El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), inició desde este 1 de marzo el periodo de inscripción y actualización de datos en el Registro Cívico Permanente (RCP), correspondiente al presente año con miras a las elecciones municipales previstas para el 2026 con la finalidad de garantizar a los paraguayos el sufragio en los locales más cercanos a sus viviendas.
El proceso surge en cumplimiento al artículo 130 de la Ley 834/96 del Código Electoral Paraguayo. La campaña de inscripción y actualización se extenderá hasta el próximo 30 de diciembre. Para realizar el trámite solo es necesario la presentación de la cédula de identidad.
Desde la institución electoral comunicaron además que los interesados pueden acudir hasta el Registro Electoral o Centro Cívico que se encuentran distribuidos en todo el país, de martes a domingo, incluso feriados desde las 7:00.
Anticipadamente, las coordinaciones departamentales de la Justicia Electoral, iniciaron los trabajos de logística, específicamente el despliegue de los talonarios de inscripción en los 17 departamentos del país distribuidos en las 283 oficinas de los Registros Electorales y Centros Cívicos, totalizando 4.062 talonarios de inscripción.
Así también los coordinadores departamentales recibieron una capacitación para actualizar sus conocimientos acerca del llenado del talonario de inscripción para instruir a los funcionarios que tendrán a su cargo la tarea de actualizar los datos de los ciudadanos.
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Baruja cree que unidad partidaria de CDE se replicará en otros distritos
El secretario político de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Juan Carlos Baruja, destacó el ejemplo de Ciudad del Este que ha logrado la unidad partidaria y espera que en breve esto se replique en otros distritos del país.
El también ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) fue abordado este sábado en la sede del Partido Colorado, donde se realizó un acto por el cumpleaños de su presidente Horacio Cartes, quien exhortó a toda la dirigencia a trabajar por la unidad colorada de cara a las elecciones municipales del año 2026.
“Esto es lo que se está haciendo en todo el país, trabajar por todos los paraguayos y paraguayas a través del Partido Colorado. Creo muy factible la unidad, y creo que lo de Ciudad del Este es un gran ejemplo, muy positivo para todos. Creo que ese ejemplo va a permear a varios distritos más y varios departamentos del país”. expresó.
Baruja señaló que se está trabajando, se está dialogando y cuando se logran concretar los acuerdos se van anunciando. Comentó que hay conversaciones que se están realizando en varios distritos entre todos los dirigentes, atendiendo que aún existe suficiente plazo para concretar esa unidad.
“Todavía estamos con buen tiempo, hay que tener en cuenta que las internas serán en junio del próximo año. Las inscripciones de las candidaturas serán en marzo del 2026. Así que tenemos una buena cantidad de meses por delante para seguir apostando al diálogo, a las conversaciones para llegar a buenos acuerdos”, precisó.
Mencionó que dentro del Comando de Honor Colorado aún no se ha conversado sobre alguna candidatura puntual para la intendencia de Asunción. Explicó que se están analizando y evaluando los posibles perfiles. “Estos meses que tenemos, nos estaremos abocando para dialogar y buscar consensos para los mejores acuerdos”, concluyó.
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Trabas en proceso de licitación de máquinas de votación podría resolverse la próxima semana
El director de Financiamiento de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, indicó que la medida cautelar presentada por una empresa en el marco del proceso de licitación de las máquinas de votación, ya estaría siendo definida la próxima semana.
Una empresa había presentado la medida cautelar ante el Tribunal de Cuentas, que la hizo lugar; esta fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por lo que el proceso se encuentra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Creemos nosotros que, si esta cuestión se soluciona en el transcurso de la próxima semana, y estamos confiados que va ser así, porque actualmente esta medida cautelar está en estudio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tenemos conocimiento que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas contestó inmediatamente el traslado que se corrió con respecto a la medida cautelar”, indicó en entrevista al programa Cara o Cruz.
Detalló que también ya se corrió traslado a la parte actora, y esta contestación ya se estaría dando la próxima semana para responder. “A partir de ahí creemos nosotros en la celeridad que van a imprimir los miembros de la Corte que integran esta Sala Penal”, refirió el alto funcionario electoral.
Por otra parte, mencionó que, a raíz de esto, el proceso licitatorio se encuentra parado. “Fuimos superando y salvando cada una de las etapas, cada una de las observaciones y creímos nosotros que ya estábamos encaminados como para la apertura de sobres, de la recepción de sobres que tuvimos y después de esto teníamos que pasar ya a la verificación técnica de las máquinas de votación y posterior recomendación del Comité de Evaluación al máximo órgano electoral”, manifestó.
Actualmente, el proceso está parado en la etapa de evaluación cualitativa de los documentos presentados por las empresas, una vez que se destrabe en la Sala Penal se debe pasar a la revisión técnica, donde cada empresa presentó cinco muestras de las máquinas que pretenden ofrecer.
“Nosotros tenemos que hacer pruebas de funcionalidad, es decir, pruebas de votación, si la batería resiste, tenemos que ver todo lo relacionado al secreto del voto, de que el voto no pueda ser tasable, que es algo muy importante y a todos los requisitos de la Constitución Nacional y las leyes”, sentenció.
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Presentarán un proyecto para actualizar el cálculo del reajuste del salario mínimo
El reajuste del 3,6 % del salario mínimo legal, que pasa de G. 2.798.309 a G. 2.899.048, se realizó por recomendación del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), con base en el índice de inflación anual. Al respecto, el director de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Enrique Galeano, dijo que este monto no llena las expectativas de los trabajadores y que ya se está trabajando en actualizar el cálculo del reajuste anual.
“Se recomendó el reajuste del 3,6 % en base al IPC (Índice de Precios al Consumidor). Se debe actualizar la forma de calcular el salario mínimo. Este es un IPC general que refleja un costo-consumo promedio de bienes y servicios no es dirigido a una canasta básica obrera, es una herramienta económica que se usa para la política monetaria y no salarial”, explicó Galeano a Universo 970 AM/Nación Media.
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El actual mecanismo de reajuste, acordado en 2016, estableció una revisión anual del salario mínimo en base al IPC acumulado. Antes de esa reforma, el reajuste se aplicaba recién al alcanzarse una variación inflacionaria del 10 %, lo que generaba aumentos bruscos y esporádicos que complicaban la planificación de las empresas y, en muchos casos, fomentaba la informalidad laboral por el impacto de los costos.
Sin embargo, con el paso de los años, este sistema comenzó a perder consenso entre empleadores y trabajadores, lo que impulsó la búsqueda de un nuevo esquema. De acuerdo con Enrique Galeano, los trabajos para actualizar el modelo ya se iniciaron hace cuatro meses e incluyen el análisis de proyectos anteriores y la colaboración con organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El objetivo es desarrollar una propuesta que contemple no solo la evolución de los precios en general, sino también el impacto real sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto podría implicar cambios sustanciales en la manera en que se define el salario mínimo en el país.
Se espera que durante este año se concrete un proyecto de ley que contemple los ajustes propuestos y que deberá ser evaluado por el Poder Ejecutivo antes de su envío al Congreso. Las autoridades coinciden en que el IPC es una herramienta válida para la política monetaria, pero insuficiente para definir incrementos salariales que garanticen una mejora real en la calidad de vida de los trabajadores.
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Demora con máquinas de votación forzaría a renegociar presupuesto el próximo año
El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, estima que todavía se tiene un ajustado plazo para cumplir con el calendario previsto para la adquisición de las máquinas de votación, proceso que en este momento está paralizado por una medida cautelar presentada por una empresa que no está en competencia. Caso contrario, la demora para este año obligaría a renegociar el presupuesto no ejecutado para este compra.
“Teniendo en cuenta lo último que sabemos, que es la suspensión decretada por una medida cautelar, con respecto a los plazos estamos justos, pero creo que vamos a llegar”, dijo el funcionario, este miércoles, en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El proceso está trabado por una medida cautelar decretada por el Tribunal de Cuentas, segunda sala, a pedido de una empresa que protestó por un requisito de antigüedad en la provisión del servicio ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, la firma estuvo ausente del trámite convocado por la Justicia Electoral.
El funcionario electoral, explicó que la Sala Penal es el órgano o la instancia competente para entender el grado de apelación, que es en el momento, ya que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) apeló la medida cautelar resuelta u ordenada por el Tribunal de Cuentas, entonces esto sube a la Sala Penal y es esta instancia la que debe resolver. Este incidente, debe ser resuelto en la brevedad, de acuerdo al director electoral.
Falta apertura de ofertas
“Para nosotros tiene que ser lo antes posible, ahora mismo estamos trabados en la verificación documental, pasado esto tenemos que trabajar en la verificación técnica de las muestras que presentaron. Cada empresa presentó cinco máquinas y tenemos que hacer las pruebas técnicas de esas máquinas, eso nos va a llevar una semana, una semana y media”, indicó Ruiz Díaz.
Posteriormente, el informe elaborado tras esta etapa, debe ser remitido al Comité de Evaluación, que volverá a evaluar y establecer qué empresas pasan a la segunda etapa, que es la apertura del sobre económico, y “eso lleva otra vez su tiempo”. Luego queda la etapa de la adjudicación de la empresa seleccionada para proveer las máquinas.
“Tenemos la etapa de adjudicación, donde se pueden presentar otra vez protestas, tenemos la firma de contrato y, a partir de ahí, se da la orden para la producción de máquinas de votación. Entonces, para nosotros también estos plazos que estamos perdiendo son los que nos van a faltar al final. Si recibimos las máquinas en el país, para noviembre o diciembre, estamos bien”, sentenció.