El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Éver Villalba, comentó que en el sector opositor de la Cámara Alta existe más de un proyecto de ley que plantea impulsar la reforma del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Las propuestas surgen ante la denuncia de un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la justicia en el órgano extrapoder, a partir de la filtración selectiva de chats de un fallecido diputado.

“Buscaremos el consenso y que todas las ideas sean presentadas a través de un proyecto. Lo cierto y lo concreto es que se necesita de una gran reforma en el JEM. El principal problema dentro de esa institución es la oficiosidad, el JEM hasta ahora tiene un método inquisitivo, donde ellos pueden de oficio iniciar una investigación, juzgar y condenar”, sostuvo Villalba.

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“Esto da pie para que la institución sea utilizada como garrote político, hay que sacarle ese poder absoluto que tiene el JEM. Lo que buscaremos es que no se concentre todo el poder en el jurado”, agregó el legislador, que consideró interesante el planteamiento realizado por su colega José Oviedo del movimiento Yo Creo, consistente en que los integrantes del JEM sean electos mediante el voto popular. “Se debe discutir mejor, necesitará de un mayor debate, un gran diálogo y consenso político”, comentó a los medios de comunicación.

Conversaciones filtradas entre el diputado Eulalio “Lalo” Gomes, fallecido en agosto de 2024 durante un procedimiento del operativo “Pavo Real II”, y el diputado Orlando Arévalo, quien se desempeñaba como vicepresidente primero del JEM, propiciaron que este último se aparte del órgano extrapoder, además de renunciar a su banda, a instancias del movimiento Honor Colorado. Los chats también afectaron a las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, además de la exjueza Sadi López.

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La exjueza penal de garantías en Pedro Juan Caballero Sadi López, vinculada a un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la justicia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), acusó al juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal de alterar el orden cronológico de sus chats intercambiados con el fallecido diputado de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista.

“Me presenté ayer (miércoles) ante el Ministerio Público y la Superintendencia General de Justicia donde se abrió un sumario previo a la aceptación de renuncia de mi cliente y expusimos nuestras hipótesis del caso. En primer lugar para nosotros sí se quebrantó la cadena de custodia, sí se contaminó (las pruebas). El ejemplo claro está en la propia denuncia que realizó el juez Osmar Legal, quien alteró el orden cronológico de las conversaciones”, manifestó su abogado Mario Elizeche en una entrevista con la 1020 AM.

Elizeche acotó: “Con esa alteración se da la impresión de que son una serie de favores que le hace la exjueza en respuesta a un caso del jurado, cuando no es así. López no desconoce la veracidad de los chats, son conversaciones que ella mantuvo, pero el contexto de esa conversación y el orden de la alteración con el fin de que parezca que existió un tráfico de influencias es una prueba clara del quebrantamiento de custodia y la contaminación de las pruebas”.

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Ante esta acusación, el abogado mencionó que en el intercambio de mensajes entre su defendida y el exlegislador no se observan hechos penalmente relevantes. “Hay que investigar más y no condenar con el extracto que hizo Legal. Coincido que es una falta ética que se haya dado estas conversaciones, pero no tiene relevancia penal, no hay un pedido de dinero, no existe ninguna violación de la ley en el sentido de torcer una decisión. Nosotros tendremos una participación activa en la investigación”, dijo.

La acusación contra López fue impulsada por el juez penal especializado contra el crimen organizado Osmar David Legal Troche y surge tras el peritaje realizado al teléfono de Gomes. En el caso también fueron salpicados el exdiputado Orlando Arévalo y las fiscalas Katya Uemura y Stella Mary Cano

“Nosotros también requerimos la copia espejo de la pericia realizada al celular de Gomes. Acá no solo hay que agarrar el contenido de la charla, sino verificar que realmente pasó en el expediente. Es por eso que nosotros decidimos acercar las copias de los expedientes del caso, poner a disposición de la Fiscalía para que analice y vean que no se da la existencia de los elementos de tipo penal, que la jueza López hizo lo que tenía que realizar, sin importar el pedido de Lalo”, manifestó.

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El abogado Óscar Tuma, quien ejerce la defensa legal de la familia del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista anunció que impulsará una denuncia contra el Ministerio Público por inacción en torno a la causa que investiga la muerte del dirigente político de Amambay. La acusación será presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

“Hasta la fecha, ni siquiera se ha convocado a la viuda del legislador para prestar declaración, lo que evidencia la falta de diligencia en el proceso”, recriminó. “Esta causa, nos guste o no nos guste el diputado, se tiene que investigar bajo qué circunstancias lo asesinaron y esa investigación no está avanzando. A pesar de que transcurrieron siete meses, no hay un solo imputado”, dijo a la 650 AM.

Los fiscales a cargo de la causa son Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. “Evidentemente, no existe la intención de investigar qué es lo que ocurrió ese día. Entonces, ya no nos queda otra que poner a conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos y de esa manera ir agotando todas las instancias”, manifestó.

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Asimismo Tuma acotó: “Acá los únicos testigos son los que asesinaron al diputado, después los otros que estuvieron ese día no dicen absolutamente nada. ¿Dónde estuvieron ese día? Existen demasiadas interrogantes. La investigación que tiene que llevarse a cabo para que esas dudas se disipen, no avanza”.

Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.

El legislador, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del capo narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão mediante una aparente simulación de compra de una de sus estancias.

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El Jurado de Enjuicia­miento de Magistra­dos (JEM) se plan­teará reglamentar la Iniciativa 8, de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, que restringe las comunicaciones de sus miembros con jueces o fiscales procesados. Esta reco­mendación formó parte de la declaración que realizara la Cumbre de Poderes que se realizó el lunes en Palacio de Gobierno, por iniciativa del presidente Santiago Peña.

El senador colorado Derlis Maidana, uno de los repre­sentantes del Senado ante el JEM, explicó a La Nación/ Nación Media que esta reco­mendación fue bien recibida y que incluso podría debatirse ya la próxima semana.

El planteamiento que sugiere el Punto 7 de la Declaración señalabásicamentequeseregla­mente y estipule normas para evitar las comunicaciones pri­vadas entre miembros del JEM con los magistrados encausa­dos, una práctica frecuente y que ha sido criticado abierta­mente tras la divulgación de los chats del caso Lalo Gomes “Tenemos un Código de Ética que se aplica a los directores generales y funcionarios que no pueden hablar con las per­sonas encausadas en el JEM. Yo creo que no habría mayo­res inconvenientes en que la mayoría del Jurado decida adoptar esa medida, tam­bién para los integrantes en el sentido que sean públicas las visitas, el derecho a la defensa garantizado en la Constitu­ción y que se prohíba el con­tacto directo entre el encau­sado y el miembro”, expuso el senador Derlis Maidana.

El legislador, representante de la Cámara Alta ante el JEM, manifestó que no ve obstácu­los en que los miembros apues­ten por reforzar sus normati­vas de modo de permitir una mayor transparencia y que la ciudadanía pueda tener cono­cimiento sobre el descargo de los jueces, fiscales, defensores, síndicos y todo aquel que tenga una causa abierta en el Jurado.

“Nosotros tomamos en cuenta esas recomendaciones y las tenemos que analizar como órgano extrapoder creado por la Constitución. Creo que nadie está ajeno en este momento a luchar para trabajar todos jun­tos y restaurar la credibilidad en el sistema de Justicia en gene­ral y en la institución en par­ticular. Esto lo trataríamos el próximo jueves a las 9:30 en sesión ordinaria”, adelantó.

“El llamado al diálogo entre los poderes es clave en cualquier país. Cuando se convoca a una cumbre hay que darse cuenta que esto refleja un compromiso institucional”, dijo el politólogo y consultor Víctor Genes, tras destacar el interés del gobierno del mandatario Santiago Peña en debatir sobre la problemática judicial. La reunión realizada el día lunes culminó con una declaración de siete ejes para la lucha contra la corrupción.

“Si no tenemos una solidez institucional con un respaldo político, no se podrá consolidar el Paraguay, y la corrupción estará desarro­llándose continuamente. Desde la voluntad política se consolidan las instituciones. La consolidación institucional genera buenas prác­ticas y las buenas prácticas se traducen en un ejercicio de buenas costumbres”, manifestó Genes, este martes, al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM.

Las afirmaciones del analista surgieron ante el intento por parte de políticos opositores y disidentes colorados de desmeritar la iniciativa celebrada en el Palacio de Gobierno, calificándola como una “cumbre de la impunidad y un acto protocolar”, sin plantear propuestas para combatir la corrupción dentro del sistema judicial como consecuencia de la permeación del crimen organizado en las instituciones.

En el marco de la cumbre de poderes que convocó el Poder Ejecutivo el pasado lunes en Palacio de López, el presidente Santiago Peña hizo el anuncio de la próxima instalación del Consejo Nacional Anticorrup­ción, organismo que suplantaría a la Secretaría Nacional Anticorrup­ción (Senac), que quedó desmantelada porque no cumplía con los fines para los cuales había sido creada. La ley que crea este Consejo, que fue sancionado por el Congreso paraguayo en noviembre de 2024, establece que la Contraloría General de la República ejercerá la coordinación general de dicho consejo en conjunto con el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Se estipula, además, la creación de unidades de transparencia y anticorrupción en cada orga­nismo público, bajo la supervisión de la Contraloría General.

Camilo Benítez consideró que la declaración se enfoca en una idea común, el combate a la corrupción y el crimen organizado.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, calificó la declaración de la Cumbre de Poderes como bastante relevante, seña­lando que aún sabiendo que puede haber diferen­cias entre sus integrantes, hay un aspecto en común: la lucha contra el crimen organizado. Por otra parte, destacó que la implementa­ción de la Iniciativa 28 de la Estrategia Nacional de Com­bate a la Corrupción podría traer más transparencia al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según señaló a “Arriba hoy”, por GEN/Uni­verso 970.

Benítez recordó que esta reglamentación impone la restricción a los miembros del Jurado de mantener reunio­nes o comunicaciones priva­das con magistrados en gene­ral y que las comunicaciones de los miembros del JEM con cualquier magistrado debe­rán ser oficiales y públicas. Además, plantea sanciones a lo que considera una “falta grave” en el caso de la inob­servancia de esta disposición que ahora el Jurado deberá reglamentar.

“A mí me parece que el comunicado no es vacío, yo creo que contiene elemen­tos sustanciales de muchí­sima relevancia para aque­llos operadores de Justicia, para aquellas personas que pasamos alguna vez por el Poder Judicial, conoce­mos la presión que ejercen los miembros del Jurado de Enjuiciamiento sobre los jueces, fiscales, defen­sores y síndicos, y sabemos la enorme importancia que va a tener la reglamenta­ción”, destacó el funcionario.

La idea que se pretende con esta reglamentación es que no se vuelvan a repe­tir casos como el de Óscar González Daher o última­mente con Eulalio “Lalo” Gomes, en aparente con­nivencia con el ahora exdi­putado Orlando Arévalo, que actuaban como ope­radores o directamente influían sobre las decisio­nes que se tomaran desde este órgano.