La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Raúl Latorre, determinó conformar con 12 puntos el orden del día de la sesión ordinaria prevista para el 4 de marzo próximo. Esta es la primera ordinaria después del receso parlamentario, la cual es convocada para las 09:00. Entre los principales temas a ser analizados se destaca el proyecto de ley De Protección de Datos Personales en Paraguay”.

La plenaria de la Cámara Baja deberá dar continuidad al estudio en particular de esta propuesta, teniendo en cuenta que la misma ya cuenta con la aprobación, en general, del documento el cual quedó pendiente desde diciembre del año pasado.

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El proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales la República del Paraguay es parte.

El texto, recordemos, cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública; entre otros.

Cabe recordar que dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país. El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional; y una vez que termine su estudio en Diputados deberá pasar a la Cámara de Senadores.

Otro punto interesante a ser analizado por el plenario tiene que ver con el proyecto de ley “Que modifica el artículo 17 de la Ley N° 7143/23 - Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)”. Esta iniciativa busca fortalecer los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal en la gestión de los recursos públicos, según el documento.

En esencia, la propuesta plantea que todos los ingresos que financian el funcionamiento operativo de la DNIT, sean destinados, directamente, a las arcas del Estado y que sea, exclusivamente, el Presupuesto General de la Nación el que financie su funcionamiento.

Esto, teniendo en cuenta que la normativa vigente permite que la DNIT integre su actual presupuesto con porcentajes de la recaudación de diferentes multas aplicadas por la Administración Nacional de Aduanas, que a criterio de los proyectistas genera riesgos de discrecionalidad y de conflicto de intereses.

Argumentan, por otro lado, que los recursos tributarios son propiedad del pueblo y deben ser administrados de manera equitativa para financiar las prioridades del Estado.

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El senador José Oviedo encabezó este jueves una audiencia pública de carácter de mesa de trabajo, para analizar el anteproyecto de ley para la modificación de la legislación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El legislador, proyectista, indicó que el objetivo de esta audiencia es tener la postura y el aporte de todos los sectores involucrados.

“La terminamos, pero vamos a discutir con los magistrados, los juristas, hay muchos invitados, de acuerdo a lo que surja de esta reunión que va tener formato de mesa de trabajo, podemos recibir críticas, pero vamos a pedir propuestas de soluciones también”, refirió en conversación con los medios.

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Oviedo indicó que se trata de dos puntos fundamentales a ser modificados con esta iniciativa. “Vamos a pulir un poco el proyecto y ya lo vamos a presentar, lo que queremos es modificar la ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para buscar pluralidad en la conformación del JEM y también tener un mecanismo de control sobre la gestión de los miembros del JEM”, apuntó.

Agregó que una vez que se tenga las modificaciones a ser incluidas en el anteproyecto, presentará formalmente el proyecto de ley. “Vamos a corregir y de acuerdo a lo que surja aquí vamos a presentar el proyecto modificado. Estamos abiertos a las modificaciones, siempre y cuando haya cierto consenso mínimo sobre ellas”, expresó.

Finalmente, señaló que se debe apuntar a una solución lo más pronto posible, refiriéndose al actuar de los miembros del JEM, tras la mediatización de los chats entre Eulalio “Lalo” Gomes y Orlando Arévalo, exmiembro del JEM y la supuesta injerencia en algunos casos. “Tenemos que actuar ya porque es una situación de emergencia en la que estamos, están bien las palabras, los repudios, pero tenemos que tomar acciones en concreto”, sentenció.

Se trata del anteproyecto de Ley “Que amplia y modifica los artículos 3, 6 y 18 de la Ley N° 6814/2021 ´Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra´ y deroga la Ley N° 3759/2009″.

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El senador Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, sostuvo que es necesario impulsar un debate y análisis para modificar la ley vigente del financiamiento político. La postura del legislador se da tras los chats filtrados del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y el financiamiento de la campaña del sector político del exmandatario Mario Abdo Benítez por “más de un millón de dólares”.

“Me estuve involucrando en lo que es en América Latina el lavado de dinero y precisamente las campañas políticas son uno de los principales vehículos por el cual se lava dinero del crimen organizado, de hechos de corrupción y otros tipos de delitos conexos”, dijo el legislador en una entrevista emitida a través del programa “La caja negra”.

Recordó que, en su momento, como diputado acompañó la modificación de la ley de financiamiento, planteado por el sector opositor, sin embargo, para Núñez, esta normativa debe ser modificada nuevamente. “En mi época de diputado acompañamos la modificación de la Ley de Financiamiento Político de sectores que, de alguna forma, nos señalaban una luz de esperanza que todos podemos colaborar, pero esos mismos sectores son los que están ahora con un mutismo que preocupa”, cuestionó respecto a la alianza de la oposición con el abdismo.

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A partir de la próxima semana se reinicia el periodo legislativo, y Núñez anunció que presentará un pedido de informe sobre el supuesto aporte millnario que Gomes habría colaborado con el abdismo desde las internas de 2017. “Para conocer verdaderamente si ese aporte irregular, ilegal de un millón de dólares dónde terminó, porque estoy seguro que en la rendición de cuentas en el Partido (Colorado), no va a figurar. Ahí se configura en lavado de dinero y que estamos financiando campañas, y nosotros estamos preocupados de lo que está pasando en nuestro partido”, apuntó.

Por otra parte, señaló que este podría ser un tema para analizar en la comisión asesora del Senado que aún se encuentra en vigencia. “Una tarea titánica creo que le espera a la Comisión Bicameral de Investigación de ilícitos y delitos conexos, porque los delitos conexos son esos que precisamente estamos hablando, el tráfico de drogas, de personas, de armas, el financiamiento político oscuro”, sentenció.

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Una iniciativa legislativa plantea la creación de un registro único de pagarés, cheques o facturas con el fin de evitar varias ejecuciones de las mismas, como se evidenció en la causa denominada “mafia de los pagarés”, con numerosas denuncias presentadas desde diciembre de 2024 sobre un esquema judicial de estafas, en el cual los estudios jurídicos consiguen pagarés que ya habían sido cancelados, pero no retirados por los firmantes e inician juicios contra estos.

“Sería un registro detallado de todos los documentos, porque también vamos a proponer otros títulos de créditos, como los cheques, facturas y demás, para poder tener una serie o un código QR, para que los jueces antes de hacer la ejecución, antes de hacer la acción preparatoria del juicio puedan pedir informes y registro”, explicó el diputado y proyectista José Rodríguez en entrevista a la 780 AM.

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El legislador indicó que se trata de una digitalización, como un pequeño sistema que estará en la Corte Suprema de Justicia, en estadísticas o en el Registro Unificado Nacional (RUN), y que los jueces pidan el informe para ver si el pagaré ya no se ejecutó, si hay un pago parcial, o si hay un pago total, y con ello rechazar o proseguir con la demanda.

“Cada acreedor que tenga un pagaré para ejecutar, antes de la ejecución registre en este sistema para que los jueces puedan llevar a cabo la ejecución. Eso es básicamente lo que estamos planteando, la creación de este registro que para mí es muy importante para evitar ese tipo de fraudes”, apuntó el diputado.

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