El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la Ley n.° 7447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermuni­cipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.

“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado en la Opaci, la Agencia Nacio­nal de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la Ley n.° 7447″, manifestó Nelson Peralta, director eje­cutivo de la mencionada ins­titución.

Para Peralta, el texto san­cionado es mucho más justo, dado que deja atrás el por­centaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5 % sobre el valor impo­sitivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario.

El porcentaje del 0,3 % sobre el valor imponible que, entra­ría en vigencia si el presi­dente Santiago Peña pro­mulga esta ley, permitiría que lo abonado por los con­tribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.

El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.

“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado la Opaci, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la ley n.° 7.447″, manifestó Nelson Peralta, director ejecutivo de la mencionada institución.

Para Peralta, el texto sancionado es mucho más justo, dado que deja atrás el porcentaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5% sobre el valor impositivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario. El porcentaje del 0,3% sobre el valor imponible que, entraría en vigencia si el presidente Santiago Peña promulga esta ley, permitiría que lo abonado por los contribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.

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“Se planteó que para ayudar y bajar el costo y adaptar a lo que se venía cobrando, creímos prudente que el impuesto se calcule sobre el valor impositivo, pero al 0,3%, eso haría que los vehículos más económicos estén pagando entre G. 100.000 y 170.000, pero a eso hay que cargar los costos de las tasas que las respectivas municipalidades vienen cobrando”, explicó Peralta a la 780 AM.

El valor imponible lo determina la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT) y será la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la encargada de recolectar esta información y realizar el cálculo para el costo de las patentes por cada categoría de vehículos, información que a su vez será entregada a las municipalidades una vez que esta ley tenga la promulgación de la Presidencia.

“Hay un nuevo punto importante que dice que el intendente será multado por cada habilitación mal concedida con un jornal mínimo diario por cada habilitación, la responsabilidad es personal porque los jefes comunales son los responsables de lo que ocurre en su oficina”, enfatizó. Uno de los objetivos de estas modificaciones también apuntaba a evitar la fuga de contribuyentes, quienes terminaban acudiendo a otras municipalidades debido a la diferencia abismal entre comunas para el pago de patentes.

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El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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Autoridades de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) asistieron a la convocatoria planteada por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) donde fueron invitados a participar en sesión de modo a responder cuestiones relacionadas a sus actividades, los recursos que administran, fuentes de ingreso, entre otros ítems.

“Nos queda claro que Opaci es una organización no gubernamental (ONG) que recibe fondos de la ciudadanía de manera indirecta, ya que administra recursos provenientes de tasas cobradas a los ciudadanos, en teoría, en beneficio de los municipios”, expresó el senador Gustavo Leite, relator de esta la Comisión, al término del encuentro.

En este sentido, el parlamentario enfatizó en la necesidad de que la institución convocada provea un informe detallado sobre los últimos cinco años, incluyendo ingresos, egresos y los beneficiarios de los pagos realizados por Opaci, tanto personas físicas como jurídicas.

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Varias de las preguntas fueron respondidas en plenaria, no obstante, las autoridades de la institución se comprometieron a compartir el mencionado informe de modo a que queden claros ciertos aspectos, sobre todo los vinculados al dinero que pasa por la institución. La Opaci cuenta con un presupuesto de G. 76.000 millones, de los cuales, G. 25.000 millones provienen del pago por emisión de licencias de conducir.

“Nuestro estatuto habla claramente que la asociación a la Opaci por parte de las municipalidades es voluntaria y está establecida una cuota social que va de G. 600.000 a G. 6.000.000 de acuerdo a la categoría de cada municipio. De las 263 municipalidades, 213 son asociadas”, expuso el presidente de la Opaci, Óscar Cabrera.

Además de esto, la institución se comprometió a informar por escrito sobre el cobro de impuesto de bienes y raíces, atribución que le fue delegada y tarea por la cual, la institución cobra un canon adicional de G. 30.000 por cada trámite. En cuanto a sus funciones, Cabrera manifestó que trabajan de cerca con las municipalidades para las capacitaciones tanto a funcionarios municipales, como a concejales e intendentes.

“Hemos capacitado a 1.800 personas entre intendentes concejales y administradores en aspectos del quehacer del municipio, por ejemplo en la elaboración y ejecución de un presupuesto y llegamos a todos los distritos del país con estas jornadas, además capacitaciones en procesos de contratación y también el aspecto jurídico porque las leyes municipales van cambiando”, explicó.

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Para la próxima sesión de la CBI están convocadas autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para abordar el supuesto caso de financiación irregular a la campaña política de Mario Abdo Benítez. Se prevé consultar si el organismo ha investigado el contenido de un chat atribuido al diputado Eulalio Gomes, en el que se menciona una presunta colaboración de un USD 1 millón.