La Cámara de Diputados remi­tió una solicitud de informe detallado a la rectora de la Uni­versidad Nacional de Asunción (UNA), Zully Vera, sobre los docentes desvinculados de la Facultad de Derecho y Cien­cias Sociales. El pedido se basa en la denuncia realizada por los docentes destituidos, que afirman que los despidos fue­ron arbitrarios y sin motivos justificados.

De acuerdo a la denuncia pública realizada por los docentes y estudiantes de la facultad afectada, las desvinculaciones se dieron con un trasfondo de represalias, esto por no pertenecer a un grupo liderado por Bogarín Alfonso y Ceres Escobar. Afirman que ambos manipularon la sesión donde se realizaron las destitu­ciones a favor de sus intereses particulares y sus operadores políticos.

El documento firmado por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y la secretaria parlamenta­ria Betina Aguilera señala: “detallar sobre las supuestas desvinculaciones de docen­tes, denunciado por estudian­tes y docentes, especificando la nómina de los docentes des­vinculados, sus categorías, sus cátedras, turnos, horarios, causales de desvinculación, y si fueron sometidos a sumarios administrativos o no, así como cualquier otra información relacionada a lo solicitado”.

También se solicita “detallar la nómina de docentes de la facul­tad, vigente al 31 de julio de 2024, especificando el nombre y el apellido, cátedras, turnos, categoría del docente, salario, remuneración adicional al salario y filiales donde imparte clases, así como cualquier otra información que guarde rela­ción con lo solicitado”.

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones Claudia Centurión presentó ayer su plan de inversión para los próximos años ante la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados. En la oportunidad la alta funcionaria abordó los grandes desafíos que enfrenta el ministerio y subrayó la importancia del trabajo conjunto con el Poder Legislativo para lograr un mayor impacto en las obras que se vienen desarrollando.

La mesa asesora presidida por el diputado colorado Benjamín Cantero recibió a la ministra Centurión para analizar el estado actual de las obras públicas ejecutadas y pendientes en los diferentes departamentos del país, así como en las fuentes de financiamiento de los proyectos. Igualmente, asistieron los viceministros de Obras y de Finanzas, junto a un equipo técnico. Así también, se contó con la presencia de representantes de caminos vecinales y otras autoridades locales y distritales.

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En su exposición, la titular de la cartera de Obras remarcó que desde el ministerio sienten a los legisladores como actores clave en este gran proceso de ejecución de las obras. “No me cansaré de repetir que estoy admirada del trabajo enorme que hacen los diputados, senadores, las autoridades locales y departamentales y toda la clase política en lo que respecta a obras públicas. Es un trabajo de gestión, de acercarnos a las necesidades de la ciudadanía”, expresó.

En cuanto a los proyectos en curso, informó que actualmente se tienen 1.300 millones de dólares en obras licitadas. De este monto, la mitad se encuentra en evaluación en el Ministerio de Obras Públicas, mientras que la otra mitad está en manos de los proveedores, quienes están preparando sus ofertas. “Estos proyectos beneficiarán a todos los departamentos del país, siendo uno de los mayores beneficiados el Chaco paraguayo, con más de mil millones de dólares en ejecución”, precisó.

Entre los proyectos destacados, la ministra mencionó la continuación del proyecto Pozo Colorado-Concepción, con un presupuesto de referencia de 62 millones de dólares. “Este proyecto representa un hito importantísimo, ya que incluye los primeros 90 kilómetros de pavimento rígido en el país”, subrayó.

Respecto al presupuesto, Centurión explicó que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se presentó una propuesta para el 2025 que es un 2% menor que el presupuesto de 2024. El nuevo presupuesto se sitúa en el orden de los 960 millones de dólares, 14 millones menos que los 987 millones actuales.

La titular del ministerio expresó su entusiasmo por poner en ejecución los proyectos que estaban listos para arrancar. “Ya están todos los contratos firmados para la Ruta de la Soberanía, que representa una inversión de 200 millones de dólares”, informó.

Además, destacó que se están preparando para trabajar intensamente en el último trimestre del año, con el objetivo de seguir ejecutando al mismo ritmo actual y cerrar varios procesos para que tengan su arranque en el 2025.

“La meta es poder evaluar todo este año y tener un 2025 en el que se sigan ejecutando los grandes proyectos”, explicó. Entre estos proyectos, mencionó la Ruta 12, la construcción del Puente de la Bioceánica, y el proyecto de la Ruta 1, “que es tan ansiado, y del cual ya estamos esperando las ofertas para el mes de diciembre”, añadió.

Para concluir, la ministra resaltó que cuentan con una amplia gama de proyectos, muchos de ellos con un enfoque de infraestructura social, lo que les permitirá seguir haciendo uso de los recursos provenientes de la Itaipú Binacional.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó un aumento presupuestario de un poco más de G. 218 millones correspondiente al ejercicio fiscal 2024, para el fortalecimiento de la institución. La presidenta del Jurado, Alicia Pucheta, compareció en la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados.

Pucheta argumentó el pedido de aumento presupuestario para el presente año ante la comisión asesora, señalando que este presupuesto será destinado a otorgar el rango de dirección general a tres áreas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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“Es para que puedan tener el rango de dirección general, tres son esas direcciones que van a potenciar, van a fortalecer al Jurado de Enjuiciamiento por su propia atribución de competencia, que es la parte misional, por ejemplo, lo que hace a los fiscales acusadores”, explicó al término de la reunión.

Una de estas áreas tiene que ver con los fiscales acusadores, estos intervienen en las situaciones en las que el Jurado interviene de oficio en algunas circunstancias. “Cuando no existe un acusador que hace esa denuncia al Jurado o representante de la Cámara de Diputados, senadores, fiscal general del Estado, defensor del pueblo, entonces ante esa situación, una vez cumplido con los plazos que establece la ley, interviene de oficio”, indicó.

Agregó que elevar al rango de dirección general esta área tiene que ver con el aspecto misional que es una función que debe ser autónoma, independiente, por lo que el objetivo es fortalecer la institución.

La dirección de planificación y desarrollo, también es otra de las áreas que se pretende elevar al rango de dirección general. “En todas las instituciones, esa dirección es importante, porque se elaboran proyectos que se hacen realidad a corto, mediano y largo plazo, y hay continuidad”, mencionó Pucheta.

También citó al área de la impunidad y también al control, y la atención a la ciudadanía. “Esa dirección general que sería el de trasparencia y anticorrupción, es la que hace el monitoreo del desempeño de todos los funcionarios y funcionarias de la institución, y también en lo que refiere a la recepción de las denuncias de la ciudadanía que se hacen todos los días, y ahora a la fecha tenemos 470 llamadas que se han hecho de toda la República con relación a esa oficina de denuncias”, sentenció.

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La mesa directiva de la Cámara Baja incluyó en su orden del día para la sesión ordinaria del próximo miércoles la propuesta que establece el horario oficial en la República del Paraguay. La legisladora de la oposición Johanna Ortega manifestó que el documento debe ser analizado de forma urgente teniendo en cuenta que posee sanción ficta para el 26 de setiembre.

“Hay quince puntos en el orden del día, este proyecto se encuentra en el primer punto, ya que es un tema que se viene debatiendo hace muchos periodos parlamentarios y veremos si antes del cambio de horario se logra dar sanción a este proyecto”, comentó a la 1020 AM.

El documento fue aprobado en el Senado el pasado 26 de junio. De acuerdo a la exposición de motivos mediante esta iniciativa se dará un mayor aprovechamiento de la luz solar y, por ende, el menor consumo de energía eléctrica lo cual impactará positivamente en la economía de los connacionales, disminuyendo a su vez las emisiones de carbono y demás impactos medioambientales relacionados con el consumo de energía eléctrica.

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El proyecto de ley fue impulsado por los senadores Dionisio Amarilla, Derlis Maidana, Líder Amarilla, Eduardo Nakayama, Basilio Núñez, Javier Zacarías Irún, Juan Carlos Galaverna Ortega, Zenaida Delgado, Edgar López, Antonio Barrios, Patrick Kemper, Ramón Retamozo, Sergio Rojas, Arnaldo Samaniego, Lizarella Valiente, Derlis Osorio, Luis Pettengill, Noelia Cabrera, Lilian Samaniego, Gustavo Leite, Colym Soroka, Hermelinda Ortega, Mario Varela y Natalicio Chase.

“Tiene sanción ficta el 26 de setiembre y tiene que ser tratado de forma urgente, entonces ya se tiene que dar en la siguiente sanción. Este es el gran tema que nos ocupará porque sabemos que existen posiciones encontradas. Yo creo que esta vez la tendencia es de aprobarlo, esto es lo que percibo durante las conversaciones con los colegas, pero todas las bancadas nos reuniremos el día lunes para definir nuestros votos”, refirió Ortega.

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