Hasta ahora, un impune Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, arrastra una serie de denuncias. Las últimas fueron con relación a empresas ligadas a funcionarios leales al intendente que fueron beneficiados con contratos con la comuna esteña por más de G. 14.000 millones. Entre las empresas beneficiadas aparecen un club nocturno convertido en constructora y una firma que debía proveer kits de alimentos que nunca llegaron en plena pandemia.
- Unidad de Investigación Nación Media
Mientras Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, hace alarde de adornos navideños, su gestión al frente de la comuna sigue sumando irregularidades. Curiosamente, ante estos hechos algunos sectores políticos y de la prensa deciden hacer la vista gorda. Un claro ejemplo son los contratos que la comuna repartió entre los leales al jefe comunal.
Más de G. 14.000 millones en contratos con la Municipalidad de Ciudad del Este fueron entregadas a empresas y oenegés ligadas a funcionarios de la comuna altoparanaense que son cercanos al intendente local, Miguel Prieto.
Ciudad del Este vive uno de los episodios más polémicos en la gestión pública reciente, con denuncias de irregularidades que involucran millones de guaraníes. Desde la entrega de fondos para ollas populares en plena pandemia hasta el protagonismo de empresas y funcionarios municipales en licitaciones millonarias, el caso tiene ribetes dignos de una novela de Gabriel García Márquez.
Las denuncias 38 y 39 contra el intendente Miguel Prieto Vallejo apuntan a una red que habría operado al interior de la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por el director de la Secretaría de la Vivienda, Juan Quiroga Cañete, y la funcionaria Lumma Silva Battochi. Ambos estuvieron involucrados en la gestión de fondos destinados a subcomisiones que organizaban ollas populares durante los meses más duros de la pandemia de covid-19.
En 2020, ambas subcomisiones recibieron G. 311 millones de la comuna para supuestamente repartir alimentos entre familias vulnerables. Sin embargo, los documentos presentados para justificar estos desembolsos han sido fuertemente cuestionados. Las comisiones lideradas por Quiroga Cañete y Silva Battochi solicitaron el reconocimiento municipal y el desembolso de los fondos el 30 de diciembre de 2020. Sorprendentemente, todo el proceso, incluyendo el pago a proveedores, se realizó en menos de 24 horas.
Ambas subcomisiones emitieron facturas a nombre de la empresa FASV Import Export, que declaró la entrega de insumos como carne, arroz, fideos y aceite. Sin embargo, las facturas no detallan las marcas de los productos ni los lugares donde fueron entregados. Más preocupante aún, no existe evidencia concreta sobre cómo se distribuyeron los insumos, lo que genera sospechas sobre la transparencia de las operaciones.
La denuncia no termina allí. Lumma Silva Battochi no solo es funcionaria municipal, sino también accionista de SCDE SA, una empresa constructora que antes operaba como club nocturno bajo el nombre Golden Rouge SA Silva Battochi ingresó como accionista en marzo de 2021, aportando G. 320 millones, una cifra que contrasta radicalmente con su salario como contratada municipal, que asciende a G. 3.350.000 mensuales.
Desde 2020, SCDE ha firmado 8 contratos con instituciones públicas, 7 de ellos con la Municipalidad de Ciudad del Este, por un valor total de G. 10.706 millones. Sumando estos contratos a los fondos recibidos por las subcomisiones, el clan Quiroga-Silva habría manejado más de G. 11.000 millones en menos de tres años.
El caso más notorio durante la pandemia fue la adquisición de cestas básicas por G. 2.949 millones, destinadas a familias de escasos recursos. En esta operación, están procesados Miguel Prieto, varios de sus funcionarios y Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurídica de la municipalidad. Según la Fiscalía, Florentín Páez habría colaborado en un esquema de facturación ficticia para encubrir la falta de entrega de mercaderías.
La firma Tía Chela SRL, adjudicada para proveer las cestas, no contaba con el inventario necesario, según se constató en las investigaciones. Para justificar las operaciones, se habrían utilizado facturas falsas emitidas por Vanemi SA, empresa vinculada a Florentín Páez. Las transacciones ficticias totalizaron G. 692 millones, parte de un perjuicio económico estimado en G. 2.130 millones.
La Fiscalía descubrió una red de subproveedores inexistentes, que emitieron facturas para simular la entrega de productos nunca adquiridos. Este esquema refleja el grado de opacidad con que se manejaron los fondos destinados a mitigar los efectos de la pandemia en Ciudad del Este.
Las investigaciones actuales revelan una serie de inconsistencias en el manejo de los fondos públicos durante la administración de Miguel Prieto. Tanto los casos relacionados con las ollas populares como con las cestas básicas destacan por la falta de documentación clara y la rapidez sospechosa con que se realizaron los desembolsos.
En el caso de las subcomisiones, no se ha presentado evidencia que confirme el uso correcto de los G. 311 millones desembolsados, mientras que los contratos otorgados a SCDE han despertado dudas sobre posibles conflictos de interés y favoritismo.
Por su parte, la trama de las cestas básicas, en la que figura Emili Vanessa Florentín Páez como protagonista, pone en evidencia el uso de facturas falsas y empresas de fachada para desviar recursos públicos. La Fiscalía continúa con las imputaciones contra los responsables de estos hechos, que afectan gravemente la credibilidad de la gestión municipal.
En total, las irregularidades detectadas en estos casos suman más de G. 14.000 millones, recursos que debían beneficiar a la población más vulnerable en un momento crítico. Sin embargo, estos fondos parecen haberse desviado hacia intereses particulares, dejando a Ciudad del Este con más preguntas que respuestas.