La Asociación Nacional Republicana (ANR) desarrolló este lunes 14 una sesión extraordinaria que contemplaba en su orden del día el estudio de cinco puntos, los cuales fueron aprobados en su totalidad por la mayoría. Con 63 presentes, la sesión fue presidida por el titular del partido, Horacio Cartes.

En esta ocasión, la Comisión de Afiliación que está presidida por el diputado Sebastián Remezowski, requirió la aprobación de 35.920 nuevas afiliaciones y 460 reincorporaciones de quienes han pasado a retiro en las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y funcionarios judiciales, los que solicitaron no perder su antigüedad.

Asimismo, quedó aprobada la campaña de afiliación masiva, propuesta realizada por el presidente de la Comisión de Juventud del Partido Colorado, José Rodríguez. Esta actividad consiste en un trabajo intenso que se extenderá hasta la primera semana de junio, busca incorporar a la mayor cantidad posible de personas, para lo que se necesitará de un trabajo coordinado con las comisiones de Afiliación, de Mujeres y Organización Partidaria.

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“Como hemos visto en ocasiones anteriores, la afiliación masiva fortalece al partido, genera un impulso renovador y una mayor participación de los jóvenes. Es habitual que antes de cada contienda se implemente esta iniciativa para incorporar nuevos miembros. Estoy convencido de que al abrir nuestras puertas a más jóvenes, estamos asegurando el futuro de nuestra agrupación política y la patria”, sostuvo Rodríguez.

La Junta también dio el visto bueno al reglamento para las residencias universitarias, que tiene por objeto establecer claramente las pautas de convivencia y de funcionamiento para este establecimiento. Según explicaron, esta residencia forma parte del trabajo social que hace el partido para atender a personas carenciadas que estudian en la capital, por lo que en este documento se disponen las formas y requisitos de admisión así como también de permanencia en el mismo.

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Los apoderados generales del partido presentaron un informe respecto al estudio realizado a las propuestas legislativas existentes en torno a las leyes electorales, en este sentido, la Junta decidió acompañar los proyectos relacionados a la ampliación del artículo n.° 130 de la ley n.° 2.858 que tiene que ver con las inscripciones que se hacen al registro cívico permanente.

También abordaron el proyecto de modificación del artículo n.° 218 del Código Electoral respecto a la unificación del horario que rige en el país para las votaciones, esto teniendo en cuenta que la normativa contemplaba los horarios para los comicios desarrollados durante el horario de invierno y de verano, pero como esto ya no está vigente, se requiere una actualización.

Como último punto, los apoderados solicitaron el acompañamiento del proyecto de modificación de la ley de financiamiento político en sus artículos 64 inciso A, 66 y 278 con el objeto de facilitar el procedimiento dado que la actual normativa contempla un proceso que demanda un tiempo que hace que las campañas electorales se prolonguen por más tiempo.

“El tenor de los informes que dirigía el exembajador Marc Ostfield al Departamento de Estado de los Estados Unidos eran no solo lapidarios, sino absolutamente sesgados”, dijo el sociólogo y comunicador Camilo Soares. Esto al referirse a la alianza montada por el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el diplomático para atacar políticamente al titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

“Ostfield jugaba un papel casi de operador político de una facción interna paraguaya, entonces uno podría presuponer que sí tenía un papel relevante en Asunción. La operación política de Mario Abdo para mí fue golpear a Horacio Cartes y deshacerse de Hugo Velázquez”, manifestó en una entrevista con el programa “Cara o Cruz” emitido por Unicanal.

El también dirigente izquierdista acotó: “Mario Abdo tenía otros candidatos (para la Presidencia) antes que Velázquez. Su primer candidato fue Luis Pettengill (actual senador), cuando él decidió no ser candidato porque no se animó o porque no quería, el segundo era Arnoldo Wiens, pero Velázquez tenía fuerza política propia para imponerse y Abdo no podía frenarle”.

En agosto del 2022, Velázquez, quien ejercía el cargo de vicepresidente de la República durante el gobierno de Abdo Benítez, fue designado como “significativamente corrupto” por los Estados Unidos. El dirigente político fue acusado de haber participado en actos de corrupción, incluido el ofrecimiento de soborno de más de un millón de dólares americanos a un funcionario público y la injerencia en procesos públicos.

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De acuerdo a la acusación, Velázquez participó de actos de corrupción con el fin de obstruir una investigación que amenazaba sus intereses financieros. Esta situación obligó a Velázquez a renunciar a su precandidatura a mandatario por el movimiento Fuerza Republicana, liderado por Abdo Benítez.

“Esto le vino a Mario Abdo como anillo al dedo, porque él pensaba que se le eliminó a Cartes y que ya no podría competirle y a la vez se le saca a Hugo Velázquez del camino, entonces termina diciendo que tiene el camino expedito para poner a su sucesor, esta fue la operación política”, dijo Soares.

Las afirmaciones de Soares surgen tras la filtración de un documento interno enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez.

Además Ostfield ejerció una inexplicable defensa hacia Abdo Benítez, a quien calificaba como un “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19.

“Así funcionaba el operativo Cóndor. Si hoy nosotros callamos algo porque es nuestro enemigo político, el día de mañana nos tocará a nosotros, esto es lo grave en esta situación”, sentenció Soares.

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“Yo creo que Mario Abdo Benítez incurrió en hechos de corrupción, hay indicios suficientes”, dijo el senador Antonio Barrios, al referirse en torno a las ganancias exponenciales del exjefe de Estado mediante la venta de asfalto. El exembajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, pasó por alto esta situación y junto al líder de Fuerza Republicana impulsó un esquema de persecución política contra el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

“Sus empresas tuvieron un crecimiento exponencial durante la pandemia. Nos llama muchísimo la atención la forma en que el exembajador Ostfield defendió a Abdo mediante datos sesgados, medias verdades y mucha manipulación”, sostuvo en una entrevista con La Nación/Nación Media.

Las declaraciones de Barrios surgieron tras la filtración de un documento enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez, además defendiendo a su “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus firmas Aldia S.A. y Createc S.A., lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria por el covid-19.

“Abdo Benítez acompañado por sus exministros produjeron documentos no auténticos y eso enviaron al Departamento de Estado del país norteamericano. Ellos configuraron un terrorismo de Estado y esto lo denunciamos desde el inicio de todo este operativo. Era evidente que había una alianza entre Ostfield y Mario Abdo contra el expresidente Cartes”, indicó Barrios.

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El diplomático alegó que “Abdo Benítez” era víctima de una persecución política y que todas las ventas de sus empresas fueron concretadas en el sector privado y no al gobierno. Lo que Ostfield obvió en su inexplicable complicidad es que la denuncia provino de organismos estatales como la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Además terminó ninguneando el “apriete” que las empresas privadas soportaban para comprar el asfalto de Aldia y Createc. “Durante el gobierno de Abdo Benítez se hicieron una gran cantidad de rutas y asfaltos, sin respaldo presupuestario y esto es algo muy llamativo. Todo esto obra en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, evidentemente acá el Ministerio Público debe establecer una investigación de oficio (sobre el crecimiento exponencial de sus empresas)”, sentenció Barrios.

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“Esta filtración es reveladora y demoledora para todo lo que ocurrió en Paraguay, expone toda la per­secución política durante el gobierno de Mario Abdo Benítez”, dijo el abogado Pedro Ovelar al referirse sobre la asociación criminal montada por el expresidente de la República y el exembaja­dor de Estados Unidos Marc Ostfield, contra el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Las afirmaciones de Ovelar surgieron tras la filtración de un documento interno de la embajada en Asun­ción, enviado por Ostfield al Departamento de Estado del Gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, rea­lizando acusaciones sin prue­bas para justificar sanciones contra los adversarios polí­ticos de Abdo Benítez; ade­más, defendió a su “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empre­sas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria.

“Un embajador lo que desa­rrolla es el relacionamiento entre ambos países y no el involucramiento de cuestio­nes internas. Lo más conde­nable en esta conducta no está solo en lo que el exem­bajador hizo o quiso hacer, sino en todo lo que le acom­pañaron. Tenía una hin­chada de medios periodís­ticos, de políticos opositores que pedían solo sanciones y la extradición contra Car­tes”, afirmó Ovelar, este viernes, en una nota con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El documento fue filtrado por la organización Distri­buted Denial of Secrets, que es una especie de Wikileaks, y que fue divulgado a través de distintos medios de comu­nicación como Diario de las Américas (Estados Unidos), en noviembre de 2024; Cla­rín y Periodismo y Punto de Argentina, en enero último. El relatorio elaborado por Ostfield fue promovido con base en datos sesgados, con medias verdades y manipu­laciones, calificando a Cartes como un político corrupto y vengativo.

“Este informe señala una intromisión y violación del convenio de Viena, un direc­cionamiento de los ataques al sector colorado y en espe­cial al líder del movimiento Honor Colorado. También indica que estaban haciendo campaña a favor del libe­ral Efraín Alegre e implica una grave alianza que hubo entre Abdo Benítez y este embajador, no solo atacó a su enemigo, sino defendió a su aliado Mario Abdo”, refi­rió Ovelar.

“Acá los senadores deben reflexionar. Ellos no esta­rán condenando absoluta­mente a nadie al enviar a la Justicia a Mario Abdo y que este tema sea debatido. Abdo Benítez no tiene nin­guna limitación para el ejer­cicio de su defensa, cosa que sí ocurrió con Cartes que no tuvo la oportunidad den­tro de un debido proceso. Si hay algún hecho nulo, lo probarán y será resuelto en las instancias correspon­dientes”, comentó Ovelar a Nación Media.

Esto ante las trabas impul­sadas por senadores opo­sitores y del movimiento Fuerza Republicana en obs­taculizar la labor de la Jus­ticia al no despojar a Mario Abdo de sus fueros como senador vitalicio. “Están dándole un blindaje ante las evidencias que hoy sal­tan, son señales evidentes de una persecución polí­tica que hizo Abdo contra sus adversarios utilizando nada más y nada menos que al exembajador de Estados Unidos en Paraguay para el efecto. Realmente son cir­cunstancias muy graves que deben ser evidenciadas en un juicio”, sentenció.

Esta asociación criminal obligó a Cartes a impulsar una denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima mediante la instrumentalización de las instituciones estata­les como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El esquema fue impulsado desde el 2018, y se acentuó en el marco de las elecciones internas del Partido Colo­rado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

Las investigaciones impul­sadas por el Ministerio Público derivó a la impu­tación de Mario Abdo y sus leales, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fer­nández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, por los hechos punibles de revela­ción de secretos de servicio, revelación de secretos priva­dos por funcionarios o perso­nas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denun­cia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y aso­ciación criminal.

Marc Ostfield fue echado de la embajada estadounidense en Asunción, el 20 de enero, por el gobierno de Donald Trump, luego de que la Cancillería paraguaya reclamara, en agosto de 2024, acelerar su salida por generar una crisis bilateral debido a su “activismo diplomático”. El exembajador llegó al país en marzo de 2022, y apenas cuatro meses convocó a su primera rueda de prensa para anunciar sanciones contra adversarios políticos de Abdo Benítez, en plena carrera para las elecciones internas del Partido Colorado.

Diario de las Américas publicó esta transcripción del documento atribuido a Ostfield, el cual “describe parte del proceso de la toma de decisiones para emitir las sanciones por parte del diplo­mático norteamericano”, señala el material periodístico firmado por Jaime Garvett.

“Tengo información oficial desde el Departamento del Tesoro, donde da cuenta que la empresa paraguaya Tabesa (Tabaca­lera del Este SA) presentó documentos solicitando habilitación para operar en el sistema financiero norteamericano. Así tam­bién recibí datos de que la empresa sostiene que el señor Hora­cio Cartes se retiró de la misma dentro del plazo establecido por la OFAC, vendiendo sus acciones a la misma sociedad, lo cual le produce importantes ingresos financieros”.