• Bogotá, Colombia. AFP.

Pablo Escobar formó durante los 1980 un ejército de adolescente pobres dispuestos a matar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los convenció de cometer crímenes horrorosos, una herencia que sigue viva en Colombia. Este tipo de crímenes, comunes en tiempos del capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país esta semana, tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe mientras se reunía el sábado con seguidores en un parque de Bogotá.

El martes, la fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por presuntamente atentar a balazos contra el dirigente político de 39 años, que está en estado crítico en una clínica. El joven se declaró inocente y está detenido. Un video al que tuvo acceso la AFP muestra al presunto atacante moverse entre la multitud vistiendo una camiseta estampada y vaqueros. En un momento saca un arma y apunta. Suenan disparos, Uribe cae y la multitud se dispersa en pánico.

La fiscalía asegura que le propinó tres tiros. Esto “no es algo excepcional para Colombia”, dice a la AFP Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró el lunes que bandas de delincuentes utilizan a menores porque el marco jurídico es diferente al de los adultos y contempla penas más leves. Solo en 2024, cerca de 5.000 adolescentes de entre 14 y 17 años ingresaron a este sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidio, según el Ministerio de Justicia.

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Los jóvenes que empuñan armas suelen venir de barrios marginados, con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles, dice Charles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como única salida.

“Están buscando soluciones” rápidas para obtener dinero “porque no hay comida en la mesa por las noches en su casa”, explica. El 33 % de los colombianos son pobres. Casi el 4 % de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023, año del último balance oficial.

Los grupos ilegales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por matar, según investigaciones de Charles. A menudo son “engañados” y no llegan a ver nunca el dinero prometido, asegura.

Cuando fue detenido, el menor acusado de disparar contra Uribe decía que estaba dispuesto a “colaborar” con las autoridades y que recibió órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los puntos de expendio de drogas.

Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal encargada de la protección de los menores (ICBF), dice que, en buena parte de los casos, las mafias “provocan” que los menores cometan delitos “a partir del consumo” de sustancias psicoactivas.

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La pena máxima para un menor por homicidio en Colombia es de ocho años. Un adulto puede enfrentar hasta 50 años tras las rejas. Usar a menores “es una vieja costumbre” en el país que “busca claramente la impunidad y aprovecharse de su situación de marginalidad”, dice el penalista Francisco Bernate a la AFP.

Bernate sugiere que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es un factor determinante en estos casos. Un menor de 18 años “no tiene la plena capacidad para comprender” las “consecuencias de sus actos”.

“No solo en Colombia, (sino) en la mayoría de países del mundo, y así lo obligan los tratados internacionales, reciben un tratamiento diferenciado al de los adultos”, dice. La fiscal Camargo explicó que, a diferencia del código penal, con un enfoque punitivo, el marco legal de los menores contempla sanciones educativas y restaurativas. No van a la cárcel sino a centros especializados.

El 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial del Partido Comunista Bernardo Jaramillo iba a tomar un vuelo. Pese a estar acompañado por escoltas, le dispararon a quemarropa y lo mataron en el aeropuerto. El joven que empuñaba el arma tenía 16 años. “Ese muchacho duró un poco más de un año detenido (...) y en 1992 apareció muerto a tiros junto a su padre en el baúl de un carro en Medellín”, cuenta a la AFP el periodista y académico Jorge Cardona.

El autor del libro “Días de Memoria”, que hace un recuento de los sucesos violentos que marcaron a Colombia entre 1986 y 1991, cuenta dos casos más. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por un menor de 16 años en 1984 y Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial, cayó baleado por otro joven, de 20 años, dentro de un avión en 1990. Esos casos no han sido totalmente resueltos.

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley “que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales”, iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia y que busca evitar que un pagaré sea ejecutado para su cobro en reiteradas ocasiones.

La propuesta legislativa nació del Poder Judicial como una de las medidas frente al caso conocido como “mafia de los pagarés”. El proyecto recibió un dictamen favorable de parte de las comisiones asesoras que estudiaron el proyecto y así también de parte de la Comisión Especial de carácter transitoria conformada para analizar la trama delictiva que afecta a miles de ciudadanos, de acuerdo a las denuncias.

“Destacar que tuvimos una audiencia en conjunto con otras comisiones con la presencia de dos ministros de la Corte, Eugenio Giménez y Alberto Martínez Simón, quienes evacuaron todas las consultas de los legisladores y de los técnicos de la Comisión y como ellos mismos presentaron este proyecto, aconsejan la aprobación”, expuso Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación.

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En este sentido, la mencionada comisión aconsejó la aprobación con modificaciones que apunta a su vez a modificar varios artículos del Código Procesal Civil e incorpora nuevas disposiciones con el fin de regular el tratamiento, depósito, devolución y custodia de los títulos de crédito durante la sustanciación del proceso y en particular en los juicios ejecutivos.

“La intención principal es contar con un marco regulatorio que impida que los títulos de crédito sean utilizados de mala fe, por circulación inapropiada cuando ya se ha iniciado una demanda reclamando el pago y hasta tanto no se dicte una sentencia definitiva que acoja o rechace la acción determinando expresamente que la devolución del título se hará a quien corresponda”, explicó.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial manifestó que han recibido más de 4.000 denuncias en el marco de la “mafia de los pagarés” en los que existen casos en que se ha cobrado doblemente el monto de la deuda. “Y en muchos casos el pagaré nunca aparece, sigue circulando, nos hemos encontrado con un mismo pagaré demandado en diferentes Juzgados, incluso los que ya fueron cobrados”, refirió.

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Maidana indicó que este caso desató una problemática social muy fuerte y que con esta normativa, el Poder Judicial tendrá más instrumentos para preservar, custodiar y devolver los documentos. Tras su aprobación con modificaciones, el proyecto será remitido para su estudio a la Cámara de Diputados.

La Comisión de Asuntos Migratorios y Desarrollo, presidida por diputado Cleto Giménez, solicitó al Centro de Investigación Legislativa (CeIL) un estudio sobre la legislación comparada de normativas que establecen la fusión de los servicios de Registro Civil e Identificaciones.

Al término de la reunión de la mesa de trabajo, el legislador explicó que la intención es avanzar en el estudio del proyecto de ley “Que fusiona los servicios del Registro Civil e Identificaciones y se establece el Sistema Integral de Registro Civil e Identificación de las Personas Naturales”.

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Mencionó que la propuesta requiere del parecer técnico de varias instituciones. Con relación al pedido presentado al CeIL, se espera conocer los antecedentes, las disposiciones legales y las resoluciones que abordan el tema en los países de la región.

“El mismo pedido se extendió a los ministerios del Interior y al de Justicia, instituciones de origen de Identificaciones y Registro Civil, respectivamente, para conocer el parecer de los mismos y posteriormente emitir un dictamen con respecto a la propuesta", comentó.

El diputado Giménez recordó que el proyecto de ley fue presentado por su colega colorado Hugo Meza, en el cual propone mantener un registro único de identidad de las personas naturales, con la potestad “de generar y emitir el documento que acredita la identidad legal y el pasaporte”, según expresa la exposición de motivos.

Indicó que el documento resalta la importancia de la digitalización de datos para dar celeridad a las gestiones requeridas actualmente para obtener documentaciones.

“Esta digitalización, además de necesaria, facilitará un trabajo coordinado, unificado y en línea con otras instituciones públicas que utilizan los datos suministrados por el Registro Civil, en adelante Dirección Nacional”, compartió parte de lo que expresa el documento.

Finalmente, indicó que de acuerdo a la propuesta, el Sistema Nacional estará a cargo de la Dirección Nacional del Registro Civil e Identificación, “que será la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identidad de las personas naturales y de generar y emitir el documento que acredita la identidad legal y el pasaporte”.

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El vicepresidente primero del Senado, Ramón Retamozo, en ejercicio de la presidencia de la Cámara Alta, firmó la resolución 2.837, por la cual convoca a sus pares a una sesión extraordinaria el próximo viernes 13 de junio, a las 9:00. Los únicos puntos a ser analizados serán dos proyectos de Ley que modifica algunos artículos del Código Electoral.

El plenario analizará dos iniciativas legislativas que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. En primer término está el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 130 de la ley N° 834/1996 ‘que establece el Código Electoral’, modificado por la ley N° 2.858/2006”, presentado por varios diputados.

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El objetivo principal de esta propuesta es permitir a la Justicia Electoral realizar un corte técnico-administrativo, a fin de que los ciudadanos inscriptos hasta una fecha determinada por resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) puedan integrar el Registro Cívico Permanente.

Asimismo, el proyecto establece un cronograma electoral que incluye la fecha de cierre de inscripciones, así como los plazos y etapas para la presentación de tachas, reclamos, sustanciación y resolución.

Con esta medida se busca asegurar que el padrón utilizado en las internas partidarias, principalmente en años de elecciones municipales y nacionales, refleje con mayor precisión la realidad electoral, dado que las candidaturas se inscriben a inicios de año, cuando aún no se concluyó la validación final del registro del año anterior.

Además, se posibilitará el cruce de datos con los padrones partidarios para las elecciones internas, la formalización de precandidaturas y la determinación, por departamento, del número de bancas correspondientes a la Cámara de Diputados y a las Juntas Departamentales.

Este lunes, la comisión de Legislación Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, analizó la propuesta y finalmente emitieron dictamen en mayoría por la aprobación sin modificaciones del proyecto. Mientras que un segundo dictamen en minoría fue por el rechazo y se registró además un voto por la aprobación con modificaciones.

Como segundo tema a ser analizado en la extraordinaria está el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la ley N° 834/1996 ´Que establece el código electoral’, modificado por leyes N° 4743/2012 y 6167/2018”, presentado por varios diputados.

La propuesta busca formalizar el reconocimiento anticipado de movimientos internos, permitiéndoles gestionar previamente su Identificador Tributario y cuenta bancaria. La propuesta establece que las declaraciones de ingresos y gastos de campaña (DIGC) y de intereses económicos vinculados (DIEV) se presenten solo en formato digital y de manera individual por cada candidato.

Asimismo, obliga a publicar estos documentos en el portal del TSJE en un plazo de 10 días hábiles y crea una unidad especializada para fiscalizarlos. Refuerza la apertura de cuentas bancarias con plazos y sanciones en caso de incumplimiento.

También impone sanciones por falsedad en las declaraciones, incluyendo la inhabilitación electoral por 10 años, y sustituye a la Subsecretaría de Tributación por la DNIT como entidad responsable del control tributario.

Sobre este punto, la comisión de Legislación, igualmente ya emitió dos dictámenes; en mayoría aconseja la aprobación con modificaciones, considerando las sugerencias que presentaron las autoridades del TSJE y de sus asesores técnicos. También se dictaminó por el rechazo en minoría.

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