Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) pone al descubierto una preocupante serie de irregularidades en la administración y control de recursos públicos transferidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) a entidades sin fines de lucro. El ente detectó pagos al Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) por cursos que no se realizaron, documentos no presentados y una larga lista más de irregularidades. El informe corresponde a transferencias de dinero público por parte de la mencionada cartera a cargo de la exministra Carla Bacigalupo y confirman montos siderales ya que solo en el 2021 esta institución presupuestó transferencias a oenegés por G. 32.783 millones.
- Unidad de Investigación Nación Media
Cursos pagados pero que no se hicieron, rendiciones de cuentas que se presentaron fuera de tiempo o que directamente no fueron entregadas, asesoramientos de los que existen evidencias. Estas son tan solo algunas de las numerosas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en el manejo de fondos públicos entregados a organizaciones que se dicen sin fines de lucro como la fundación CIRD y otras oenegés más.
La CGR entregó las conclusiones de la auditoría de cumplimiento realizada al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). En concreto, el informe hace análisis sobre aportes a entidades sin fines de lucro y con fines de bien social cuyas transferencias ascendieron a G. 32.783 millones solo en el ejercicio fiscal 2021. El mayor privilegiado fue el CIRD que se benefició con el 47 % del presupuesto, aunque los documentos abarcan a media docena de oenegés.
Entre las principales irregularidades detectadas, la CGR señala que el MTESS no notificó a las entidades beneficiarias sobre los retrasos en la presentación de sus rendiciones de cuentas, incumpliendo lo dispuesto en la Ley n.º 6672/21. Además, el ministerio aceptó planillas de rendición de cuentas sin la debida presentación ante la Contraloría, ignorando normas legales que exigen transparencia en el uso de los fondos públicos.
En términos financieros, las omisiones del MTESS son alarmantes. Por ejemplo, se desembolsaron G. 246 millones a la fundación CIRD para supervisiones que quedaron muy por debajo de las metas establecidas en los convenios. Asimismo, se tercerizó un servicio de supervisión por un monto superior a G. 461 millones, a pesar de que el ministerio cuenta con una dependencia interna para realizar esta tarea, violando disposiciones legales.
El documento revela, además, que el MTESS desembolsó G. 1.789 millones para la realización de cursos en Itapúa, Misiones, Alto Paraná y Paraguarí. Sin embargo, no se visualizó un desglose detallado del costo de los cursos, junto con otros elementos críticos de evaluación, lo que hubiera permitido verificar la razonabilidad y sustentabilidad de estos.
El informe también señala que varias entidades beneficiarias presentaron presupuestos incompletos o inconsistentes, que fueron aceptados por el MTESS sin mayores observaciones.
La Contraloría detectó que G. 124 millones destinados a la realización de cinco talleres fueron utilizados de manera irregular, ya que solo se realizaron tres, sin documentación que respaldara las actividades realizadas. De manera similar, G. 239 millones transferidos para asesorar a mipymes carecen de evidencia que acredite el cumplimiento de las actividades previstas, como listados de empresas beneficiadas con datos esenciales.
El informe de la CGR no solo expone un manejo negligente, sino que plantea serias interrogantes sobre la ética y el compromiso con la correcta administración de recursos públicos. Además, se suma a la larga lista de denuncias con respecto al festín de fondos públicos administrados por las organizaciones que se dicen sin fines de lucro.