista, Ricardo Preda explicó que independientemente a la chicana que interponga la defensa de los imputados en el caso de Filtración de Seprelad, el Ministerio Público está en el derecho de presentar el requerimiento conclusivo en la fecha. Indicó que en el eventual caso que no lleguen a presentarlo, el código procesal penal establece que el juzgado puede fijar un nuevo plazo de 10 días.

El especialista mantuvo una charla en el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970am/Nación Media, donde explicó sobre el procedimiento que se llevará a cabo ante la nueva chicana interpuesta por la defensa del expresidente Mario Abdo y Daniel Farías Kronawetter en el citado caso.

Le puede interesar: Chicana de último momento: defensa de Abdo presenta recusación contra el FGE Emiliano Rolón

Al respecto, el abogado señaló que en primera medida la Fiscalía General podría confirmar de vuelta a los fiscales que fueron recusados o bien, establecer a los fiscales que podrían presentar el requerimiento conclusivo.

Ahora bien, atendiendo a que el propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón fue recusado igualmente por la defensa, señaló que existe una veintena de fiscales adjuntos que podrían obrar en su reemplazo y que no hayan sido recusados. “Habría que ver quién de los fiscales adjuntos que no hayan sido recusados pueden resolver el caso, en sustitución del fiscal general que fue recusado”, acotó.

Mencionó, además que, en sus años de experiencia, desconoce que exista una causa o proceso, que no se haya presentado requerimiento conclusivo por causa de recusaciones a los fiscales investigadores. Indicó que la Fiscalía siempre ha resuelto este tipo de cuestiones, porque obviamente no es la primera vez que sucede un hecho similar, en que los fiscales son recusados hasta el último plazo límite.

“No creo que sea un tema que ni la Fiscalía General actual, ni administraciones anteriores, desconozcan que se presenten recusaciones masivas, ante la inminente presentación del acto conclusivo, estimo que será el día a día del Ministerio Público, ya que en la práctica es algo común esto”, explicó.

Al respecto, Preda no cree que las recusaciones tengan un impacto final en la decisión a partir de la presentación del requerimiento conclusivo, donde los agentes fiscales deberán solicitar elevar el caso a juicio oral o el sobreseimiento de los procesados.

“Desconozco que exista algún caso, en el que el Ministerio Público no haya presentado su requerimiento conclusivo, por causa de las recusaciones. Pero en la peor hipótesis, que esto no ocurra, se aplica un trámite que se basa en el artículo 139 del Código Procesal Penal, que de no presentarse el acto conclusivo, el juez tiene que correr traslado a la Fiscalía General, con un plazo de 10 días para que emita finalmente su posición al respecto”, explicó.

Con ello, remarcó que el proceso no termina hoy si es que la Fiscalía no presenta sus requerimientos conclusivos en la fecha establecida como límite el cual, en este caso de filtraciones de Seprelad, vence a las 23:59 de este martes 11 de marzo. Preda, agregó que está seguro que de una u otra forma la Fiscalía va a presentar sus actos conclusivos, porque desconoce que exista un antecedente en donde no se haya presentado por causa de las chicanas.

Siga informado con: Reintegración de senadores debe ser respetada, afirma diputado liberal

El abogado Enrique Kronawetter, uno de los representantes del expresidente Mario Abdo Benítez y del exfuncionario Daniel Farías Kronawetter, en la causa “Filtraciones de la Seprelad”, presentó una chicana de último momento, recusando al fiscal general Emiliano Rolón Fernández, y además solicitando que se le aparte del proceso a los fiscales antidrogas César Sosa y Elba Cáceres, y al fiscal de Paraguarí Osmar Segovia, así como a la fiscala adjunta Matilde Moreno.

Esta nueva chicana se da en el día límite para que el Ministerio Público presente el requerimiento conclusivo, ya sea para confirmar las acusaciones o solicitar su desestimación. Kronawetter alegó en su escrito la supuesta ausencia total de objetividad en las actuaciones de los intervinientes fiscales.

Nota relacionada: Caso Seprelad: con nueva recusación a fiscales, abogados abdistas buscan impunidad

El abogado defensor argumenta que el fiscal general Rolón Fernández ha tenido un supuesto “actual sesgado” durante este proceso investigativo, favoreciendo de manera injustificada según su observación, a una de las partes.

Cuestiona además la conformación del equipo fiscal que quedó integrado por Guillermo Sanabria (renunciante), César Sosa, Elba Cáceres de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, y al fiscal de Paraguarí Osmar Segovia, que según el jurista se integró recién en la víspera del presente acto conclusivo, es decir ayer lunes 10 de marzo.

A criterio de la defensa, no han tenido intervención ni participación durante el proceso preparatorio. Sin embargo, este equipo fiscal ha entrado en funciones desde el pasado 4 de marzo del 2025, que ya estaban trabajando en la causa conforme a la resolución del Ministerio Público N° 746.

“La recusación se sustenta en la ausencia de toda objetividad en la actuación, tanto del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, como de los agentes fiscales designados de manera intempestiva, tras la renuncia del fiscal Guillermo Sanabria, que era el único que naturalmente estaba llevando adelante la investigación”, expresa parte del documento.

Siga informado con: Abed insta a celebrar los logros para el bienestar de los niños y dejar de lado el resentimiento

El abogado Pedro Ovelar aseguró que no hay coincidencias en las publicaciones de los medios de prensa afines al abdismo, sino más bien como un plan bien orquestado y preparado, sobre todo cuando aparecen casi al unísono los diferentes abogados de los imputados en esta causa coincidiendo siempre en el mismo discurso.

En comunicación con el programa “Tarde de Perros” que se emite por Universo 970Am/Nación Media, el abogado se refirió al caso de la renuncia del fiscal Guillermo Sanabria, señalando que ahora se entiende cuáles eran esos motivos “personales y familiares”, ante la presunción de presiones ejercidas sobre Patricia Sanabria, hermana del fiscal renunciante que trabaja en el mismo buffet de los abogados Enrique Kronawetter y Federico Huttemann, abogados defensores de Mario Abdo Benítez y otros en la causa filtraciones de Seprelad.

Nota relacionada: Suspicaz vínculo entre entorno de Mario Abdo Benítez y fiscal que renunció al caso Seprelad

Ovelar manifestó que a esta situación se suman las llamativas publicaciones de los medios afines al abdismo, que una vez más buscan embarrar el proceso.

“Esto siempre forma parte de un esquema bien preparado, y nunca es fortuito, que nos quieran vender que sus declaraciones son objetivas y algo imparcial en esos medios de prensa, absolutamente no es así. Pero más allá de esto, es muy llamativa la vinculación del fiscal Sanabria y su hermana con el staff de abogados defensores”, expresó.

No obstante, remarcó que, por el lado del denunciante, el expresidente Horacio Cartes, que es su cliente, en ningún momento ha ejercido ningún tipo de coacción o presión hacia ninguna persona para que haga lo que no quiere.

“Siempre hemos sido respetuoso, acompañando el procedimiento. Mi cliente como víctima tiene derecho a participar de los actos de procedimiento, y estamos expectantes a lo que haga el Ministerio Público, pero de ninguna manera ejerciendo alguna acción desleal o fuera de lugar”, acotó.

El abogado Ovelar señaló que, en este caso, se hace muy difícil poner sobre la mesa la discusión, con una contraparte que lo único que busca es embarrar el proceso.

“Si hoy se le llama a Cecilia Pérez, Enrique Kronawetter, Rolón Luna, u otro abogado de la defensa, jamás van a discutir sobre los 42 elementos de pruebas contundentes que contempla todo el expediente fiscal. Porque ellos se van a montar sobre algo que no existe en el mundo real, solamente creado en la imaginación de estos abogados, como son los chats de Pedro Ovelar, y jamás van a discutir sobre las pruebas porque no les conviene”, explicó.

El abogado señaló desde que comenzó esta causa se registró la presentación de una treintena de incidentes de nulidades, apelaciones, recusaciones, a lo largo de este proceso.

“Acá hay que centrarse en qué hicieron estos imputados, para que estén imputados y a mi criterio deben esclarecer en un juicio oral y público, porque hay mérito suficiente para hacerlo, con excepción de Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola que no fueron desaforados. El resto, tiene que responder ante la justicia lo que ellos hicieron contra Horacio Cartes, su familia y sus bienes”, enfatizó.

Remarcó que con las maniobras fraudulentas casi fundieron la vida de una persona, cuando filtran información a los medios de prensa amigos, a partir de un informe de Seprelad, el cual estaba plagado de inconsistencias, en algunos casos de mentiras y de tergiversaciones. “En este caso, no solo se ve la filtración de información, sino que se ve un plan orquestado para lograr la sanción de los Estados Unidos”, acotó.

Siga informado con: Caso Seprelad: fiscal que debe acusar a exministros abdistas renuncia sorpresivamente

El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, aclaró que aún no se procedió a la apertura de una causa penal contra el juez Osmar Legal, quien fue denunciado por prevaricato por el exdiputado Orlando Arévalo. El 26 de febrero, el Ministerio Público derivó este caso a los fiscales Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Luis Piñánez, el mismo equipo conformado el pasado 5 de febrero para abordar la denuncia de Legal sobre los chats entre el fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gómes y otros funcionarios estatales.

“Creo que es una garantía que el mismo equipo sea el que dilucide el tema central. Son gente confiable y objetiva, y al ver en una visión de conjunto probablemente se tenga una conclusión asertiva. Yo confío en este equipo y me parece que es una conformación correcta”, dijo Rolón, este jueves, en una entrevista con la 1020 AM. La filtración selectiva de los chats derivaron en la renuncia de Árevalo a su banca en el Congreso, así como al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Lea también: Orlando Arévalo permanece internado en UTI y su esposa pasó a sala común

“La Fiscalía todavía no tiene ninguna orientación de tipo legal, simplemente se abre una carpeta fiscal, una investigación preliminar. La causa penal habrá cuando la investigación arroje evidencias positivas, no está investigado en forma exhaustiva, no tiene un tipo legal en su contra”, indicó el fiscal general acerca de esta nueva asignación en torno al magistrado especializado en lucha contra el crimen organizado.

Arévalo alegó en su acusación que el magistrado incurrió en irregularidades al difundir a los medios de comunicación los mensajes extraídos tras el peritaje realizado al teléfono del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien falleció en agosto del año 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo “Pavo Real II”. Las conversaciones difundidas también afectaron a las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, y a la jueza penal Sadi López.

Te puede interesar: Letrinas Cero: plantean ampliación por G. 48.000 millones para construir baños

“No hay ninguna calificación ni tipo legal específico, no hay todavía ninguna entidad jurídica instalada, simplemente se remitieron estos antecedentes al mismo equipo para examinen los dos cursos, una denuncia formal del exdiputado Orlando Arévalo y otra la información que recibimos del juez Legal. Debemos hablar claro, el magistrado Osmar Legal no denunció nada, simplemente envío un informe”, comentó Rolón.

El titular del Ministerio Público puntualizó: “Nosotros podemos manejar hipótesis, aristas, podemos estar acertados o equivocados. Todavía no fijamos la posición del Ministerio Público, que quede claro, apenas somos parte del proceso y vamos a instar un requerimiento en su momento positivo o negativo de acuerdo a lo que resulta conforme a nuestro criterio”.