El presidente Santiago Peña objetó totalmente el proyecto de ley N° 7.318 “del agente penitenciario”, siendo devuelto al Congreso. La propuesta legislativa había sido sancionada la semana pasada, pero para el Ejecutivo no cumple con las normas legales ni administrativas necesarias.
“Presenta importantes e insalvables cuestionamientos en cuanto a la idoneidad de los medios propuestos para el logro de los objetivos, los costos asociados, así como la viabilidad y efectividad de la implementación y su alineación con los más modernos estándares internacionales en la materia”, se expresa en parte del decreto.
Desde el Ejecutivo, remarcaron también que diversos aspectos normativos del proyecto supondrían un incremento en el egreso público, sin que su viabilidad, necesidad, razonabilidad u optimización hayan sido debidamente analizadas o ponderadas por los entes públicos competentes.
“Se han dictado normas como la ley N° 7278/2024, que regula la Organización Administrativa del Estado, la cual prevé que antes de dictarse una ley que cree, modifique o regule nuevas estructuras administrativas, se cuente con un parecer técnico sobre su necesidad por parte del Ministerio de Economía”, se expresó, lo cual no se aplicó con el referido proyecto.
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El plan legislativo
De acuerdo al Ejecutivo, el impacto presupuestario del plan legislativo sería de G. 112.850.000.000, solamente en el primer año. Esto abarcaría la incorporación sin concurso de 1.135 personas como funcionarios permanentes y 227 de los trabajadores tendrían cargo de directores.
“La iniciativa, aunque bien intencionada, presenta riesgos en cuanto a su viabilidad práctica y financiera, comprometiéndose así no solo la efectividad de las soluciones, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo”, se subrayó desde Presidencia.
El proyecto de ley vetado busca definir la carrera del agente penitenciario, las políticas de ascenso y, sobre todo, los años de servicio que deberán prestar los nuevos incorporados, pretendiendo humanizar la carrera, en respeto a la institucionalidad. Desde el Ejecutivo se coincidió en su relevancia, pero atendiendo las consideraciones planteadas.
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