El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, presentó una denuncia por persecución política. El jefe comunal está siendo investigado por varios hechos punibles que causaron un millonario perjuicio patrimonial a la comuna. Esta acción promovida por Prieto es solo una más de sus estrategias para evitar enfrentarse a la justicia, señalan.
“Es increíble la manera en que hace un show para desviar la atención, él debe de presentarse a la justicia, pero piensa que la plata de la municipalidad es de él y que no tiene que haber control alguno”, expuso el concejal de Ciudad del Este, Ernesto Guerín, en contacto con La Nación/Nación Media.
Pese a estas “movidas” realizadas por Prieto, la ciudadanía ya no confía en él y exige transparencia, alegó Guerín, quien ratificó que existe un interés real de parte de los esteños en que el intendente se someta a la justicia y que se determine si es culpable o no de haber causado un perjuicio de más de G. 2.100 millones a la municipalidad.
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“Es impresionante como busca desviar la atención”, reiteró el edil y al mismo tiempo lamentó la falta de acción de parte de la Contraloría General de la República. De acuerdo a lo expuesto por Guerín, existe un listado de posibles irregularidades cometidas por Prieto, no obstante, el ente contralor no interviene de modo a detectar hechos que ameritarían una intervención del Ministerio Público.
Hay que mencionar que de acuerdo al acta de imputación de la Fiscalía, Prieto es señalado como la cabeza de un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de los recursos municipales que resultó en un perjuicio patrimonial a la institución de G. 2.130.036.160. El intendente está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la comuna.
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Condenan a 13 años de cárcel a un camionero, por el abuso sexual de una niña de 7 años
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En juicio oral y público que se llevó a cabo este jueves 13 de marzo, en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, un hombre fue condenado a 13 años de prisión por el abuso sexual de una niña de 7 años. El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Luis Fernando Escobar y Alcides Giménez Zorrilla.
Entre las evidencias que inculparon al condenado están la entrevista a la víctima en Cámara Gesell, que se realizó como anticipo jurisdiccional de pruebas; también el informe psicológico del Centro de Atención a Víctimas y otros elementos considerados relevantes por el tribunal de sentencia.
El órgano fue presidido por el juez Marino Méndez e integrado por los jueces Herminio Montiel y Zunilda Martínez Noguera. Los fiscales solicitaron los 13 años de prisión para el victimario y el Tribunal de Sentencia, consideró la aplicación de dicha pena.
De acuerdo con los antecedentes, los abusos (que consistieron en manoseo y otros actos sexuales), se produjeron a mediados de mayo del 2019, en una vivienda ubicada en el km 10 Monday de Ciudad del Este.
En aquel tiempo, el ahora condenado, que trabaja como camionero, era pareja de la madre de la niña y frecuentaba la vivienda familiar, circunstancia que fue aprovechada para cometer las agresiones. El hombre cometió el hecho estando con libertad ambulatoria, luego de estar recluido en la cárcel de Pedro Juan Caballero por un caso de robo agravado cometido en la zona de Caaguazú.
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Según lo expuesto en juicio, la madre de la niña estaba al tanto de los abusos y en vez de denunciar el caso, protegía al agresor, quien además amenazaba a la víctima y a su hermana adolescente. Igualmente, la pareja mantenía relaciones sexuales frente a las menores de edad.
La mujer ya había sido procesada, juzgada y condenada a 18 años de pena carcelaria y se en prisión. El autor principal del hecho, ahora recibió una condena menor que la madre de la víctima.
La Nación/Nación Media no publica los nombres del autor del hecho, ni de la madre de la niña, también en prisión, por preservar la identidad de la víctima, tal como establece el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 29.
La misma dice: “Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal”.
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Senador pide dar celeridad al desafuero de Abdo para “contar su verdad”
El senador Gustavo Leite se refirió sobre el anuncio realizado por el exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, consistente en requerir su desafuero tras la contundente imputación que lo sindica de cometer terrorismo de Estado y persecución política mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“Yo celebro que se haya dado la acusación. Esta es una brillante oportunidad de contar su verdad al jurado y a la ciudadanía, entonces no hay nada mejor en democracia tener juicios sobre temas que son trascendentes, la acusación no es leve, no se trata de que robaron una gallina, esto es un tema más profundo”, manifestó Leite, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Abdo junto con sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene están imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
“Sin duda esto será algo súper mediático. Vamos a ver si los acusados convencen al jurado y a la ciudadanía de su inocencia, no hay nada mejor que esto. Este es un caso sonado y existe una manifestación de uno de los interesados o potencialmente involucrado que pide ser liberado para ir a afrontar un juicio, entonces porque motivos trancaríamos. Deberíamos abocarnos a estudiar esto lo antes posible, porque cambiaron las cosas, ya hay una acusación, existe una manifestación por parte del involucrado, no veo porque habría que retrasar”, refirió Leite.
Pedido del propio interesado
La imputación surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos, en diciembre de 2022, y las generales, en abril de 2023. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha, entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.
“Ante la manifestación pública de Mario Abdo de que sí quiere ser desaforado, es muy difícil argumentar en contra de esto. Yo no sé como un colega podría salir a decir que está en contra, si el propio involucrado está interesado en ser desaforado. Debemos proceder y dárselo, me parece que es el camino a seguir, las cosas se tienen que dirimir en la justicia”, dijo el legislador.
El anuncio de Abdo Benítez se dio tras la contundente acusación fiscal contra sus leales y posterior requerimiento del Ministerio Público de elevar la causa a juicio oral y público. La acusación fue presentada en horas de la noche por los fiscales Silvia González y Christian Benítez, pese a las más de 30 chicanas que fueron presentadas por los acusados y sus abogados para impedir el avance de las investigaciones y buscar impunidad.
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Desafuero de Abdo: “Hay condiciones para que se dé lugar al pedido”, dice Maidana
Tras la contundente acusación del Ministerio Público contra los exministros de Mario Abdo, el expresidente se pronunció y solicitó al Congreso que tramite la pérdida de sus fueros de modo a someterse ante la justicia. El senador Derlis Maidana celebró la decisión del exmandatario cuyo gobierno es señalado por haber montado un esquema para generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento.
“Desde mi óptica hay condiciones para que se dé lugar al pedido de desafuero, corresponde que el expresidente presente toda su defensa jurídica teniendo las manos libres por parte del Congreso”, expresó el senador colorado, Derlis Maidana en comunicación con La Nación/Nación Media.
El parlamentario indicó además que es la oportunidad que tanto Abdo Benítez como sus exfuncionarios rebatan los argumentos jurídicos esgrimidos en la acusación, el cual señala que habrían incurrido en varios hechos punibles como asociación criminal, entre otros mediante la filtración de información de carácter confidencial.
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“En todos los casos hay que dejar actuar a las instituciones, el juez de garantías seguramente va a determinar si los argumentos del Ministerio Público tienen la consistencia necesaria para ir a juicio oral y en el caso del expresidente, es importante que él se ponga a disposición de la justicia, en donde va a tener todas las garantías constitucionales para el ejercicio legítimo de su derecho a la defensa”, sostuvo.
Maidana recordó que lo que motivó la querella hacia Abdo y algunos integrantes de su Gabinete fue la utilización de organismos estatales de control como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Secretaría de Estado de Tributación, la antigua Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y otras instituciones, las cuales emitieron informes que no se adaptaban a preceptos legales.
“En una clara persecución hacia el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes y hacia quien luego fue candidato y presidente de la República, Santiago Peña. No hay que dramatizar esto y hay que dejar que las instituciones actúen y, ya que el expresidente solicitó esto, creo que el Congreso nunca ha negado a ningún senador activo y en este caso vitalicio, en cuanto a pedir su desafuero”, expuso.
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Confían en el FGE
Por otro lado, desacreditó los dichos de referentes políticos que alegan que el actual fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, nuevamente es funcional a un determinado sector del Partido Colorado y precisó que este fue electo por Mario Abdo y su bloque de aliados políticos, es decir, gran parte del sector opositor, por lo que carece de fuerza esta aseveración, según manifestó.
“Hoy esa afirmación no cae porque sabemos de la forma en que fue electo el señor Fernández, no obstante, confiamos en su trabajo. Muchos opositores que fueron parte de los cuatro intentos de juicio político a la exfiscal Sandra Quiñónez hoy dicen que ella fue mejor, o sea se aplica el dicho de que eran felices y no lo sabían”, concluyó.
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Gamarra señala doble discurso: “Ahora gritan persecución política”
Tras la decisión del Ministerio Público de acusar a los exministros de Mario Abdo por presunta asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio, además del exhorto del exmandatario a ser desaforado, el diputado Rodrigo Gamarra cuestionó a quienes hoy apuntan contra este hecho como persecución política, cuando el propio gobierno anterior se valió de las instituciones estatales para perseguir a sus adversarios políticos.
“Hoy cuando la Justicia abre una causa, ellos gritan persecución política, olvidando que fueron ellos quienes cometieron esa persecución y terrorismo de Estado durante cinco años. Esto obviando que el fiscal general fue puesto por ellos y que hasta hoy incluso los ha beneficiado por ni siquiera investigar a todos los que saquearon y desfalcaron las instituciones estatales”, aseveró el legislador.
El parlamentario colorado realizó su descargo a través de redes sociales, espacio donde afirmó que durante cinco años, el gobierno de Mario Abdo utilizó al aparato estatal para perseguir y causar daños a Horacio Cartes, principal adversario político. La Fiscalía cuenta con elementos que sostienen que información confidencial fue filtrada por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en la era Abdo Benítez.
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“Se aliaron con los eternos enemigos del Partido Colorado y con medios de comunicación que recibían grandes sumas en publicidad para usarlos como escudo mediático y justificar la persecución. Todo para dañar la imagen del expresidente Cartes, política y económicamente, por su incapacidad de vencerlo en las urnas, logrando incluso sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos con la manipulación de datos financieros sensibles”, sentenció.
Gamarra celebró la decisión del Ministerio Público de finalmente acusar por asociación criminal y otros hechos punibles a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes entre el 2021 y 2022 habrían formado parte de un esquema a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado, según indica el propio escrito de la Fiscalía.
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