El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, destacó la sanción otorgada al proyecto de ley “De modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, que pasa a ser una nueva ley de Participación Público Privada (PPP), que en la fecha fue sancionada por la Cámara Baja y pasa al Ejecutivo.
Al respecto, el legislador destacó que estas modificaciones buscan dinamizar y generar un marco más amplio para la participación del sector privado en todos los proyectos e iniciativas que son del sector público o del gobierno.
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“Esta modernización de la ley APP permitirá contar con nuevas infraestructuras, va a permitir también el crecimiento de nuevos campos, mayores márgenes, y disminución de los plazos que va a ser de tremendo beneficio para la ciudadanía, buscando que en la infraestructura de los servicios se pueda utilizar no solo el capital privado, sino también su eficiencia”, enfatizó.
Cabe desatar que la normativa que fue sancionada en la fecha tiene el objetivo de atraer mayores inversiones al país y generar nuevos empleos, según se plantea en la exposición de motivos del proyecto de ley.
Asimismo, el proyecto plantea además, la derogación de la vigente Ley N° 5102/2013 “De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, más conocida como ley de Alianza Público-Privada (APP).
Entre las principales modificaciones a introducir a la presente normativa, se amplía la participación del Estado en un 25 % en las Alianzas Público-Privadas, de manera a que el mismo tenga una mayor influencia en los proyectos conjuntos, según reza el documento.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
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Destacan apertura política para estudio de propuesta de Prisión Permanente Reversible
El diputado Rubén Rubín mantuvo este viernes una reunión con el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, para oficializar su proyecto de modificación del Código Penal: “Prisión permanente revisable” aumentando la pena de cárcel hasta 90 años por hechos de homicidio y otros delitos graves. El titular del Legislativo resaltó que existe la voluntad política en ambas cámaras para buscar una solución al problema.
Núñez felicitó al legislador por la iniciativa y aseguró que tanto en Diputados como en Senado existe la voluntad política de analizar estos temas que preocupan a la ciudadanía e indicó que, si este tipo de asuntos no se abordan, también la clase política sería cómplice de estos hechos delictivos.
“Agradezco la visita del diputado Rubín y desde ya agarro positivamente la propuesta de modificar el Código Penal, atendiendo los hechos graves sucedidos recientemente. Le decía que nosotros también somos culpables de omisión, o por omisión, si es que no hacemos nada”, expresó.
Sostuvo que esperamos que se entienda bien, que el violador y que mate a una niña indefensa, “no puede quedar libre en tan solo 3 o 4 años. No más víctimas fatales, por eso tenemos que darle un punto final. Tenemos que trabajar la propuesta, contamos con cientos de asesores que nos pueden ayudar a mejorar la propuesta. Pero la voluntad política está tanto en Diputados como en Senado”, precisó.
Elevar penas
El proyectista Rubén Rubín indicó que coincide plenamente con el senador Núñez en que la clase política es cómplice si no se hace nada para cambiar la situación actual.
“Sería una irresponsabilidad que un representante del pueblo, que tiene las atribuciones de modificar las leyes, no lo haga nada cuando Paraguay pide a gritos que se agregue la cadena perpetua al Código Penal”, explicó.
Señaló que la propuesta comienza planteando una modificación al artículo 38 del Código Penal, sobre la duración de las penas privativas de libertad, elevando la pena máxima a 90 años.
Además, indicó que en los casos de pena privativa de libertad, de 50 años en adelante, podría ser revisable. Por ello, se establece el término de Prisión Permanente Revisable.
Lo que se busca es que Paraguay se adecue a la coyuntura regional, explicó el diputado, añadiendo que ya se comenzó a adoptar este sistema. No obstante, por la Constitución Nacional no se puede contemplar la cadena perpetua como tal, por ello recurren a la figura de Prisión Permanente Revisable.
“Nosotros no vulneramos la posibilidad de reinserción del condenado. Esto ya lo hizo Argentina, Chile, Colombia; ahora justamente lo está debatiendo también Ecuador. Es decir, nosotros no vamos a innovar legislativamente hablando, por el contrario, estamos llegando tarde”, acotó.
Se aplica a mayores de edad
Mencionó que por ahora, la propuesta de Prisión Permanente Reversible es para infractores mayores de edad; y la revisión será posible una vez que se cumpla los dos tercios de la condena, dependiendo de cuántos años se haya aplicado. Pero en el caso de delitos graves, sería entre 50 a 90 años como máximo.
Igualmente, indicó que el proyecto contempla la acumulación de condena en el caso de que exista más de una víctima o varios delitos, se irá sumando la pena por cada una de ellas. Esta propuesta de elevar las penas son para delitos graves como homicidios y violaciones.
Asimismo, explicó que existen ciertas excepciones, como el caso de un accidente de tránsito con derivación fatal, siempre y cuando no esté alcoholizado, garantizando el derecho a la defensa personal.
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Fortalecimiento del Ejército es clave en combate al crimen organizado, terrorismo y ciberataques
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, resaltó la importancia de fortalecer las Fuerzas Militares, sobre todo teniendo en cuenta, que hoy el país está alejado de una guerra convencional, pero exige un fuerte combate ligado al terrorismo, ciberataques, crimen organizado y narcotráfico, que son los enemigos actuales.
El segundo del Poder Legislativo acompañó los actos de conmemoración del Día del Ejército Paraguayo y del natalicio del Mariscal Francisco Solano López, héroe máximo de la nación. El acto encabezado por el comandante en Jefe y presidente de la República, Santiago Peña, se llevó a cabo en el Cuartel General del Comando del Ejército.
En la ocasión, el titular de la Cámara Baja, se refirió a la política de defensa nacional, remarcando la necesidad de readecuar las Fuerzas Armadas ante las amenazas actuales que enfrenta el país.
“Hoy no existe una hipótesis de conflicto con países vecinos, pero debemos adaptar nuestras Fuerzas Armadas a las nuevas amenazas. La adquisición de radares y aviones como los Super Tucano permitirá, por primera vez, conocer lo que sucede en nuestros cielos y ejercer nuestra defensa de la soberanía aérea”, expresó.
Inversión estratégica
El diputado resaltó también la inversión estratégica en tecnología y equipamiento militar como parte de una visión integral de defensa nacional. Mencionó que los avances en defensa han sido posibles gracias a una eficiente gestión estatal, sin necesidad de subir impuestos.
“La exitosa negociación sobre Itaipú generó un superávit importante. A esto se suma la creación de la DNIT y otros cambios en el modelo de gestión, lo cual ha permitido aumentar la capacidad de inversión en defensa e infraestructura sin aumentar la presión tributaria. Esto refuerza nuestra competitividad y atractivo para la inversión extranjera”, explicó.
Lucha contra el narcotráfico
Sobre el combate al narcotráfico, el presidente de la Cámara de Diputados destacó avances concretos, y mencionó, como ejemplo, el récord en incautaciones de drogas.
“Por primera vez, no se ha detectado ningún cargamento de droga proveniente del Paraguay incautado en Europa. Esto refleja un mejoramiento, significativo, en nuestras capacidades de lucha contra el narcotráfico", precisó.
Resaltó que enfrentar al narcotráfico es como luchar contra un monstruo al que se debe combatir con todas las fuerzas. “Estamos dando pasos firmes mediante gestión, legislación y fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad”, concluyó.
Es importante señalar que durante el acto central, la Cámara de Diputados también estuvo representada por los legisladores colorados Pedro Ortiz y Diego Candia, además de su colega liberal Federico Franco.
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Latorre y Alliana buscan coordinar agenda legislativa
La información fue dada a conocer por el propio Latorre a través de su cuenta oficial en la red social X, donde destacó el carácter institucional y político del encuentro. “Compartimos un encuentro con el compañero y amigo el vicepresidente Pedro Alliana. Abordamos la agenda legislativa y los proyectos compartidos con el Ejecutivo”, expresó el titular de la Cámara Baja, acompañando el mensaje con una fotografía en la que se lo ve junto al vicepresidente.
Si bien no se dieron a conocer detalles puntuales sobre los proyectos tratados durante esta última reunión, el Poder Ejecutivo está próximo a presentar un paquete de leyes económicas y el proyecto de reforma del transporte público; para este último en especial, el propio presidente Santiago Peña pidió al Congreso tratar con la mayor celeridad posible.
Este tipo de reuniones se realizan con frecuencia y forman parte de una dinámica de trabajo impulsada por ambos poderes del Estado para garantizar una coordinación fluida entre el Ejecutivo y el Legislativo. La intención, según fuentes parlamentarias, es evitar trabas en el tratamiento de iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad, la economía y la modernización del Estado.