A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurídica de la Presidencia, se logró evitar el pago de USD 16 millones al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús. El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este importante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño principal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.

“Finalmente si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mi la demolición es el perjuicio que existe sobre las arcas del Estado. Los responsables son las personas que destruyeron todo lo que se edificó, que son el ministro y el presidente anterior”, expresó en referencia a Mario Abdo y Arnoldo Wiens.

En conversación con “Buena Tarde”, programa emitido por Unicanal, González resaltó que lo determinado por el Tribunal es que se podía rescindir el contrato, pero lo que se critica es el discurso político que dieron, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma USD 2.600.000.

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“Creemos que se trataba de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura que iba a significar el legado de un gobierno que ellos querían deslegitimar. Vendieron una historia falsa para terminar la obra del Metrobús que iba a incorporarle a Asunción un mecanismo de transporte de vanguardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó, de hecho todo lo construido fue demolido”, aseveró.

Según explicó el procurador, lo que permitió este importante ahorro a las arcas del Estado es que se determinó que este conflicto debía ser resuelto de acuerdo a la legislación paraguaya, esto pese a que los árbitros eran de nacionalidad argentina, brasileña y mexicana. Por esta razón se descartaron tasas usurarias, además de que se evaluaron los daños y consecuencias, lo que decantó en una reducción importante del monto fijado inicialmente que era de USD 19 millones.

“Nosotros estamos defendiendo jurídicamente la posición del Estado paraguayo y hemos podido ahorrar casi USD 16 millones de lo que se pretendía ejecutar, ahora lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de si hay lesión de confianza o no, eso corresponde al Ministerio Público y ahí nosotros tenemos nuestra opinión, pero respetamos la labor que a ellos les corresponde”, aseveró.

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El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.

• Unidad de Investigación Nación Media

Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularida­des cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judi­ciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Bení­tez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por fil­traciones de secretos a punta de chicanas.

El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Mar­qués. Las audiencias del jui­cio oral y público debían ini­ciarse el pasado 1 de julio; sin embargo, fueron postergadas y deben iniciar el próximo18 de noviembre.

Pese a los tres meses de gracia que recibió, ayer lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sen­tencia que debe entender en la causa de Giuzzio postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.

El exministro todopode­roso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narco­traficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domi­cilio particular, según docu­mentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afron­tará juicio.

Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Minis­terio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narco­traficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

De acuerdo con los docu­mentos que constan en la acusación presentada con­tra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicacio­nes con el narco brasileño en julio de 2021. Según las investigaciones del Minis­terio Público, Giuzzio man­tuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehícu­los blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propie­dad de Espíndola.

Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuen­tas pendientes en la Justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcio­narios del período anterior están en la mira por numero­sas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.

Patricia Samudio, extitu­lar de Petropar, se convir­tió en abril pasado en la pri­mera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expre­sidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de pri­sión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unida­des de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unida­des de pallets y 15 termóme­tros láser, que no ingresaron al ente.

La lista continúa con 400 uni­dades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartu­chos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresa­ron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deu­das de su marido, el también condenado Costa Perdomo.

Joaquín Roa Burgos, exminis­tro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.

En noviembre pasado, la Fis­calía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias lici­taciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos inde­bidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.

La Fiscalía imputó al expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras per­sonas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.

La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación espe­cial (Art. 148 del CP), induc­ción a un subordinado a un hecho punible (Art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal.

El senador Derlis Maidana sostuvo que la tendencia sobre el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro es la aprobación. La iniciativa legislativa, que fue modificada en la Cámara de Diputados, se encuentra en el orden del día de la sesión ordinaria del Senado que se desarrollará este miércoles.

“Yo creo que tenemos los votos, tenemos dictamen a favor también para aprobar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y darle ya una sanción a esta ley”, aseguró el senador en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proyecto cuenta con varias modificaciones que fueron incluidas durante su tratamiento en la Cámara Baja, a sugerencia del Poder Ejecutivo, donde también se consideraron los reclamos de los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

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“En la Cámara de Diputados se incluye una serie de modificaciones en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6, que hablan de la necesidad de transparencia de los fondos privados nacionales, de los fondos privados internacionales y los fondos públicos provenientes directamente de otros estados y que tengan por objeto influir o incidir en las políticas públicas del Paraguay”, explicó Maidana.

Agregó que, para dar tranquilidad al público, explicó que con esta nueva versión modificada son excluidos de la presente ley los partidos y movimientos políticos, las iglesias y congregaciones religiosas, los clubes deportivos de carácter no profesional, los sindicatos, las asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas, estudiantiles, comisiones vecinales y juntas de saneamiento.

Así también, se establece que el Ministerio de Economía y Finanzas será el organismo encargado de la aplicación de la ley, las facultades de la Contraloría General de la República y una serie de modificaciones, que incluyen que el Estado garantizará la autonomía de estas organizaciones sin fines de lucro.

“Muchas de esas inquietudes manifestaron los representantes de estas organizaciones cuando tuvimos las audiencias públicas, entonces, creo que esta modificación es importante para poder darle transparencia y que todo sea controlado. Muchas de las inquietudes que plantearon representantes de estas organizaciones fueron tomadas en cuenta y creemos que lo más saludable es aprobar con la versión de la Cámara de Diputados”, señaló el legislador.

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El senador Gustavo Leite convocó este jueves a una conferencia de prensa en el Congreso para replicar a los medios que lo vinculan con una asociación civil con la intención de cuestionar su proyecto de ley que busca mayor transparencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG), así como su trabajo en la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que indaga el uso de fondos públicos por parte de las ONG. “Yo soy un oenegero transparente”, respondió el legislador, que anunció una rendición de cuentas de la Comunidad Cenáculo del Paraguay para el próximo lunes.

“Espero que este sea el punto de partida para que todas las organizaciones sin fines de lucro sean transparentes”, expresó Leite al anunciar esta reunión con periodistas. “Yo soy un oenegero transparente, mi señora es una oenegera transparente, de un servicio social que no cobra sueldo, que pone plata de su bolsillo para trabajar por la gente”, expresó en sala del Senado, refiriendo sobre las donaciones privadas a favor de la organización religiosa de acción social, que una sola vez recibió dinero de la Itaipú Binacional.

“Mi esposa, ni yo, ni ninguno de los que son voluntarios de Comunidad Cenáculo en Paraguay hemos cobrado un centavo por el trabajo voluntario para recuperar a los jóvenes paraguayos de las drogas”, puntualizó. Leite llegó a fungir de tesorero voluntario de la asociación civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, extensión de Comunità Cenacolo, fundada en 1983 en Saluzzo (Italia) por sor Elvira Petrozzi (1937-2023) para acoger a jóvenes con problemas de adicción y marginación.

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“Fondos del Estado no recibimos, y no es la política (de la organización) recibir fondos del Estado”, dijo, citando a las empresas del sector privado que aportaron para la asociación, y que llegaron a totalizar G. 381.047.195 en el periodo de los años 2018-2019. “Conozco muy bien a las oenegés”, manifestó Leite, señalando que, si es necesario, el caso de esta organización será incluida en la Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos; que integra como relator.

“Si la comisión quiere investigar estaríamos felices, yo voy a hacer la rendición de cuenta, le voy a pedir a la contadora que venga el lunes, le muestre a ustedes y si ustedes creen (la prensa) que hay que ir a la bicameral, hay que ir a la bicameral. La trasparencia tiene que ganar”, sostuvo Leite, que confirmó una rendición de cuentas de los últimos 5 años de la Comunidad Cenáculo del Paraguay, el lunes 7 de octubre a las 11:00, ante los periodistas acreditados en el Congreso.

Leite es uno de los once senadores que patrocinaron el proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, que el martes pasado fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados, y que ahora vuelve al Senado. La iniciativa legislativa plantea la creación del Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.

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