El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión conjunta de investigación sobre lavado de dinero, daño patrimonial al Estado, contrabando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resaltantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue presentado este miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.

El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.

Señaló que un año antes que el gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero, en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una institución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la Nación.

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Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se violaron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.

“Ningún directivo de la ONG en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oenegés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.

Indicó además, que se establecía que se debía favorecer a organizaciones de la sociedad civil incipiente.

“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospechosos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.

Leite sostuvo además que la Justicia Electoral reconoció que no podía hacer un control real del financiamiento político porque no saben quiénes fueron los beneficiarios, por tanto, no saben si ese dinero terminó en campaña política.

Ante esto, una de las recomendaciones que dan es que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Justicia Electoral se tienen que comunicar informáticamente, al menos con algunos niveles de secreto para el control del financiamiento político.

Leite recordó que además de los fondos de USAID comprometía igualmente otros 5 millones de dólares de los fondos del Estado, y hasta ahora se negaron a brindar información sobre quién llevó la plata. Sobre el punto, la recomendación es que se vuelva a crear una nueva CBI para seguir insistiendo en saber quién o quiénes llevaron el dinero.

“No podemos dejar esto en el opareí, porque la ley de cooperación no está rendida, ¿qué haremos como Congreso?, porque se dejaría en la nada unos 52 millones de dólares, es una recomendación de la comisión", acotó.

Otro punto que resaltado fue que durante el trabajo de investigación se enteraron de que el valor de la importación de armas declarado de forma legal y el valor en frontera es 1.000 % más, conforme a los datos brindados por la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Manifestó que desde la DNIT alegaron cuestiones de confidencialidad, por lo que ahora solo se manejan con estimación de la Dimabel, que maneja un monto, los importadores manejan otros montos y los vendedores de fronteras están felices porque no se puede realizar un verdadero control en la frontera. “Mientras que los organismos del Estado que deberían controlar alegan confidencialidad”, acotó.

En lo que respecta a lavado de dinero, Leite señaló que llamó la atención que el Banco Atlas aparece en dos denuncias, una tiene que ver con el caso de Conmebol. Por otra parte, el caso del crédito del tractorista vinculado al presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Ambos casos, aún están en proceso de investigación de la Fiscalía.

“Respetamos el trabajo, pero no nos cierra la bondad de la Fiscalía con Banco Atlas, en el caso Conmebol, Cabeza Branca, y ni que hablar en el fideicomiso de IPS que está ahí en la nebulosa. Esto es lo que podemos contar, el resto está escrito en el informe”, indicó.

También dijo que las veces que la comisión solicitó celeridad al Ministerio Público fue acusada de “comisión garrote”, por presionar a la Fiscalía para que realice su trabajo en casos que llevan más de 10 años sin que se expida, ya sea para desestimar o imputar.

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En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se abordó el proyecto de ley que establece el horario oficial en la República del Paraguay y deroga la ley nº 7.354/24. Esta iniciativa tiene por intención dejar sin vigencia el horario único adoptado en nuestro país, sin embargo, los legisladores optaron por postergar su estudio de manera indefinida.

“Es un proyecto que generó y sigue generando mucho debate en torno a su implicancia y tenemos dictamen solamente de una Comisión, por lo que solicito el aplazamiento sine die para que podamos tener el dictamen de las diferentes comisiones y poder llegar a un consenso en el pleno sobre este tema”, expresó el diputado Miguel Del Puerto.

La propuesta legislativa está pendiente de tener dictamen por parte de siete comisiones en total, por lo que el parlamentario consideró prudente otorgar el suficiente tiempo para que el proyecto pueda ser analizado en profundidad por sus colegas. Por su parte, el diputado y proyectista, Edgar Olmedo, recomendó el aplazamiento por un plazo de 15 días, pero la moción no prosperó.

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“Más allá del tratamiento de este proyecto, lo que también se tendría que ver es el horario escalonado, una cosa no va sin la otra, tanto si rechazamos o aprobamos, lo que hay que hacer es un tratamiento integral”, expresó por su parte la diputada Rocío Vallejo, quien indicó que este es un tema que ya no debe ser postergado.

De acuerdo a lo que establece la iniciativa, consideran viable retornar al “doble horario estacional” y argumentan que la población ya acostumbraba a este sistema tras largos años de vigencia. “Permite una mejor adecuación de la jornada diaria a las condiciones naturales de luz y temperatura, beneficiando tanto a la población urbana como rural, al tiempo de promover una mayor eficiencia energética y calidad de vida”, según se menciona en el documento.

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Dentro del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, marcada para el martes, figura el proyecto de ley “Que amplía las disposiciones del Código Electoral, regula la figura de las concertaciones de carácter nacional, departamental y municipal”. La iniciativa fue aprobada con modificaciones por el Senado por lo que retorna para su análisis a la Cámara Baja.

De acuerdo con lo que se menciona en la exposición de motivos de esta propuesta legislativa, se busca “fortalecer el sistema democrático” mediante la regulación de mecanismos de colaboración política, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales.

El proyecto establece tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal, y al mismo tiempo propone la regulación de las mismas, entendidas como alianzas o acuerdos temporales entre partidos y movimientos políticos para fines específicos.

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Según lo expresado previamente por el senador Derlis Maidana, quien está a favor de esta iniciativa, uno de los fines de este proyecto es “evitar la perversión del derecho al voto” y apunta a que cada partido pueda contar con su propio padrón, uno de los motivos que despierta el rechazo de la concertación.

“Lo que se busca con esta propuesta es que cada partido político tenga su propio padrón electoral, que cada agrupación tenga la autonomía de decidir quiénes son sus candidatos en las elecciones internas, conforme a lo que establece el Código Electoral Paraguayo”, explicó Maidana en una entrevista a Nación Media.

Asimismo, descartó que este proyecto sea “anticoncertación” e indicó que lo se busca es otorgar a las concertaciones un marco legal efectivo de modo que establezcan condiciones, requisitos, períodos de tiempo para la inscripción, entre otros tipos de disposiciones. Si Diputados aprueba la versión del Senado, la iniciativa quedará sancionada.

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“Lo que nosotros queremos siempre es fomentar la participación ciudadana, pero naturalmente ellos hablan de cercenamientos y otras falacias”, comentó. Según el proyecto, para constituir una concertación nacional, los partidos y movimientos políticos deberán obtener la aprobación de sus respectivas asambleas o convenciones, y formalizar el acuerdo mediante escritura pública.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados un informe sobre la situación de la Caja Fiscal, sistema que sostiene las jubilaciones y pensiones del sector público.

La exposición estuvo a cargo del viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, junto con su equipo técnico. Según detallaron, la caja atraviesa una situación cada vez más complicada, con un déficit creciente y un sistema desordenado que incorpora regímenes distintos, muchos de ellos con beneficios otorgados sin fuentes claras de financiamiento. Esta fragmentación normativa genera desigualdades y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Durante la reunión, tanto autoridades del MEF como los legisladores coincidieron en que urge una reforma previsional integral, pero que debe ser construida con amplio consenso político y social. “Las decisiones que se tomen hoy van a tener impacto por décadas”, advirtieron.

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Uno de los puntos centrales del debate fue la necesidad de igualar las condiciones de jubilación entre los distintos sectores del Estado, fijar edades de retiro acordes a la realidad demográfica y garantizar que los beneficios sean proporcionales a los aportes realizados por cada trabajador.

Desde el MEF aseguraron que están dispuestos a aportar todos los insumos técnicos necesarios para encarar este proceso, incluyendo proyecciones actuariales, comparaciones con modelos regionales y análisis fiscales. Adelantaron que en una próxima sesión presentarán otro informe sobre cómo otros países enfrentaron reformas similares.

Legisladores de distintos sectores reconocieron que la Caja Fiscal ya no resiste más parches. Señalaron que se necesita voluntad política para tomar decisiones impopulares pero necesarias, antes de que el sistema colapse y se vuelvan inviables los pagos a jubilados del Estado.

La Caja Fiscal cubre hoy a miles de jubilados docentes, policías, militares, judiciales y funcionarios públicos en general. El déficit se agrava año tras año, y si no se encara una solución de fondo, podría convertirse en uno de los problemas financieros más serios del país, acordaron las autoridades.

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