La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió la resolución 34/2025 en la que se introducen modificaciones clave a la resolución que reglamenta la inscripción, actualización y cancelación del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

A partir del 1 de agosto de 2025, tanto para la inscripción como para la actualización de datos en el RUC de personas jurídicas, cuando se desee incorporar o actualizar al representante legal, se deberá adjuntar (además de los requisitos habituales) un nuevo documento identificado en el sistema con la denominación: CI_REG.FIRMA.

Este documento deberá tener el escaneo del anverso y reverso de la cédula de identidad del representante legal, acompañado de cuatro firmas manuscritas del mismo, colocadas debajo de la imagen del documento.

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El archivo deberá presentarse en formato .pdf, nombrado con la estructura TipoDeDocumento_Número (por ejemplo: CÉDULA_123), y luego comprimirse en un archivo .zip para ser cargado en el Sistema de Gestión Tributaria Marangatu.

Este mismo procedimiento también se aplicará en la inclusión o actualización de apoderados PVAA (Personas Vinculadas a la Actividad Aduanera) en el RUC, tanto de personas físicas como jurídicas, cuando estos hayan recibido un poder especial o general que los habilite a realizar gestiones ante la autoridad aduanera.

Aclaran que en estos casos, dicho poder deberá estar debidamente inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, sección Poderes. Si el documento no tiene vocación registral, deberá adjuntarse una constancia emitida por la misma institución, en la que se aclare expresamente esa condición.

Respecto a la cancelación del RUC, la nueva normativa establece que, a partir del 1 de mayo de 2026, los contribuyentes no solo deberán estar al día con sus obligaciones tributarias internas, sino también cumplir con ciertas condiciones en el ámbito aduanero.

Será requisito no contar con liquidaciones ni garantías vencidas vinculadas a tributos aduaneros, ni con procesos administrativos o judiciales pendientes relacionados con operaciones de importación o exportación aún no concluidas.

Desde Ingresos Tributarios afirman que las nuevas disposiciones apuntan a fortalecer la formalización, trazabilidad y seguridad en los procesos tributarios.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) está llevando las recaudaciones impositivas a niveles nunca antes alcanzados y que por su importancia pueden consi­derarse históricas. Es uno de los organis­mos del Estado que mayor crecimiento ha alcanzado en los dos últimos años por el incremento de sus recaudaciones.

Está mostrando el camino del crecimiento mediante la mejor percepción impositiva y la incorporación de mayor cantidad de contribuyentes que se suman a la legali­dad. En la dura tarea contra la informalidad tradicional está obteniendo éxitos impor­tantes mediante los cuales va achicando la dimensión de la economía ilegal, que sigue teniendo un gran peso en la vida del país.

Un reciente informe sobre las recaudacio­nes tributarias en lo que va del año revela que de enero a julio de este año se recaudó un 9,6 % más de impuestos, comparado con el período de enero a julio del año pasado, tanto en tributos internos como en impuestos aduaneros.

La comparación de las cifras revela datos importantes en el aumento de lo que per­cibe el fisco. Hay que tener en cuenta que para que se produzca el incremento sustan­tivo de las recaudaciones impositivas no solo debe considerarse la suma de dinero en concepto de los pagos que se hacen, sino la incorporación de mayor cantidad de perso­nas físicas y jurídicas que están abonando sus obligaciones tributarias. Esto signi­fica que cada vez hay más contribuyentes que aportan a las arcas del Estado y menos infractores. Que, en otros términos, implica que va disminuyendo la economía ilícita y va creciendo la legalidad.

Esta es una de las tareas más impor­tantes realizadas por la DNIT, pues es un avance de suma trascendencia en el campo del cumplimiento de las leyes. El 31 de diciembre de 2023, cuatro meses y medio después de la asunción del gobierno actual, había 1.108.479 con­tribuyentes sumando las personas físi­cas y las personas jurídicas. Luego de 18 meses, el 30 de junio de 2025 la cantidad de personas inscriptas en el sistema de recaudaciones ascendía a 1.232.698 con­tribuyentes, lo que representa un creci­miento del 11,2 %, o sea 124.219 personas más que pagan impuestos.

Teniendo en cuenta las recaudacio­nes obtenidas en lo que va de este año se observa un excelente comportamiento, con un aumento importante en lo perci­bido hasta ahora. Al 31 de diciembre de 2024 el monto total percibido en todo el año por el fisco ascendía a 23,0 billo­nes de guaraníes. Cinco meses después, al 31 de mayo de este año, se ha recaudado 11,5 billones de guaraníes por los 150 días transcurridos.

Lo llamativo es que en cinco meses de operaciones se percibió un 49,9 % de lo recaudado en los doce meses de 2024, lo que implica que en todo el 2025 se podría llegar a un alza importante, dado que en menos de medio año ya se obtuvo práctica­mente la mitad de todo un ejercicio fiscal

En cuanto a impuestos internos, hasta julio la dependencia fiscal recaudó un 10 % más como variación interanual. Mientras que lo percibido en concepto de impuestos aduaneros tuvo un alza del 2,6 % con rela­ción al mismo mes del año pasado.

El incremento de lo percibido por impues­tos internos se debe a los pagos realizados por el sector comercial, las entidades de intermediación financiera, la construc­ción, servicios a empresas, servicios a los hogares, transporte, aparte de los impues­tos a las bebidas y tabaco.

El alza en la percepción de recaudaciones impositivas es una señal de que la acti­vidad económica está teniendo un buen crecimiento mediante el incremento de la producción, el aumento en la comercia­lización tanto de las mercaderías como los servicios ofrecidos. Y sobre todo por­que se han inscripto como contribuyen­tes más empresas y personas que produ­cen, así como las que comercializan y que captan los impuestos que se cobran, como el impuesto al valor agregado (IVA) que pagan los compradores de bienes y servi­cios y los otros tributos.

Entre los impuestos internos el más importante es el IVA, porque la mayor parte de lo que se recauda en las tran­sacciones comerciales es mediante ese tributo. Y sobre todo porque tributar ese impuesto implica que los comercios, industrias y personas están operando de acuerdo con la ley, lejos de las actividades irregulares, que es lo que pretenden los organismos estatales.

“El objetivo final de este proyecto será convertir al Paraguay en un mercado de comercialización de energía regional eso nos dará realmente la posibilidad de mayor inversión”, dijo viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, acerca de la propuesta del Ejecutivo de unificar su cartera con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

“Tenemos una responsabilidad enorme de establecer una política industrial con la utilización de la energía, ver para que industrias necesitamos y queremos y como podemos otorgar", manifestó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

La iniciativa forma parte del paquete de proyectos de leyes económicas que son impulsadas por el gobierno del presidente Santiago Peña y tienen como finalidad la transformación integral del Estado paraguayo.

“El Ministerio de Energía, Minería, Comercio, Industria y Turismo mediante esta propuesta va a tener las prerrogativas normativas y fácticas necesarias para poder tener un ordenamiento integral de lo que es el sistema energético", sostuvo el viceministro.

Añadió que la principal preocupación “es la utilización correcta de la energía, por eso insistimos en dos cuestiones. La primera en ejecutar la política energética, que ya la tenemos escrita, referenciada, y que tenemos que trabajarla en corto, mediano y largo plazo. Y por otro lado, se encuentra la utilización de esa energía para la industrialización”.

El planteamiento de impulsar la fusión entre las citadas carteras estatales surge en medio de proyecciones que vaticinan un déficit energético para el 2030.

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El segundo proyecto de ley que figura en el paquete se centra en que el Ministerio de Relaciones Exteriores absorba a la Secretaría de Repatriados. Teniendo en cuenta el grado de inversión que fortalece al sistema financiero, la tercera ley que se presentará consiste en una actualización de la Ley de valores de la Superintendencia de Valores para modernizar todo el marco jurídico del funcionamiento de la bolsa de valores en Paraguay.

La cuarta iniciativa se trata de una nueva ley de energías renovables para dar mayor participación al sector privado, mientras que el quinto y el sexto contemplan la modernización de las leyes 60/90 y de maquila, regímenes que han sido pilares del crecimiento económico nacional. En ambos casos, se busca adaptarlos a los nuevos tiempos y maximizar su impacto.

También se prevé que los bienes importados bajo la ley 60/90 puedan constituir fideicomisos como garantía para acceder a más financiamiento. Además, se incorporarán rubros ligados al turismo, potenciando la sinergia entre comercio e infraestructura turística. Respecto a la ley de maquila, se anunció una innovación clave: la incorporación de la maquila de servicios. En séptimo lugar se da pie a la creación de un nuevo régimen, el proyecto de ley de ensamblaje de productos electrónicos.

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El proyecto de ley de modificación del Código Electoral fue planteado por un grupo de once diputados liberales, con la pretensión de extender el voto preferencial a la lista de suplentes. El documento plantea que el voto preferencial emitido a favor de un candidato titular también compute, automáticamente, para su respectivo suplente.

Se trata del proyecto de ley “que modifica el artículo 1 de la Ley n.° 6918, Que modifica los artículos 170, 246, 247, 248 y 258 de la Ley n.° 834/96, Que establece el Código Electoral Paraguayo y sus modificatorias leyes números 3166/2007 y 6318/2019″, que se fundamenta en el principio jurídico de que “la suerte del principal le sigue al accesorio”, de acuerdo a la exposición de motivos.

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Esta iniciativa establece que “el voto preferencial emitido a cualquier candidato titular de una lista se computará también para su suplente, conforme a la propuesta presentada por el partido o movimiento político correspondiente”.

Así también, la normativa extiende el sistema de votación y asignación de bancas a las elecciones internas partidarias para cargos de representación nacional, departamental y municipal, exceptuando únicamente el caso de los senadores.

Los proyectistas mencionan que “el voto preferencial solo beneficia al candidato titular, mientras que el suplente únicamente recibe los votos al lema del partido” y señala que buscan corregir “una inconsistencia en el actual sistema electoral, donde no se aplica, uniformemente, la regla jurídica del vínculo entre titular y suplente al momento del conteo de votos preferenciales”.

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