La Consultora CB Opinión Pública publicó un ranking de presidentes sudamerica­nos más populares en este año. Los tres mandatarios mejor valorados en diciem­bre de 2024 por sus ciudada­nos fueron Javier Milei, de Argentina, en primer lugar, con un 51,8 % de aprobación; seguido por el uruguayo Luis Lacalle Pou, con un 49,8 %, y en tercer lugar Santiago Peña, de Paraguay, con un 46,7 % de imagen positiva.

Según la encuestadora, Peña fue quien más creció en el estudio, respecto al ante­rior informe. “El presidente que más creció comparado a nuestra última medición fue Santiago Peña de Paraguay +2,0 %”, puntualizaron en un comunicado, mientras que Luiz Inácio “Lula” da Silva de Brasil fue el que más cayó con el -4,3 % comparado al mes anterior, situándose en el quinto lugar.

Los mandatarios peor califi­cados durante diciembre fue­ron Dina Boluarte, de Perú, quien quedó en el décimo y último lugar, con un 19,7 % de imagen positiva; le siguió Nicolás Maduro, de Vene­zuela con un 29,5 %, ocu­pando la novena posición; y Luis Arce, de Bolivia quedó octavo con un 33,6 % de apro­bación.

La consultora informó que fueron encuestadas unas 1.000 a 1.500 personas que respondieron a las pregun­tas realizadas por cada país. Los otros presidentes que mantuvieron su imagen posi­tiva fueron Daniel Noboa, de Ecuador, con el 44,4 % de ima­gen positiva, posicionándose en el cuarto lugar; Gabriel Boric, de Chile, estuvo en el sexto puesto con el 40,2 %, y Gustavo Petro, de Colom­bia, figuró séptimo con el 39,9 %. CB Consultora es una empresa argentina líder en el estudio del clima social y pro­yección de escenarios elec­torales.

La administración del presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, con el apoyo de una mayoría democrática en el Congreso, tuvo que enfrentar diversos desafíos en la economía nacional. El Gobierno no solo tuvo que lidiar ante un escenario internacional inesta­ble como la caída de los precios de los commodities, sino también en el orden interno corrigió errores de la administración anterior que habían puesto en zozobra la estabi­lidad de las finanzas públicas como también del orden monetario.

La hoja de ruta del presidente San­tiago Peña fue transparente y sin claudicaciones. Consistió en ofre­cer ese necesario ambiente de pre­decibilidad para que con medi­das claras se envíen señales de incentivos a los mercados. Es así que a días de terminar el 2024 se observa que el déficit fiscal que venía siendo un inconveniente, a la fecha está siendo corregido.

Se redujo el déficit muy cerca a lo establecido en la Ley de Respon­sabilidad Fiscal descuidada en el anterior gobierno. La caída del déficit para colocarlo a menos de 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) fue un paso impor­tante porque de ese modo se está señalando la necesidad igual­mente de contar con una meta de inflación anual de menos del 4 por ciento.

Para comprender mejor lo arriba señalado, esto es, la sostenibilidad fiscal como la estabilidad moneta­ria, resulta necesario que más allá de la especialización técnica nece­saria para la toma de decisiones gubernamentales, en realidad lo que más importa es cómo la gente lo entiende y de qué manera les afecta su vida diaria.

Si solo se apelara a explicar con el rigor del tecnicismo la impor­tancia que tiene la sostenibilidad fiscal como la estabilidad mone­taria probablemente no se estaría aportando esa necesaria cuota de comunicación para que la gente de la calle lo entienda como cues­tiones que afectan directamente a su presente y al futuro de sus familias.

En efecto, la sostenibilidad fiscal significa que el malgasto así como gastar más no pueden ser acepta­dos si se pretende elevar el creci­miento de la economía y mejorar los salarios reales.

Lo que se recauda ahora está en correcta aplicación, así también cuando la inflación empieza a bajar significa que los precios de los pro­ductos no son afectados por su alza generalizada sino más bien por las elementales reglas de la oferta y la demanda por el cual ciertamente pueden subir los precios, pero eso no significa que nos encontremos ante un proceso inflacionario que daña en particular a los que cuen­tan con menores ingresos.

Si a lo antedicho sumamos el cre­cimiento del PIB sin el boom de los precios de los commodities, el grado de inversión que atrae capitales así como la financia­ción de obras de infraestructura de impacto positivo adosadas con políticas sociales de aten­ción a los sectores vulnerables para no dejar excluidos a los que menos tienen, pues entonces deci­mos sin equívocos que culmina el año anunciando un período de bonanza para el país donde nues­tros compatriotas, sin exclusión alguna, serán beneficiados.

• Por Marcelo Pereira.

Al culminar este 2024, el analista político y constitucionalista Marcelo Duarte realizó una evaluación de la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, en el primer año y medio de mandato, destacando como principales logros la estabilidad macroeconómica y el combate desplegado contra el narcotráfico. Este último punto se refiere a que, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), Paraguay se había posicionado como un centro de acopio logístico de drogas.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, el también abogado y exsenador comentó: “Hay varios aspectos positivos en su gestión, como ser el sostenimiento de los números macroeconómicos y de la lucha contra el narcotráfico en el noreste del país, lo que proyecta una imagen alentadora al interior y exterior de nuestras fronteras”.

Te puede interesar: Egresan 106 guardiacárceles y apuntan a consolidar un sistema penitenciario moderno

En la última reunión del Consejo de Ministros, el 17 de diciembre, el mandatario resaltó el crecimiento económico proyectado para el Paraguay, mencionando que se espera un aumento cercano al 4 % en el 2025, lo cual no se había visto desde 2006-2008. “No obstante, pese a esos logros, queda mucho aún por hacer y sería de gran ayuda que el presidente sea quien lidere las acciones orientadas al combate del narcotráfico y el lavado de dinero, que afectan negativamente a la economía formal y a la imagen internacional de nuestro país”, dijo Duarte.

Ante la existencia de compromisos pendientes realizados durante su campaña electoral para ocupar el sillón de López, Duarte mencionó que sería muy conveniente para Peña que se aparte de las internas generadas dentro de su partido político. “En lo relativo a la imagen que proyecta nuestro país hacia al exterior, es importante evaluar el relacionamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que, a pesar de la amplia mayoría oficialista en este último, el mismo se encare de una manera más institucional y pluralista, y se aleje de la dinámica interna de la Asociación Nacional Republicana, cuanto menos en periodos ajenos a las internas partidarias, ya que las elecciones internas pasan y lo que queda es la imagen que dejó el Gobierno”, comentó.

Lea también: Paraguay cumple con sentencia de la Corte IDH y cierra caso Nissen Pessolani

El analista político siguió argumentando que “si bien es común en los gobernantes contagiarse de la sensación de bienestar que genera el poder cuando se rodean de personas afines a su gobierno, es de sabios escuchar las críticas de propios y extraños y analizar qué hay de cierto en ellas, ya que los amigos del poder son sólo amigos del poder y no de quienes lo ostenta en ese momento y mucho menos de una causa que no sea la propia”.

Señaló, además, que “el presidente Santiago Peña debería levantar la vista hacia el horizonte para ver que ya casi ha transcurrido un año y medio de su mandato y, por ende, le quedan sólo otros dieciocho meses antes de que empiecen las especulaciones sobre quién debería sucederle en el cargo. Ojalá alguien se lo haga notar y actúe correctamente en consecuencia”.

• Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

En estos casi 15 meses de gobierno, encabezado por el presidente Santiago Peña, se ha podido observar una verdadera revolución en lo que respecta a la titulación de tierras de comunidades indígenas y campesinas, logrando incluso un récord histórico tanto en la entrega de títulos como en la recaudación por el pago por los lotes en el marco de la Reforma Agraria. Este llamativo aumento de titulación y recaudación ha sido una muestra clara de que la institución va recuperando la confianza del campesinado.

Para comprender este fenómeno, el diario La Nación/Nación Media conversó con el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, quien explicó los motivos, que, por un lado, llevaron a la institución tener problemas para la titulación por años; y, por otra parte, que haya tenido un sustancial cambio desde que asumió el cargo.

Ruiz Díaz explicó que el problema comenzó cuando la Corte Suprema de Justicia estableció un mecanismo que permitió brindar seguridad jurídica a la hora de titular las tierras. Indicó que, a finales de los años 1990, el Indert, antes llamado Instituto de Bienestar Rural (IBR), quedó estancado en el tiempo, ante la imposibilidad de establecer un mecanismo que permita aplicar correctamente la Acordada de la CSJ n.° 84/1998.

Refirió que este problema fue subsanado con la administración actual mediante el Método de Barrido Predial Masivo, que permitió a comunidades enteras acceder a sus títulos, incluso luego de más de 30 años de espera. Como ejemplo señaló a la comunidad “Virgen del Camino” de Arroyito, del departamento de Concepción, que, luego de 33 años de espera, a fines de 2023 fueron una de las primeras comunidades en recibir sus títulos de propiedad; o como la de Guahory, de Yhu, en el departamento de Caaguazú, que logró su titulación tras 37 años de espera.

Lea más: “Vamos a hacer el intento por recuperar esta institución”, dice Amarilla sobre el PLRA

El titular del Indert explicó que esa Acordada de la CSJ n.° 84/1998 significó un cambio importante en el sistema de titulación porque dotaba de mayor seguridad a la hora de inscripción de los inmuebles; sobre todo en aquellos del sector rural.

“Este documento establecía que el propietario del inmueble que buscaba el loteamiento necesitaba contar con el plano de la totalidad de los lotes. Luego, señalar uno por uno cuáles ya estaban transferidos y cuáles faltaban. Este requisito se estableció para que la Corte sepa en detalle qué es lo que ocurrió dentro de ese inmueble en la distribución de los loteamientos. A fin de evitar la doble titulación, o incluso que se estén titulando inmuebles que están por fuera de la colonia; como era lo que ocurría anteriormente”, detallo.

Mencionó que muchas veces se buscó atacar a la Acordada de 1.998, pero resaltó que este documento vino a ordenar el proceso de titulación. “Nosotros no atacamos a la acordada, al contrario, la valoramos mucho y queremos que se mantenga. Durante todo este tiempo se hizo un desastre la gente superponía, titulaba en otro lugar. Entonces, por qué se hizo esto, para dotar de seguridad jurídica a la propiedad privada. Esto es muy importante porque hoy ya somos un país con grado de inversión y debemos ser serios en materia de seguridad jurídica”, remarcó.

Lea también: Oposición debe fortalecerse para evitar fugas, recomienda Velázquez

Ruiz Díaz dijo que previo a la Acordada de la Corte, el IBR (Instituto de Bienestar Rural) otorgaba unos 2.000 títulos por año. Pero, cuando surgió este mecanismo se generó un problema porque no podían resolver; es decir, cómo titular los loteamientos sobrantes de inmuebles más grandes que fueron loteados parcialmente. Indicó que en este punto es donde el Indert quedó estancado en el tiempo porque no supo cómo hacer ese levantamiento de datos.

Señaló que la administración actual decidió aplicar el Método de Barrido Predial Masivo, que ha permitido relevar los datos de manera más fácil y ágil, que permite hoy en día marcar la diferencia con los años anteriores. Indicó que este método se usó en Colombia, Perú y Brasil para regularizar la tierra en los asentamientos irregulares.

“Previo a la acordada, el IBR emitía unos 2.000 títulos al año. Mientras que el promedio de titulación del Indert en los últimos 10 años apenas llegaba a 900 títulos por año. Hoy, bajo el gobierno de Peña, el Indert entregó en su primer año de mandato, que se cumplió en agosto pasado, un total de 6.502 títulos, superando incluso el promedio anual de títulos entregados en los últimos 35 años”, puntualizó.

Respecto al método, el titular de la institución estatal señaló que consiste, en preparar el plano general de una colonia; un equipo del Indert revisa la cantidad de inmuebles que ya fueron transferido dentro de esa colonia, con la superficie, hace la resta y determina cuánto es lo que falta titular, y sobre eso se trabaja.

Otro punto importante, que señaló Ruiz Díaz es que la titulación ahora lo hacen por oferta; cuando antes se hacía por demanda. Explicó que el campesino ya no tiene que estar recorriendo instituciones para gestionar su documento; sino que ahora es el Indert el que llega a la comunidad con los equipos de barrido. Se quedan ahí uno o dos meses, realizan todo el relevamiento de datos para luego llevar al Gabinete donde se estudian los casos y se preparan los títulos de propiedad que se envía a Catastro y Registro. Como tercer beneficio que trae por trabajar bajo este esquema de trabajo es que el costo operativo para la gestión del título al campesino le cuesta cero.

“Según un cálculo que realizamos, si una persona, gestionaba bajo método antiguo, que era por demanda, hoy titular le costaría al campesino, unos 6 a 7 millones de guaraníes. Sin embargo, hoy el proceso de titulación, es decir el costo operativo para tener el título de propiedad es cero, en favor del campesinado. Es importante señalar que el campesino al pagar por su lote, ya está incluido el costo operativo para la titulación, en sus cuotas”, comentó.

Explicó que el Indert se sostiene mediante el 40 % de los ingresos por el cobro de las cuotas de los lotes que se transfiere en favor del campesinado, que se financia en 10 años. Mientras que el 60 % proviene de Fuente 10, es decir recursos del Tesoro. No obstante, resaltó que, en este primer año de gobierno, el Indert ha logrado un récord en las recaudaciones, gracias a que el campesino está recuperando la confianza en la institución. Porque ven que se entregan los títulos.

“Cuando asumimos, la morosidad en el Indert era del 80 %, ahora hemos logrado bajar ese nivel que está en el orden del 10 %. Estamos recuperando la confianza del campesino. De hecho, estamos viendo que probablemente este diciembre estaremos cerrando muy por encima del 40 % de crecimiento de los ingresos, con relación al año pasado”, acotó.

Destacó que este año se va a superar el récord histórico, porque lo normal era recaudar alrededor de 30 a 31 mil millones de guaraníes, en promedio por el cobro de los lotes. A pocos días que culmine el mes de diciembre están llegando a 40 mil millones. Además, estiman un 30 a 40 por ciento más de ingresos.

“Para el año que viene, de acuerdo a nuestras proyecciones y de acuerdo a nuestro presupuesto, que ya fue aprobado por el Senado, se estaría recaudando unos 70 mil millones de guaraníes”, precisó. Por último, señaló como factor fundamental, que obstaculizó el proceso de titulación en los años anteriores fue la falta de construcción de relaciones interinstitucional, o trabajo en equipo, como hoy en día lleva adelante el gobierno nacional.

“Nosotros comenzamos a tener mesa única con Catastro y Registro Públicos, que trabajamos juntos en una coordinación casi perfecta, nuestros expedientes ingresan y salen rápido. No tenemos necesidad de enviar notas, trabajamos bajo un convenio. Además de mantenemos reuniones periódicas con autoridades de ambas instituciones, para controlar el progreso. El trabajo y cooperación interinstitucional es clave en este proceso en una mesa única”, concluyó.