En la próxima sesión de la Cámara de Diputados, del martes 8 de abril, se estudiará el proyecto “que establece el régimen especial para la regularización de la tenencia y ocupación de los inmuebles que forman parte de las fincas que fueron expropiadas por la Ley N° 517/95 (Antebi Cué)”.

Esta iniciativa busca dar una solución definitiva a los ocupantes de estas tierras, la regularización y el pago de deudas por expropiaciones; adquisición de nuevas tierras e inversiones que fomenten el arraigo de las familias campesinas.

Podes leer: Anexo C: dejan en claro que el rol de la Comisión Bicameral es supervisar, no negociar

El documento señala que el Estado paraguayo no está recibiendo ningún ingreso por estas propiedades, a pesar de haber realizado una erogación de USD 86 millones, por lo que se busca que los actuales ocupantes puedan adquirir las tierras o pagar un arrendamiento.

Así también, se pretende determinar el precio de cada parcela de tierra para que, mediante la regularización y el pago, esto pueda incidir considerablemente en los ingresos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con miras al fortalecimiento de capital.

Esta solución definitiva ya arrastra una lucha de más de 30 años por parte de los ocupantes de estas tierras. Esta iniciativa estará a consideración de la Cámara Baja, en su primer trámite legislativo, de ser aprobado pasará a la Cámara de Diputados.

Leé también: Diputados quieren tener un rol protagónico en debate sobre el Anexo C de Itaipú

La Cámara de Senadores presentará una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en contra de los tres camaristas que levantaron la orden de captura del abogado de una estación de servicios, Walter Acosta, quien había abofeteado a la funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Una vez aprobada la propuesta presentada por la senadora Lilian Samaniego, este pedido se derivó a la asesoría jurídica de la Cámara Alta para que inicie los trámites. Los tres magistrados de la Cámara de Apelación de Alto Paraná que serán denunciados son: Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, quienes dispusieron la revocación de la medida judicial.

Le puede interesar: Ley de Patente Vehicular: esperan que quede promulgada antes del 31 de marzo

El hecho en cuestión ocurrió la semana pasada en el distrito de Tavapy, departamento de Alto Paraná, y la víctima es Lourdes Sosa Cuevas, cuando llegó hasta la estación de servicios a cumplir un procedimiento de control rutinario.

“Es inamisible e inaceptable lo que hicieron estos miembros de la Cámara de Apelación de Ciudad del Este, Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, que han revocado la orden de detención preventiva contra el agresor Walter Acosta. Por ello, solicito al plenario, que nos convirtamos en denunciantes, contra estos tres jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en base al artículo 18, que da la potestad a la Cámara de Senadores”, expresó la senadora.

Agregó que este hecho no puede quedar como una indignación más solamente. “Tenemos que accionar, no esperemos que haya más muertes o víctimas de violencia contra las mujeres, y que no pase nada. Tiene que haber una sanción en la instancia del JEM”, acotó.

Finalmente, luego de que se puso a consideración del pleno, terminó acompañando la propuesta por unanimidad de los presentes.

Siga informado con: Familia de Pecci pide una indemnización de USD 2 millones al Estado de Colombia

• Ciudad del Este. Agencia Regional

La Cámara de Apelaciones resolvió eximir de prisión al abogado Walter Ramón Acosta y con dicha medida queda sin efecto la orden de captura dictada por el juez penal de garantías de Santa Rita, Bernardo Silva, en el caso de coacción, coacción grave y resistencia que pesa sobre el letrado, después de haber abofeteado a una funcionaria del INTN.

La medida confirma lo que se venía manejando como información en los últimos días; el abogado no iba a presentarse hasta tanto consiga dicha orden y evitar ser capturado. El abogado Ever Waldemir Ferreira, en nombre de Walter Ramón Acosta, presentó ante el fuero penal del Tribunal de Alzada, la eximición de prisión.

La cámara de apelación integrada por los magistrados Efrén Giménez, Raúl Insaurralde y Marta Acosta firmó el AI (Auto Interlocutorio) No. 83, con fecha de hoy martes 25 de marzo. Con ello queda sin efecto la declaración de rebeldía y orden de captura que pesaba sobre el abogado agresor de la funcionaria del INTN.

Puede interesarle: Caso bofetada: fiscala afirma que desconoce posible presentación del abogado prófugo

Vale recordar que Acosta está imputado luego de ser visto en vídeos cuando en forma violenta abofeteó a la ingeniera Lourdes Teresa Sosa Cuevas, funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología de Normalización y Metrología (INTN).

Fue en el momento en que personal de dicha institución realizaba un control a la estación de servicios Nossapar, Distribuidor Tres Fronteras, empresa a la que cual representaba el citado abogado agresor. La expendedora de combustibles presentó irregularidades, según el acta de fiscalización de aquella oportunidad.

Luego, por disposición del Ministerio de Industria y Comercio, otro equipo de personal técnico se trasladó a Alto Paraná para realizar otra verificación de documentos dentro de la estación de servicios, además de la toma de muestras del producto sobre la que se aguarda el resultado.

Puede interesarle: Llevaron G. 500 millones en violento atraco a un supermercado en Concepción

El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

Leé también: Tasa de morosidad estaría bajando por aumento de cartera renegociada

Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

Te puede interesar: BCP descarta presión de compradores bolivianos en el tipo de cambio