La administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones que debía ser destinada para gastos de capital, es decir, en obras e infraestructura. Sin embargo, un total de G. 42.000 millones fueron a parar a gastos corrientes.

Al respecto el economista Ramón Ramírez, encargado de la intervención de la comuna esteña, afirmó que esta situación expone la existencia de malversación y daño patrimonial.

“Esos G. 83.000 millones destinados a gastos de capital ya son cifras reconocidas por la municipalidad en su informe de descargo ante la Contraloría General de la República. La municipalidad en su respuesta ya segrega que G. 41.000 millones gastó en gastos de capital y G. 42.000 millones en gastos corrientes. Esto ya es un reconocimiento de que la municipalidad malversó G. 42.000 millones”, dijo a la 800 AM.

Manifestó que: “La utilización malversada de fondos que están destinados también ya configura un daño patrimonial. Estamos ahondando y viendo si efectivamente existen documentos para ver cómo se gastaron estos recursos".

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Por otra parte, Ramírez ratificó que su labor como fiscalizador está siendo obstaculizada mediante el ocultamiento de documentos. “El proceso de auditoría tiene un lapso de maduración, estamos trabajando de acuerdo a un cronograma que establecimos para revisar los 12 puntos que están en el requerimiento de intervención, pero que refieren a 114 observaciones formuladas por la Contraloría”, indicó.

“Estamos avanzando en ese frente dentro de las limitaciones, restricciones y maniobras de ocultamiento de documentos y acceso. La no existencia de documentos también es un hallazgo porque significa que no está respaldado un gasto”, sostuvo el interventor.

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El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, manifestó que el bloque planteará al Congreso Nacional la remisión de su informe final al Gobierno de los Estados Unidos. La medida surge teniendo en cuenta que los millonarios fondos proveídos por el país norteamericano para proyectos con impacto social fueron utilizados para costear campañas políticas y salarios de personas ligadas a los organismos no gubernamentales (ONG).

“El planteamiento es remitir a los órganos observados pertinentes y también al gobierno norteamericano. Enviaremos unas 7.000 páginas, más el informe final y los 9 tomos a la administración de Donald Trump, ya que Estados Unidos proveyó USD 52 millones que fueron administrados por Marc Ostfield“, sostuvo en una entrevista con los medios de comunicación.

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Amarilla siguió sosteniendo que “parte de esos fondos fueron usados para pagar a gente que estaba en la política. Se utilizó el 71 % para autoremuneración y no para generar impactos en el sector donde Estados Unidos estaba queriendo colaborar".

El parlamentario había señalado que, entre los aspectos principales de la labor legislativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fondos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

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La familia de una menor acusó al exdiputado Juan Carlos Ozorio por supuesto abuso sexual. El hecho habría ocurrido en una quinta en Ypacaraí, perteneciente al exparlamentario, el 25 de agosto del 2020 y la denuncia se radicó en abril del 2021, según el abogado querellante, Renato Ortiz.

“Pasaron muchas cosas, realmente, como todos sabemos este señor es una persona con bastante poder político y económico, y también peligroso, implicado en causas un poco oscura. Y hubo mucho temor de por medio de la familia”, relató a la 1020 AM.

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El representante legal de la víctima recordó que el 27 de junio de este año presentó la acusación en contra de Ozorio por el hecho punible tipificado en el artículo 135 A del Código Penal Paraguayo que habla sobre el abuso sexual en niños.

“La víctima en ese momento en que ocurrieron los hechos tenía nada más 9 añitos, era totalmente una persona inocente. El hecho ocurrió en la quinta de Ozorio ubicada en la ciudad de Ypacaraí, cuando la mamá de la víctima fue a prestar algunos trabajos domésticos”, mencionó.

Según manifestó, mientras la madre trabajaba la hija quedaba dentro de una habitación del establecimiento. “Un rato después el señor Ozorio ingresa a la habitación donde estaba la nena y fue el momento donde ocurrió el abuso”, mencionó.

El abogado dijo en todo momento que por parte de la familia había mucho temor en accionar contra el presunto abusador. “Pero lo importante es que acusamos nosotros tanto la Fiscalía también y ya solicitamos que esto se eleve a juicio oral y público”, acotó.

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La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.

Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.

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A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.

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El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.

Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.

En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,

Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.

No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.