Entre los primeros puntos que serán analizados durante la sesión ordinaria del martes 19 de noviembre, por la Cámara de Diputados, está el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), iniciativa que busca resolver el histórico problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay.

El titular de Diputados, Raúl Latorre, determinó que el orden del día estará integrado por 24 puntos.

El proyecto del RUN ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.

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Según la exposición de motivos, este nuevo RUN se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

Entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país, y reducción de costos para el Estado.

Por otro lado, también analizarán el proyecto de ley “Que prorroga el plazo establecido en el artículo 5º de la Resolución Honorable Cámara Diputados Nº 1336/2024, Que crea una Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”. La Cámara de Senadores, ya aprobó esta semana, prorrogar por 60 días más la vigencia de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero.

El plenario de la Cámara Baja también tiene previsto estudiar el proyecto de ley “Que crea el Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público (ISEMP). Según la exposición de motivos, el ISEMP, anteriormente, Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, constituye un organismo de apoyo fundamental para la carrera fiscal.

Como instancia académica, ejecuta los programas de formación para funcionarios de la institución, alineados con los ejes del plan estratégico de la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de un Fiscal Adjunto, según el documento.

La Cámara de Diputados analizará también, en la ocasión, el proyecto de ley “Que establece la inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP) de ciudadanos paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero para el pleno ejercicio del derecho al voto”.

Esta iniciativa, que busca fortalecer los derechos civiles y políticos de los paraguayos, contempla la creación de un Departamento de Electores Residentes en el Extranjero, dependiente de la Dirección General del Registro Electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Otro documento que forma parte del orden del día de la Cámara de Diputados, es el proyecto de ley “Que modifica la Ley N° 3212/2007, ‘Que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones”.

Esta iniciativa legislativa busca fortalecer el sistema democrático paraguayo mediante la regulación de mecanismos de colaboración política, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales. El proyecto establece tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal.

Para constituir una concertación nacional, según la exposición de motivos, los partidos y movimientos deberán obtener la aprobación de sus respectivas asambleas o convenciones, y formalizar el acuerdo mediante escritura pública.

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El presidente de Dipu­tados, Raúl Latorre, resaltó ayer la media sanción que tuvo en la Cámara Alta el proyecto de ley de la Función Pública y Servicio Civil, que plantea reglamen­tar el sistema de trabajo de los funcionarios públicos.

“Nosotros entendemos que el Servicio Civil es una ley paradigmática, entendemos el espíritu del Poder Ejecutivo que es el de generar un mejor ordenamiento con respecto a la gestión del talento humano en la República del Paraguay”, indicó Latorre.

Sobre el tratamiento de la ley por la Cámara de Diputa­dos, Latorre manifestó que oportunamente plantearán el tema en la mesa directiva y allí se decidirá el momento para considerar la normativa.

Mientras el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño dijo que esta ley debe ser revisada ya que fue atacada por varias ins­tituciones que alegan incons­titucionalidad.

“A partir de lo aprobado ayer vamos a revisar. A priori lo que hay que modificar es la ley actual de la Función Pública “, señaló el diputado.

El proyecto de ley de la Fun­ción Pública y Servicio Civil es una propuesta del Poder Eje­cutivo y que durante su tra­tamiento parlamentario tuvo algunas modificaciones por parte de los senadores.

En principio la normativa excluye a los poderes Judi­cial y Legislativo, pero desde el Congreso aseguran que opor­tunamente se establecerán la reglamentaciones que tam­bién regirán para los funcio­narios de estos poderes del Estado.

El proyecto de ley esta­blece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También con­templa el periodo de prueba de seis meses para la evaluación y posterior estabi­lidad laboral.

En cuanto a los empleados contratados se prevé un régimen especial que garan­tiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la segu­ridad social, conforme al presupuesto vigente.

Para los directivos públi­cos, el proyecto establece que serán seleccionados mediante concurso público, con un periodo de tres años y un límite de nueve años de permanencia. Y otros varios beneficios para los funcio­narios del Estado, según los senadores que votaron a favor de la ley.

Sectores de la oposición afirman que la Ley del Servicio Civil “es un gran avance”.

El senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo, se refi­rió sobre la media sanción otorgada por la Cámara Alta a la iniciativa de reforma la carrera del servicio civil impulsada por el gobierno del mandatario Santiago Peña que tiene como fin iniciar un sistema de jerarquización del funcio­nariado público, princi­palmente en el ámbito del Poder Ejecutivo.

“Se trabajó bastante con el frente sindical, con varias organizaciones. Lo que se percibe es que hay un mayor consenso sobre este proyecto con relación a otras iniciativas impor­tantes. Ayer aprobamos casi por unanimidad, sola­mente una senadora votó en contra”, manifestó a la 1020 AM.

El proyecto aprobado por los senadores y remitido a Dipu­tados para su estudio esta­blece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También contempla un período de prueba de seis meses para la evaluación y posterior esta­bilidad laboral.

“Una ley no va a solucionar todos los problemas estruc­turales que tenemos en la función pública, pero es un gran avance. Esta es una iniciativa necesaria, ya que debemos tener una ley que rija a la función pública y que establezca la estruc­tura de una carrera civil”, comentó Oviedo.

En cuanto a los emplea­dos contratados, se prevé un régimen especial que garantiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la seguridad social, conforme al presu­puesto vigente.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, concretaron la firma de un convenio interinstitucional en el marco del fortalecimiento de la administración entre ambas instituciones. El objetivo es potenciar la transparencia, la eficiencia y la capacitación en temas relacionados con el sistema electoral.

Con este convenio, se establece la implementación de planes, programas y la elaboración de proyectos de ley de interés común; además de capacitaciones y desarrollar actividades relacionadas o derivadas de las misiones institucionales respectivas.

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El presidente de Diputados, Raúl Latorre, destacó el rol y el trabajo realizado por el TSJE en los procesos electorales en el país. “La conducta de la Justicia Electoral siempre ha dado claridad y certeza en los resultados electorales, lo cual es fundamental para que se respete al ganador y se mantenga una paz. El TSJE ha sido una institución creíble que ha fortalecido los cimientos de nuestra democracia”, indicó.

Por su parte, el presidente de la máxima autoridad electoral, César Rossel, adelantó que se plantearán reformas técnicas que se irán elevando a la Cámara de Diputados. “Nosotros teníamos que presentar, o estaba en los planes de la Justicia Electoral, presentar unas reformas técnicas, así que lo vamos a canalizar directamente a través de la Cámara de Diputados, y trabajaremos en las capacitaciones y en todo lo que hace a las elecciones”, indicó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, de Diputados, Arnaldo Valdez, también se expresó sobre este convenio, manifestando que la comisión asesora trabajará en las propuestas que sean enviadas por la Justicia Electoral.

“Quiero manifestar mi contento y el contento de la Comisión de Asuntos Electorales por la firma de este convenio, atendiendo a que tenemos una labor intensa en los diferentes proyectos de leyes que se están impulsando al interior de la Cámara de Diputados”, apuntó.

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El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley que “sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social”, con lo cual pretende cambiar varios artículos de la Carta Orgánica de la previsional. Entre esas modificaciones se plantea las condiciones para la jubilación en el IPS, entre ellas un nuevo método para el cálculo de los haberes jubilatorios.

Al respecto, el presidente del IPS, Jorge Brítez, explicó este jueves que el cambio del cálculo jubilatorio para el asegurado de la previsional beneficiará a la Caja del ente y para la atención del asegurado. Indicó que busca que los aportantes sinceren sus aportes; para ello, plantean que el cálculo se realice conforme a los 10 últimos años, es decir, 120 últimos meses de aportes y ya no conforme a los 36 últimos meses (tres años) de aportes.

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“De tal forma, que la gente se sincere en sus aporres mensuales. Hoy lo que ocurre es que el 80 % de los asegurados que están aportando con base al salario mínimo, pero llegado los 3 años antes de jubilarse comienzan a aportar sobre su salario real y entonces se produce un desfasaje en los aportes jubilatorios, porque cuando se jubilan lo hacen por dos o tres salarios mínimos, esto ocurre porque no hay sinceridad en los aportes”, explicó.

Asimismo, el doctor Brítez indicó que se está solicitando que el 2,5 % del aporte que hace el IPS, distribuidos entre 1,5 % Ministerio de Salud Pública y el 1 % al SNPP, que son aportes genuinos de los asegurados, queden en la institución, teniendo en cuenta la situación crítica en la que se encuentra la previsional. “Es una de las alternativas que hemos analizado para recaudar más, con eso se estaría recaudando unos 100 millones de guaraníes o más”, precisó.

El titular del IPS aseguró que desde que asumieron la administración de la previsional han venido trabajando sobre estas ideas con la administración central, trabajando más de un año en este tema. Indicó que la gente de cálculos actuariales han estado trabajando a fondo en esto, realizando los cálculos con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual hizo los análisis correspondientes.

“Se logró llegar a un cálculo promedio y equitativo, en el que prácticamente se concluyó que será lo mismo, pero que sincerando los aportes, se logrará mejorar incluso la recaudación que tendrá el IPS, porque se sincerarán los aportes mucho antes de los salarios de los asegurados”, indicó.

Asimismo, aseguró que el cálculo para la jubilación se hará conforme al salario mínimo vigente al momento de su jubilación.

“No va haber ninguna pérdida, porque el cálculo se va hacer 7/3, es decir, se hace en base a los 3 últimos años se va promediar el salario, pero se toma 7 años antes para tomar en cuenta el aporte. Según los cálculos que hicimos nosotros, e igualmente el Ministerio de Economía, prácticamente el cálculo es el mismo. El que está aportando sobre salario mínimo, se va jubilar con el salario mínimo actual”, concluyó.

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