“Vamos a empezar las conversaciones, yo tengo una reunión con los presidentes de comités y la candidata y a partir de ahí abriremos un diálogo”, adelantó Riveros.

El presidente del Partido Libe­ral Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, manifestó que se trasladará hasta Ciudad del Este con la finalidad de iniciar las negociaciones con otros partidos políticos de oposi­ción para definir una candi­datura única a la intendencia y enfrentar de forma unida a la Asociación Nacional Repu­blicana (ANR), representada por Rigoberto Chamorro, en las elecciones municipales del 4 de octubre.

“En Ciudad del Este, nosotros seguimos con nuestra candidata que es Laura Ojeda, quien fue electa en las internas, pero todavía no existe un principio de acuerdo en el sentido de que se con­versó de forma individual en su momento, pero, institucional­mente, en el partido no hemos conversado a fondo sobre esta situación”, afirmó el dirigente liberal este viernes a la 1140 AM.

El intendente fernandino también manifestó: “Vamos a empezar las conversaciones, yo tengo una reunión con los presidentes de comités y la can­didata y a partir de ahí abrire­mos un diálogo para solucionar el tema, pero Ciudad del Este no es bastante fácil, porque nosotros estamos en alianza con Cruzada Nacional, Frente Amplio y otros partidos políti­cos, las decisiones no las toma­remos nosotros solos”.

El mayor obstáculo para con­sensuar una candidatura única de la oposición en Ciudad del Este es el prietismo.

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, manifestó que se trasladará hasta Ciudad del Este con la finalidad de iniciar las negociaciones con otros partidos políticos de oposición para definir una candidatura única a la intendencia y enfrentar de forma unida a la Asociación Nacional Republicana (ANR), representada por Rigoberto Chamorro, en las elecciones municipales del 4 de octubre.

“En Ciudad del Este, nosotros seguimos con nuestra candidata que es Laura Ojeda, quien fue electa en las internas, pero todavía no existe un principio de acuerdo en el sentido de que se conversó de forma individual en su momento, pero, institucionalmente, en el partido no hemos conversado a fondo sobre esta situación”, afirmó el dirigente liberal este viernes a la 1140 AM.

El intendente fernandino también manifestó: “Vamos a empezar las conversaciones, yo mañana (sábado) tengo una reunión con los presidentes de comités y la candidata y a partir de ahí abriremos un diálogo para solucionar el tema, pero Ciudad del Este no es bastante fácil, porque nosotros estamos en alianza con Cruzada Nacional, Frente Amplio y otros partidos políticos, la decisiones no la tomaremos nosotros solos”.

Lea también: Absolución de Boidanich: “El trabajo de la Fiscalía no fue correcto”, afirma juez

El mayor obstáculo para consensuar una candidatura única de la oposición en Ciudad del Este es el prietismo. Este sector político denunciado por impulsar un esquema de corrupción en el municipio, liderado por Miguel Prieto, apunta firmemente a retener el control de la municipalidad impulsando la reelección de su mano derecha Daniel Pereira Mujica.

Por otra parte, Riveros comentó que ya se llegó a candidaturas únicas de la oposición en aproximadamente 17 localidades del país mediante el diálogo o el uso de herramientas de medición como encuestas o urnas delivery. Agregó a la vez que en la ciudad de Asunción, el PLRA apunta a conquistar entre 7 a 8 bancas en la junta municipal.

“Desde el partido respetamos la decisión que tomen cada candidato o candidata para la intendencia, nosotros solo podemos conversar, dialogar, pero no podemos ordenar a nuestros candidatos (a declinar sus pretensiones), ya que esa candidatura participó de unas internas”, comentó.

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Los magistrados evidenciaron la inconsistente acusación fiscal con argumentos sólidos que dieron la razón a la defensa del extitular de la Seprelad.

Un Tribunal de Sen­tencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Sepre­lad) Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresa­rio Darío Messer.

Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible. Asimismo, el cole­giado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresa­rio fue imputado y sus activos fueron incautados.

Durante la lectura de la senten­cia, el presidente del Tribunal, Darío Báez, explicó que la Fis­calía no logró demostrar los ele­mentos necesarios para soste­ner la acusación. “No se probó el resultado típico ni el nexo cau­sal”, afirmó el magistrado.

Los magistrados explica­ron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acu­sación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces pusieron en evidencia que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación contrarios al gobierno de Horacio Car­tes para perjudicar al Boida­nich, al frente de la Seprelad durante esa gestión.

Durante el juicio oral, fun­cionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener nin­gún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad corres­pondiente. Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sus­tentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.

El Ministerio Público, a cargo del agente Francisco Cabrera, había solicitado la semana pasada una condena de dos años y seis meses de prisión para Boidanich.

Tras conocerse el fallo, el exministro de la Seprelad Óscar Boi­danich aseguró que se pone fin a ocho años de un proceso que no tuvo que ser llevado ante la justicia porque siempre hubo transparencia. “Siempre se respetó la institucionalidad de Ser­prelad, institución que tuve el honor de dirigir durante varios años”, indicó.

Por otra parte, recalcó que aquí hubo un intento de instalar un relato falso. “Lógicamente, en un momento dado empezó lo que yo llamo un tiroteo mediático. Se empezó a mediatizar el caso a través de un sector de la prensa hacia mi persona, tratando de involu­crar también al expresidente de la República (Cartes) e, incluso, al actual presidente. En varias foto­grafías aparecí en medio, se intentó instalar una vinculación y llevando el caso del ámbito judicial al campo político”, destacó. “Actué siempre de manera técnica y transparente. Entonces, hubo una mala intención de un sector de la prensa de tratar de involucrar al expresidente”, dijo.

Claudio Lovera, abogado de Óscar Boidanich, se mostró con­forme con la absolución de su cliente y aseguró que la acusa­ción del Ministerio Público era abstracta. “El tribunal, además, señaló que la hipótesis acusatoria era muy abstracta” dijo, para agregar luego que esa abstracción “quedó en evidencia porque no resistió la prueba producida durante el juicio”, añadió.

Luego explicó que también hay que rescatar que, entre todas las actuaciones y documentos anali­zados, quedó demostrado que Óscar Boidanich “no dio ninguna instrucción para realizar un manejo irregular de la labor de inteligencia financiera. Ese también es un aspecto que debe destacarse en el marco de esta absolución”, recalcó el abogado. “Se reconoció que a partir del informe remitido por la Seprelad (a cargo de Boidanich) fue posible concretar el comiso de los bienes, algo que también quedó acreditado durante el juicio”, dijo.

La hipótesis acusatoria no logró demostrar que existiera una maniobra para favorecer a Darío Messer, dejando sin respaldo la construcción fiscal.

La absolución unánime de Óscar Boidanich, extitular de Seprelad del gobierno de Horacio Cartes en el caso Messer, dejó sin sustento la acusación del Ministe­rio Público, cuya tesis de una supuesta demora deli­berada del informe CHASA de la citada institución no se acreditó durante el juicio oral. Tras la producción de las pruebas y la declaración de 11 testigos, el Tribunal concluyó que no existió conducta puni­ble por parte del extitular de la Seprelad.

La sentencia determinó que Boidanich nunca intervino en las tareas de análisis de inteli­gencia financiera ni impartió instrucciones para retrasar el trabajo técnico. Incluso, el analista responsable declaró que jamás recibió órdenes para influir o demorar la ela­boración del informe. La evi­dencia también confirmó que el documento siguió el procedimiento interno pre­visto, incluyendo la revisión jurídica, que recomendó dili­gencias adicionales antes de su remisión al Ministerio Público.

Otro aspecto que derrumbó la acusación sin sustento del Ministerio Público fue que, durante parte del proceso, Boidanich se encontraba con reposo médico por una grave afección de salud y la institución quedó a cargo de un encargado de despacho. Al reincorporarse, el primer día hábil firmó el envío del informe de inteligencia a la Fiscalía.

El juicio también estable­ció que el documento llegó oportunamente al Ministe­rio Público y fue utilizado para impulsar las primeras diligencias del caso Messer y posteriormente el comiso autónomo. Asimismo, se com­probó que las medidas cau­telares fueron dictadas en tiempo y forma y que todos los bienes fueron alcanzados por la acción fiscal.

Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.

Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.

“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.

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La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.

“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.

Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.

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Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.

“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.

Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.

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