La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) convocó a la periodista y jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar, a su próxima reunión marcada para el lunes 23 de septiembre, a las 15:30, que tendrá lugar en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores.
“La presente convocatoria tiene por objetivo compartir sus experiencias, opiniones y datos que guarden relación con la administración de los fondos por parte de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) que pudieran incidir en la gobernanza del Paraguay”, expresa la nota firmada por el senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión.
Este órgano fue creado con el fin de investigar hechos de lavado de dinero y otros delitos conexos, siendo de carácter transitorio. Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) afirmaron que existe información que confirma que las organizaciones sin fines de lucro son utilizadas para el lavado de activos.
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La Unidad de Investigación a cargo de Rossana Escobar destapó varios casos que involucran a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y su manejo discrecional en cuanto al dinero administrado, el origen y el detalle de los destinos de recursos que provinieron tanto del Estado como de organismos internacionales.
También fueron convocados a esta reunión, el periodista Enrique Vargas Peña, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate y el presidente de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa) José Ocampos.
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Peña promulgó ley de control y transparencia de ONG
El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó en la tarde de este viernes el proyecto de Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La normativa fue sancionada por el Congreso Nacional en octubre pasado, y con la promulgación del Poder Ejecutivo ya se encuentra en carácter de Ley.
“Promulgué la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La Ley busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de cuentas y el impacto positivo para la ciudadanía”, expresó el mandatario en su cuenta oficial de X.
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El mandatario también adelantó que solicitó que se realice de manera inmediata el trabajo de la reglamentación de esta nueva ley de control y trasparencia para su puesta en vigencia. “He solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que, a través del Equipo Nacional Estrategia País (ENEP), se inicien los trabajos para la reglamentación de la Ley de manera participativa con todos los sectores involucrados”, anunció el presidente.
Días atrás, Peña ya había anunciado que estaría promulgando esta normativa, y aseguraba que la misma no cercenará los derechos de ninguna organización, mientras tanto sostuvo que nadie puede estar renuente a los controles.
“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fundamentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, fueron las expresiones del presidente en su momento.
Tratamiento en el Congreso
Durante el tratamiento en el Congreso Nacional, en primera instancia, la Cámara de Senadores había aprobado el proyecto, en tanto que en el análisis por parte de la Cámara de Diputados fueron incluidas algunas modificaciones. En una segunda vuelta, el Senado aceptó estas modificaciones y finalmente sancionó el proyecto de ley y fue remitido al Poder Ejecutivo.
Esta ley establece que se entiende como OSFL, todas aquellas organizaciones que reciben y administren recursos públicos o privados, nacionales o internacionales y que busquen incidir en los programas públicos.
Quedarán excluidos de la normativa aquellos organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.
También quedarán excluidos de los alcances de la presente ley, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.
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Ladrones de vehículos de alta gama utilizan mecanismos cada vez más sofisticados
Teniendo en cuenta el robo de una camioneta de alta gama en menos de diez minutos del estacionamiento del parque Ñu Guazu, los investigadores del Departamento de Automotores de la Policía Nacional se encuentran investigando el modus operandi de los ladrones, comparando el hecho con casos anteriores.
El comisario Juan Pereira, jefe de Automotores de la Policía Nacional, en conversación con el programa “Dos en la ciudad” comentó que casos de robo de camionetas de alta gama con sistemas de seguridad más avanzados ya fueron reportados en la zona del departamento del Alto Paraná y que tras investigaciones se lograron recuperar dos de los tres vehículos robados.
“Tenemos la presunción de que puedan tener una copia de la llave a control para la apertura, pero también está otro aparato que sería el inhibidor que se usa cuando la persona piensa que bloqueó el vehículo a distancia y no lo hizo precisamente por la inhibición de la señal y así puede ingresar el delincuente y después está un artefacto que sería lo que conectan a la computadora del vehículo, que sería un equipo electrónico para robar rodados de alta gama”, indicó el comisario Pereira.
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El mismo refirió que a medida que avanzan los mecanismos de seguridad de los vehículos de alta gama también lo hacen los aparatos para vulnerarlos, por lo que en muchos casos se hace imperceptible para los oficiales que custodian los lugares públicos como parques o canchas percatarse que el delincuente está robando el vehículo porque suben al mismo como si fueran propietarios sin forzar su ingreso ni levantar sospecha y es recién cuando llega el dueño original que se percata de lo ocurrido.
En cuanto a los avances de la investigación, destacó que la víctima del robo ocurrido en el parque Ñu Guazu cuenta con el acompañamiento de los investigadores del departamento de Automotor. Aseguró que esperan contar con buenos resultados, como lo han visto en casos anteriores con vehículos de similares características que lograron ser recuperados justamente por sus características y valor en el mercado, ya que son difíciles de pasar desapercibidos y por lo general quieren ser revendidos.
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Caso Bataglia: IPS aguarda que juez se ratifique y se oponga a blanqueo
El Ministerio Público se ratificó en la posición de desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia por el desfalco de G. 1,6 billones al Instituto de Previsión Social (IPS). Desde la previsional confían en que el juez Humberto Otazú sostendrá su postura de oponerse a dar fin a la investigación, puesto que en la misma resolución mencionó que hay indicios de hechos punibles.
“Estamos confiados en que el juez va a dar nuevamente trámite de oposición teniendo en cuenta que en su providencia él considera que hay indicios suficientes de hechos punibles. También nos parece que es muy apresurada la desestimación del Ministerio Público, en menos de 12 horas volvió a ratificar su desestimación, fue un copiar y pegar el escrito inicial”, cuestionó el asesor jurídico del IPS, José González.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que desde las perspectivas de la previsional, la Fiscalía no realizó todas las diligencias pertinentes, puesto que el propio IPS solicitó sin éxito la realización de las mismas en más de 20 oportunidades y tampoco se realizaron las pericias contables para determinar si hubo o no perjuicio patrimonial.
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“Consideramos que es contradictoria la desestimación del Ministerio Público, porque en una parte de la propia conclusión dicen que analizados todos los elementos de la carpeta fiscal, concluyen que no hay indicio de hechos punibles, pero en el siguiente párrafo ellos dicen que no contaban con toda la información, quiere decir que no investigaron por completo”, aseveró.
González mencionó que en la carpeta fiscal no se menciona ni se adjuntan pruebas que respalden que no existió el perjuicio patrimonial que se le adjudica a Bataglia y, además de esto, la conclusión parte de premisas falsas, puesto que los informes de Contraloría y de la auditoría externa al IPS arrojan hallazgos importantes, detalló.
“Es mentira que no estaban al tanto”, sentenció el asesor respecto a la versión de la Fiscalía que desconocían que una nueva auditoría al IPS por parte de la Contraloría estaba en curso y afirmó que la previsional informó sobre este procedimiento al Ministerio Público. Igualmente, mencionó que existe un cierto nivel de desconfianza hacia la forma que se lleva adelante esta investigación.
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CBI y Fiscalía verificaron obras costeadas bajo fideicomiso del IPS
Los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos y agentes del Ministerio Público se constituyeron hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) con la finalidad de verificar el avance de las obras financiadas con el fideicomiso firmado entre la previsional y una entidad bancaria local.
“En el contrato que se ha estipulado se estableció no solo el desarrollo, sino la culminación de las obras emblemáticas. Habíamos recibido los informes de la auditoría interna del instituto donde se denunciaba que algunas obras fueron sustituidas por otras, pagos que aparentemente fueron efectuados sin que las mediciones posteriormente coincidan con las planillas acordadas, entre otras cuestiones”, expresó el senador Dionisio Amarilla, titular de la comisión.
La verificación in situ se centró específicamente en las obras varadas del Centro Hemato-Oncológico, localizado sobre la calle Manuel Peña, zona del Parque de la Salud. Por parte del Ministerio Público estuvieron presentes los agentes María Soledad Machuca y Néstor Coronel.
“Venimos a verificar los avances, conocer la versión de quienes han hecho las auditorías y por sobre todas las cosas dar a conocer a la sociedad paraguaya cómo se aplican los recursos económicos que aportan los empleados y empleadores”, indicó el parlamentario a los medios de prensa.
Mediante una auditoría interna del IPS se reveló una rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del IPS durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hemato-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.
“El fideicomiso se firmó a fines del año 2017 para que este Hospital Hemato-Oncológico se encuentre construido en el año 2020. Se depositó la plata, el dinero estaba. La obra fue recibida (por el gobierno de Abdo Benítez) con un 4 % de avance y hoy está con un 14 % de avance. Ahora queda en manos del Ministerio Público determinar por qué estas obras no fueron terminadas, si hubo o no hubo dolo no nos corresponde determinar a nosotros, pero como comisión bicameral nos enteramos de esto y no podemos cerrar los ojos”, indicó Leite.
Asimismo acotó: “Tenemos que venir a entender por qué un hospital cuya plata estaba depositada en un banco está en este estado. Nosotros no somos culpadores ni exculpadores, pero la pregunta que yo siempre me hago es a quién le vamos a reclamar por la gente que se murió al no tener tratamiento de seguro contra el cáncer. La plata que había para esta obra se usó en otra cosa, esto antes era un pozo, ahora ya está más alto, tiene un tercer piso”, lamentó.
La auditoría bajo la gestión del actual titular del IPS, Jorge Brítez, detectó desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.